Crónica del asedio."Oportunidades de negocio"

Antes de entrar en materia -en el “negocio”- conviene recordar un par de cosas necesarias para entender lo sucedido en la Comunidad de Madrid, que, a causa de la visión impresionista de la realidad ofrecida por la “rabiosa actualidad” de la “prensa” y las redes sociales, suelen quedar al margen de la reflexión.

La primera es señalar que el Partido Popular gobierna la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) desde hace un cuarto de siglo, con lo cual se puede decir, que como Administración, está hecha a su imagen y semejanza.

Comenzó su hegemonía con Alberto Ruíz Gallardón, en 1995, y estuvo a punto de perderla, en 2003, con la candidatura de Esperanza Aguirre, salvada “in extremis” por el “tamayazo”, oscura operación nunca aclarada que “birló” la presidencia a Rafael Simancas, aunque, de verdad, ni él ni su partido supieron defender la plaza.   

La segunda es que cuando Esperanza Aguirre llegó a la presidencia de la CAM, en noviembre de 2003, Aznar, como resultado de los pactos con los partidos nacionalistas, había transferido las competencias de Sanidad a las comunidades autónomas, por tanto, los hospitales de la región dependían de la consejería correspondiente de la Comunidad de Madrid.

Pero Aguirre, neoliberal y acérrima partidaria de la empresa privada, no venía a administrar bienes y servicios públicos, sino a reducirlos y entregarlos a la gestión del capital privado. Llegó a Madrid, para acometer desde su parcela la tarea que entonces ocupaba a los gobiernos neoliberales de todo el mundo, que era reducir el tamaño del sector público -sanidad, educación, servicios sociales, deporte, vivienda, administración- para entregarlo a la gestión de empresas privadas, en unos casos, y en otros, directamente a la especulación de fondos financieros, como hizo, en 2013, su sucesor Ignacio González con casi 3.000 viviendas del IVIMA, vendidas a bajo precio a una filial de Goldman-Sachs, y Ana Botella, en el mismo año, con 1.860 viviendas municipales vendidas, con pérdida para el consistorio, a Blackstone, un fondo “buitre”, donde casualmente trabaja, o trabajaba, uno de sus hijos. Presunta prevaricación y verdadero amor de madre metidos en el mismo paquete, lo que revela la confusión entre lo público y lo privado con que cierta derecha, con una noción patrimonial del Estado, suele tratar lo público como un asunto familiar.

En 2003, el capitalismo estaba cambiando de forma y maneras, dirigido por un sector muy dinámico -turbocapitalismo financiero- que dejaba de ser productivo para devenir especulador y parasitario; renunciaba a los riesgos inherentes a la producción y buscaba un beneficio rápido y seguro aprovechándose de lo ya producido, adquiriendo empresas con ofertas financieras hostiles o llevándolas a la quiebra para sanearlas con créditos o fondos públicos y revenderlas después. El capital acentuaba su tendencia a concentrarse y entraba en una etapa de grandes fusiones (y grandes estafas), para centralizar la gestión de sectores económicos enteros en menos empresas o incluso intervenir en varios sectores a través de gigantescas corporaciones; el capital se unía, se mezclaba y actuaba a escala mundial; no tendía a distinguirse por el origen y nombre de las empresas, sino por sumas de siglas, grupos empresariales y corporaciones multinacionales, que superaban con sus cifras de negocio el presupuesto estatal de muchos países.  

Desde esta perspectiva, el Estado del Bienestar de los países desarrollados fue una golosina. Los bienes y servicios del Estado fueron como un continente recién descubierto, que ofrecía un apetecible patrimonio, sobre el que se lanzaron los inversionistas privados con voracidad colonial, enarbolando la bandera del Estado mínimo (y el Mercado Máximo).

Así, inspirándose en el sistema PPP (“Public Private Partnership”) (véase, el artículo “Ayuso, el PP y el PPP”, en este Diario), se inició el desmantelamiento del sistema sanitario público, del que ya existía un precedente en la Comunidad Valenciana, gobernada, también, por el Partido Popular.

El 31 de diciembre de 1998, careciendo de licencia de apertura y ocupación -un detalle nimio-, se inauguró, en Alzira (Valencia), el primer hospital público de gestión privada (pero de gasto público), que atendería a 230.000 personas de 29 municipios de la zona. La Generalitat Valenciana, presidida por Eduardo Zaplana, recibió críticas por convertir la sanidad pública en un negocio privado, pero según Joaquín Farnós, consejero de Sanidad, la cesión iba a suponer un ahorro de 2.000 millones de pesetas a la Generalitat.

El hospital de Alzira sería una de las joyas de la gestión del Partido Popular en Valencia, que comenzaba una era de negocios y portentos -Tierra Mítica, la Fórmula 1, la Ciudad de las Artes, la visita del Papa, las carreras de motos, la copa de vela, el aeropuerto sin aviones, etc-, donde chapoteaban Correa y sus amigos del PP, luego implicados en las tramas del caso “Gurtel”.

Tras varios años de turbia gestión, la Generalitat Valenciana, entonces presidida por un señor que vestía bien, pero no se pagaba los trajes, rescató el hospital de Alzira para sanearlo con la intención de volverlo a entregar a la gestión privada. Lo que debía suponer un ahorro de 2.000 millones de pesetas, costó por el rescate 7.300 millones. Un negocio redondo para quien lo hizo, no para las arcas y la sanidad públicas, ni para los valencianos. Pero volvamos a Madrid y al modelo PPP del PP.

El 23 de septiembre de 2008, la Comunidad de Madrid convocó a empresarios del sector sanitario a una jornada en la que el consejero de Sanidad, Juan José Güemes, mostró el modelo de financiación del plan de infraestructuras sanitarias 2007-2011. El acto, anunciado con el reclamo: ”Aproveche las oportunidades de negocio para su empresa”, se celebró en el hotel Wellington; la inscripción costó 1.200 euros, con derecho a conferencia, comida, café y certificado. Era caro, pero merecía la pena.

Como consecuencia, la CAM cedió a la gestión privada, tres nuevos hospitales, en Móstoles, Collado Villalba y Torrejón, que atendían a 415.000 personas de 31 municipios. Cedió también a una empresa privada la gestión de un ambulatorio de Torrejón de Ardoz.

Después extendió la privatización a los cuatro grandes hospitales públicos de la región: el “Ramón y Cajal”, el “Gregorio Marañón”, “La Paz” y el “12 de Octubre”. Según el director general de Hospitales, Antonio Burgueño, una reforma integral iba a convertir en “gestionables” los cuatro grandes hospitales, que deberían reducir su capacidad. “Tendrán que sufrir un proceso de jibarización”, aclaró.

Asociaciones defensoras de la sanidad pública acusaron a Aguirre de “subastar la sanidad pública”, y el consejero Güemes fue abucheado cuando visitaba un hospital.

Esto es lo que Ayuso ha recibido de Esperanza Aguirre, un verdadero legado envenenado de su mentora. Pero no es suficiente, pues no es mejor el legado de Rajoy: los recortes de presupuesto y la aplicación de la reforma laboral de  2012 para reducir las plantillas. Ambas políticas, aplicadas con tesón a lo largo de años, han sido denunciadas en numerosas ocasiones, con escaso éxito, por el personal sanitario y asociaciones defensoras de los servicios públicos y llevadas a la prensa y a la calle por la “marea blanca”.

Así, pues, Ayuso no puede alegar ignorancia sobre la situación de los bienes, personas y recursos de los servicios públicos que se comprometió a administrar cuando juró el cargo, porque forman parte del mismo programa que ella aplica.

13/5/2020

Crónica del asedio. Ayuso, el PP y el PPP

La Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, modelo de gobierno que Casado desea para todo el país -líbranos, Señor-, ha quedado fuera de los territorios que pasan a la fase 1 de desconfinamiento.

Con su loa, Casado sigue la táctica imprudente de Rajoy, que, en momentos de euforia incontrolada, puso como modelo de gobierno para España el de algunas comunidades autónomas cuyos presidentes han sido judicialmente procesados.

