En la Comunidad de Madrid, lo que tenía
que pasar en el ámbito de la sanidad, finalmente ha ocurrido. Ha sido necesaria
la concurrencia de dos factores. El primero venía gestándose hace tiempo y es
el persistente malestar del personal sanitario ante el continuo deterioro de
sus condiciones de trabajo, que se acentuó con la pandemia, al exigir un
esfuerzo sobrehumano cercano a la extenuación. Deterioro percibido por enfermos
y usuarios en la pérdida de calidad de los servicios, lo que ha provocado
protestas, a veces airadas, que unidas a las de los sanitarios, han formado una
de las “coloreadas mareas” más duraderas del movimiento ciudadano.
El otro factor es la peculiar gestión de
Ayuso, no sólo sanitariamente nefasta y cuajada de dimisiones, sino defendida arteramente
con mentiras y malos modos en la táctica de tener como objetivo principal
criticar al gobierno de Sánchez y a la vez presentarse como víctima de los ataques
de aquél para desviar el análisis de los pésimos resultados de su mal hacer. La
gota que ha colmado el vaso es la caótica reapertura de los centros de urgencias
de barrio (Servicios de Urgencia de Atención Primaria) sin disponer del
personal necesario. Decisión motivada por las protestas de pacientes y empleados
para corregir la decisión de cerrarlos, contra la lógica sanitaria, cuando llegó
la pandemia. La respuesta de los sindicatos de trabajadores del gremio ha sido
convocar una huelga y una gran manifestación para el próximo domingo.
Ayuso ha respondido como siempre hace,
echando balones fuera y culpando a los sanitarios que padecen sus desmanes, a la
oposición de querer reventar la sanidad madrileña y a un ataque de la izquierda
comunista, ante la proximidad de las elecciones, como si todos los demás
pensaran en las elecciones, menos ella, que está en campaña electoral
permanente.
Antes de ahondar en el campo estrictamente
sanitario es preciso conocer el contexto y situar este problema en una
cartografía más amplia, recordar la reciente historia política de la región, los
acontecimientos precedentes y dotarnos de una brújula para determinar el rumbo
de la derecha española en Madrid, porque la tensión política existente no se
refiere únicamente a la elección del sistema sanitario regional -público,
privado o (falsamente) mixto-, sino al modelo de sociedad al cual debe servir,
ya que la Comunidad de Madrid no es una excepción y, aunque tiene mucho de
laboratorio neoliberal, como antes lo fue Valencia, no escapa a la orientación política
general de la derecha desde 1996 y, sobre todo, desde el año 2000.
El primer presidente de la Comunidad Autónoma
de Madrid fue el socialista Joaquín Leguina, que gobernó tres mandatos
(14/6/1983-29/6/1995), le siguió Alberto Ruíz Gallardón, del Partido Popular, que
fue presidente dos legislaturas (29/6/1995-20/11/2003) y unos meses más a causa
del “tamayazo”.
Esperanza Aguirre llegó a la CAM aupada
por el “tamayazo”, es decir por el soborno de dos diputados socialistas -Tamayo
y Sáez- que impidieron la investidura de Rafael Simancas. Al repetirse las elecciones,
los votantes de la izquierda castigaron al partido de los corrompidos y los del
Partido Popular premiaron al beneficiario de la corrupción, y del “tamayazo”
nunca más se supo.
Así llegó Aguirre a la presidencia de la
CAM, en noviembre de 2003 (20/11/2003-26/9/2011), aupada por la presión de un
capital clandestino que desembarcó en la región para hacer pingües negocios, con
lo cual comenzó una etapa turbulenta ya que no concluyó su tercer mandato, ni tampoco
los siguientes presidentes, todos del Partido Popular, como efecto de las
tensiones entre las familias de la derechona por los casos de corrupción, que,
en ristra, llegan hasta hoy.
Ignacio González (27/9/2012-25/6/2015) reemplazó
a Aguirre y fue sucedido por Cristina Cifuentes (25/6/2015-25/4/2018), obligada
a dimitir. Su sucesor, Ángel Garrido, también dimisionario, no llegó al año
(21/5/2018-11/4/2019), y menos aún quien le sucedió en funciones, Pedro Rollán,
que ostentó la presidencia cuatro meses (11/4/2019-17/8/2019), hasta su
reemplazo por Isabel Díaz Ayuso, que aún la ostenta.
En esta breve síntesis hay que señalar
dos elementos que son importantes. Uno es la corrupción como factor de
inestabilidad política en la CAM y en la sucesión de mandatos interrumpidos por
su causa (“Gurtel”, “Púnica”, “Bankia”, “Lezo”, “Kitchen” o “Ciudad de la
Justicia”, entre medio centenar de casos más), que han afectado no sólo a la
gestión en Madrid, sino a la política a escala nacional, pues el Gobierno de
Rajoy fue depuesto por una moción de censura tras conocerse la sentencia judicial
de una de las piezas del caso “Gurtel”.
El segundo elemento tiene que ver con la
hegemonía política de la derecha en la región, que ha ido pareja con la
hegemonía conservadora en el poder judicial. Si, como es de eperar, Ayuso
concluye su mandato en mayo de 2023, en esa fecha habrán transcurrido 40 años
de gobierno autonómico, de los cuales la izquierda habrá gobernado 12 años y la
derecha 28. Veintiocho años con irregularidades en los relevos, pero 28 años
seguidos, lo cual ha permitido al PP poner en marcha un proyecto a largo plazo
para erigir en la región el modelo de sociedad que desea implantar a escala
nacional, no sólo en el ámbito sanitario, sino como modelo general de sociedad,
que es hacer de Madrid una reserva para ricos a expensas de la sociedad
realmente existente; un plan doloroso para las clases subalternas, aplicado con
rigor y firmeza durante casi tres décadas.
El reverso de esa hegemonía es la
prolongada crisis de la izquierda en la región.
(Continuará).
J.M. Roca, para El Obrero.11 de noviembre de 2022.
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