Relatores y relatos

La indefinida figura del relator, no precisamente un mediador, sino un tipo de secretario o similar que organiza las reuniones y da cuenta de los asuntos tratados, una especie de notario propuesto por Torra y aceptado Sánchez, para que asista a la mesa de partidos políticos catalanes con el fin de encontrar una salida negociada a la crisis política en Cataluña, es coherente con el relato de los independentistas. No sólo de estos de hoy, catalanes, sino también de los otros, de los vascos.

Una de las permanentes propuestas de los abertzales cuando se trataba de negociar sobre el mal llamado conflicto vasco (el terrorismo, en definitiva), aprovechando las treguas de ETA, era la de montar una mesa de partidos políticos paralela a la cámara vasca y al Congreso y solicitar la presencia de un mediador internacional. Ahora en Cataluña sucede lo mismo. Rechazada la mediación internacional, que fue la primera intención del Govern, el Gobierno socialista ha aceptado la presencia de un relator, cuyas funciones están por definir, así como la persona sobre la que caerá tal responsabilidad.

De entrada, no se percibe qué ventaja pueda ofrecer una mesa de partidos que será menos representativa que la cámara catalana. A pesar de la obligada inoperancia impuesta por el Govern, el Parlament es, a día de hoy, la única representación legítima de la voluntad de todos los electores catalanes. Por el contrario, la mesa de partidos, de llevarse finalmente a cabo el experimento, no contará, presumiblemente, con la participación del PP y de Ciudadanos, que es el partido más votado en Cataluña. Será, por tanto, una mesa coja y poco representativa en sus conclusiones, por muy neutral y diligente que sea el relator o relatora.

Por otra parte, no se entiende la ventaja de buscar una nueva figura, inventada,  cuando el Parlament dispone de los recursos necesarios (la Mesa, secretarios, funcionarios y un cuerpo de letrados) para realizar las funciones que se van a encomendar al relator.

Tampoco se entiende, que la decisión de formar una mesa de partidos paralela al Parlament, haya surgido de un acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno de una comunidad autónoma, cuando debería ser algo que saliera de un acuerdo de los partidos políticos encartados. No se entiende bien, o se entiende demasiado bien, esa deliberada confusión entre los partidos y las instituciones del Estado, entre los órganos ejecutivos y el cuerpo legislativo, a no ser que la secreta intención de los nacionalistas (no advertida por el Gobierno) sea que los gobiernos hagan suyos los acuerdos salidos de esa mesa informal, pasando por encima de lo que pueda opinar la cámara autonómica. En ese caso, lo que se apunta es una maniobra de la misma índole que la perpetrada por los independentistas en el Parlament los días 6 y 7 de septiembre de 2017.

Decía más arriba que la figura del relator es coherente con el relato de los secesionistas, que en síntesis es el siguiente: El Parlament declaró, el 23 de enero de 2013 que el pueblo catalán es un pueblo soberano. “La soberanía implica que por encima de la voluntad democrática de los ciudadanos no hay nada”, afirmó Junqueras. Joan Herrera (ICV) fue más lejos: “No estamos delante de un problema jurídico, sino de voluntad política. España debe decidir si está del lado de la democracia o de la Constitución”.

Así quedaba marcado el terreno de juego. De un lado, la Cataluña expoliada y democrática; de otro, la España opresora y dictatorial. La Constitución, como resultado de una transición mal hecha, conserva el aliento del franquismo en su interior, por tanto las instituciones políticas están contaminadas, de ahí que no pueda haber una salida democrática al “problema catalán” dentro de las instituciones “españolas”, por lo cual el Estatut y la Constitución tuvieron que ser abolidos los días 6 y 7 de septiembre en favor de una nueva legalidad, plenamente democrática, que era necesaria para fundar la república catalana mediante una declaración unilateral de independencia (léase “desconexión”).

La versión unilateral fracasó porque los secesionistas no contaban con la reacción del Gobierno español ni con la indiferencia de los gobiernos extranjeros, pero el propósito sigue en pie con el plan de repuesto, que es tratar de acercarse a lo mismo a través de una negociación -referéndum pactado- aprovechando la situación de debilidad del Gobierno, cuya continuidad depende de la aprobación de los Presupuestos, y tratar de paliar la sensación de derrota de sus seguidores mediante un balance positivo del “procés”, señalando los avances sobre la situación anterior y reduciendo los costes de la aventura, en particular para los dirigentes que van a ser juzgados la semana entrante como responsables del intento, para los que solicitan simplemente la impunidad, obtenida mediante una insólita intervención del Gobierno en la administración de la justicia.