Crónica del asedio. Alarma o media veda

Se va a discutir en el Congreso la conveniencia de prolongar el estado de alarma. El Gobierno ha puesto toda la carne en el asador para lograr su aprobación colocando a aliados y a adversarios ante una disyuntiva maximalista: la alarma o el caos, heri Ábalos dixit.

¡Hombre, no! Imitar al general De Gaulle a estas alturas carece de sentido y, además, no estamos en Francia en 1968.

Si se rechaza prolongar el estado de alarma, seguramente se extenderá el contagio, incluso es posible que tengamos que volver al confinamiento, pero eso, que no es bueno, no es el caos. En esta difícil coyuntura, nadie puede decir que tiene la única solución válida para salir de ella y que la alternativa o ausencia de ella es el caos. Más aún cuando el Gobierno está difundiendo la idea de que es necesario un gran acuerdo nacional para hacer frente simultáneamente a la crisis sanitaria y a la económica que viene detrás.

Es fácil de entender que los partidos nacionalistas rechacen la propuesta de prorrogar el estado de alarma y que acusen al Gobierno de centralista, porque quieren aplicar su propio centralismo desde la capital de su territorio autonómico. También lo es el rechazo de la presidenta madrileña, que confunde sus funciones al querer convertir la Comunidad de Madrid en una sobrevenida cámara de oposición al Gobierno central, pero no se entiende bien que el Partido Popular y Ciudadanos rechacen la propuesta, en vista del resultado positivo obtenido por el confinamiento al reducir los contagios y los casos de muerte, y la experiencia, en sentido contrario, de los contados días de la “media veda”. 

La percepción del uso que, en términos generales, han hecho los ciudadanos urbanos del alivio a la reclusión ofrecido en la primera fase de la “desescalada”, no invita a suspender las medidas de alarma, sino a prorrogarla.

Al menos en las grandes ciudades, cuando no existe una imposición expresa, como sucede en los transportes públicos, en los que no se puede viajar sin llevar la mascarilla, los viandantes han interpretado con bastante holgura las normas para prevenir el contagio, desde incumplir los horarios, desplazarse en grupo, no guardar la distancia de seguridad ni haciendo deporte, utilizar la mascarilla a su albedrío, etc.    

Las ganas de salir del encierro, el ansia de libertad, que indicaba un diario conservador en una primera plana que hubiera merecido publicarse en los años en que la libertad con mayúscula faltaba, y no por un virus, pueden haber llevado a demasiadas personas a confundir el alivio en una situación de excepción con su drástica abolición para volver a la normalidad previa a la pandemia, cuando lo cierto es que los hábitos anteriores al mes de marzo se deben dar por acabados para una larga temporada, si no lo son para siempre.

Me temo que con las provisionales medidas de alivio ha vuelto a salir a flote el español indisciplinado que todos llevamos dentro, al que le molesta ajustarse a las normas comunes.

Por otra parte, y como otra de las lecciones de la pandemia, se podría pensar en que el Estado recuperase las competencias de sanidad.

A la luz de la experiencia pasada y también de la reciente, carece de sentido racional -y nacional- seguir manteniendo el fragmentado sistema actual. Debería buscarse un pacto nacional para que el Estado recuperase las competencias transferidas y acabase con el desbarajuste de las 17 administraciones sanitarias, las 17 tarjetas de usuarios y los 17 calendarios, que atomizan y encarecen los acopios, dificultan la difusión de la investigación y los avances técnicos, dispersan los datos, impiden la visión general y actualizada del sistema sanitario y conocer el estado de salud del país, azuzan los celos autonómicos, dificultan la movilidad interior, devienen privilegiadas reservas de empleo y reductos del nacionalismo más sectario y complican la vida a quienes precisan de tales servicios.

El objetivo de un sistema sanitario de alcance nacional debería ser la salud de los ciudadanos en general, vivan donde vivan, estén donde estén y voten a quien voten, porque la salud no entiende de colores o banderas. Y con la división ganan los virus, que no reconocen fronteras

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El derecho a llevar armas

Sobre un posteo de Monse AC y unos comentarios de Pablo Iglesias

Pablito Iglesias es un imprudente y un ignorante. 

La democracia es un sistema de representación que se legitima por la discusión y luego por el voto de la mayoría para decidir entre opciones distintas, pero se funda en una noción de la actividad política que tiene como fin principal atemperar los conflictos y resolverlos por vía pacífica. La posesión de armas por ciudadanos particulares no favorece eso, sino la tendencia contraria, que ha sido, hasta ahora, la de la historia de la humanidad. 

La definición de Clausewitz de que la guerra es la continuación de la política por otros medios, es decir el recurso general al usar las armas, acaba no sólo con la noción de política indicada más arriba sino con la propia noción de democracia, pues deja de tener sentido tratar de convencer con argumentos, si se puede vencer usando las armas. 

En democracia, quienes negocian siempre pierden algo para tratar de llegar a un acuerdo que satisfaga a las partes en litigio; en la guerra el que gana se lo llevo todo e impone sus condiciones al vencido.

Es más, la seguridad de los ciudadanos es un derecho que acompaña a los otros derechos, y, por lo tanto, es una ineludible competencia del Estado, de ahí que deba ser pública, no privada, y resuelta por cada cual, bien recurriendo a tener armas en propiedad o recurriendo a empresas (ejércitos privados, guardas jurados, alarmas, guardaespaldas, etc), con lo cual el Estado moderno, que es el único que puede hacer uso de la violencia legítima, retrocede ante el derecho de los particulares, que creen vivir en el estado de naturaleza, en guerra o en desconfianza permanente unos de otros. Es decir, desde el punto de vista de las ideas políticas, volvemos a tiempos previos a Rousseau, a Locke y a Hobbes.

Una de las características de los sociedades, o mejor comunidades, que vivían en el estadio de barbarie es que no existían cuerpos armados (soldados), sino que todos los hombres participaban en actividades armadas de ataque o defensa (eran guerreros). En cierto modo, y a pesar de tener el ejército más poderoso del mundo de cara al exterior, en EE.UU. internamente está muy extendida la idea de que cada persona o cada familia pueden defenderse por sí mismas. Un efecto perverso, creo yo, del individualismo y de la historia del país (la conquista y colonización del Oeste).

Panópticos

El pasado fin de semana, acudieron a Madrid, al centro geográfico y político del país, unos cuantos miles de seguidores de un movimiento nacionalista que está impelido por la fuerza centrífuga proporcionada por su ubicación periférica, a la que han convertido en factor determinante de su identidad colectiva y de su proyección política.

Han viajado hasta Madrid para protestar -están en su derecho- contra el opresor centralismo, creyendo que Madrid es de España, más aún, que es España, el paradigma, el alma (negra, impura) de España, y están equivocados. Madrid no es de nadie o es de todos, y es tan de España como Barcelona, aunque estos viajeros creen que es el exclusivo centro del poder y del Estado, como si la Generalitat no fuera un poder del Estado, si bien periférico por su ubicación y por su cometido terminal, aunque central y centralista respecto al territorio que administra.  

