Good morning, Spain,
que es different
Desde muchos puntos vista y en particular desde
una posición democrática y solidaria, la coyuntura política que atravesamos en
España es decepcionante; crece la riqueza, pero también lo hacen la pobreza y
la desigualdad, y apesta el entorno del Gobierno.
La corrupción política, que junto a los
estragos de la crisis económica es uno de los factores de deslegitimación del
Régimen, sigue su curso imparable.
Por lo que se conoce de los grandes y pequeños
casos que afectan al PP, se percibe un “modus operandi” que se repite, por lo
que cabe pensar que se trata de un método centralizado aplicado localmente pero
con el mismo propósito, que es financiar al partido y muchos de sus dirigentes.
Algunas fuentes señalan que la corrupción más
el despilfarro de dinero público -los céleres “sobrecostes” por vulnerar las
normas de contratación- pueden llegar al 20% del PIB. Pero tan grave como el
ilegal extravío de dinero público hacia los bolsillos privados es vulnerar las
reglas del juego democrático al concurrir con tretas a los comicios, como es financiar
ilegalmente campañas electorales.
Como neoliberales, en el PP no dejan de hablar de
competir y asumir riesgos, pero prefieren asegurar los resultados electorales
haciendo trampas. Es más, haciendo trampas antes y después, pues delinquen para
llegar a gobernar y una vez en el gobierno delinquen para tapar la corrupción.
Este es el círculo vicioso en que está inmersa la derecha desde hace décadas,
cuyo poder político se ha establecido sobre victorias electorales ilegítimas.
Los casos de corrupción han aumentado en
cantidad, cualidad, extensión y gravedad. Los grandes (Bárcenas, Gurtel, Púnica,
Lezo, Taula, etc) crecen y extienden sus ramificaciones y se ha descubierto de
qué estaban rellenos los mandatos de Esperanza Aguirre y sus personas de
confianza, tras su llegada a la Comunidad de Madrid aupada por el “tamayazo”,
el mayor golpe civil al régimen democrático, perpetrado (con éxito) después del
fallido golpe militar del 23-F.
Con la corrupción tampoco cesa la resistencia a
depurar sus filas de indeseables y la tendencia de sus dirigentes a demorar o
impedir la acción judicial utilizando las instituciones del Estado (ministerios
del Interior, Justicia, judicatura y fiscalía) para buscar la impunidad a su conducta
delictiva. Pero lo que podía hacerse con mayorías absolutas, ahora, con
mayorías relativas en la cámara central y en las autonómicas, se vuelve más
difícil.
La situación se vuelve incómoda para el PP, que
ha diseñado una operación estratégica para paliar los efectos de la aplicación
de la ley, que consiste en actuar de arriba hacia abajo, desde el Ministerio de
Justicia y la Fiscalía General, para condicionar la actuación de jueces y fiscales.
Pero la maniobra es tan grosera que ha merecido la comparecencia del Ministro
de Justicia, Rafael Catalá, del Fiscal General del Estado, José Maza, y del
Fiscal Anticorrupción, Manuel Moix (un fiscal no especializado en corrupción,
pero “cojonudo”, según la opinión de alguien que está en la cárcel por
corrupto), en la Comisión de Justicia y luego la reprobación, por primera vez, por
el pleno del Congreso, con los votos afirmativos de todos los grupos (207 votos
sobre 350) menos los del grupo Popular.
Ninguno de los comparecientes pareció darse por
aludido, ni tampoco Rajoy, que en la siguiente sesión del Congreso afirmó que
mantiene su confianza en los reprobados. O sea, vale y, como primera providencia,
mis leales, sin ningún rubor, colocan al recusado Enrique López en la sala de Apelación
de la Audiencia Nacional y a Concepción Espejel -“Concha para los amigos” (del
PP)-, en la presidencia de la Sala Penal, bajo cuya competencia caen los
mayores casos de corrupción que afectan al partido del Gobierno. Y a otra cosa,
mariposa.
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