Antes de entrar en materia -en el “negocio”-
conviene recordar un par de cosas necesarias para entender lo sucedido en la
Comunidad de Madrid, que, a causa de la visión impresionista de la realidad
ofrecida por la “rabiosa actualidad” de la “prensa” y las redes sociales, suelen
quedar al margen de la reflexión.
La primera es señalar que el Partido Popular
gobierna la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) desde hace un cuarto de siglo,
con lo cual se puede decir, que como Administración, está hecha a su imagen y
semejanza.
Comenzó su hegemonía con Alberto Ruíz Gallardón,
en 1995, y estuvo a punto de perderla, en 2003, con la candidatura de Esperanza
Aguirre, salvada “in extremis” por el “tamayazo”, oscura operación nunca
aclarada que “birló” la presidencia a Rafael Simancas, aunque, de verdad, ni él
ni su partido supieron defender la plaza.
La segunda es que cuando Esperanza Aguirre
llegó a la presidencia de la CAM, en noviembre de 2003, Aznar, como resultado
de los pactos con los partidos nacionalistas, había transferido las
competencias de Sanidad a las comunidades autónomas, por tanto, los hospitales
de la región dependían de la consejería correspondiente de la Comunidad de
Madrid.
Pero Aguirre, neoliberal y acérrima partidaria
de la empresa privada, no venía a administrar bienes y servicios públicos, sino
a reducirlos y entregarlos a la gestión del capital privado. Llegó a Madrid, para
acometer desde su parcela la tarea que entonces ocupaba a los gobiernos
neoliberales de todo el mundo, que era reducir el tamaño del sector público -sanidad,
educación, servicios sociales, deporte, vivienda, administración- para entregarlo
a la gestión de empresas privadas, en unos casos, y en otros, directamente a la
especulación de fondos financieros, como hizo, en 2013, su sucesor Ignacio
González con casi 3.000 viviendas del IVIMA, vendidas a bajo precio a una filial
de Goldman-Sachs, y Ana Botella, en el mismo año, con 1.860 viviendas
municipales vendidas, con pérdida para el consistorio, a Blackstone, un fondo
“buitre”, donde casualmente trabaja, o trabajaba, uno de sus hijos. Presunta prevaricación
y verdadero amor de madre metidos en el mismo paquete, lo que revela la
confusión entre lo público y lo privado con que cierta derecha, con una noción
patrimonial del Estado, suele tratar lo público como un asunto familiar.
En 2003, el capitalismo estaba cambiando de
forma y maneras, dirigido por un sector muy dinámico -turbocapitalismo
financiero- que dejaba de ser productivo para devenir especulador y
parasitario; renunciaba a los riesgos inherentes a la producción y buscaba un
beneficio rápido y seguro aprovechándose de lo ya producido, adquiriendo
empresas con ofertas financieras hostiles o llevándolas a la quiebra para sanearlas
con créditos o fondos públicos y revenderlas después. El capital acentuaba su
tendencia a concentrarse y entraba en una etapa de grandes fusiones (y grandes
estafas), para centralizar la gestión de sectores económicos enteros en menos empresas
o incluso intervenir en varios sectores a través de gigantescas corporaciones;
el capital se unía, se mezclaba y actuaba a escala mundial; no tendía a distinguirse
por el origen y nombre de las empresas, sino por sumas de siglas, grupos
empresariales y corporaciones multinacionales, que superaban con sus cifras de
negocio el presupuesto estatal de muchos países.
Desde esta perspectiva, el Estado del Bienestar
de los países desarrollados fue una golosina. Los bienes y servicios del Estado
fueron como un continente recién descubierto, que ofrecía un apetecible patrimonio,
sobre el que se lanzaron los inversionistas privados con voracidad colonial,
enarbolando la bandera del Estado mínimo (y el Mercado Máximo).