Aunque España sea un país bastante descentralizado, la mirada desde Madrid es centralista por su ubicación geográfica y porque es la sede del poder central o principal del Estado, pero, al menos en España, los lugares desde donde se ejercen los poderes regionales también son centralistas, porque el poder mira al entorno.

La mirada del poder siempre es panóptica, mira a todos lados, a su alrededor, pues examina y analiza hasta dónde puede extender su influencia. En el caso de Madrid, en el centro de la península, está muy claro, pues se puede escrutar con la misma mirada, girando el compás 360 grados, todo el país (y Portugal) y contemplar cada una de las partes de un todo, atribuyendo a cada parte una  importancia similar en el conjunto. Pero esta mirada igualitaria sobre el  conjunto de regiones es lo que molesta a los nacionalistas, que tienen su propia visión panóptica, en una noción de España como un conjunto disjunto, es decir de conjuntos que se solapan en algún momento pero que no comparten elementos comunes, sino que se rozan en intersecciones vacías, sin intercambio. Aunque el símil más acertado sería el de una visión de España propia de un parque zoológico, como un conjunto de diversidades separadas en jaulas, más que de una visión ecológica, donde las distintas especias se mezclan y actúan en el mismo ecosistema.

El panóptico -ver todo- es un término formulado por Bentham para describir la estructura de una cárcel que permitiera tener a los presos siempre bajo control visual de un vigilante. La prisión de Carabanchel de Madrid y la cárcel Modelo de Barcelona se edificaron teniendo en cuenta la teoría de Bentham. Después, el vocablo fue utilizado por Foucault para señalar las estrategias del poder para controlar a la ciudadanía en las sociedades modernas, porque el poder, por muy democrático que sea, no sólo aspira a representar y servir a la ciudadanía, sino también, a vigilar y controlar (y a castigar), tendencias que se acentúan a medida que se vuelve totalitario.

Pero los poderes periféricos, contrarios al centralismo, también tienen una visión centralista, panóptica, del territorio que administran. En el País Vasco, la mirada circular de los abertzales proyectada desde Pamplona, capital de la futura Euskal Herria, abarca no sólo las tres provincias españolas, se extiende hacia el norte por el sur de Francia, hacia Aragón y hacia el sur, hacia la Rioja, Soria y Burgos. Lo mismo sucede en Cataluña, si se toma Barcelona como centro, y se dirige la mirada alrededor, hacia Aragón, luego hacia el norte, la Cerdaña y el Rosellón, hacia el este las islas Baleares y hacia el sur, Valencia, componiendo lo que serían los futuros “países catalanes”.

Podemos decir que tanto el nacionalismo vasco como el catalán tienen una visión panóptica, además de una proyección imperial y expansiva. 

40º Aniversario de la Constitución. Argumentos

40º Aniversario de la Constitución. Argumentos

Hoy es día de fiesta y procede hablar de las luces de la Constitución. Otro día hablaremos de las sombras, pero hoy reproduzco algunos de los argumentos del discurso de entonces, que fueron, en síntesis, los siguientes:

La Constitución tiene un contenido integrador, pues en su articulado hallan representación todas las sensibilidades sociales y todas las tendencias políticas. No es la Constitución de una parte de la sociedad sobre el resto ni la de un partido sobre los demás, sino la Constitución de todos y para todos. No es una Constitución de derechas ni de izquierdas, y permite, en consecuencia, que partidos de todo el espectro político puedan gobernar.

La Constitución supone la creación de un marco de referencia dentro del cual todas las tendencias políticas pueden discutir y en el que se pueden resolver viejos contenciosos que han marcado trágicamente la historia de España; es decir, un marco que puede acoger a todos aquellos que crean en el diálogo como base de la convivencia.

Quedan, por tanto, al margen de ella aquellas opciones que propugnan la violencia y la intolerancia como formas de expresión política, entre las cuales, el terrorismo y el golpismo involucionista son las más representativas.

La Constitución tiene, también, un sentido médico, referido al armazón anatómico del país: la nueva columna vertebral del cuerpo civil (la España, por fin, vertebrada); el marco legal para resolver pacíficamente los conflictos y desterrar para siempre los antagonismos seculares que han dado lugar a las dos Españas. La Carta Magna es un símbolo de la reconciliación y de la superación de las secuelas de la guerra civil; un reencuentro, un abrazo sin revancha. .

La Constitución es la norma suprema que define para un futuro prolongado las reglas del juego democrático y consagra un modelo de régimen político, en el cual los actos del Gobierno, emanado de la voluntad ciudadana, tienen como límites dichas reglas, y el funcionamiento de los poderes del Estado se halla bajo la supervisión de instituciones representativas y de la vigilancia de la opinión pública.

Con su aprobación en referéndum termina la Transición como un período de interinidad institucional y España entra, tardía pero definitivamente, en la modernidad.

Franco y sus restos 2

En respuesta a mis amables cuestionadores voy a intentar explicarme mejor.

La exhumación de los restos de Franco ha vuelto a desatar viejos demonios del país; en unos, más bien de la derecha, por la osadía de sacarlos del Valle de los Caídos; en otros, de la izquierda, por el posible traslado a la catedral de la Almudena. Han vuelto a salir a la palestra el clericalismo y el anticlericalismo, respaldados con opiniones que invitan a la confusión, porque mezclan lo público con lo privado y lo político con lo religioso.

Ya que no ha sido decisión de la familia ni tampoco de la Iglesia sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos, entiendo, que el Gobierno asuma la tarea política de adoptar una decisión que llega con retraso, porque los honores al dictador debieron concluir al mismo tiempo que la dictadura; con la restauración del régimen democrático, en el mismo día que la Constitución entró en vigor, porque suponía, en teoría o al menos formalmente, la negación del régimen anterior. No se hizo por razones diversas, pero se debía hacer.

Una vez decidida la exhumación, el destino de los restos corresponde a la familia y a la entidad que quiera aceptarlos, sabiendo lo que públicamente significa esa acogida. La familia compromete a la Conferencia Episcopal porque quiere que la Iglesia ampare al dictador. Y cualquier entidad religiosa quedaría comprometida si los acogiera. Pero la Iglesia debe a Franco la situación de privilegio que disfruta y seguramente atenderá la petición de la familia. Así, pues, ambos quedan comprometidos con un nuevo pacto, que es un remedo de aquel espíritu de cruzada del año 1937. Ellos sabrán.

