Good morning, Spain, que es different
Dejando a un lado las
concesiones a la nostalgia, la jornada electoral del 15 de junio de 1977 fue
uno de los hitos principales del relato fundacional del vigente régimen
político y un elemento clave en la legitimación semántica de la Transición.
Ratificada holgadamente en el
referéndum del 15 de diciembre de 1976 la Ley de Reforma Política, que iniciaba
el proceso de reforma del régimen franquista, la convocatoria de unas
elecciones legislativas en junio de 1977 mostró la audacia de Adolfo Suárez al
querer competir con partidos de izquierda (PSOE y PCE) de los que se conocían
sus intenciones favorables a la reforma, pero no su verdadero respaldo social.
Sin embargo, el riesgo estaba
medido, pues la ley electoral de marzo de 1977 estaba concebida para facilitar
la victoria de UCD. Suárez jugaba con las cartas marcadas, como ya lo había
hecho en diciembre, pues, dada la importancia del refrendo, el Gobierno
quiso asegurarse un resultado propicio.
La campaña a favor de la Ley de Reforma
Política -“Habla pueblo, habla”- se hizo sin oposición, utilizando el potente
aparato de propaganda de la dictadura, con los partidos políticos en la
ilegalidad, reprimiendo las opiniones discrepantes y las manifestaciones en
contra, y sin recibir a la Comisión Negociadora de la Oposición, aunque el
Gobierno tuvo contactos con varios de sus miembros.
Ante
la prepotencia del Gobierno, los partidos de la oposición, en la ilegalidad,
defendieron la abstención -“Abstención, abstención es el voto de la oposición”,
era una consigna coreada en las calles-, pero sin éxito, ya que el referéndum
fue favorable al Gobierno.
En febrero de 1977, un real
decreto permitía la legalización selectiva de partidos que no fueran
comunistas, republicanos y separatistas. En marzo las fuerzas franquistas
agrupadas en Alianza Popular (hoy PP) celebraron el primer congreso, en marzo
se publicó en el BOE la normativa electoral, el 9 de abril Suárez decidió
legalizar el PCE, pero los partidos ubicados a su izquierda fueron legalizados
después de celebradas las elecciones. El 22 de abril se formalizó UCD, el
partido de Adolfo Suárez, el 28 de abril se legalizaron los sindicatos, pero el
Gobierno prohibió las manifestaciones del 1 de mayo.
Y el 15 de junio se celebraron
las primeras elecciones legislativas desde 1936, pero la normativa electoral -listas de candidatos cerradas y
bloqueadas a la intervención ciudadana, la desproporción entre el número de
habitantes y el de representantes políticos, el sistema D'Hondt, los cuarenta
senadores de designación regia, la barrera electoral del 3%, etc,- era
congruente con el propósito de permitir que la derecha conservase importantes
cuotas de poder en las nuevas Cortes, obtener gobiernos estables y configurar
un parlamento en torno a unos pocos partidos grandes y dejar fuera del sistema
a aquellas fuerzas políticas con menos del 3% de los votos.
Aunque
concurrió una nutrida representación de partidos de extrema derecha, como los Círculos José Antonio, Falange
Española, Falange Española Auténtica, Alianza Nacional del 18 de julio y Fuerza
Nueva, los partidos de la izquierda radical, que no habían sido legalizados, no
pudieron concurrir a las elecciones con sus propias siglas y tuvieron que
hacerlo emboscados en plataformas y coaliciones que pocos votantes conocían y
realizar una campaña electoral en clara desventaja.
El 15 de junio el partido más
votado fue UCD. Animado con el empujón final del célebre discurso de Adolfo
Suárez en TVE -“Puedo prometer y
prometo”-, recibió 6,3 millones de votos, que le proporcionaron 165 diputados (y
106 senadores). Con el respaldo del 27% de los votos del censo y el 34% de los
votos válidos, obtuvo el 47% de los escaños del Congreso.
Le siguieron la familia
socialista con 6 millones de votos y 124 diputados, AP con 1,4 millones de
votos y 16 diputados y el PCE-PSUC con 1,6 millones de votos y 20 diputados.
Para Herrero de Miñón (“Memorias
de estío”): “Los resultados se intuían a la mañana siguiente y, para quien
había redactado la normativa electoral, fue muy satisfactorio ver que había
funcionado bien”. Y así fue: Herrero
obtuvo un escaño por UCD en el Congreso y 77 miembros de las Cortes franquistas
hallaron acomodo en el nuevo parlamento democrático. A J. Ignacio Wert (El País,
1996) le pareció "ingenioso" el sistema electoral que proporcionaba tales ventajas a
quienes lo habían elaborado y que iba a constreñir el subsiguiente proceso de
reforma.
Los resultados mostraron que el
sistema electoral apuntaba al bipartidismo, pues socialistas y centristas
sumaron 283 escaños, el 81% de la cámara, quedando 67 escaños a repartir entre
los demás concurrentes, que los programas de la izquierda radical y las
opciones republicanas atraían a pocos votantes, que las vanguardias comunistas y
revolucionarias eran destacamentos alejados de la mayor parte de la población
asalariada, que mostró su moderación y su pragmatismo dando su voto a los
partidos con más posibilidades de utilizarlo dentro del sistema (voto útil),
que la abstención del 21% no podía considerarse normal, dada la coyuntura, y que en Cataluña y el País Vasco las
cosas eran diferentes.
La victoria electoral de UCD
significaba que la reforma del Régimen salía adelante con el apoyo de las
fuerzas políticas de la derecha, incluyendo las nacionalistas, y de los dos grandes
partidos de la izquierda (los únicos legalizados). Circunstancia que revelaba
una reforma acordada más que una “ruptura pactada”.
En segundo lugar, la reforma
estaba siendo dirigida por el mismo equipo de personas que había sustituido al
Gobierno de Arias. Y en tercer lugar, que no se habían celebrado elecciones
constituyentes, como se dijo después, sino que la primera y decisiva parte de
la reforma, legitimada por el referéndum de diciembre de 1976 y por las
elecciones de junio de 1977, se había realizado manteniendo el funcionamiento
ordinario de los aparatos fundamentales del Estado franquista, tanto centrales,
como provinciales y locales, y bajo la cobertura legal de la Xª Legislatura de
las Cortes de la dictadura, inaugurada, por Franco el 18 de noviembre de 1971,
y clausurada el 30 de junio de 1977. De la ley a la ley, como habían recalcado
los transformistas del Régimen.
La victoria de UCD sin mayoría absoluta en las
elecciones de 1977 y el agravamiento de la crisis económica, aconsejaron al Gobierno
negociar con los partidos de la oposición y abrir una etapa de acuerdos que se
concretó en el Pacto de la Moncloa, primero, y después en la elaboración de la
Constitución. De este modo, las elecciones generales de 1977 devinieron
constituyentes sin haber sido convocadas para tal fin.
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