Contra el criterio de su dimitida Directora General de Salud, la doctora Yolanda Fuentes, que recomendaba permanecer en la fase 0 de confinamiento, Ayuso, que no es médica, y dudo que pueda ser responsable de algo, envió tarde, mal y sin firmar, el cuestionario requerido para pasar a la siguiente fase, que fue rechazado.

Ayuso se ha tomado muy mal que Madrid permanezca en la fase 0, porque cree que es la calificación que merece su gestión -no anda lejos de esa nota-, mientras otras comunidades pasan a “primera división”, como si tal clasificación, en vez de proteger la salud de los ciudadanos, tratara de estimular una insensata competencia entre territorios.

Ayuso alega en su descargo que la decisión del Gobierno no está justificada y que forma parte de una campaña contra ella, cuando ha sido precisamente ella la que parece haber elegido como eje principal de su mandato arremeter contra el Gobierno, imitando a Esperanza Aguirre, que decía que gobernaba para resistir la política de Zapatero, mientras se olvidaba de vigilar a unos colaboradores que han acabado en los juzgados.

Como tantas personas mediocres que llegan a ocupar puestos de relieve, Ayuso creyó que las carambolas que la han llevado a la presidencia de la CAM eran el lógico resultado de sus propios méritos dentro del PP y de una innata capacidad, nunca demostrada, para gobernar. Pensaba que con lealtad al dirigente de turno -antes Aguirre, ahora Casado-, grandes dosis de propaganda y colocándose como oposición de su oposición y, sobre todo, del Gobierno, podría gobernar sin complicaciones y permitir que la Comunidad de Madrid siguiera siendo un lugar adecuado para hacer buenos negocios, en los que su partido obtuviera el correspondiente peaje, (ya tiene un plan innovador para volver a lo mismo -el culto al ladrillo-, que es facilitar la construcción de viviendas sin necesidad de obtener licencia, pues bastará con una “declaración responsable” del promotor). Pero no contaba con la pandemia de corona virus, cuya gestión está siendo un desastre.

Con los hospitales rebosantes de infectados y faltos de recursos, paliados, en parte por donaciones privadas, las UCIS saturadas, sin respiradores para los enfermos graves ni equipos de protección para un personal sanitario escaso y agotado antes de la llegada del virus por los recortes de plantilla efectuados en tiempos de Rajoy, González y Aguirre, y no recuperados; personal sanitario que, no obstante, ha atendido con un esfuerzo sobrehumano las jornadas de choque de la pandemia.

Madrid, seguida por Cataluña, es la comunidad con más contagiados (62.000) y más fallecidos (14.000, o en el mejor de los casos 9.000). Las cifras no están claras, pues dependen de la fuente y de varias circunstancias (diagnostico, parte de defunción, test).

En uno y otro caso, las cifras son altas y la gestión no ha sido buena, y para tapar sus errores Ayuso ha recurrido al ataque, que es la mejor defensa, y acusado a Sánchez de improvisación y falta de estrategia, ella que carece hasta de táctica.
La Comunidad ha rescindido contratos en sanidad en el mes de enero y ha contratado a 10.000 personas con la llegada del virus, pero las ha despedido en cuanto ha tenido ocasión, ha anunciado una bajada de impuestos para reclamar, después, ayuda financiera al Gobierno, que, en efecto, debe percibir, pero no es de recibo bajar impuestos en su territorio y solicitar dinero del fondo común, ni bajar los impuestos sea la mejor terapia de choque para frenar la pandemia. Pasó de afirmar que Madrid seguiría con su habitual actividad -Madrid no se cierra, a añadir que no sabía cómo cerrarlo-, a cerrar antes comercios y colegios y acusar al Gobierno de reaccionar una semana tarde, así como de dificultar el suministro de material sanitario procedente de China, que tardaba en llegar. Lo mismo ocurrió con las mascarillas y los tests comprados por el Gobierno en el opaco mercado internacional, considerados un error o algo peor -García Egea acusó al Gobierno de repartir “mascarillas falsas”-, pero ocultar la documentación del pedido cuando se han detectado los mismos defectos en material comprado por la Comunidad de Madrid. 

Ayuso solicita insistentemente información y transparencia, pero después de 50 días de vacaciones parlamentarias en Navidad, ha estado más de 30 días sin dar explicaciones a la Asamblea, ni en persona ni por otros medios, ni ofrecer al Gobierno los datos sobre los contagios, en parte por estar afectada y recluida -por cierto, en el apart-hotel de un empresario, y no sabemos quién paga-, aunque muy ocupada opinando y procurando salir en las fotos de una realidad paralela construida con tesón: que ha sido transferir al Gobierno central la responsabilidad en materia de Sanidad y de Asuntos Sociales (residencias de ancianos), para reservarse funciones de beneficencia -ceremonias de luto, reparto de menús infantiles, inauguraciones, dolerse por los ancianos de las residencias, que la CAM ha tenido sin control durante años, a pesar de las quejas de familiares y empleados, y asistir a misas y actos multitudinarios de tono populista. Todo ello sazonado con ocurrencias insensatas y peleas con sus socios en las consejerías afectadas por la crisis, en un gobierno cogido con pinzas. La rápida instalación del hospital de campaña en Ifema fue un acierto, no hay que negarlo, pero no sólo suyo; la desinstalación, aprovechada para darse un imprudente baño de masas y practicar un populismo castizo vendiendo bocadillos, ya no lo es tanto.

Pero, la responsabilidad de lo sucedido en Madrid no es toda suya. Ayuso, discípula de Aguirre, ha recogido el testigo de su estilo de trabajo, pero también el pesado legado de la Lideresa, que en materia sanitaria es una de las causas del desastre de su gestión que vienen de más lejos.

Concretamente, del mes de septiembre de 2008, cuando Aguirre, y su consejero del ramo Juan José Güemes, decidieron aplicar a la sanidad madrileña el lema con que José María Aznar justificó la privatización de las grandes empresas públicas: “hay que devolver a la sociedad lo que le pertenece”, como si la propiedad pública no fuera de la sociedad y la única representación de la sociedad fueran las empresas privadas; es decir, como si lo únicamente social fuera, precisamente, el capital privado.  

De acuerdo con esta intención, se buscó inspiración para acometer la “reforma” de la sanidad madrileña en el neoliberal sistema “Public Private Partnership” (PPP), modelo público/privado que funciona en Estados Unidos, un país con una asistencia sanitaria deficiente y carísima, que ahora cuenta con 29 millones de personas sanitariamente desatendidas y 58 millones más con una cobertura mínima, completada con elevados copagos, y que ofrece como resultado 1,3 millones de personas infectadas por el corona virus y 80.000 fallecidos.

Cayetana Álvarez de Toledo

A propósito de una noticia de Josegabriel Zurbano

Esta señora, de España no sabe nada; no maneja datos, ni nombres, ni fechas; ni una estadística o una aproximación política o sociológica a la realidad y a la historia de este país que dice amar y defender. 
Los errores sobre esta ignorancia son patentes, pero su labor no precisa de tales conocimientos. Está ahí para agitar a la base social de las derechas y para arremeter como sea contra la izquierda política o social o cualquiera que defienda un reparto más equitativo de la riqueza, y contra quién disienta de los postulados neofranquistas del PP, defendidos por Casado y regurgitados ahora por Vox. 
Su mejor baza para esta servil labor a favor de los ricos es su selecta postura de clase, esa altivez con que trata a los demás como si fueran subordinados suyos -la mucama, el chófer, el portero, el jardinero-, a los que tolera sus modales poco refinados y sus rústicas pretensiones de atreverse a hablar con ella antes de ser preguntados. 
Se le nota en exceso que ha sido -y se lo ha creído- la reina del club de hípica, pero eso choca con su labor de portavoz de un partido populista que se dice "popular", pero de clase, con dinero y con demasiados aristócratas en sus filas.

Las “mochilas” de Casado

Grande ha sido el descalabro electoral del Partido Popular, que ha perdido 71 escaños en el Congreso (de 137 ha caído a 66) y 74 en el Senado (de 130 a 56), que era su bastión más firme desde hace 25 años. Y grande ha sido la frustración del nuevo líder, Pablo Casado, cuyo vuelo gallináceo estaba lastrado desde el principio por la crítica situación del Partido, que aún no había digerido su desalojo del Gobierno en junio del año pasado. 