A partir de aquí, entiendo que acaba la función del Gobierno. Podría ser una cuestión de Estado, apunta Agus Salva. Podría. ¿Pero no se ayuda a la Iglesia con los presupuestos del Estado?, señala, justamente, José Gabriel. Pues, sí, visto así podría ser una cuestión de Estado, pero es mejor que no lo sea, desde el punto de vista de separar la Iglesia y el Estado, que es la gran confusión que hay que deshacer yendo al origen de este embrollo, que es el Acuerdo de enero de 1979 con el Vaticano, que era la actualización del Concordato con Franco, pero adaptado a la nueva situación del país. La Iglesia, al menos la parte más representativa, apoyó la Transición como una reconciliación entre españoles, pero se cuidó muy bien de conservar los privilegios.

Desde el punto de vista de separar lo más posible la Iglesia del Estado, la actividad política de los actos religiosos, los asuntos públicos, que son generales, de las cuestiones de fe, que son particulares, incluso íntimas, entiendo que el Gobierno no debe influir sobre las decisiones de la Curia, pero debe tomar buena nota de ellas, y se cargará de razón para frenar las intenciones de los obispos cuando se entrometan en asuntos políticos, queriendo moldear las leyes civiles con el enfoque de su moral particular.

Creo que en este asunto, como en otros, estamos ante una falsa representación, de lo cual resulta que actuamos normalmente sobre una ficción. España ¿es católica? ¿Representa la Iglesia católica la creencia religiosa de los habitantes de España? ¿De cuántos? Ahí está el quid del asunto. El número de católicos es un misterio, pero el trato que recibe la Iglesia por parte del Estado sigue siendo el mismo que si fuera la religión del país y del Estado. Y eso es lo que se debe corregir. Pero hasta ahora, por razones bastante complejas, no ha habido manera de poner el cascabel al gato.   

 

La dictadura franquista (1)

Por factores que ahora sería largo enumerar, como la corrupción política, la desafección ciudadana hacia los gestores públicos, los efectos de la recesión económica, el auge del independentismo, la difícil aplicación de la Ley de la memoria histórica o la cercana exhumación de los restos de Franco, entre otros, se ha acentuado el discurso crítico sobre la Transición, sostenido con frecuencia por tópicas visiones del adanismo más simple, de modo que, aprovechando las vacaciones, he impartido una especie de breve seminario familiar, dicho de forma solemne, sobre el franquismo y espero continuarlo con la transición.

En realidad han sido una serie de charlas matinales con mis hijas para explicar, de manera rápida y ordenada, primero, y estimular su conocimiento después, unas etapas de la historia de España que en los apretados planes de estudio suelen ser tratadas de forma apresurada o superficial, cuando no son claramente orilladas con el pretexto de la falta tiempo, confiando en que los alumnos rellenen por su cuenta tales vacíos.

Una vez realizado el esfuerzo para la familia, ofrezco el guion, con algunos datos y fechas, porque estimo más importante la perspectiva general que los detalles, debiendo advertir, claro está, que la selección de hechos que configuran el relato está realizada desde mi punto de vista político y geográfico y que, sin bibliografía a mano y con difícil conexión a internet, ha dependido en gran medida de una memoria ya flaca, completada con algunos datos al regreso de las vacaciones.

El guion no marca un canon ni mucho menos, sino una apretada síntesis de hechos conocidos, que cada uno puede aumentar o matizar según su parecer y recuerdos, su punto de vista y su ubicación geográfica, para insertar su particular peripecia en los sucesos de aquellos años, en el supuesto de que los viviera y de que le interese realizar a día de hoy ese -útil o inútil- ejercicio de introspección.

Sugiero, igual que lo he facilitado a mis hijas, el título de algunas películas que pueden ayudar a los más jóvenes a hacerse una idea de cómo era la España de entonces, que, modestamente, estimo que es una gran laguna en el repertorio de conocimientos académicos de las nuevas generaciones. Y quizá de las viejas.

EL RÉGIMEN FRANQUISTA (1939-1975)

Primera etapa. 1939-1959. Autarquía y dictadura, pura y dura

El 1 de abril de 1939, acaba la guerra civil -la “cruzada”- con la victoria de las derechas del bando alzado el 18 de julio de 1936. Derrota de la República y exilio de republicanos. Septiembre: comienza la IIª Guerra Mundial. España aliada de la Alemania de Hitler y de la Italia de Mussolini. “División azul” a Rusia (1943).

Castigo a los vencidos; expolio de sus partidos y sindicatos. Dictadura de clase de tipo fascista. Falange en el Gobierno. Represión masiva; causa general contra “los rebeldes” (que fueron los leales al régimen legal); ley de responsabilidades políticas, 150.000 personas ejecutadas y desaparecidas (enterradas en lugares ignotos). Primeras leyes del Régimen: Fuero del Trabajo, Ley de Cortes, Fuero de los Españoles, Ley de Sucesión, Principios del Movimiento Nacional.

La (simbólica) España imperial: “Una, grande y libre”. Estado corporativo, vertical y autoritario. Vías de representación política: familia, municipio y sindicato.

Poderes extraordinarios de Franco: Jefe del Estado, del Gobierno[1], del Ejército y del partido único (Movimiento Nacional); preside el Consejo Nacional y la Junta de Defensa Nacional, designa a los presidentes de las Cortes, del Tribunal Supremo y el de Cuentas, del Consejo del Reino, del Consejo de Economía Nacional y al Jefe de la Organización Sindical, nombra a los ministros del gobierno, a 40 consejeros nacionales, a 25 procuradores en Cortes, interviene en el nombramiento de obispos y designa a su sucesor (futuro rey).

Partido único: el Movimiento Nacional -la Falange, las JONS y la Comunión Tradicionalista (carlistas)-. Sindicato único -Central Nacional Sindicalista-, que agrupa a empresarios y trabajadores. Religión única: poderes y privilegios de la Iglesia católica: asignatura obligatoria en la enseñanza -las 3 “marías” (religión, FEN[2], gimnasia)-, censura, calendario oficial, representación en las Cortes.

Propaganda: planes de estudio, censura previa de prensa y edición. Agencias oficiales de noticias: EFE y Pyresa. Cadena de Prensa del Movimiento (40 diarios, 95 revistas); Radio Nacional (monopolio de la información: “el parte”); red de emisoras de radio del Movimiento (un centenar). NO-DO, noticiario obligatorio en los cines; años 40 y 50, cine “imperial” y católico: “Alba de América”, “Raza”, “A mí, la legión”, “Juana la Loca”, “Jeromín”, “Balarrasa”. Luego, neorrealismo español y novela y teatro social.

1945: acaba la IIª Guerra Mundial con la derrota del eje Berlín-Roma-Tokio. El mundo se divide en dos bloques dirigidos por EE.UU. y la URSS. Guerra fría. El régimen de Franco, superviviente pero aislado, queda fuera de la ONU (retirada de embajadores).

Autarquía: producción para el consumo interior (atraso tecnológico, carencia de materias primas). Escasez, cartillas de racionamiento; mercado negro. Ayuda de Perón (carne y trigo). Precariedad: falta de viviendas (realquilados) (“El pisito”, “El verdugo”); trabajo: sueldos bajos, largas jornadas, pluriempleo.

