La tentación gatopardesca

Cuando los cambios parecen inevitables, puede surgir en la clase política el recurso a la solución “gatopardesca” para conservar el orden establecido. El fenómeno fue expuesto por Lampedusa en su novela Il gatopardo, cuya acción se sitúa en la época de la unificación de Italia. El príncipe de Salina, un terrateniente siciliano, ante los cambios que se avecinan (se acerca Garibaldi, con sus camisas rojas), decide adelantarse a ellos proponiendo su idea de cambiar para que, al final, todo siga igual, que es lo que de verdad le importa. Impulsa una mutación ficticia.

En España estamos viviendo una situación parecida, pero sin un Garibaldi a la vista, aunque algunos, en sus pesadillas, ya lo ven con coleta al frente de una airada legión de frikis armados con teléfonos móviles.

Cuando la gente en la calle reclama de manera pertinaz que se acometan las reformas pertinentes para adaptar el país oficial al país real, las instituciones políticas y económicas a las necesidades de los ciudadanos, está surgiendo en los miembros más avisados de la clase política la tentación gatopardesca, en otros ni eso, afectados como están por la parálisis. 

La tentación del recambio es grande -reemplazar una pieza por otra- y se proponen las reformas por arriba, la sustitución de personas para no afrontar la reforma de las instituciones, con el objeto de seguir conservando el control de los resortes del Estado, el poder de los aparatos y a la postre, la docilidad de los órganos de la representación ciudadana. Se trata de mantener a flote el régimen político surgido de la Transición, que tiene abiertas varias vías de agua, colocando los parches necesarios para que siga navegando un par de décadas más, ahora pilotado por otro timonel.

Pero, ¿servirán las superficiales reformas que se apuntan, el uso de los repuestos previstos y la sustitución de nombres para evitar los cambios en profundidad que reclama la gente en la calle?

20-N-2019

El cuadragésimo cuarto aniversario de la muerte de Franco ha pasado, como siempre, sin pena ni gloria, salvo para sus admiradores, y además oscurecido por la estela postelectoral del 10-N.

Sin embargo, desde 1975, este es el primer año en que sus restos, en el aniversario de su deceso, no reposan en el Valle de los Caídos sino en el panteón de su familia, lo cual tiene importancia no sólo simbólica, sino política.

En este año se han cumplido también ochenta del final de la guerra civil y, por primera vez, un Jefe del Gobierno español se ha desplazado a Francia para visitar las tumbas de Manuel Azaña y Antonio Machado y rendir un tardío homenaje a estas dos insignes figuras, una política y otra literaria, de la II República, y a los refugiados españoles del campo de concentración de Argelés. Como lúgubre anécdota, no se me ocurre otro adjetivo, el acto fue interrumpido por un grupo independentistas catalanes, que con sus gritos mostraban su oceánica ignorancia sobre la historia de España y de Cataluña.

Si tenemos en cuenta el clima en el que últimamente transcurre la vida política de este país y los trámites, debidos tanto a procedimientos burocráticos como a la obstrucción política, que han demorado el traslado de los restos del dictador, aprobada, en diciembre de 2017, en el Congreso, sin votos en contra pero con la abstención del PP, la conjunción de fechas no parece tanto una simple coincidencia como un designio del destino.

Ochenta años han pasado desde que acabó la guerra civil, y su recuerdo, expresado en símbolos y en carencias, aún pesa sobre la sociedad. Uno de estos recuerdos era el cadáver de Franco, sepultado con honores de Jefe de Estado en su colosal mausoleo.

Otro, son los miles de cadáveres enterrados clandestinamente en lugares ignotos, como efecto de la guerra y de la represión posterior, cuyos restos quieren recuperar muchos de sus familiares luchando, ochenta años después, a brazo partido contra la desidia, la obstrucción política y eclesiástica y la paralizante burocracia.   

El destierro de Franco al panteón de su familia era una asignatura de las que tenía pendientes de aprobar el régimen democrático. 

La recuperación de los restos de esos miles de cadáveres por los familiares que así lo deseen y la conservación de todos los demás, en un lugar que sirva de reconciliación para las generaciones más viejas y de enseñanza sobre el fanatismo y los horrores de la guerra para las más jóvenes, podría ser el necesario cierre simbólico a la etapa postbélica, que pusiera el adecuado final a una transición política hasta hoy inconclusa.