Esa era una de las “mochilas” que Casado llevaba a la espalda en la carrera hacia las urnas, y que no supo aligerar con un poco de inteligencia y algo menos de prisa, provocada por una actitud que debe formar parte del libro de estilo, que es tomarse muy mal la pérdida del Gobierno y tratar de volver a él con la mayor rapidez y sin reparar en las formas.

El PP, desde siempre, ha tenido mal perder, y en este caso, juzgaron la moción de censura como una maniobra, no como un procedimiento legal (y además justificado) para sacar a Rajoy de la Moncloa, tras la sentencia del caso “Gurtel”, y acusaron de ilegítimo al Gobierno de Sánchez, como si señalando un presunto culpable se volatilizase en el aire el problema de la corrupción.

Pues esa es la mochila más pringosa que Casado lleva a la espalda. Una mochila “llena de mierda”, como la calificó Álvaro Pérez, “el Bigotes”, antiguo promotor de eventos y proveedor de trajes del presidente Camps, sobre la que Casado no ha amagado ni la mínima autocrítica, porque el problema sigue -ya está señalada Esperanza Aguirre en las investigaciones de la trama “Púnica”- y seguirá pendiendo sobre la jefatura del PP, con independencia de quien la ostente.

Otra mochila está llena con los efectos negativos de las medidas de austeridad, que han lesionado, y lesionarán hasta que sean revertidas, a la parte más popular de su electorado, que ha podido comprobar que con palabrería patriótica no se tapan las penalidades dejadas por los recortes y la reforma laboral. Esos efectos se han cargado también en la cuenta de Sánchez, como si hubiera gobernado los últimos 8 años en vez de los últimos 8 meses.

La cuarta mochila es la morosa, indolente e inexplicable actitud ante el “procés”. Igualmente mal digerido en el Partido y peor aún por el propio Casado, que entonces formaba parte del pasivo equipo de Rajoy y ha querido absolverse con acusaciones y gesticulación.

Obviando los cinco años de flema gallega ante un problema que crecía día a día y que, al final, no se pudo arreglar negociando como creyeron, pues para eso la vicepresidenta montó un despacho en Barcelona, la culpa se ha echado sobre Sánchez por hablar con el President de la Generalitat y se le ha acusado de establecer un pacto con independentistas catalanes y vascos “para romper España”, que es la versión actualizada para la ocasión de aquel infundio lanzado contra Zapatero acusándole de “entregar Navarra a ETA”. Pero la verdad es que la palabrería y las insidias no han podido borrar los cinco años de insólita pereza ante lo que ahora presentan como el primer problema del país.  

Aún hay que añadir otra carga sobre las maltrechas espaldas de Casado, que es su propia cruz, tallada por él mismo con primor artesano, según el consejo de un pésimo ebanista, al competir con Vox, con la retórica y las formas de Vox, tratando de sacar pecho para sacudirse el degradante sambenito de dirigir la “derechita cobarde”.

La campaña electoral, crispada y faltona, ha sido un desastre, como lo revelan no sólo los resultados, sino las fugas de sus propios compañeros, que han sufrido en sus carnes las malas formas de lo que él entiende como renovación del partido; y lo entiende tan mal que casi se queda sin él.   

30 de abril, 2019

https://elobrero.es/opinion/item/27577-las-mochilas-de-casado.html

Banderas que todo lo tapan

El domingo, toca patria; todos unidos, en la capital de España, bajo la bandera nacional; el resto de la semana se imponen la bronca, el insulto y la deslealtad.  Así entiende el Partido Popular (y los partidos que le siguen) la actividad política cuando sus miembros deben dejar la bancada azul, que creen de su exclusiva propiedad.

Con esta manifestación, la primera por ahora, el Partido Popular recupera la actividad callejera, que, con diversos motivos y el apoyo de la Curia, ensayó contra Zapatero en trece ocasiones, con marchas y concentraciones.

Nada nuevo, porque ha sido la forma (mala forma) de estar en la oposición desde que Aznar, subido en el carro de la “revolución conservadora”, dio por concluida la hegemonía socialdemócrata y acomodó el partido a los nuevos tiempos, con una enérgica mezcla de neoliberalismo económico, servilismo imperial (Azores), neoconservadurismo clerical y persistentes resabios de la dictadura, a los que la derecha (y la Curia) aún no han renunciado.

Lo que está haciendo Casado es la reedición de la “oposición patriótica”, que el PP, indignado por el adverso resultado electoral de 2004, montó a Zapatero, el Jefe del Gobierno más insultado de la historia reciente, al que los voceros más cualificados del momento, acusaron, entre otras cosas, de gobernante ilegítimo.

Sánchez ha sido calificado de usurpador, además de traidor y felón, y de “okupa”, por haber llegado a la jefatura del Gobierno mediante el procedimiento legal de una moción de censura contra el Gobierno de Rajoy. Reemplazo que casi fue una medida obligada por la decencia, en lógica respuesta una sentencia de la Audiencia Nacional contra el Partido Popular, acusado de un largo repertorio de delitos, por los cuales condenaba a 29 personas a cumplir 351 años de cárcel.

A Pablo Casado, a la sazón vicesecretario de Comunicación del PP, le parece mal aquel higiénico desalojo, porque cree, con nula sensatez y poco fundamento para el cargo que ocupaba, que un gobierno corrompido representa mejor los intereses de España de cara al exterior (¡menuda “Marca España”!) y que facilita las cosas dentro de la madre patria, como en el caso de Cataluña, porque ignora que una de las causas de la pasividad del Gobierno de Rajoy, tanto ante la Unión Europea como ante las desmedidas pretensiones de la Generalitat, era su actitud acomplejada por los numerosos casos de corrupción que el partido acumula.

Sánchez tenía por delante una etapa difícil, dado el interesado y frágil apoyo proporcionado por los partidos que le llevaron al Gobierno, además de la crispada oposición del PP y C’s, y por los grandes retos a los que se enfrentaba, que eran aprobar unos presupuestos con más contenido social para tratar de revertir las medidas de austeridad y facilitar la relación con la Generalitat para reducir la tensión con el Gobierno. La intransigencia de los independentistas, que tienen en su mano la aprobación de las cuentas del Estado, no ha permitido ni lo uno ni lo otro. Hasta hoy. 

El Gobierno ha cometido errores, claro; ha hecho declaraciones que después se ha visto obligado a matizar o a desmentir; ha anunciado decisiones que luego ha corregido, pero no se le puede negar que ha tenido interés, aunque ha pecado de candidez, en ofrecer una salida dialogada al callejón en que se han metido los independentistas, pero eso no explica la posición de Casado, cuya agria actitud responde a causas también domésticas (la sombre creciente de Vox), que le ha llevado a recurrir al consabido soniquete de que la izquierda quiere romper el país.

¿Recuerdan la balcanización de España augurada por Aznar cuando Zapatero negociaba con ETA, después de que lo hubiera hecho él con nulo resultado? ¿Recuerdan aquella acusación de que Zapatero negociaba secretamente la “entrega de Navarra” a ETA? Era una mentira, una deslealtad y un disparate, pero Casado ha vuelto a recurrir al mismo bulo ahora acusando a Sánchez de entregar Cataluña a los independentistas, sabiendo que eso no está en la intención del Gobierno y de que no es legalmente posible. 

Tampoco la elección de un posible “relator” en la negociación con la Generalitat ha sido el motivo para convocar la manifestación, ni explica la crispación de Casado, colocado ya en la estela de Abascal sin ningún disimulo   

La gesticulación de Casado pretende tapar los años de desidia del PP ante el emponzoñamiento progresivo del problema en Cataluña, disimular lo que no hizo el Gobierno de Rajoy, ni tampoco él, como parte del “staff” o a título particular, como simple diputado.

¿Qué hizo Casado el 14 de noviembre de 2009, cuando hubo una consulta soberanista en 166 municipios de Cataluña? Nada, que se sepa. ¿Y qué hizo el 27 de septiembre de 2012, cuando el Parlament aprobó realizar un referéndum de autodeterminación durante la Xª legislatura autonómica? ¿Y qué hizo el 19 de diciembre de ese año, cuando CiU y ERC firmaron un pacto de legislatura que incluía una consulta en 2014 sobre el futuro político de Cataluña? ¿Y que hizo o dijo el 23 de enero de 2013, jornada en la que el Parlament aprobó una declaración que proclamaba al pueblo catalán sujeto político y jurídico soberano? ¿Y qué hizo el día 12 de febrero de ese año cuando la Generalitat fundó el Consejo Asesor para la Transición Nacional? ¿Estaba enterado de que el 19 de septiembre de 2014, el Parlament aprobó la Ley de Consultas propuesta por CiU y ERC?