1950: EE.UU. abre embajada en España. Primeras respuestas populares a la dictadura: 1951: boicot a los tranvías en Barcelona; 1952: huelgas mineras en Asturias. 1952: España admitida en la UNESCO.

1953. Fin del aislamiento: Concordato con el Vaticano y acuerdos con EE.UU. (créditos, bases militares, radio Liberty). 1955: España en la ONU. (“Bienvenido, míster Marshall”).

1956: TVE empieza a emitir. Protestas estudiantiles en varias universidades; tres meses de estado de excepción. XXº Congreso del PCUS, informe crítico sobre Stalin. Jruschov propone la “coexistencia pacífica” con el bloque occidental; el PCE: la “reconciliación nacional”, democrático abrazo de las dos Españas.

1958. Huelgas mineras en Asturias (pozo “La Camocha”: embrión de CC.OO.). Ley de convenios colectivos. Tratado de Roma (Benelux, RFA, Francia, Italia): Mercado Común Europeo.

1959. Fin de la autarquía. Plan de Estabilización. Depreciación de la peseta; bajón salarial, emigración, entrada de capital extranjero; parcial liberalización económica, comercio exterior. De forma subordinada, modesta, parcial y tardía España se une al bloque occidental y al neocapitalismo europeo (capitalismo controlado, régimen democrático y Estado del bienestar).

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[1] Hasta junio de 1973, en que Carrero Blanco ocupa el cargo.

[2] Formación del Espíritu Nacional.

Código Penal

Sobre la sentencia de la violación en grupo a una chica, perpetrada por "la manada"
Primero. El Código Penal no representa la suprema sabiduría ni la máxima objetividad en todos sus artículos. Segundo, tampoco la representan quienes lo interpretan y lo aplican, que son los jueces. Tercero, y tampoco quienes elaboran las leyes, que son los diputados. El Código Penal tiene su historia y su dependencia de ideas que socialmente puedan haber quedado desfasadas pero que aún conserven su impronta en algunos artículos.
No hace mucho tiempo, Eduardo Torres Dulce, que fue Fiscal general, decía que el Código Penal se había modificado casi 30 veces en pocos años y que de tales reformas, con enmiendas a artículos, adiciones, reinterpretaciones, etc había quedado en muchos casos con artículos difíciles entender y, por ende, de aplicar desde un solo punto de vista. Lo cual explica, también, las condiciones en que se elaboran las leyes, que, por múltiples causas, se alejan de las condiciones idóneas de tranquilidad, serenidad, ponderación, atención al bien común (antes que a los intereses de partido), consultas con la sociedad, con expertos en distintas materias, análisis de la jurisprudencia existente y de los efectos que han tenido leyes similares, etc. y se acercan bien, a la confección de leyes que se adecuan a la ideología del partido que tiene la mayoría en el Parlamento o bien al habitual mercadeo con otros partidos si no la tiene. Si me apoyas en este enmienda, yo te apoyo en la otra, y si me prestas los votos necesarios para sacar adelante esta ley, yo te apoyaré en el proyecto de la ley de Costas, o de Aguas, o de Dependencia, o en las pensiones o en los presupuestos.

Dudas (sobre la izquierda)

Ante lo que tenemos delante en Cataluña, que no tiene visos de desactivarse a corto plazo, aparte de movimientos tácticos de escueto recorrido, impelidos por las apremiantes circunstancias (los dichosos plazos legales para formar el Govern), lo que se precisa es un debate, largo y tendido, sobre el fondo del problema, que es la configuración territorial del país, su organización jurídica y administrativa, su proporcional representación política y la serena evaluación y organización de su diversidad, siempre exagerada por los nacionalistas.

Pero la posición actual de las izquierdas me suscita serias dudas, pues ni el “Estado multinacional” del PSOE ni la “nación de naciones” de Podemos aportan argumentación sustancial al problema, sino que parecen nuevas concesiones a los nacionalistas y vuelven a colocar el debate donde estaba hace décadas -durante la Transición-, con el peligro de alentar, a largo plazo, la fragmentación de España (y aumentar, de paso, la de la izquierda y las dificultades de Europa) con la fundación de nuevos estados sobre la base de un derecho tan misterioso como el “derecho a decidir” y de un concepto tan impreciso como el de “nación”, hasta ahora mal definido por quienes dicen entenderlo y asumirlo como base de esta reclamación política, cuando lo que hace falta es justamente lo contrario: corregir, en este aspecto, la estructura de un Estado, que, instituido bajo múltiples presiones en una situación de emergencia nacional tras la muerte de Franco, muestra una onerosa y poco funcional organización territorial, conserva elementos del régimen anterior, respeta privilegios medievales que carecen de justificación en este siglo y favorece las tendencias centrífugas de la periferia. 

Dion. Secesión

El ideal democrático alienta a todos los ciudadanos de un país a ser leales entre sí, más allá de las consideraciones de lengua, raza, religión o pertenencia regional. En cambio, la secesión pide a los ciudadanos que rompan este lazo de solidaridad que les une y que procedan así, casi siempre, sobre la base de pertenencias específicas a una lengua o a una etnia. La secesión es un ejercicio, raro e inusitado en democracia, por el que se elige a los conciudadanos que se desea conservar y a los que se desea convertir en extranjeros.

Una filosofía de la democracia basada en la lógica de la secesión no podría funcionar, ya que incitaría a los grupos a separarse en vez de entenderse y acercarse. La secesión automática impediría a la democracia absorber las tensiones propias de las diferencias. El reconocimiento del derecho a la secesión cuando se solicite invitaría a la ruptura desde el momento en que se planteasen las primeras dificultades, según divergencias que podrían crearse en función de atributos colectivos, como la religión, la etnia o la lengua.

Ello no significa que un Estado democrático deba rechazar cualquier solicitud secesionista que se produzca en él. Ante la voluntad clara de secesión, el Estado puede llegar a la conclusión de que aceptar dicha secesión es la solución menos mala. Pero un gobierno democrático tiene la obligación de asegurarse de que esta voluntad de secesión sea verdaderamente clara, que no contenga ninguna ambigüedad y que se proceda a ella no de manera unilateral, sino conforme a derecho y con ánimo de justicia para todos.

Stephane Dion (ex ministro y diputado federal canadiense): Párrafos finales de la conferencia impartida en el Real Instituto Elcano, el 9/4/2013, publicada como “Secesión y democracia: una perspectiva canadiense”, en la revista Página Abierta nº 241, noviembre-diciembre, 2015.

La noria nacional (2). Constituciones

Reflexiones de un borrico

La noria nacional sigue girando, porque, cuando se vuelve a plantear la reforma de la Constitución, torna el Gobierno de Rajoy a poner pegas, entre ellas, que hace falta un consenso como el del proceso constituyente, que, si no recuerdo mal, sólo se consiguió al final. Y no del todo, pues cuando la Constitución se votó en el pleno del Congreso, el 31 de octubre de 1978, ocho de los dieciséis diputados del Partido Popular no dieron su aprobación, lo mismo que los diputados vascos.

