La tensión ha subido en la sanidad madrileña. Después de la multitudinaria concentración del día 13 de noviembre, se han repetido los actos de protesta ante oficinas de la Comunidad concernidas por el caso y sigue una huelga de 4.200 médicos de familia y 720 pediatras.
El domingo 27, una concentración de
sanitarios y usuarios denunció el abandono de la atención primaria y la
irresponsabilidad del consejero de Salud al no percibir que los pediatras y
médicos de familia son la primera línea defensiva de la salud de la población y
que su buen funcionamiento evita los colapsos en las urgencias de los
hospitales.
Esperando que el conflicto concluya por el
cansancio de los huelguistas, la Consejería de Salud ha roto la negociación sin
ceder un ápice en su postura, alegando que una subida general de sueldos es
inasumible. En realidad, la protesta ya ha desbordado la respuesta al caótico
plan de Ayuso de reabrir los, cerrados hace dos años, centros de urgencia de
barrio (los SUAP) sin disponer del personal necesario o, mejor dicho, contando
con la mitad de los efectivos precisos para atender 80 centros. Pero no se
puede decir que el “dream team” de Ayuso carezca de soluciones imaginativas, pues
ha convertido la precariedad en mérito y dividido los centros en dos
categorías: con médico, en centros de urgencia, y sin médico, en centros de
cuidados, sólo atendidos por enfermeros. La otra “medida estrella” (o mejor,
estrellada) ha sido la telesalud o atención médica a distancia, través de la
pantalla, que más parece pensada para evitar el contagio de los médicos (que
son pocos) que para atender bien a los enfermos.
Lo que sucede no es casual ni un
producto del oportunismo de Ayuso, culpando al Gobierno y a la “izquierda
bolivariana”, sino efecto de una lógica política que lleva a presionar hasta
que surge la protesta, pues no hay límite legal, laboral ni, por supuesto,
moral a la explotación de quien trabaja. El límite lo ha de poner quien soporta
condiciones de trabajo extenuantes y humillantes, bien con la protesta o bien
con la renuncia y el abandono del empleo, buscándose una vida mejor en otro
lugar o en otro país. Dígase como paradoja, que España “exporta” personal
sanitario, mientras Ayuso culpa al Gobierno de la falta de médicos en Madrid.
Así, lo que ahora se pide no es sólo aumento
de salarios, sino empleo, estabilizar y completar las plantillas, acabar con el
parcheo de los traslados, los despidos encubiertos, las jubilaciones sin
reemplazo y las bajas temporales que no se cubren; poner fin a la sobrecarga en
las consultas, a la falta de pediatras, a la reiteración de guardias, a las
horas extraordinarias y a las listas de espera de los pacientes. Lo que piden
los trabajadores es frenar la destrucción de la sanidad pública en beneficio de
la privada, pero en perjuicio de la ciudadanía, en particular de los enfermos de
las clases económicamente más débiles. Y esta no es sólo la intención del
gobierno de Ayuso, que, aprovechando la coyuntura, ha pisado el acelerador,
sino un impulso que viene de bastante atrás en el tiempo, lo cual exige un poco
de memoria y de cartografía política.
Como ya había anunciado Aznar en su
libro “España. La segunda transición”, el Partido Popular tenía en su programa
un amplio capítulo de privatizaciones para reducir el tamaño de Estado. Corrían
los años de auge del neoliberalismo y el “Estado mínimo” era parte de la
letanía, igual que reducir el “intervencionismo” político, ampliar el mercado
(cuanto más libre, mejor) y privatizar empresas públicas para “devolverlas” a
la sociedad, identificando la sociedad con los amigos a los que se entregaron
los bienes privatizados. Y en el campo de la sanidad, ya había un precedente
que avisaba por donde irían los tiros.
Ernest Lluch, ministro de Sanidad entre
1982 y 1986, impulsó la Ley General de Sanidad de 1986, que descentralizó los
servicios en comunidades autónomas, estableció como objetivos a medio plazo extender
la atención sanitaria a toda la población, crear la red de atención primaria,
integrar los hospitales públicos, financiar con cargo a impuestos y mejorar el
control de los medicamentos, entre otras medidas. Pero la ley se topó con la
oposición de Alianza (Partido) Popular y la Organización Médica Colegial
dirigida entonces por Ramiro Rivera, entidad muy conservadora, partidaria de la
medicina privada y confesional, que ya había impulsado en 1981 una huelga de
médicos contra el gobierno de UCD.
Uno de los impulsores de la ofensiva
contra la ley de Lluch fue el recientemente fallecido Pedro Arriola, asesor de
todo lo asesorable y consejero áulico de Aznar. Y no parece un detalle menor
que fuera marido de Celia Villalobos, que fue nombrada ministra de Sanidad en
el año 2000, cuando el PP obtuvo la mayoría absoluta.
En esa legislatura se descentralizó la
sanidad y se transfirió a las comunidades autónomas, lo cual fue muy bien
recibido por los partidos nacionalistas, en particular por los catalanes,
porque permitió “engrasar”, con el correspondiente donativo a la caja B (3% y
más), las relaciones de los gobiernos autonómicos con los proveedores y
adjudicatarios de una sanidad que se privatizaba por parcelas. Eso mismo
ocurrió en Madrid, aunque el “programa piloto” se probó en Valencia, en la
Valencia de Camps, Barberá, Fabra y Zaplana, y la pieza que debía probar la
eficacia de la administración privada ante la “burocrática gestión pública” fue
el hospital de Alzira.
Como
todo el mundo sabe, fue el primer hospital público de gestión privada (pero de
gasto público), que iba a suponer un ahorro de 2.000 millones de pesetas a la
Generalitat valenciana, pero tras unos años de opaca gestión tuvo que ser
rescatado con un coste de 7.300 millones. Como eran los años de las vacas
gordas, el asunto quedó oscurecido por otros portentos, otros dispendios y
otros rescates, como Tierra Mítica, la Fórmula 1, la Ciudad de las Artes, la
visita del Papa, las carreras de motos, la copa de vela, el aeropuerto sin
aviones, etc-, donde chapoteaban Correa y sus amigos del PP, luego implicados
en las tramas del caso “Gurtel”.
Algo
parecido sucedió en Madrid, en la Comunidad gobernada por el Partido Popular
durante 28 años consecutivos.
2/XII/2022
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