La Comunidad de Madrid, presidida por Isabel
Díaz Ayuso, modelo de gobierno que Casado desea para todo el país -líbranos,
Señor-, ha quedado fuera de los territorios que pasan a la fase 1 de
desconfinamiento.
Con su loa, Casado sigue la táctica imprudente
de Rajoy, que, en momentos de euforia incontrolada, puso como modelo de
gobierno para España el de algunas comunidades autónomas cuyos presidentes han sido
judicialmente procesados.
Contra el criterio de su dimitida Directora General
de Salud, la doctora Yolanda Fuentes, que recomendaba permanecer en la fase 0
de confinamiento, Ayuso, que no es médica, y dudo que pueda ser responsable de algo, envió tarde, mal y sin firmar, el
cuestionario requerido para pasar a la siguiente fase, que fue rechazado.
Ayuso se ha tomado muy mal que Madrid
permanezca en la fase 0, porque cree que es la calificación que merece su
gestión -no anda lejos de esa nota-, mientras otras comunidades pasan a
“primera división”, como si tal clasificación, en vez de proteger la salud de
los ciudadanos, tratara de estimular una insensata competencia entre
territorios.
Ayuso alega en su descargo que la decisión del Gobierno no está
justificada y que forma parte de una campaña contra ella, cuando
ha sido precisamente ella la que parece haber elegido como eje principal de su mandato arremeter
contra el Gobierno, imitando a Esperanza Aguirre, que decía que gobernaba para
resistir la política de Zapatero, mientras se olvidaba de vigilar a unos colaboradores
que han acabado en los juzgados.
Como tantas personas mediocres que llegan a
ocupar puestos de relieve, Ayuso creyó que las carambolas que la han llevado a
la presidencia de la CAM eran el lógico resultado de sus propios méritos dentro
del PP y de una innata capacidad, nunca demostrada, para gobernar. Pensaba que
con lealtad al dirigente de turno -antes Aguirre, ahora Casado-, grandes dosis
de propaganda y colocándose como oposición de su oposición y, sobre todo, del Gobierno,
podría gobernar sin complicaciones y permitir que la Comunidad de Madrid
siguiera siendo un lugar adecuado para hacer buenos negocios, en los que su partido
obtuviera el correspondiente peaje, (ya tiene un plan innovador para volver a
lo mismo -el culto al ladrillo-, que es facilitar la construcción de viviendas
sin necesidad de obtener licencia, pues bastará con una “declaración
responsable” del promotor). Pero no contaba con la pandemia de corona virus, cuya
gestión está siendo un desastre.
Con los hospitales rebosantes de infectados y
faltos de recursos, paliados, en parte por donaciones privadas, las UCIS
saturadas, sin respiradores para los enfermos graves ni equipos de protección
para un personal sanitario escaso y agotado antes de la llegada del virus por los
recortes de plantilla efectuados en tiempos de Rajoy, González y Aguirre, y no recuperados; personal sanitario que, no obstante, ha atendido con un esfuerzo sobrehumano las jornadas de
choque de la pandemia.
Madrid, seguida por Cataluña, es la comunidad con
más contagiados (62.000) y más fallecidos (14.000, o en el mejor de los casos
9.000). Las cifras no están claras, pues dependen de la fuente y de varias
circunstancias (diagnostico, parte de defunción, test).
En uno y otro caso, las cifras son altas y la
gestión no ha sido buena, y para tapar sus errores Ayuso ha recurrido al
ataque, que es la mejor defensa, y acusado a Sánchez de improvisación y falta
de estrategia, ella que carece hasta de táctica.
La Comunidad ha rescindido contratos en sanidad en el mes de enero y ha contratado a 10.000 personas con la llegada del virus, pero las ha despedido en cuanto ha tenido ocasión, ha anunciado una bajada de impuestos para reclamar, después, ayuda financiera al Gobierno, que, en efecto, debe percibir, pero no es de recibo bajar impuestos en su territorio y solicitar dinero del fondo común, ni bajar los impuestos sea la mejor terapia de choque para frenar la pandemia. Pasó de afirmar que Madrid seguiría con su habitual actividad -Madrid no se cierra, a añadir que no sabía cómo cerrarlo-, a cerrar antes comercios y colegios y acusar al Gobierno de reaccionar una semana tarde, así como de dificultar el suministro de material sanitario procedente de China, que tardaba en llegar. Lo mismo ocurrió con las mascarillas y los tests comprados por el Gobierno en el opaco mercado internacional, considerados un error o algo peor -García Egea acusó al Gobierno de repartir “mascarillas falsas”-, pero ocultar la documentación del pedido cuando se han detectado los mismos defectos en material comprado por la Comunidad de Madrid.