Así, inspirándose en el sistema PPP (“Public
Private Partnership”) (véase, el artículo “Ayuso, el PP y el PPP”, en este
Diario), se inició el desmantelamiento del sistema sanitario público, del que
ya existía un precedente en la Comunidad Valenciana, gobernada, también, por el
Partido Popular.
El 31 de diciembre de 1998, careciendo de
licencia de apertura y ocupación -un detalle nimio-, se inauguró, en Alzira
(Valencia), el primer hospital público de gestión privada (pero de gasto
público), que atendería a 230.000 personas de 29 municipios de la zona. La
Generalitat Valenciana, presidida por Eduardo Zaplana, recibió críticas por
convertir la sanidad pública en un negocio privado, pero según Joaquín Farnós,
consejero de Sanidad, la cesión iba a suponer un ahorro de 2.000 millones de
pesetas a la Generalitat.
El hospital de Alzira sería una de las joyas de
la gestión del Partido Popular en Valencia, que comenzaba una era de negocios y
portentos -Tierra Mítica, la Fórmula 1, la Ciudad de las Artes, la visita del
Papa, las carreras de motos, la copa de vela, el aeropuerto sin aviones, etc-,
donde chapoteaban Correa y sus amigos del PP, luego implicados en las tramas del
caso “Gurtel”.
Tras varios años de turbia gestión, la Generalitat
Valenciana, entonces presidida por un señor que vestía bien, pero no se pagaba los
trajes, rescató el hospital de Alzira para sanearlo con la intención de
volverlo a entregar a la gestión privada. Lo que debía suponer un ahorro de
2.000 millones de pesetas, costó por el rescate 7.300 millones. Un negocio
redondo para quien lo hizo, no para las arcas y la sanidad públicas, ni para
los valencianos. Pero volvamos a Madrid y al modelo PPP del PP.
El 23 de septiembre de 2008, la Comunidad de
Madrid convocó a empresarios del sector sanitario a una jornada en la que el
consejero de Sanidad, Juan José Güemes, mostró el modelo de financiación del
plan de infraestructuras sanitarias 2007-2011. El acto, anunciado con el
reclamo: ”Aproveche las oportunidades de negocio para su empresa”, se celebró
en el hotel Wellington; la inscripción costó 1.200 euros, con derecho a
conferencia, comida, café y certificado. Era caro, pero merecía la pena.
Como consecuencia, la CAM cedió a la gestión
privada, tres nuevos hospitales, en Móstoles, Collado Villalba y Torrejón, que atendían
a 415.000 personas de 31 municipios. Cedió también a una empresa privada la
gestión de un ambulatorio de Torrejón de Ardoz.
Después extendió la privatización a los cuatro
grandes hospitales públicos de la región: el “Ramón y Cajal”, el “Gregorio
Marañón”, “La Paz” y el “12 de Octubre”. Según el director general de
Hospitales, Antonio Burgueño, una reforma integral iba a convertir en
“gestionables” los cuatro grandes hospitales, que deberían reducir su
capacidad. “Tendrán que sufrir un proceso de jibarización”, aclaró.
Asociaciones defensoras de la sanidad pública
acusaron a Aguirre de “subastar la sanidad pública”, y el consejero Güemes fue
abucheado cuando visitaba un hospital.
Esto es lo que Ayuso ha recibido de Esperanza
Aguirre, un verdadero legado envenenado de su mentora. Pero no es suficiente, pues
no es mejor el legado de Rajoy: los recortes de presupuesto y la aplicación de
la reforma laboral de 2012 para reducir
las plantillas. Ambas políticas, aplicadas con tesón a lo largo de años, han
sido denunciadas en numerosas ocasiones, con escaso éxito, por el personal
sanitario y asociaciones defensoras de los servicios públicos y llevadas a la
prensa y a la calle por la “marea blanca”.
Así,
pues, Ayuso no puede alegar ignorancia sobre la situación de los bienes,
personas y recursos de los servicios públicos que se comprometió a administrar
cuando juró el cargo, porque forman parte del mismo programa que ella aplica.
13/5/2020
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