Es de suponer que Casado haría algo más que resignarse cuando Artur Mas, para burlar la suspensión del referéndum del día 9 de noviembre decidida por el Tribunal Constitucional, convirtió la convocatoria en un “acto participativo” ¿Y qué hizo el día 1 de marzo de 2016, cuando la Mesa del Parlament formó tres ponencias para tramitar en secreto las leyes de ruptura? Como vicesecretario de Comunicación, debería haber viajado a Barcelona para afearles su conducta, por lo menos.

Los sucesos más recientes ocurridos en Cataluña hasta llegar a la aplicación del artículo 155 de la Constitución son más conocidos, pero, ante la intervención inmediata y enérgica que Casado exige a Sánchez, hay que recalcar los años de pasividad de Rajoy en la marcha de los acontecimientos impuesta por la osadía de los independentistas. Y eso no se tapa con falso patriotismo ni envolviéndose en la bandera del Estado, que, hasta nueva orden, no se agota en la calle de Génova ni representa en exclusiva al Partido Popular. Otro día hablaremos de sus acompañantes.

El laberinto andaluz

La crisis de representación política -que desborda a los partidos- se extiende también a Andalucía. La lenta descomposición del bipartidismo va por zonas y se extiende ahora hacia el sur, al viejo feudo del PSOE, a su principal granero de votos e importante bastión político por el peso territorial y censal de Andalucía sobre el resto del partido y sobre el resto del país.

Desmintiendo muchos pronósticos, los resultados de las elecciones del 2 de diciembre muestran el mapa político andaluz como un laberinto, que se suma a otros laberintos ya existentes, por la dificultad de hallar una salida adecuada a lo verdaderamente que necesitamos. Veamos.

En primer lugar, los resultados electorales no muestran un vuelco; un cambio drástico marcado por la diferencia entre una gran derrota y una victoria sin paliativos, sino una situación más compleja, cuyo desenlace no tiene por qué representar una mejoría respecto a la situación precedente.

El PSOE pasa de los 47 escaños, que tenía en 2015, a 33 en 2018, pero sigue siendo el partido más votado; el PP también pierde, pues pasa de 33 escaños a 26; Cs, con un gran ascenso, pasa de 9 escaños a 21. En cuarto lugar, Adelante Andalucía (U-P) obtiene 17 escaños, pero pierde 3 respecto a 2015 (IU 5 y Podemos 15). Y aparece Vox con 12 escaños, que es, en apariencia, lo más nuevo, y junto con Cs, un neto ganador.

Se entiende la alarma de Ferraz por el resultado -el recurso a los tópicos y al folclore, de los que ha abusado Susana Díaz, no da más de sí-, hay un amago de solicitar su dimisión, pero esta mujer es correosa y resiste la presión alegando que el PSOE sigue siendo la fuerza más votada. Otra cosa es que ella pueda seguir al frente de la Junta, dado el interés mostrado por el PP, Cs y Vox en desalojarla y poner fin a una era, de corrupción dice Casado tratando de ocultar la colosal del PP. Pero es indudable que el tema de los ERE ha pasado factura.

La suma de escaños de los partidos de izquierda aporta 50 diputados (33 del PSOE y 17 de U-P) y 59 la del PP, Cs y Vox, que han realizado la campaña electoral en clave nacional, es decir contra al independentismo catalán. Otro asunto es en qué condiciones se produce esta avenencia entre las derechas o entre dos partidos de derechas y uno centro, que es lo que debe decidir Cs en su difícil opción, en la que quedará retratado haga lo que haga.

No se entiende el júbilo en el PP, ni la actitud exultante de Casado por el ascenso de Cs y Vox, sus competidores más cercanos, uno por la derecha y otro por la izquierda, con los cuales una sencilla suma de escaños le permitiría, en teoría, formar gobierno, que sería una forma de endulzar el retroceso electoral, tan necesaria tras el desalojo de la Moncloa por la moción de censura. Claro que Vox es una escisión del PP, de sus militantes y dirigentes, que han decidido volar por su cuenta, apoyados por ese visionario anglosajón llamado Aznar, que está detrás de sus dos delfines -Casado y Abascal-, decidido a implantar el trumpismo made in Spain.

Vox representa, por un lado, lo más rancio del franquismo sacado a la luz sin complejo alguno, que sirve de alimento a la parte más plebeya y popular de la derecha. Está dirigido por un aventurero contrario a los gobiernos autonómicos, pero que ha vivido del momio de dos de ellos, el vasco y el de Madrid, apadrinado además por la buscadora de príncipes y descubridora de sapos. Su arraigo en la provincia de Almería, viejo feudo del PP, con su red clientelar bien asentada, presenta otra contradicción de bulto, que es el selectivo discurso contra los extranjeros, no dirigido a los jeques árabes que llegan en yate a Puerto Banús, sino contra los inmigrantes pobres procedentes de África, que luego, si hay suerte, encuentran trabajo en condiciones ilegales o con contratos leoninos, cuando existen, en los invernaderos que forman el fructífero mar de plástico, que serviría para hacer una versión moderna de la cabaña del tío Tom.   

Unidos Podemos ha perdido 3 escaños, poco, pero en realidad mucho. 300.000  votos en tres años no es una fruslería, más cuando, en 2015, obtuvieron mejor resultado por separado (15 Podemos, 5 IU). El dato es aún más preocupante cuando la alta abstención (41%) se ha dado en zonas y barrios propios del voto de izquierda, cuyos habitantes parecen haber pensado: “No nos representan”. La campaña, que ha despertado poco entusiasmo, alejada de los problemas cotidianos ha oscilado entre el folclore de la patria chica y el nacionalismo de la patria grande para contrarrestar el nacionalismo de la patria catalana -es la reconquista, han dicho en Vox-.

En esta feria de provincianas vanidades, U-P ha concurrido como “Adelante Andalucía”, frase publicitaria que indica poco -un significante vacío, como lo definiría algún miembro de su núcleo irradiador-, pero que tiene un inconfundible tono regional, muy ingenuo o deliberadamente confuso. “Adelante Andalucía”, pero ¿toda? A algunos no hace falta que les animen porque bastante delante están ya en posición social, propiedades y renta. Otros, por el contrario, lo necesitan mucho, porque están muy atrás en esos temas y en otros -paro, empleo precario, bajos salarios, subsidio del PER, trabajo temporal (temporero), y en el disfrute de servicios (sanidad, educación, ayudas a dependencia, etc)-.

“Adelante Andalucía” representa lo mismo que decir “Adelante Cataluña” o “Puxa Asturies” y como expresión regionalista o nacionalista alude a una comunidad de proyectos e intereses, que no es real y, en términos “podemísticos”, borra la distinción entre las castas o las poderosas tramas, que haberlas haylas también en las “naciones”, y la gente, el referente preferido de Podemos.

Para su fortuna, la aparición de Vox ha venido a solventar el molesto expediente de realizar una autocrítica por el resultado obtenido y a resolver los problemas de identidad y de programa, pues ya puede ser realmente antifascista. Y como ejemplo ahí están los llamamientos de sus dirigentes a resistir al fascismo y las manifestaciones contra el resultado de las elecciones bajo la añeja consigna de “No pasarán”. Glorioso colofón.

https://elobrero.es/opinion/item/22255-el-laberinto-andaluz.html

Enterrar a Franco

Franco es un muerto que lleva cuarenta años de cuerpo presente, es decir, estorbando como un espectro que ronda por las instituciones representativas españolas y se entromete en los quehaceres políticos de los vivos.

