Régimen ilegítimo

Good morning, Spain, que es different

El renqueante régimen político vigente sufre desde hace años un considerable deterioro. Se ha dicho que es por culpa de la crisis financiera y de las medidas de austeridad aplicadas, en teoría, para salir de la recesión económica. Pero esa es una explicación unilateral, simple y además interesada.

Es cierto que la crisis ha acentuado la preocupación de los ciudadanos por los problemas del país y, por tanto, la percepción de sus males, pero no hay que creer a pies juntillas lo que dicen las lenguas de doble filo, porque desde hace bastante tiempo, para quienes los quisieran percibir, había signos alarmantes que indicaban la progresiva putrefacción del sistema.

Lo que ocurre es que el estallido de la burbuja inmobiliaria y financiera ha estado acompañado por el estallido de la corrupción y el clientelismo, es decir, por el conocimiento público de una gran cantidad de casos de venalidad política, unos investigados en fecha reciente y otros, ya viejos, llegados ahora a los juzgados y utilizados, por unos y por otros, como armas arrojadizas en el mediocre debate entre los políticos y sus partidarios, con el consiguiente reflejo en los medios de información.

Ha sido un rasgo peculiar de la España contemporánea la velocidad con que el régimen político recién fundado empezó a deteriorarse y, por tanto, son antiguas las prácticas de los gestores públicos que se han alejado de lo correcto, como olvidar promesas electorales, gobernar con prepotencia y abuso de la mayoría absoluta, repartirse los cargos entre los grandes partidos, utilizar las instituciones del Estado para obtener ventajas particulares, copar los altos cargos del Estado, interpretar leyes y reglamentos de forma sesgada, practicar la opacidad, el transfuguismo y la deslealtad, vetar comisiones de investigación, utilizar la guerra sucia o terrorismo de Estado, financiar los partidos de modo irregular y otras formas de corromper el sistema, no sólo mediante el pago de favores en dinero o en especie, sino alterando el normal funcionamiento de las instituciones y vaciando de contenido los órganos de control.

Respecto a la corrupción como fenómeno recurrente en la historia de España,  se puede decir, que, dejando aparte el franquismo, que era un pozo negro, en la etapa democrática empieza, en 1981, con el desvelamiento, por el teniente de alcalde Alonso Puerta, de los “donativos” por la adjudicación de contratos en el Ayuntamiento de Madrid, y llega hasta nuestros días con los casos por todos conocidos (Gurtel, Bárcenas, Pujol, etc, etc).

Según se rompía la opacidad iba apareciendo la verdadera dimensión de estos fenómenos, que dejaban de ser accidentes, sucesos, para transformarse en tendencias, en procesos; emergía lo latente y lo oculto se hacía público y notorio. Las encuestas y sondeos han ido registrando el progresivo cambio en la opinión pública y dejando constancia de la desafección ciudadana, que no es tal, sino la respuesta lógica de quienes están pagando los platos rotos de la crisis ante el desleal comportamiento de los políticos que, en teoría, les representan.

La crisis económica sólo ha dejado aflorar lo que había debajo de conceptos tan solemnes como Estado de derecho, imperio de la ley, administración de justicia, democracia representativa, interés nacional, mercado competitivo  o igualdad de oportunidades; un pestilente muladar que ya había sido advertido y señalado con preocupación por atentas minorías, pero que era desconocido para el gran público o voluntariamente ignorado por gentes que creían beneficiarse de él.

La separación entre la calle y el Gobierno, entre la sociedad y las instituciones, entre la España oficial y la España real vienen de antiguo, lo raro es que las muestras de la desconfianza ciudadana hayan tardado tanto tiempo en aparecer.

No nos representan no es sólo un grito de protesta coreado en la calle, sino la constatación popular de la perversión de un sistema de representación política que se ha vuelto autista, no sólo ajeno a las necesidades y aspiraciones de los ciudadanos, sino que es adverso, negativo, dañino para el país. 

Hoy están aquejados de la menguante confianza de los ciudadanos la Jefatura del Estado, el Gobierno, las Cortes, la judicatura, los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones patronales, la banca, los medios de información públicos y muchos de los privados, la universidad, la Iglesia católica, el modelo productivo, el sistema financiero, la organización territorial del poder y órganos del Estado como el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión Nacional de la Competencia, la Fiscalía del Estado, el Tribunal de Cuentas, la Abogacía del Estado o el Defensor del Pueblo.

Instituciones que han fallado, tanto para corregir la deriva del modelo económico que crecía impulsado por la especulación inmobiliaria y financiera, que nos ha traído a la situación que padecemos, como para detectar y poner coto al mal gobierno y a la rampante corrupción, que también soportamos.

La pérdida de legitimidad del régimen político es manifiesta, pero se une a la pérdida de legitimidad del Gobierno, a la crisis económica, de la que no hemos salido y de la que quizá mucha gente nunca salga, y a la crisis moral, de valores éticos, de principios, de horizontes, que padece el país.

Ante lo cual surgen algunas preguntas que son difíciles de responder, como: ¿En qué y en quién pueden confiar los ciudadanos? ¿Pueden tener seguridad en algo? En este momento y en este país, ¿hay algo que parezca firme y asentado?

¿Qué pueden esperar las generaciones de jóvenes que están en edad de  emanciparse? ¿Qué esperanza pueden albergar los grupos sociales más débiles y necesitados de protección? ¿A qué se pueden aferrar los ciudadanos para seguir viviendo en este país?

A nada que no sea la confianza en sí mismos y en lo que puedan hacer agrupados, pues todo lo demás ha fallado; el régimen político, el modelo económico, el sistema financiero, la monarquía, las instituciones, el Estado del bienestar, etc, y lo que quedaba como ente superior, la nación española, está cuarteada por la crisis, por la desigualdad y por la presión de los diferentes  nacionalismos.

¿Queda algo más en que creer? ¿Acaso queda una última instancia que por sus cualidades sea superior a las demás?

Sí, la religión, dirán algunos; pero también ha fallado: la Iglesia católica está cuestionada como gran beneficiaria de este régimen declinante, por sus vínculos con el partido que gobierna y por el testimonio que ofrecen los miembros de la Curia, cuyas opiniones y nivel de vida desdicen los principios doctrinales que predican. La Iglesia utiliza el Estado para conservar y acrecer sus muchos privilegios y evitar sus responsabilidades como institución privada, y además adolece de las mismas taras que sufre la administración civil del Estado, en particular la opacidad, o mejor dicho, el secreto, el secreto sobre sus cuentas, sobre su gobierno y sobre los actos delictivos de algunos de sus funcionarios cometidos con menores.

A día de hoy, España parece un país en estado de derribo, saqueado por sus custodios materiales y espirituales y sus amigos.

15-1-2015

http://www.publicoscopia.com/opinion-politica/item/3058-el-regimen-politico-es-ilegitimo.html