El inmovilismo del Partido Popular también en este asunto le hace merecedor de figurar en las filas de los conservadores pertinaces y le aleja de la infundada pretensión de ser una derecha reformista. Derecha sin complejos, como dijo Aznar, pero inamovible.

No se puede decir que en España hayan faltado personas que se plantearon bien pronto la necesidad de dotar al país de un texto, que, a la luz de los principios de la Ilustración y del primer liberalismo, plasmara en un solemne documento lo que se llamaba la constitución social, la anatomía del país o la organización no escrita del cuerpo de la nación, como uno de los elementos fundamentales para salir políticamente del Antiguo Régimen y entrar en la Modernidad.

Tampoco se puede afirmar que haya faltado celo reformador, tanto en un sentido como en otro -para renovar y para conservar-, sino que lo destacable ha sido la inestabilidad política provocada por estos intentos, que han dado paso a lo que podría calificarse como desazón constituyente.

La Carta de Bayona de 1808, la Constitución de Cádiz de 1812, el Estatuto Real de 1834, la Constitución de 1837, la de 1845, la nonnata Constitución de 1856, los cambios constitucionales entre 1856 y 1868, la Constitución de 1869, el proyecto de Constitución federal de 1873, la Constitución de 1876, los proyectos de Primo de Rivera, la Constitución de 1931, las Leyes Fundamentales de Franco y, luego, la Constitución de 1978 son los hitos de una España necesitada de vertebración política -la orteguiana España invertebrada-, pero en la cual la organización del Estado y la articulación de las diversas corrientes ideológicas no ha podido durar mucho tiempo.

En la historia constitucional española, los sucesivos procesos constituyentes pueden ser contemplados como si fueran las crestas de las olas que indican el movimiento profundo de las aguas sociales y los cambios de gobierno y hasta de régimen político. Desde la limitada perspectiva que ofrecía el año 1836, la observación de esta azarosa existencia ya inspiró a Larra uno de sus ácidos epigramas: Aquí yace el Estatuto. Vivió y murió en un minuto.

Ahora, ante el desafío a la integridad territorial planteado por los nacionalistas catalanes, entre otras cuestiones que requieren atención, voces no precisamente extremistas solicitan de nuevo hacer cambios en la Constitución, pero el Gobierno demora la reforma cumpliendo una vez más el que parece designio inexorable de nuestra historia constitucional: que nuestras constituciones no se pueden reformar, sino que están condenadas a pudrirse y a ser reemplazadas por otras de signo político distinto.

En Estados Unidos, que para tantas cosas es el modelo predilecto de la derecha española, la Constitución de 1787 sigue vigente, pero reformada, claro está, por sucesivas enmiendas, doce de ellas en el siglo XX y la última aprobada en 1992. En España, en los 64 años que transcurren 1812 a 1876, sin contar el Estatuto de Bayona, el Estatuto Real de 1834, la non nata Constitución de 1856 y la abortada Constitución federal, tuvimos cinco constituciones con plena vigencia (1812, 1837, 1845, 1869 y 1876). Y en el siglo XX, hemos aprobado dos constituciones, la de 1931 y la de 1978, sin contar las leyes del Directorio militar de Primo de Rivera, que fueron breves, ni las Leyes Fundamentales de la dictadura franquista, de larga vigencia.

Observando cómo se suceden los auges y las crisis, las luces, más bien cortas, y las sombras, más bien largas, en la historia del constitucionalismo español y, por ende, los altibajos en la modernización del Estado y de la sociedad civil, se extrae la idea de un permanente retorno o la impresión de hallarnos, como si se tratase del inalterable volteo de una incansable y consecuente noria, en un país donde no acaban de encajar la democracia política y el desarrollo económico, ni la tradición con la modernización, por mucho que se intente.

Y ahí seguimos, como borricos, dando vueltas a la noria. 

La noria nacional (1). Naciones

Reflexiones de un borrico.

A veces tengo la penosa sensación de que, como país, políticamente caminamos pero no avanzamos; andamos pero no nos movemos, como si, por una fuerza ajena, cruel y poderosa, estuviéramos uncidos a una noria, dando vueltas y más vueltas pero sin movernos de sitio, padeciendo un destino similar al de un pobre borrico, que saca agua para otros y camina y camina sin dirigirse a parte alguna.

No sacamos agua, qué más quisiéramos, sacamos temas, problemas y los debatimos una y otra vez, pero ni los resolvemos ni los enterramos ni los dejamos atrás, sino que una vez, tras otra, como cangilones de la noria nacional, vuelven a la palestra política reclamando atención.

Por la presión de los partidos nacionalistas, uno de estos temas recurrentes, que no ha dejado de estar presente en la agenda política desde la Transición (ya lo estaba antes, pero de otra manera), es el de la unidad de España, la unidad o la vinculación de sus regiones (o naciones dicen algunos), porque preguntas como ¿Qué es Cataluña? ¿Qué debe ser Cataluña? remiten a la cuestión de qué es España: ¿Es una nación o sólo un Estado? ¿Es una nación o varias naciones? En todo caso, ¿cuántas naciones? ¿Cuáles naciones?

Esta vieja pregunta se planteó en la Transición, y los partidos de la izquierda, primero casi todos, y después los de la izquierda radical dieron respuestas tan diversas que, realmente, la pregunta quedó sin contestar, y el problema quedó políticamente resuelto con el desarrollo del Estado de las autonomías.  

El resumen de tales posiciones fue, en aquellos días, el siguiente: España no existe, lo que existe es el Estado español; la nación española es una ficción, lo que existe son varias naciones en el territorio peninsular e insular. Pero a la hora de determinar cuántas y cuáles eran tales naciones no había acuerdo.

Tres naciones se admitían por todos como seguras -Cataluña, Euskadi y Galicia- a las que en algunos casos se añadía Castilla, que era la nación hegemónica y opresora de las otras, y el resto era España o el Estado español. En otros casos se admitía también Canarias, que para algunos grupos era claramente una colonia africana similar al Sahara español o a Ceuta y Melilla. Otras naciones probables eran Navarra, Andalucía, el País Valenciano y las Baleares.

En aquellas circunstancias, ningún partido negó la posibilidad de que pudieran surgir más naciones, si así lo decidían los habitantes de ciertas regiones. Ninguno de ellos previó que pudiera haber 17 naciones, tantas como comunidades autónomas hubo luego.

El Estado español era, por tanto, un Estado plurinacional, cuyas naciones eran oprimidas por un centralismo al que no le faltaron calificativos, entre ellos el de fascista o monárquico; era el resto del imperio, que debía seguir el mismo camino que los demás componentes del antiguo imperio español y descolonizarse del todo. Lo que quedase de España importaba poco, dada la extendida aversión de la izquierda a términos como patria y España, de los que había abusado tanto la propaganda de la dictadura.

