Otro atajo, otro error. Y más oportunismo.

La aplicación retroactiva de la llamada “doctrina Parot” a presos de ETA juzgados antes de la reforma del Código Penal de 1995, ha sido, como lo fue la llamada “guerra sucia”, uno de los desdichados atajos utilizados por el Estado español para acabar con el terrorismo.

Un error señalado por la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos TEDH), que obliga al Estado español a restablecer una interpretación no torticera de la ley, lo cual es de agradecer, pues demasiadas interpretaciones torticeras de las leyes se hacen ya en otros asuntos.

La doctrina Parot ha supuesto endurecer las penas de privación de libertad a más de un centenar de presos de ETA, que, en aplicación de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo, serán excarcelados cuando cumplan la condena y hayan disfrutado de los beneficios de la redención de penas que estaban en vigor cuando fueron juzgados y sentenciados, lo cual no supone concesión de privilegio alguno como afirman los malintencionados, sino aplicar las leyes en el contexto temporal en que permanecen vigentes.

La sentencia del Tribunal europeo ha caído como un jarro de agua fría sobre el Partido Popular, en un momento en que, para su desgracia, está gobernando, lo que ha obligado a sus dirigentes a hacer un ejercicio de desdoblamiento, pues como gobernantes deben acatar la sentencia, pero sus lazos con la Asociación de Víctimas del Terrorismo les obligan a salir a la calle a discrepar de un tribunal del que han acatado gustosamente sus sentencias en otras ocasiones.

Si hubiera gobernado el PSOE, el Partido Popular habría sacado a la calle a sus mesnadas metiendo mucho ruido, como hizo en, al menos, media docena de veces cuando actuaba como una feroz y desleal oposición. Sin embargo, Zapatero no se libra, pues para los ideólogos de FAES, la sentencia del TEDH forma parte de un pacto del PSOE con ETA. Ya saben, aquella conjura, en la que ETA, como “autora intelectual”, los islamistas como ejecutores materiales, policías amigos del PSOE y agentes de inteligencia de marruecos, planearon y perpetraron los atentados del 11 de marzo de 2004, con el único fin de que perdiera las elecciones el partido del “mejor gobierno de la democracia”. Poco importó que no pudiera hallarse la menor prueba de lo dicho, a pesar del empeño de algunos jueces y de algunos periodistas, y que en el juicio del 11-M quedara clara la autoría de los islamistas, porque los fabuladores no se arredraron y continuaron predicando la vigencia de tan inicuo pacto en la (presunta) entrega de Navarra a ETA, contra la cual Rajoy se manifestó en Pamplona, en la negociación secreta con ETA después del atentado de la T-4 y en la promesa de aliviar las condenas de los presos, como ahora vienen a decir. O sea, que ETA, más fuerte que nunca, como ellos dicen, se avino a negociar un alargamiento de las penas de sus presos, que es lo que implica la aplicación retroactiva de la doctrina Parot, que ahora el Tribunal de Estrasburgo ha echado por tierra. El razonamiento es de locos, a no ser que se piense que el omnipotente Zapatero, que ha sido el único causante de la crisis económica, según el PP, ha conseguido también -¡qué poderío!- que los miembros del Tribunal de Estrasburgo acepten formar parte de su pacto secreto con ETA.    

Bien, pues con estas fábulas, los ideólogos del Partido Popular explican lo que sucede a gentes crédulas y poco instruidas, predispuestas por su situación a creer cualquier cosa, y les envenenan la mente y las mantienen en estado de permanente indignación para ser movilizadas cuando les convenga. Pero esta vez, las asociaciones de víctimas han tomado la iniciativa y han colocado al Gobierno de Rajoy en un brete.

El problema del terrorismo, estrechamente ligado al de la unidad de España, es un tema central del programa del Partido Popular, no obstante si nos atenemos a los hechos más que a los dichos de sus dirigentes, parece más un elemento que les sirve para desgastar al gobierno cuando están en la oposición, que un problema que hayan tenido intención de resolver cuando están en el Gobierno. La propaganda y los discursos sobre ETA, el terrorismo, las víctimas y la unidad de España, seguidos de las manifestaciones correspondientes, no han ido acompañados de un afán legislativo similar. Para comprobarlo basta con hacer un poco de memoria.

El PSOE llegó al Gobierno en 1982 y heredó de los gobiernos anteriores (y estos de la dictadura) una forma ilegal de luchar contra el terrorismo -la “guerra sucia” del Batallón Vasco Español y de ATE-, continuada por los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), que estuvieron activos entre 1983 y 1987. La práctica del terrorismo de Estado fue un desastre, no sólo por sus resultados, sino porque deslegitimó un Estado democrático que estaba afianzándose y a un partido que acababa de llegar al Gobierno, y porque proporcionó nuevos apoyos a ETA y brindó al PP la ocasión para desatar una feroz oposición.

Impelida por los atentados de Hipercor (21 muertos) y Zaragoza (11 muertos), la corrección del error estuvo en cambiar de estrategia y formar una alianza con los partidos opuestos al terrorismo, que se concretó en el Pacto de Madrid, en 1987, en el Pacto de Ajuria Enea y en el de Navarra, en 1988. El año siguiente el Gobierno de González mantuvo, en Argel, conversaciones con ETA.

Mientras tanto, no queriendo agravar las penas con la intención de facilitar una salida negociada al terrorismo, se mantuvo vigente el Código Penal de 1973, con reformas parciales entre 1985 y 1989, hasta que en 1995 se reformó de manera más profunda.

A pesar de lo dicho en la campaña electoral de 1996, que le llevó al Gobierno -“no hay atajos en la lucha contra el terrorismo, ni el atajo de la ilegalidad ni el de la negociación, que sólo sirve para envalentonar a los terroristas”-, Aznar envió a tres negociadores a Zurich a hablar con ETA, en mayo de 1999, pero antes y después de esa cita, el Gobierno permitió el regreso a España de 304 etarras exiliados y acercó a 135 encarcelados a prisiones cercanas al País Vasco. Durante los mandatos de Aznar, se produjeron 311 excarcelaciones de etarras, entre ellas, las de 64 terroristas condenados a penas de más de veinte años de cárcel.

En el año 2000, Zapatero propuso al Gobierno el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, del cual saldría, en 2002, la Ley de Partidos Políticos, que dejó a Batasuna fuera de la legalidad. Medida que fue avalada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Gobernando ya Zapatero y presionando el PP desde la oposición y las víctimas desde la calle, el Tribunal Supremo aceptó, en 2006, la aplicación de la “doctrina Parot”, que permitía alargar las penas a posteriori, que fue modificada parcialmente pero finalmente avalada por el Tribunal Constitucional, en 2008. Fue un error, que ahora el Tribunal de Estrasburgo obliga a subsanar, pero un error de quienes han tenido más iniciativas legislativas y han colaborado más desde la oposición para resolver el problema, que de los que han dedicado su tiempo a la retórica patriotera y a proclamar una firmeza que los hechos desmentían. 

Trasversales, 26 de octubre de 2013