El fundador de una larga dictadura, enterrado con honores en un monumental panteón, es, en sentido metafórico, un “muerto”, un lastre para el país, un baldón para un régimen que se pretende democrático y una carga difícil de soportar no sólo para los gobiernos que se tengan por tales, sino para los ciudadanos ante un déspota que abolió los derechos de la moderna ciudadanía para devolver a los españoles a la condición de súbditos. Ha pasado demasiado tiempo desde su muerte como para seguir soportando esta anomalía, difícil de explicar en un país de la Unión Europea.

Cuarenta años va a cumplir la Constitución, que, en teoría, enterró la dictadura y ya va siendo hora de enterrar definitivamente a su fundador como una tarea pendiente de la Transición, aún inconclusa. Es, por tanto, digno de elogio el intento del Gobierno de Sánchez y de quienes le han apoyado en el Congreso, de sacar los restos del dictador del Valle de los Caídos y entregarlos a sus familiares para que les den sepultura donde les plazca. 

Lo que no se entiende bien es la resistencia del PP y de C’s a apoyar la medida escudándose en la forma de hacerlo, porque no es una cuestión de forma -el decreto o la prisa de la que acusan al Gobierno, al querer concluir una tarea acometida con cuatro décadas de retraso-, sino de fondo, en un caso, y, en apariencia, de grosero oportunismo, en el otro.

Cuando debería estar clara la naturaleza del régimen franquista, resulta que no lo está: para unos fue una dictadura, un régimen político de excepción surgido de una guerra civil provocada por un fallido golpe militar, pero para otros, aún muchos, fue sólo un régimen autoritario, incluso paternal, más predemocrático que antidemocrático, pues contenía un germen democrático que fructificó cuando halló las condiciones oportunas para ello. Fue un régimen político estricto y necesario porque los españoles somos difíciles de gobernar, pero que puso las bases de la España de hoy mediante una larga etapa de paz social y desarrollo económico. Amén.

El Partido Popular no sólo ha sido el custodio de la memoria maquillada de aquel régimen político, bloqueando los intentos habidos para facilitar la investigación sobre todos los aspectos de la guerra civil y la dictadura, sino que asume no pocos de sus valores morales y de sus actitudes políticas y defiende a capa y espada la permanencia de lugares y monumentos dedicados a la mantener el recuerdo de hechos y de muy cuestionables personajes del bando vencedor, que participaron en aquella etapa funesta.

Como resultado de esta obstrucción, la figura de Franco, la fortuna legada y las andanzas financieras de sus herederos siguen siendo un tabú no sólo para el gran público, sino para la investigación académica y fiscal, y la fundación privada que conserva sus documentos está cerrada a cal y canto, pero financiada con dinero público. Igual que los fondos documentales de otros ministerios referidos a aquella época están protegidos de la curiosidad de historiadores y ciudadanos por el secreto de Estado con la etiqueta de materia clasificada. A más de 70 años de distancia de aquellos sucesos, hay episodios cubiertos por el tupido velo del secreto administrativo, el fervor profesional de sus celadores y el carácter oficial reservado, que los considera un asunto que afecta nada menos que a la seguridad nacional.

Sin recurrir a pormenores propios de investigadores, tampoco existe en gran parte de la población un conocimiento, siquiera a grandes rasgos, de lo que fueron aquellas décadas. Para gran parte de las nuevas generaciones, la II República y la guerra civil son sucesos confusos, y de la larga dictadura, que en sus últimos años está temporalmente más cerca, así como de la figura del general Franco, que influyó de modo decisivo en el destino de este país entre julio de 1936 y diciembre de 1976, tienen un conocimiento bastante superficial. De Franco saben que fue un general autoritario y poco más, si es que lo saben. Pero sin un cabal conocimiento de nuestra historia reciente, el momento presente es poco comprensible, aunque quizá sea eso lo que se persigue con tanta opacidad.

Esa pedagógica labor de esclarecimiento y difusión de un pasado tan cercano no tendría que recaer sólo en los historiadores. Demandarla debería ser una necesidad ciudadana y acometerla con seriedad una prioridad del Estado y de la clase política, pues sin ella no seremos un país civilizado, democrático y reconciliado, al menos en el plano histórico, consigo mismo; pues conocer es empezar a entender, a entendernos.

Cansado de Casado

El PP ha contado con una buena gavilla de dirigentes histriónicos, oradores mediocres y diputados faltones, cuya trayectoria he seguido con interés decreciente, debo decirlo, pero es que con Casado no puedo.

El repelente niño del máster me saca de quicio cuando repite todos los tópicos que hasta ahora han recitado sus mayores, desde el Liderísimo, que ejerce de padrino, hasta el Silentísimo, que no habla pero medita leyendo el “Marca”, incluyendo, claro está, las aportaciones de la variada gama de lideresas.

Lo peor de Míster Máster es cuando se pone españolazo y estupendo y quiere impartir doctrina, que no historia (seguramente no la tiene aprobada), sobre la grandeza de España, en el aniversario del descubrimiento de América por Cristóbal Colón, cuyo viaje, nos descubre, estuvo financiado con capital privado.

Ahí le sale a Casado la veta neoliberal, aprendida deprisa y corriendo en vaya usted a saber qué máster, y se merece un cero patatero no sólo en historia moderna, sino en economía actual, de la que no sabe de la misa la media, porque se cree todos los mantras que se “explican” en las escuelas de negocios y de administración de empresas, etc, etc.

Si lo que quiere decir o sugerir Casado es que Colón como “emprendedor” -esa palabra mágica, que pronuncian con unción en el PP- era un adelantado a su tiempo, pues yerra. Entonces no existía la libre empresa, sino que la actividad comercial se hacía bajo licencia regia, es decir con autorización real. Aún faltaba mucho tiempo para que pensadores como Petty, Locke, Mandeville, Hutcheson, Quesnay, Hume, Ferguson, Malthus o Smith fueron colocando las bases de lo que sería el primer liberalismo económico.          

El viaje de Colón fue financiado por los Reyes Católicos, una parte con dinero prestado por un judío valenciano, pero con la garantía del Estado, es decir, del reino, y luego reembolsado por Castilla. O sea, como ahora, en que la crisis financiera ha revelado que el capitalismo, impulsado por modernísimas teorías sobre el mercado desregulado sólo puede subsistir bajo el amparo del Estado. Si una empresa privada que gestiona una autopista -construida por capricho en tiempos del Liderísimo- no obtiene el beneficio esperado, el Estado se hace cargo de ella y de cinco o seis más. Si una empresa constructora, propiedad del directivo de un club de fútbol, emprende la insensata tarea de inyectar gas en el suelo y fracasa, como estaba previsto, el Estado le indemniza. Si los fabricantes de coches no venden lo que quieren a causa de la crisis, el Estado prepara el plan renove para incentivar las ventas. Si las empresas eléctricas se ven forzadas por la Unión Europea a concurrir al régimen de mercado, que no es otra cosa que un oligopolio, el Estado decide que los costes del tránsito a la competencia los paguen los consumidores en vez de detraerse de los beneficios, que son cuantiosos. Si, por una política comercial insensata, los bancos están en peligro de quiebra, el Estado les ayuda con una inyección de 66.000 millones de euros de los que no se espera recuperar ni la décima parte, y el resto irá a  fondo perdido. O sea liberalismo en estado puro. El país se endeuda, es decir, todos nos endeudamos y nos vemos obligados a renunciar a parte importante del gasto social del Estado, y no pasa nada.

Ahora bien, si el Gobierno de Sánchez decide subir el salario mínimo a 900 euros al mes, entonces el niño Pablito pone el grito en el cielo y profetiza una crisis devastadora, con lo cual muestra de parte de quién está en esta España llena de españoles, mucho españoles, pero lo suyos son los españoles ricos. Un asco de niño.

Nuevo Gobierno y difícil coyuntura

Por primera vez en la historia del actual régimen democrático, una moción de censura ha provocado un cambio de gobierno. También por vez primera se ha debido a que un partido judicialmente sentenciado por corrupción se ha negado a asumir responsabilidades políticas derivadas de su ilícita y pertinaz conducta.

En junio, se puso fin al Gobierno del PP, nefasto para las clases subalternas, en particular para los trabajadores, y para el propio sistema democrático, y el PSOE llegó a la Moncloa con intención de devolver el prestigio a las instituciones y normalizar la actividad política mediante la negociación y el consenso. Con lo cual aparecía la posibilidad de intentar revertir algunos de los peores efectos de la legislatura de Rajoy y reorientar la política general, a pesar de la dificultad de gobernar dependiendo de tan distintos y condicionales apoyos y teniendo, por demás, asegurada la desleal oposición del PP y la de C’s, que en algún aspecto parece querer rebasarle por la derecha.

