Good morning, Spain, que es different
El Gobierno sigue mostrando su preferencia por
las clases altas, pues reparte de forma desigual los resultados de la
“recuperación” y dirige la riqueza hacia arriba: reduce los ingresos públicos
-desde 2007 ha habido un recorte de 25.000 millones de euros- (España, con una
presión fiscal del 38% del PIB, está 8 puntos por debajo de la media europea),
y mientras el IRPF (el impuesto personal por trabajar) y el IVA (el impuesto
directo por consumir) han recuperado en 2016, con menos habitantes, menos
cotizantes y menos consumo, el nivel de recaudación de 2007, el impuesto de
sociedades, que grava el beneficio del capital, ha quedado por debajo del 50%
de entonces (45.000 millones de euros ingresados en 2007; 22.000 millones en
2016). Como efecto de la reducción de ingresos (la gran coartada), mengua el
dinero público destinado a gasto social.
El número de millonarios ha aumentado durante
la crisis y ha crecido la cuantía de las grandes fortunas. Hay 40 familias que
poseen un patrimonio superior a mil millones de euros. En 2016, el patrimonio
de las 100 familias más ricas del país sumaba 198.425 millones de euros, 9.175
millones más que en 2015. La suma de las cinco mayores fortunas -Amancio Ortega
es el primero- asciende a 99.212 millones de euros. La fortuna de tres personas
equivale a la riqueza que posee el 30% más pobre del país (14 millones de
personas). El último año se han generado 7.000 nuevos millonarios, casi 20 al
día, según Intermon.
La riqueza escapa de las rentas medias y bajas
y se refugia en las altas: el 10% de la población más rica atesora el 56% de la
riqueza nacional, el 30% de las rentas más bajas ha perdido el 20% de sus
ingresos, mientras las rentas medias han perdido casi un 7% y las altas solo
han ganado.
Hemos rescatado bancos por valor de 61.000
millones de euros (Bankia se ha llevado 23.000 millones), pero la cantidad
comprometida es de 122.000 millones entre aportaciones privadas y públicas (es
de temer que nunca conozcamos la cifra real desembolsada), no obstante se
anuncia una ayuda de 1.100 millones más en este año.
El Gobierno ha indemnizado pronto y bien, con
1.350 millones de euros, a ACS por suspender el proyecto “Castor”, que tendrá
un coste final de 2.400 millones para los usuarios, y reserva 3.500 millones
para rescatar 8 autopistas de peaje, porque las empresas concesionarias no han
ganado lo que pensaban, mientras España figura a la cola de Europa en inversión
pública (un 58% menos que en 2009; en 2016, en I+D+i se gastó la tercera parte
del presupuesto ya recortado).
El Estado ha subvencionado durante la crisis a
grandes empresas (entre ellas a las de telefonía y al sector del automóvil) y
beneficiado al monopolio eléctrico con el “impuesto al sol” y autorizando
drásticas subidas de tarifas en el consumo doméstico. Por lo cual, con estos y
otros muchos ejemplos, cabe deducir que, en España, tenemos (“padecemos”) una
clase empresarial con actitudes feudales respecto a los trabajadores, que
necesita mimos para actuar y sólo invierte con halagos y pocos riesgos, y que
soportamos un capitalismo de amigotes que precisa la favorable disposición del
Gobierno para funcionar con mediocre rendimiento pero con gran eficacia para
recuperar beneficios.
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