Abandonada por la izquierda, la unidad de España sería asumida, en su versión más autoritaria y centralista, por Alianza Popular y luego Partido Popular, como uno de los principios más firmes de su programa, con lo cual la izquierda más radical, apostando por la independencia de los hipotéticos fragmentos, regalaba el país entero, e incluso el nombre, a la gestión de la derecha.

Cuarenta años después, se vuelven a plantear las mismas preguntas y volvemos a obtener similares respuestas: España es una nación indivisible, defienden en el partido de Rivera; idea compartida por el Partido Popular, pero con una noción del país más autoritaria, clerical, centralista y uniforme; “España es un Estado plurinacional”, afirma Pedro Sánchez, con una visión que no es compartida por todo su partido; “España es una nación de naciones”, riza el rizo Pablo Iglesias sin convencer a todos los suyos. En cualquier caso, ¿cuántas y cuáles naciones?

A lo mejor, ahora, con más y mejor información que antes, entre todos ofrecen una respuesta más precisa y paramos la noria.  

Peajes

Good morning, Spain, que es different

No es casualidad, es causalidad: en 1996, con la llegada del PP al Gobierno y con el PSOE hundido por los escándalos de la etapa “felipista”, en crisis y despistado (otra vez), la derecha política y económica puso en marcha una poderosa maquinaria para saquear el país de forma legal, alegal e ilegal. Nacía el patriótico capitalismo de amigotes y la democracia de parientes y clientes, tan parecida al franquismo que la derecha añoraba.

La España aznariana, que iba bien, era la España de las inmobiliarias, de los créditos, de la especulación del suelo y de la bolsa; la España de las grandes obras adjudicadas con contratos confidenciales; la España de las privatizaciones, la España de los edificios emblemáticos, de las obras faraónicas, de los grandes puertos (La Coruña, Laredo), de los aeropuertos (tenemos más de 50) con y sin aviones, de las autopistas de peaje sin coches, de los resorts y campos de golf, de las urbanizaciones en la costa y de los disparates como Marina D’Or, Polaris World o el Algarrobico; de las universidades (79 públicas y privadas), de los edificios emblemáticos de arquitectos famosos (y onerosos), de los parques temáticos y tecnológicos (algunos también rescatados), de los pabellones deportivos (Palma Arena, Caja Mágica), de la construcción de hospitales (primero vacíos, luego lleno de enfermos cautivos por la privatización), de las ciudades del arte (Valencia) y de la cultura (Santiago); de las bibliotecas sin libros y de los centros culturales vacíos.

España era el país con más kms de AVE de Europa (el segundo del mundo, después de China) pero con menos viajeros; el país del despilfarro, de los beneficios astronómicos y de los sueldos fabulosos de los directivos, de los políticos con dos o tres sueldos públicos; la España de los miles de asesores políticos contratados a dedo, de los tesoreros y los recaudadores (en blanco y en negro, no hay que hacer ascos). Entonces, el país se corrompió, ese era el efecto buscado por los corruptores, todos iguales en delincuencia, y se infló la burbuja inmobiliaria y financiera que Zapatero no quiso pinchar y que le estalló en la cara.

Hemos saneado los bancos y cajas de ahorros que participaron en aquella orgía, con más de 66.000 millones de euros de dinero público, quitado a la sanidad, a la educación, a investigación, a la dependencia, a la infancia. Y ahora, los mismos que promovieron la construcción de unas autopistas de peaje, que desde el principio ya se veía que eran un desastre económico, las quieren nacionalizar por un importe que supondrá un gasto para el Estado de 5.000 millones de euros, aunque pueden ser más.

No importaba que el cálculo del tráfico que iban a soportar pecara de optimista, o si iban a circular muchos o pocos coches, porque eso era secundario, lo decisivo era que circulara el dinero, el blanco, el negro y el gris; eran unas autopistas por las que circulaban a gran velocidad los sobornos, las dádivas, los regalos y las mamandurrias.   

Ahora nos toca pagar nuevos dispendios de un gobierno opaco y manirroto. Pero no nos confundamos, no vamos a pagar el rescate de unas autopistas en quiebra, sino que vamos a seguir pagando, y quien sabe durante cuánto tiempo más, el peaje por haber dejado gobernar al Partido Popular. 

Baudrillard y el Estado

Amador Fernández Savater escribió: "La tarea fundamental del Estado actualmente es justificar su propia existencia. Para ello debe aniquilar la capacidad de la sociedad de sobrevivir por sí misma. Minar suavemente todas las regulaciones espontáneas, desregulando, desocializando, rompiendo los mecanismos tradicionales de cuerpos y anticuerpos, para sustituirlos por mecanismos artificiales: tal es la estrategia del Estado en su lucha sutil con la sociedad; exactamente como la medicina, que vive de las destrucción de las defensas naturales en favor de su sustitución artificial" (Baudrillard, *Cool memories*)

Respuesta: No lo tengo claro. En la medida en que el Estado renuncia a competencias y las transfiere (a instituciones provinciales y locales públicas o privadas -empresas, ongs-) o se desembaraza de la carga molesta de la protección social (vía recortes, entre otras), para llegar al Estado Mínimo, que defienden los neoliberales, el Estado se reduce, se aniquila, mientras traslada parte del poder coercitivo a empresas y particulares (Mercado Máximo). O tales funciones las ejercen las mafias, narcos, paramilitares, camorras, maras, sicarios, etc, cuando el Estado es muy débil o muy corrupto.

Historia constitucional de España

Good morning, Spain, que es different

No han faltado en España personas que se plantearon bien pronto la necesidad de dotar al país de un texto, que, a la luz de los principios de la Ilustración y del primer liberalismo, plasmara en un solemne documento lo que se llamaba la constitución social, la anatomía del país o la organización no escrita del cuerpo de la nación, como uno de los elementos fundamentales para salir políticamente del Antiguo Régimen y entrar en la Modernidad.

Tras la reforma inglesa de 1688, la Constitución norteamericana de 1787, las constituciones de la Francia revolucionaria (1791, 1793, 1795) y las que hubo desde el Consulado al Imperio (1799, 1802, 1804), España se incorpora, en 1810, a la segunda oleada de las revoluciones atlánticas, más moderada que la primera, que producirá su texto fundamental en 1812.

Pero España se suma a esta oleada revolucionaria de forma peculiar, con poca decisión, con morosidad en vez de con prisa, que es el sentimiento que suele alentar los procesos revolucionarios. Como advertía Marx en un artículo en el New York Daily Tribune (1970, 69), en España las revoluciones son lentas, a veces hasta la exasperación: España no ha adoptado nunca la moda francesa, tan al uso en 1848, de empezar y terminar una revolución en tres días. Sus esfuerzos en este terreno son más complejos y más prolongados. De tres años parece ser el plazo más breve a que se constriñe, si bien un ciclo revolucionario abarca a veces hasta nueve años. Así por ejemplo su primera revolución en lo que va de siglo se desarrolló desde 1808 hasta 1814, la segunda de 1820 a 1823 y la tercera de 1834 a 1843. Ni el más agudo político puede predecir cuánto durará la actual ni cuál será su desenlace.