No se puede negar al nuevo gobierno, académicamente bien cualificado y con mayoría de mujeres, la intención de hacer reformas ni prisa por anunciarlas, lo que ha llevado con frecuencia a tener que matizarlas o a desdecirse, dando con ello gratuita munición a sus oponentes, en particular al PP, que, como ya es habitual, se considera despojado ilegalmente de un poder que cree le pertenece por naturaleza.

No obstante, a pesar de la pesada herencia recibida, de los titubeos y teniendo que negociar de manera permanente con sus dispares aliados, el Gobierno ha mostrado la intención de abordar un ambicioso programa de reformas, algunas en curso, para elevar el techo de gasto, restablecer las prestaciones de sanidad para los inmigrantes residentes, volver a la situación anterior en RTVE, aumentar la inversión en educación y la financiación autonómica, suprimir el peaje en tramos de autovías, paliar la subida de la luz, apoyar las energías renovables, gravar el gasóleo, personarse en el caso de las viviendas públicas malvendidas a fondos “buitre”, subir los impuestos a las rentas altas y a la banca y bajarlos a las medianas y pequeñas empresas y algunas otras más. Y también, acabar con el aforamiento de senadores y diputados, impulsar una ley sobre la eutanasia y revisar las inmatriculaciones de edificios públicos realizadas por la Conferencia Episcopal al amparo de un cambio en la ley hipotecaria efectuado por el gobierno de Aznar. Muchas de ellas son medidas controvertidas que exigirán complejas negociaciones y renunciar, en no pocos casos, a los máximos objetivos, por lo cual, dada la oposición que van a ofrecer en las fuerzas de la derecha, parece necesario el apoyo de la movilización social.

En lo que se podría llamar normalización o revitalización democrática, y para soltar lastre del pasado, el Gobierno se propone exhumar los restos de Franco, entregarlos a su familia y dar otro uso al Valle de los Caídos -en esto también ha habido cambio de ideas-, apoyar la localización de fosas de la etapa franquista, facilitar el rescate de restos a las familias y retirar la medalla y la correspondiente pensión económica al ex policía torturador Juan Antonio González Pacheco, “Billy el Niño”.

Planes que dependen, en buena medida, de la aprobación de los Presupuestos Generales, el gran obstáculo para asegurar la continuidad del Gobierno, aunque  la avenencia de Podemos le revela como el socio más fiable.

Igualmente el Gabinete de Sánchez ha mostrado su apuesta por la transparencia al solicitar, tras algún titubeo, la dimisión de dos ministros -Maxim Huerta y Carmen Montón-, lo que, a pesar de sus críticas, no ha hecho el PP, desalojado del Gobierno con 29 condenados por corrupción y 5 ministros reprobados por el Congreso y cuyo nuevo presidente ostenta una dudosa cualificación académica, sin que se le vea intención de dimitir ni de facilitar la investigación de su máster.

Hay que mencionar también un drástico cambio de talante respecto al problema del independentismo catalán, que se aleja de la cerril postura mantenida durante años por el PP, que califica los encuentros del Gobierno con la Generalitat de amenazas a la unidad territorial y exige que se aplique el artículo 155 de la Constitución con cualquier pretexto. Aunque, en el esfuerzo gubernamental por aliviar la tensión en una situación tan delicada, no han faltado las opiniones precipitadas y las subsiguientes matizaciones sobre asuntos que dependen de los jueces. En un otoño lleno de efemérides para los independentistas, la situación es complicada pero se atisban algunos cambios, tímidos todavía, como la decisión de la Generalitat de acudir a la mesa de financiación autonómica. 

Se percibe en el Ejecutivo de Sánchez la intención de tener un papel más activo en el exterior y en el seno de la Unión Europea para llenar el hueco dejado por la provinciana actitud de Rajoy, de obedecer y callar o de ausentarse, en un momento en que se está revisando la estrategia comunitaria en varios campos -la inmigración; el euro, la reorientación del Banco Central sobre la compra de deuda y los tipos de interés- y la intención de dotarse de más políticas comunes, o de todo lo contrario. Pues frente a la tendencia federal y, en definitiva, el fortalecimiento de la Unión, ha emergido una corriente poderosa hacia la confederación o incluso hacia la desintegración, promovida por partidos y movimientos populistas de derecha, que gobiernan o han cogido fuerza como oposición, que propugnan el cierre de fronteras, el nacionalismo y la xenofobia. Tendencias reforzadas desde el exterior por los gobiernos de Trump y de Putin, a quienes les interesa que Europa sea un actor político irrelevante en el foro mundial. El Gobierno español, que con el de Portugal va a la contra de esa preocupante corriente, puede jugar un papel positivo con otros partidos progresistas para neutralizar tales intentos. 

En este escenario tan poliédrico, donde se libran batallas simultáneas en muchos frentes no conviene perder de vista el cercano horizonte electoral, que explica muchos de los movimientos de los partidos para llegar a mayo de 2019 en las mejores condiciones posibles, no sólo para ampliar su poder local y autonómico sino como plataforma para enfrentarse a las elecciones generales de 2020.

El Gobierno tiene por delante una carrera de obstáculos llena de zancadillas y el más importante es aprobar los Presupuestos, elevando el techo de gasto en 5.000 millones de euros para aumentar el gasto social, propósito que e l PP y Cs, mostrando un claro sentido de clase, se esfuerzan en boicotear.

Conseguir que Pedro Sánchez tire la toalla y llegue a las elecciones habiendo fracasado es la gran baza del Partido Popular, que no va escatimar esfuerzos ni juego sucio para lograrlo, por eso el Gobierno debería ajustar su estrategia de comunicación y reducir la “polifonía”, mejorar la coordinación interna y no dejarse amilanar por las presiones de sus aliados ni por las maniobras de sus adversarios. 

Editorial de Trasversales nº 45. 

Gris marengo

Se veía venir... 

Gris marengo tirando a negro se le está poniendo a Camps el asunto de los trajes. El presidente valenciano, finalmente, ha logrado declarar ante el juez y contar la verdad. Con las ganas que él tenía de contarlo todo… Pero no sabemos si lo ha contado todo o es que el juez no se lo ha creído del todo, porque después de declarar sigue imputado por un presunto delito de cohecho.

Y eso que al juzgado acudió bien acompañado. Uno, que es un poco paleto en estas cosas, creía que cuando un juez le citaba bastaba acudir con un abogado, por aquello de “tiene derecho a nombrar un abogado, y si no, se le nombrará uno de oficio”, que dicen en las películas americanas, pero el rey de la guata llevaba a su vera tres vicepresidentes autonómicos, la alcaldesa de Valencia y varios alcaldes de la zona, que ignoro la utilidad que podían tener en el caso, porque no se trataba de inaugurar algo. Y tratándose de dilucidar el incierto destino de la factura de unos trajes, cree uno en su ingenuidad que lo mejor hubiera sido acudir acompañado del sastre que se los hizo, pero no, Camps ha preferido llevar la alcaldesa de un puerto de mar, que debe saber mucho de la tela marinera que queda por cortar.  

La factura de los trajes no apareció, dijo que lo paga todo al contado, que cogió el dinero de la caja de la farmacia que regenta su señora esposa, y que no guarda las facturas. Mal hecho, porque siempre puede haber un sastre rencoroso que le ponga en un brete, aunque no es el caso de este probo alfayate. Los trajes, pues, eran un regalo de su amigo el del huevo, o mejor el de los bigotes al que quiere un huevo, el cual ha admitido haber hecho el regalo pero sin pedir nada a cambio. Pues claro, los regalos son eso: regalos, lo otro son sobornos. De todas maneras, las versiones han ido cambiando: primero se dijo que no había regalos, también se ha dicho que los trajes eran prestados y ahora se admite que sí hubo regalos. Su colega Ricardo Costa, el otro Petronio con músculos de sastre, ha afirmado que los hechos son anteriores a la toma de posesión de sus cargos en el PP y en el parlamento valenciano. O sea que si le regalan algo antes de llegar al cargo, no se mosquea por lo que le puedan pedir después,

El asunto de los trajes es una minucia, unas facturas de un par de <kilos de pelas> pagadas por una empresa que ha conseguido suculentos contratos del Gobierno valenciano. Y ahí está el quid del asunto, en cómo se consiguieron esos y otros contratos, sistemáticamente negados a la vigilancia de la oposición, porque parece que se trata de una verdadera epidemia de adjudicaciones a dedo, no siempre al Bigotes, pero sí a unos cuantos privilegiados, animada por regalos de ropa a otros beneficiarios de la generosidad de Orange Market (el nombrecito se las trae).