La Comunidad ha rescindido contratos en sanidad en el mes de enero y ha contratado a 10.000 personas con la llegada del virus, pero las ha despedido en cuanto ha tenido ocasión, ha anunciado una bajada de impuestos para reclamar, después, ayuda financiera al Gobierno, que, en efecto, debe percibir, pero no es de recibo bajar impuestos en su territorio y solicitar dinero del fondo común, ni bajar los impuestos sea la mejor terapia de choque para frenar la pandemia. Pasó de afirmar que Madrid seguiría con su habitual actividad -Madrid no se cierra, a añadir que no sabía cómo cerrarlo-, a cerrar antes comercios y colegios y acusar al Gobierno de reaccionar una semana tarde, así como de dificultar el suministro de material sanitario procedente de China, que tardaba en llegar. Lo mismo ocurrió con las mascarillas y los tests comprados por el Gobierno en el opaco mercado internacional, considerados un error o algo peor -García Egea acusó al Gobierno de repartir “mascarillas falsas”-, pero ocultar la documentación del pedido cuando se han detectado los mismos defectos en material comprado por la Comunidad de Madrid.
Ayuso solicita insistentemente información y transparencia, pero
después de 50 días de vacaciones parlamentarias en Navidad, ha estado más de 30
días sin dar explicaciones a la Asamblea, ni en persona ni por otros medios, ni
ofrecer al Gobierno los datos sobre los contagios, en parte por estar afectada
y recluida -por cierto, en el apart-hotel de un empresario, y no sabemos quién
paga-, aunque muy ocupada opinando y procurando salir en las fotos de una
realidad paralela construida con tesón: que ha sido transferir al Gobierno
central la responsabilidad en materia de Sanidad y de Asuntos Sociales
(residencias de ancianos), para reservarse funciones de beneficencia
-ceremonias de luto, reparto de menús infantiles, inauguraciones, dolerse por
los ancianos de las residencias, que la CAM ha tenido sin control durante años,
a pesar de las quejas de familiares y empleados, y asistir a misas y actos
multitudinarios de tono populista. Todo ello sazonado con ocurrencias
insensatas y peleas con sus socios en las consejerías afectadas por la
crisis, en un gobierno cogido con pinzas. La rápida instalación del hospital de
campaña en Ifema fue un acierto, no hay que negarlo, pero no sólo suyo; la
desinstalación, aprovechada para darse un imprudente baño de masas y practicar
un populismo castizo vendiendo bocadillos, ya no lo es tanto.
Pero, la responsabilidad de lo sucedido en
Madrid no es toda suya. Ayuso, discípula de Aguirre, ha recogido el testigo de
su estilo de trabajo, pero también el pesado legado de la Lideresa, que en
materia sanitaria es una de las causas del desastre de su gestión que vienen de
más lejos.
Concretamente, del mes de septiembre de 2008,
cuando Aguirre, y su consejero del ramo Juan José Güemes, decidieron aplicar a
la sanidad madrileña el lema con que José María Aznar justificó la
privatización de las grandes empresas públicas: “hay que devolver a la sociedad
lo que le pertenece”, como si la propiedad pública no fuera de la sociedad y la
única representación de la sociedad fueran las empresas privadas; es decir, como
si lo únicamente social fuera, precisamente, el capital privado.
De
acuerdo con esta intención, se buscó inspiración para acometer la “reforma” de
la sanidad madrileña en el neoliberal sistema “Public Private Partnership”
(PPP), modelo público/privado que funciona en Estados Unidos, un país con una
asistencia sanitaria deficiente y carísima, que ahora cuenta con 29 millones de
personas sanitariamente desatendidas y 58 millones más con una cobertura
mínima, completada con elevados copagos, y que ofrece como resultado 1,3
millones de personas infectadas por el corona virus y 80.000 fallecidos.
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