Una burguesía feble y más propensa a avenirse con el clero y la alta nobleza que a enfrentarse decididamente con ambas y con la poderosa institución monárquica ha sido una de las causas determinantes del carácter tan inseguro y moroso de la modernización. El efecto de esta conflictiva relación entre la sociedad estamental y el mundo moderno, donde el súbdito no acaba legalmente de morir y el ciudadano no acaba políticamente de nacer, será un larguísimo e inacabado proceso constituyente, en el que los momentos de acuerdo se alternan con avances de tipo progresista, que duran poco tiempo, y con bruscos saltos hacia atrás, en los que el arcaísmo parece recuperar el terreno perdido frente a la modernidad.

Tampoco se puede afirmar que haya faltado celo reformador, que más bien ha sobrado tanto en un sentido como en otro -para renovar y para conservar-, sino que lo destacado ha sido la inestabilidad política provocada por estos intentos, que ha dado paso a lo que se podría calificar de desazón constituyente.

La Carta de Bayona de 1808, la Constitución de Cádiz de 1812, el Estatuto Real de 1834, la Constitución de 1837, la de 1845, la nonnata Constitución de 1856, los cambios constitucionales entre 1856 y 1868, la Constitución de 1869, el proyecto de Constitución federal de 1873, la Constitución de 1876, los proyectos de Primo de Rivera, la Constitución de 1931, las Leyes Fundamentales de Franco y, luego, la Constitución de 1978 son los jalones de una España necesitada de vertebración política -la orteguiana España invertebrada-, pero en la cual la organización del Estado y la articulación de las diversas corrientes ideológicas no ha podido durar mucho tiempo.

En la historia constitucional de España, los sucesivos procesos constituyentes pueden ser contemplados como si fueran las crestas de las olas que indican el movimiento profundo de las aguas sociales. Desde la limitada perspectiva que ofrecía el año 1836, la observación de esta azarosa existencia ya inspiró a Larra uno de sus ácidos epigramas: Aquí yace el Estatuto. Vivió y murió en un minuto.

Nuestra azarosa trayectoria constitucional puede entenderse con los nombres de otros acontecimientos, pero representa históricamente lo mismo: la entrada del ejército francés, huida de la familia Borbón y refugio en Francia, invasión francesa y guerra de la Independencia, reinado de José Bonaparte, primeras Cortes liberales, fin de la guerra, primera restauración borbónica (Fernando VII) y regreso del absolutismo, trienio constitucional (Riego), nueva restauración absolutista (Cien Mil Hijos de San Luis) y década ominosa, regencia (María Cristina) y guerra carlista, reforma liberal, bienio progresista, década moderada y segunda guerra carlista, revolución de 1854, etapa conservadora isabelina, gloriosa revolución de 1868 y caída de la monarquía (Isabel II, al exilio), nueva guerra carlista, sexenio revolucionario, cambio de dinastía y abdicación de Amadeo de Saboya, Iª República, segunda restauración borbónica (Alfonso XII), agonía del canovismo, dictadura (Primo de Rivera) y dictablanda (Berenguer), Alfonso XIII al exilio, IIª República, guerra civil, dictadura franquista, una transición y tercera restauración borbónica (Juan Carlos I). Y treinta y cinco años después, ante un régimen político exhausto, voces preclaras, y no precisamente extremistas, para alargar la vida de este régimen agónico solicitan cambios en la Constitución, que la derecha se niega por principio a discutir. 

En Estados Unidos, que para tantas cosas es el modelo predilecto de la derecha española, la Constitución de 1787 sigue vigente, pero reformada, claro está, por sucesivas enmiendas, doce de ellas en el siglo XX y la última aprobada en 1992. En España, en los 64 años que transcurren 1812 a 1876, sin contar el Estatuto de Bayona, el Estatuto Real de 1834, la non nata Constitución de 1856 y la abortada Constitución federal, hemos tenido cinco constituciones con plena vigencia (1812, 1837, 1845, 1869 y 1876). Y en el siglo XX, hemos aprobado dos constituciones, la de 1931 y la de 1978, sin contar las leyes del Directorio militar de Primo de Rivera ni las Leyes Fundamentales de la dictadura franquista.

Observando cómo se suceden los auges y las crisis, las luces, más bien cortas, y las sombras, más bien largas, en la historia del constitucionalismo español y, por ende, los altibajos en la modernización del Estado y de la sociedad civil, se extrae la idea de un permanente retorno o la impresión de hallarnos, como si se tratase del inalterable volteo de una incansable y consecuente noria, en un país donde no acaban de casar la democracia política con el desarrollo económico, ni la modernización con la tradición. Se percibe el drama de un país políticamente inestable, desgarrado por tensiones sociales que conducen a desplazamientos pendulares, en los cuales, los movimientos auténticamente fuertes han sido los movimientos de reacción, de restauración; las respuestas -en muchos casos  brutales- de las fuerzas sociales que representaban el arcaísmo y la tradición, frente a los movimientos progresistas o innovadores; es decir, el vigor de lo existente ante lo posible; de lo viejo (la España eterna) frente a lo nuevo (la España moderna), que ha sido débil e inseguro y no ha encontrado tiempo ni ocasión para afianzarse y mucho menos para madurar y dar sus frutos.

Otra de las enseñanzas que se extrae es el papel distorsionador de la monarquía, que, lejos de proporcionar estabilidad política por la mecánica sucesoria que pregonan sus partidarios -a rey muerto, rey puesto; el rey ha muerto, viva el (nuevo) rey-, ha sido motivo de graves tensiones sociales y de guerras civiles.

Hay que recordar que la dinastía reinante, la Casa de Borbón, se implantó en  España tras un conflicto bélico -la guerra de Sucesión-, algunos de cuyos efectos aún nos afectan en Cataluña, Gibraltar y el País Vasco; que mediante los pactos de familia enredó a España en los problemas de Francia, y que ha proporcionado buenas muestras de reyes ineptos y el peor ejemplo posible de rey felón en la figura de Fernando VII, cuyo reinado marca una de las etapas más sórdidas de nuestra historia, y su confuso desenlace propició tres guerras civiles entre los partidarios de su hija Isabel y los partidarios de su hermano Carlos. Tampoco nos fue mejor con sus sucesores, cuyo exilio casi parecía el obligado final de su reinado. Pero aun así, la Casa de Borbón nos parece destinada per seculam seculorum, como si existiera un contrato laboral permanente del pueblo español con esta dinastía de origen francés, pues, cada caída de la monarquía por la defección de sus partidarios parece tener asegurada una restauración años más tarde, promovida por una conspiración palaciega y llevada a cabo por un militar.