Cabe preguntarse por las razones que un presidente autonómico y otros cargos importantes de su gobierno han tenido para aceptar tales dádivas, que como sobornos son una bagatela, y que si son regalos les comprometen. Y hay que recordar lo ocurrido a Pilar Miró, cuando era directora general de RTVE. Un asunto de ropa, de mucho menos importe, contribuyó lo suyo para que dejara el puesto después de armarse una bronca fenomenal. Entonces gobernaba Felipe González y el PP estaba en la oposición, pero ahora la pelota está en el campo de la derecha. Y esperamos que se expliquen; con un poco menos de jeta, a ser posible.     

Nueva Tribuna, 22 de mayo de 2009.

Aire fresco

Con el triunfo de la moción de censura promovida por el PSOE contra Mariano Rajoy, una ráfaga de aire fresco ha entrado en el Congreso, en la Moncloa y también en la vida política nacional, que esperemos acabe expulsando el hedor desprendido durante tanto tiempo por los gobiernos del Partido Popular.  

La situación, estable hace apenas unos días al aprobarse los Presupuestos Generales del Estado, ha cambiado por completo, y la buena suerte, que parecía asegurar que el inane gobierno de Rajoy pudiera terminar, trampeando, la legislatura, le ha vuelto repentinamente la espalda tras conocerse la sentencia judicial sobre el caso “Gurtel”.

La sentencia hubiera sido un mazazo para cualquier gobierno, pero más para este por sus antecedentes y por el momento en que se produjo. Dos días antes de conocerse, era detenido Eduardo Zaplana, ex presidente de la Comunidad Valenciana, que ha sido otro de los centros neurálgicos de la corrupción del PP. Zaplana, presidente en los años de opacidad y despilfarro (1995-2002), cuando el Turia no era de plata, como dice el himno, sino de oro, ha sido acusado de blanqueo y delito fiscal al tratar de repatriar, desde Panamá, 10,5 millones de euros procedentes, presuntamente, del cobro de sobornos durante su mandato (en la madre patria).

Ese mismo día, el Tribunal de Cuentas volvía a señalar irregularidades en la contabilidad de la Ciudad de la Justicia de Madrid. El apenas iniciado proyecto faraónico de Esperanza Aguirre (un edificio, de los doce previstos, unidos por casi dos kilómetros de túneles asfaltados), que hasta el momento ha tenido 105 millones de euros tirados de forma inútil en boato, promoción, contratos dudosos, sueldos exagerados a amigos y conocidos y otros gastos por justificar, ya que han desaparecido las correspondientes facturas.      

Un día después de conocerse la sentencia del caso “Gurtel”, un juez de Madrid anuló la venta de 2.935 pisos del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), realizada en 2013, durante el mandato de Ignacio González (implicado en el caso “Lezo”), a un fondo de inversión de los llamados “buitres” por la módica cantidad de 211 millones de euros.

Todo esto ocurría poco después del turbio asunto del (presunto) máster de Cristina Cifuentes y del episodio del bolso, que determinaron su dimisión de la Presidencia de la Comunidad de Madrid y el final de su carrera política, y a un mes escaso de que el Consejo de Europa solicitara al senador del PP, Pedro Agramunt, su dimisión en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa por corrupción.

Con toda su importancia, la sentencia sobre “Gurtel” no zanja las cuentas pendientes del PP con la justicia, pues le aguarda un rosario de casos, que llegan a la treintena, entre ellos los referidos a espesas tramas como “Púnica”, “Lezo” y “Taula”.
Desde el punto de vista judicial, el año 2018 empezó bastante mal para el PP: en enero figuraban imputados 4 ex ministros, 6 ex presidentes de comunidades autónomas, 5 ex presidentes de diputaciones, 5 diputados nacionales, 18 consejeros de comunidades autónomas, 3 ex tesoreros nacionales y hasta 800 concejales y cargos políticos de menos nivel.   

En estos momentos, hay 12 (de 14) ministros de la época de Aznar que tienen cuentas pendientes con la justicia, tres ex presidentes de la Generalidad de Valencia, otros 3 de la Comunidad de Madrid, uno en Murcia, además de otros que ya fueron condenados, como Matas, pero que están imputados en otras causas. Eso sin contar las decenas de alcaldes y concejales imputados en casos menores. Y para más escarnio, el Gobierno recién desalojado tenía reprobados a cinco ministros.   

Lo más curioso de este asunto es que dentro del Partido Popular nadie quisiera hacer frente a esta infección. El numantino y ciego apoyo a Rajoy y a sus más cercanos colaboradores ha sido una actitud suicida, pero ahí seguían, hablando hipocritamente de transparencia y aferrados a los resortes del poder como mejor baluarte ante la acción de la justicia, mientras en las encuestas descendían en intención de voto, pero confiados en que las divididas fuerzas de la oposición les permitieran seguir así, tapándose malamente las vergüenzas y gobernando sin programa y sin ganas.

En estas circunstancias, ante lo que exige la situación interna del país y lo que demanda la difícil coyuntura de la Unión Europea, un gobierno como el de Rajoy no podía seguir representando a España. Presentar la moción de censura era un acto necesario, un deber casi patriótico, aunque no me gusta la connotación que tiene tal término, una medida de higiene política y hasta diría de salud mental.

Pedro Sánchez no lo va a tener fácil. Por los interesados y coyunturales apoyos que ha recibido tendremos un gobierno inestable, y es cierto; inestable pero presentable; lo que no era ni podía ser, por muchos recambios que se le buscaran, el gobierno de Rajoy.

La política necesaria

En un día como hoy, mientras se debate en el Congreso la moción de censura que tiene el propósito de desalojar del Gobierno al corrompido partido de Rajoy, sólo me atrevo a exponer una desusada noción de la política.

La humana actividad de la política es necesaria porque no somos ni ángeles ni bestias; porque, a nuestro pesar, tenemos mucho de bestias pero nos creemos ángeles, y sobre todo, porque estamos solos, arrojados a un mundo sin dioses y excluidos del mundo de las bestias, y, por tanto, el orden humano es de nuestra exclusiva incumbencia.

La política es la actividad -¿la ciencia, el arte?- empeñada en intentar fundar un orden terrenal -no celestial-, inestable y cambiante a pesar de los esfuerzos por dotarlo de homogeneidad y permanencia, en el que los humanos, seres con grandes limitaciones, desmedidos deseos y tremendas ambiciones, puedan cooperar de la forma que sea -por acuerdo o coerción, o por una combinación de ambas- para sobrevivir.

Los humanos, como los primates más evolucionados que somos, nos hemos apartado de la naturaleza, en donde tenemos nuestro origen como individuos y como especie y, en parte, de nuestro hábitat, pero no nos hemos apartado lo suficiente como para ser sólo entes culturales.

Nos hemos adaptado y apartado, a la vez, de la naturaleza transformándola, en lugar de sólo adaptarnos a ella como hacen los demás animales, y nos hemos transformado nosotros a medida que hemos transformado el entorno. Hemos cambiado el medio -los medios, pues somos la única especie que puede habitar en medios naturales tan dispares-, pero en ese proceso hemos mutado y nos hemos convertido en seres culturales, determinados por la naturaleza, claro, pero también por nuestras propias creaciones para alejarnos de ella.

Con esto, pretendo señalar que compartimos con los animales el inexorable mandato de la naturaleza, que es asegurar la continuidad de las especies mediante los instintos de supervivencia y de reproducción de cada individuo, y segundo, que no compartimos, al menos plenamente, el modo asumido por los animales para cumplir esos imperativos mandatos.  