Aunque, por ahora, no parece que exista el necesario clima de acuerdo para ejecutar ese propósito, pues, enterrado definitivamente Franco como persona y desterrada su ominosa sombra de la sociedad, hay quienes han desenterrado su rancio ideario para utilizarlo como programa político en unas instituciones que son la negación de su régimen.

Quizá deban transcurrir otros ochenta años para sepultar también su obra.

El valor heurístico de un adoquín

Durante un tiempo, la pesada losa de piedra berroqueña que sella la tumba de Franco sirvió de metáfora para explicar el éxito del cambio político acometido en España después de su muerte. 

La lápida de granito pulido, de tonelada y media de peso, que cubre el sepulcro del dictador en la basílica de Cuelgamuros, se convirtió en la imagen que mejor mostraba el final de una dictadura de cuarenta años. El colosal adoquín arrancado de la sierra madrileña, que guardaba el cuerpo del tirano, sepultaba para siempre su sueño de gobernar después de morir. Su deseo de asegurar el porvenir de la dictadura, expresado en la frase “atado y bien atado”, parecía refutado por el peso del pedrusco. Su voluntad quedaba debajo, y su régimen, caído y bien caído, soterrado en el valle del mismo nombre. Pero el vigor explicativo de esta imagen ocultaba lo engañoso del mensaje que intentaba difundir, pues alimentaba la equivocada impresión de que una vez enterrado Franco quedaba enterrado el franquismo, y que, por tanto, quedaba despejado el camino para instaurar un régimen parlamentario homologable con los del  entorno europeo, proceso conocido como transición a la democracia, transición democrática o simplemente como la Transición.

No obstante, la fuerza de la mezcla de cuarzo, feldespato y mica, útil para taponar los pestilentes efluvios de un cuerpo maltrecho que ya se descomponía en vida, y mostrar el boato de la última morada del dictador en el Valle de los Caídos, no era la metáfora adecuada para aludir a la consistencia democrática de la restaurada monarquía, pues el nuevo régimen, erigido en teoría sobre un lecho de piedra, ofrecía una base democráticamente feble. Pero durante mucho tiempo una parte importante de la población española creyó en esta metáfora, y desde luego la mayor parte de la clase política, que, si no la creyó, al menos, fingió creerla y no escatimó esfuerzos para hacer creer a la gente que hubo una ruptura, si bien acordada, con el régimen franquista, y que la suprema expresión legal de la ruptura era la Constitución. Interpretación que ha dado lugar al relato hegemónico sobre la Transición.  (Trasversales nº 28, febrero, 2013)

Hoy, cuando, levantado el pesado adoquín, los restos de Franco se trasladen desde la basílica de Cuelgamuros al panteón de su familia en el cementerio de Mingorrubio, habremos dado un paso más para romper con aquel régimen dictatorial. Hemos tardado 44 años, pero es que en España, tan dada a los movimientos pendulares, para avanzar en línea recta se necesita mucho tiempo y mucho esfuerzo.

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[1] El tema de la Transición lo he abordado antes en otros artículos de Trasversales: “La transición inconclusa”, Trvs nº 5, invierno 2006; ”Memoria histórica y cálculo político”, Trvs nº 18, primavera 2010; “Érase un país desorientado”, Trvs nº 27, octubre 2012.      

Sobre la Transición

Dice Antonio Capitán.
En el 78 y en la Transición, “ El Poder” inoculó a los españoles un Síndrome de Estocolmo respecto a los nacionalismos catalán y Vasco presentándolos como ideologías justas y “víctimas” del franquismo cuando en realidad la burguesía catalana y vasca habían sido los grandes beneficiarios. Y el peor peaje que los españoles pagamos fue el absurdo de hacer oficiales e iguales sus lenguas regionales respecto al Español, con lo cual nos quedamos preparados (y mirando a Cuenca) para aceptar todos los absurdos que vinieron posteriormente.

Mi respuesta:
No fue el poder así en abstracto; fue la situación, la crisis económica (fortísima), la inestabilidad política, la amenaza golpista, el terrorismo de ETA, la habilidad de los nacionalistas, que fueron muy listos, y la debilidad de la izquierda respecto al tema nacional.

Pero, ¿cuál poder? ¿Quién era "el" poder? ¿El rey? ¿El Gobierno? Tenía poder, pero no todo el poder. ¿No tenían poder los militares? ¿No tenía poder ETA? ¿No tenía poder la banca? ¿Carecía de poder la Conferencia Episcopal? ¿No tenían poder algunas viejas instituciones frente a las nuevas e inseguras? Y la magistratura ¿no tenía poder? ¿Y los empresarios tenían poder? ¿Y la prensa, no tenía poder? Y la gente que se movilizaba en la calle, ¿no tenía poder? Y los que no se movilizaban ¿tenían poder? ¿Y la OTAN? ¿Y el Mercado Común Europeo?