Respecto a nuestra azarosa historia constitucional, se pueden percibir claramente en ella dos lógicas, que han actuado de modo inexorable. La primera indica que las constituciones conservadoras son las que tienen una vigencia más larga, mientras que las constituciones progresistas duran poco tiempo.

Las que, en Códigos y constituciones. 1808-1978, Tomás y Valiente denomina constituciones efímeras y constituciones duraderas responden a las dos líneas divergentes que les sirven de inspiración: la del liberalismo radical, surgido en las circunstancias de las Cortes de Cádiz, que hace hincapié en la libertad y los derechos del individuo, y la del aristocrático moderantismo español (Martínez de la Rosa, Alcalá Galiano, Donoso Cortés y Cánovas del Castillo), que influido por los doctrinarios franceses (Royer-Collard, Guizot), defiende, en teoría, la libertad con orden, pero sobre todo el orden con poca libertad, establecido por un régimen fundado en la protección de la propiedad privada, el magisterio de la Iglesia y la marginación de las masas trabajadoras respecto al poder político. 

La segunda lógica indica que las constituciones españolas rara vez se reforman; como las crestas de las olas de los movimientos políticos que las acompañan, las constituciones se agotan, se abolen o se reemplazan por otras nuevas, que niegan las que estaba vigentes. Como los regímenes políticos que las alumbran. Y por los vientos que soplan, la de 1978 no va a escapar a ese fatal designio.

A pesar de que lo aconseja el deterioro de las instituciones y las circunstancias sociales y políticas ya descritas, de la intención de los partidos nacionalistas y de diversos partidos de la izquierda de abrir un nuevo proceso constituyente, por las dificultades técnicas que conlleva su reforma, por el moderado interés del PSOE, pero, sobre todo, por la negativa del Partido Popular a hablar del asunto, la  Constitución vigente más parece destinada a pudrirse que a reformarse. 

Eres valiente, Luis (Roca Jusmet). Yo no lo tengo tan claro. A fuer de ser internacionalista, creía que no era nacionalista, pero puedo admitir que lo soy en algún sentido, pero con matices, con dudas. Los nacionalistas dicen, para igualar el debate, que todo el mundo es nacionalista de alguna parte; es posible, pero con grados; se puede ser nacionalista al 100% y serlo al 1%, ser nacionalista acérrimo y ser nacionalista escéptico, ser nacionalista creyente y ser nacionalista agnóstico o con dudas, si es que tal sentimiento admite grados. Lo cierto es que no somos espíritus políticos y jurídicos puros, ni tampoco entes culturales internacionales sin tocar tierra en algún lado, porque en algún punto del suelo vivimos, también somos territoriales y eso nos vincula a un país, a no ser que seamos únicamente ciudadanos locales o comarcales, pero indiferentes a lo que ocurre más allá de lo que escapa al horizonte al que llega nuestra mirada. Pero creo también, que el mejor patriotismo es el de los derechos civiles, el de la igualdad jurídica y política de los ciudadanos, y ,a ser posible, el de la menor desigualdad económica entre ellos y, desde luego con un conjunto de derechos mínimos garantizados. Razón por la cual, mi patriotismo constitucional está muy matizado cuando se refiere a esta Constitución concreta y no a un principio político en general. La Constitución de 1978, fruto de una determinada correlación de fuerzas que no conviene idealizar, necesita una profunda reforma para hacerla, precisamente, más igualitaria, más democrática, pero, también define el marco político y jurídico actual, frente al cual los independentistas ofrecen un impreciso modelo que tiene unos innegables visos demagógicos y autoritarios que van perfilando una sociedad homógénea, xenófoba y excluyente. Y que yo, como europeo, español y catalán, aunque residente fuera de Cataluña, no puedo aceptar.

Mentalidad de crisis

Respuesta a la propuesta de Teresa Freixas

1."Mentalidad de crisis". Interpreto la crisis no sólo en el ámbito económico, sino en el político y moral, como una época inestable, dinámica, cambiante, cuando el orden de las cosas se pone en cuestión y emerge la subjetividad de los individuos. Es decir, cuando los individuos no se comportan como lo hacían hasta entonces -sujetos económicos, contribuyentes, votantes, públicos, audiencias; sujetos pasivos- y empiezan a pensar como ciudadanos sobre el cambiante orden en que viven, porque parece que se mueve bajo sus pies, que se desmorona, que el presente es inestable y el porvenir un enigma. En esas circunstancias, Ortega pensaba en el derecho como algo fiable, firme, ante todo lo que se movía. En tiempos de crisis se cuestiona también el derecho, como todo, pero hay dos cosas que deben permanecer, dos alientos o dos tendencias, aunque en concreto se formulen de otra manera: una son los derechos individuales, los derechos civiles y un mínimo de garantías, que se deben defender como el último baluarte. La otra es la democracia, la democracia tomada en serio, como decía Flores D'Arcais, la democracia frente a sí misma y frente a sus opositores, como el medio idóneo para que pueda crecer y desarrollarse el ciudadano activo, que piensa en él, claro, pero también en la colectividad, porque no hay democracia en serio sin pensar en la colectividad. En esto Aristóteles sigue siendo maestro, porque señala que el orden social depende de la actitud privada y pública de muchos, o mejor, de todos.

Programas parciales

Para llegar a lo que dice Santi Mondejar, hay que abandonar el principio de las ideologías omnicomprensivas, que lo explican todo. Lo cual supone que sólo hay una manera de entender y gobernar la sociedad, que es la del propio partido, y que todas las demás están equivocadas. Lo contrario está mas cerca de entender una realidad complejísima, dinámica y multiforme, de la cual los programas de los partidos son sólo aproximaciones parciales, por tanto, conocer la verdadera cara del país, o conocerla con más amplitud o certeza, requiere el concurso de todos o por lo menos de muchos. Este es el principio que guió la libertad de expresión y el nacimiento de la opinión pública: de la discusión entre diferentes opiniones saldrá algo más cercano a la verdad que de una sola opinión. Por supuesto, no todos podemos opinar sobre todo con acierto, pero tratándose de política, de los asuntos comunes que afectan a nuestra vida, la diversidad de opiniones acerca a la verdad, o mejor, a la realidad.

En la crítica política es difícil arremeter contra el partido que ocupa el gobierno y las instituciones, pero salvando a estas del uso partidista que hace el oponente. La crítica constante, acerba la mayor parte de las veces, contra el oponente, o mejor la bronca política, que es lo que tenemos ya que el debate escasea, con frecuencia desemboca en una postura anarquizante o antisistema. Por ejemplo, quienes en Cataluña o en el País Vasco, claman contra el Estado, están sembrado la desconfianza en el Gobierno autonómico, que forma parte del Estado denostado, pero a la vez en el Estado alternativo.

Efectivamente, el quid del asunto está en tocar el poder; en cómo acercarse a él y en cómo ejercerlo con acierto, con prudencia y con justicia y eso es otro cantar.