Los humanos -los humanes, como escribe Mosterín, cuando nos considera una especie- hemos escapado, aunque no del todo, a esas determinaciones de la naturaleza, y si descartamos por inverosímil la hipótesis religiosa que asegura -sin pruebas- que existe una sublime y eterna inteligencia que gobierna el orden celeste, del cual el orden terrestre es sólo una emanación imperfecta, entonces podemos referirnos a la necesaria función de la política.

Y si no somos plenamente ni bestias ni ángeles, sino que compartimos porciones de ambos, que somos pasión y razón a la vez, nuestro orden social es precario; por eso es necesaria la política: el arte o la ciencia de gobernar, de gobernarnos, y de afrontar los asuntos comunes.

Hablar sobre la política obliga a referirse al origen urbano del término griego, pues, en la cultura europea occidental, es en la Grecia clásica donde surgen las primeras reflexiones sobre los obstáculos que encuentra la convivencia entre personas desconocidas, es decir, el trato permanente entre gentes que no son ni lejanamente parientes. Y es en la polis -la ciudad/Estado-, en el limitado territorio donde se agrupan de manera estable personas extrañas, donde inicialmente se medita acerca de las dificultades que entraña esa permanente y forzada convivencia.

La ciudad, no sólo entendida como diseño urbano, sino como espacio para convivir y como metáfora del Estado, es el ámbito específicamente humano, artificial, logrado por miles de años de civilización que nos ha alejado del ámbito propio de los animales, que es la naturaleza. En ese ámbito exclusivamente humano se entrecruzan cada día miles de trayectorias vitales y de proyectos particulares, que no son coincidentes ni en sus medios ni en sus fines, de ahí viene la necesidad de organizar, limitar y encauzar, tales proyectos para evitar que choquen y que se destruyan recíprocamente en su aspiración a realizarse. La ciudad (el Estado moderno) es, así, además de un ámbito artificial, un territorio conflictivo en precario equilibrio, amenazado por las contradictorias apetencias de grupos e individuos.

Aristóteles, que consideraba que el orden social depende de la voluntad de muchos, veía, ya en el siglo IV antes de Cristo y en una civilización bien distinta a la nuestra, las tensiones que podían acabar con la ciudad y proponía una ética eminentemente práctica que las contuviera y condujera, y que tuviera, por demás, su continuación en la política como gestión de los asuntos comunes, pues, si cada ciudadano o cada grupo asumía que sus aspiraciones debían contemplar como obligado límite las aspiraciones de otros, era posible garantizar la permanencia de ese ámbito, que él consideraba natural -tan natural como la agrupación de las abejas, señala-, en el que dichas aspiraciones pudieran realizarse.

Pero no somos abejas, aunque estemos en un avispero. Lo que espero, aunque quizá ya sea tarde, es que en el Congreso predomine la razón antes que la pasión, las razones antes que las pasiones; la candidez de los ángeles antes que los instintos de las bestias. Pero no estoy seguro de que así ocurra.

Blanca y radiante

Como una virgen vestida con el color de la pureza o una ingenua niña de primera comunión, blanca y radiante iba ataviada Cristina Cifuentes para despedirse del cargo de Presidenta de la Comunidad de Madrid, en el que, con pertinaz porfía, se ha mantenido a pesar de las evidencias de que el máster en “Derecho Público del Estado autonómico” (vaya con el nombre y con la práctica de esta alumna aventajada) había sido más bien el regalo de un departamento universitario bastante opaco, antes que un título merecido por su esfuerzo y dedicación.

Encastillada en el cargo y desafiante ante quienes le exigían pruebas verosímiles que acreditaran su currículo o la dimisión, Cifuentes se negaba a hacerlo, apoyada por su grupo en la Asamblea y por su partido, como lo prueban los aplausos recibidos en la reciente convención de Sevilla.

La experiencia nos dice que si el PP hubiera tenido mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid es casi seguro que Rajoy no hubiera cedido y que Cifuentes a estas horas seguiría en el cargo, pero, para su desventura y para beneficio del sistema democrático, no la tiene, y la amenaza de ser desalojada por un moción de censura promovida por el PSOE y apoyada por Podemos, y quizá por un renuente Ciudadanos, obligaba a Rajoy a mover ficha.

Sin embargo, la ficha no la ha movido él, en apariencia, sino una mano negra, del entorno “amigo”, pero rencoroso, que, con un vídeo añejo sacado de algún fondo de reptiles, ha obligado a Cifuentes a dimitir por un quítame allá esos tarros de crema, que estaban inadvertidamente dentro de su bolso.

No sabía la ya expresidenta que en esa sucursal de Eroski, que estaba (ya no existe) frente a la Asamblea de Madrid, era habitual que las cajeras pidieran a las clientas que abrieran los bolsos, incluso las cajas de compresas o de galletas, dado el elevado número de hurtos que allí se producían. Lo que nadie esperaba es que la entonces vicepresidenta de la Asamblea, que cobraba un buen sueldo amén de los pluses y otras prebendas, fuera aficionada a los deportes de riesgo por ahorrarse una miseria, pues en ese almacén no era extraño ver salir a gente corriendo seguida por guardas de seguridad, que no les solían alcanzar. Se ve que Cifuentes no era aficionada al “running”, que está tan de moda.

En cualquier caso, un asunto menor, una debilidad, que, le puede suceder a cualquiera, por ejemplo a otro diputado del PP, en unos almacenes de Londres, cuando, en la bolsa, se le “deslizó” -eso dijo- un pijama sin pasar por caja.

Pero el asunto menor de Cifuentes se junta con el asunto un poco mayor del falso máster y con otros, verdaderamente grandes, de la Comunidad de Madrid, que es un centro neurálgico de mala administración, despilfarro y tramas corruptas, un auténtico pudridero, desde el momento que, en 2003, Esperanza Aguirre, que nada sabe de la corrupción que la ha rodeado durante años sin romperla ni mancharla, sentó sus reales en la Presidencia de la Comunidad, gracias al “tamayazo”, con que se la birló a Rafael Simancas, en una jugada parecida a la que el PP preparó a Demetrio Madrid para quitarle la presidencia de la Comunidad de Castilla-León, que luego ocupó Aznar. Madrid quedó absuelto del infundio que se le imputaba, pero no le devolvieron el cargo. Para que luego vengan con la mandanga de que si Gabilondo quiere gobernar, que gane las elecciones.    

Según ha indicado su interino sucesor en el cargo, Cifuentes conserva su escaño de diputada en la Asamblea, porque no ha incumplido ningún artículo del código ético del PP que merezca su remoción.

Ignoro el contenido de dicho código ético, que presumo deliberadamente laxo o quizá tenga sólo una existencia nominal, como el célebre máster, pero lo cierto es que se siguen conociendo casos de corrupción en las filas del Partido Popular, el último el del senador Pedro Agramunt, por unos favores en Azerbayán, sin que el famoso código haya servido para otra cosa que para hablar de regeneración y transparencia y al mismo tiempo arropar a los corruptos.

Por fortuna, no actúa así la baqueteada administración de justicia, que con pocos medios humanos y materiales y notables interferencias desde el Ejecutivo, sigue pasito a pasito con su tarea y al final los casos alcanzan su meta. Este año, el PP tiene una “agenda judicial” muy cargada, pues están imputados 4 ministros, 6 presidentes de comunidades autónomas, 5 expresidentes de diputaciones, 3 ex tesoreros nacionales, 18 consejeros de comunidades autónomas y casi 800 concejales y otros cargos de menor importancia. Más lo que vaya saliendo.    

Cifuentes

El caso del falso máster de Cristina Cifuentes, es un caso de libro, por no decir de máster, que demuestra que del PP no es posible esperar una regeneración interna y mucho menos confiar en que la acometan en las instituciones, que tanto han contribuido a deteriorar. 
El PP es un partido de otro régimen político, incrustado en este, que vive aferrado parasitariamente a instituciones que no estaban preparadas para recibir ese uso y que han sido convertidas en instrumentos al servicio de una noción patrimonial del poder y de intereses personales inconfesables, ante los cuales los ciudadanos se encuentran desarmados, porque el régimen está ya podrido desde la médula.