Había un montón de factores actuando, múltiples fuerzas de distinta entidad y magnitud empujando en distintos sentidos, y lo que salió fue una resultante. Sin tener en cuenta todos esos factores es difícil hacerse una idea cabal del proceso y del resultado.

Cataluña con ventaja

Se sigue celebrando el proceso al “procés” en el Tribunal Supremo. Un “juicio político”, según la versión nacionalista, a una (unilateral) “declaración política”, o “simbólica”, “sin efectos jurídicos” y basada en la libertad de expresión, en la defensa de la democracia y en la voluntad del pueblo catalán -un solo pueblo-, que es soberano en función de otra (reciente y unilateral) declaración política.

Un acontecimiento histórico que se suma a otros de similar trascendencia ocurridos en el pasado, hacia donde se desplaza con facilidad la imaginación nacionalista para recordar la historia de la Cataluña heroica oprimida por España, por Castilla o por Madrid. 1934 ¡Ah, Companys!, 1931 ¡Ah, Maciá! y más atrás, 1714, ¡Ah, Casanova!, aún más atrás, al origen, a tiempos de Ramón Berenguer y antes ¡Ah! Wilfred el Pilós y el escudo con las cuatro barras rojas…

Pero ese recuerdo fabricado de un pasado idealizado olvida, deliberadamente, la aportación de los catalanes a la Cataluña actual y, claro está, a la España de hoy, que fue cualitativamente superior a la aportación de otras regiones cuando se ponían las bases del vigente régimen político; es decir, sucesos de anteayer.   

No vienen al caso los resultados de los refrendos de 1976, de 1978 y 1979, sobre el respaldo popular que tuvieron en Cataluña las reformas, sino el destacado papel que tuvieron algunos dirigentes catalanes en los años de la Transición.

La Comisión Negociadora de la Oposición (o comisión de los Nueve)

Cuando la unidad de las fuerzas de la oposición a la dictadura, que nunca fue  estable ni completa, se tejía costosamente en la clandestinidad, en cenáculos, entre rumores y secretos, algunas personas jugaron un papel importante, que cristalizó no sólo en la fundación de plataformas políticas locales y/o regionales, sino en la fusión de las dos mayores -la Junta de Democrática y la Plataforma de Convergencia Democrática- en la Plataforma de Organizaciones Democráticas (POD, “Platajunta”), de composición políticamente variopinta, con independencia del respaldo social que tuviera detrás cada uno de los grupos que la integraban.

Obedeciendo a este criterio de primar la representación cualitativa sobre la cuantitativa, la POD eligió en diciembre de 1976 a los miembros de la comisión que debía negociar con el gobierno de Suárez las condiciones de la Transición. Las vicisitudes de estos encuentros serían objeto de otro artículo, pues lo que ahora interesa es la composición de esta Comisión Negociadora, que estuvo formada por Felipe González (PSOE), Santiago Carrillo (PCE), Enrique Tierno Galván (PSP), Francisco Fernández Ordóñez (socialdemócratas), Joaquín Satrústegui (liberales), Antón Cañellas (catalanes democristianos), Jordi Pujol (nacionalistas catalanes), Julio Jáuregui (nacionalistas vascos) y Valentín Paz Andrade (nacionalistas gallegos). No figuraba en ella ningún representante de los partidos situados a la izquierda del PCE, que estaban presentes de las plataformas fusionadas.

De los nueve miembros, dos eran catalanes. Lo cual no es una mala proporción.

La Ponencia constitucional

La Ponencia constitucional, formada en julio de 1977, elaboró el borrador del texto de la Constitución que se sometió a discusión en la comisión constitucional del Congreso, luego en el Pleno del Congreso y del Senado y, finalmente, se llevó a la opinión de la ciudadanía de todo el país, en el referéndum del 6 de diciembre de 1978.

La Ponencia estuvo formada por Gabriel Cisneros, Miguel Herrero de Miñón y José Pedro Pérez Llorca (de UCD, que había obtenido el 34% de votos válidos en las elecciones del 15 de junio de ese año), Gregorio Peces Barba (PSOE-PSC; 29% de los votos), Jordi Solé Tura (PCE-PSUC, 9% de los votos), Manuel Fraga (AP, 8% de los votos) y Miquel Roca Junyent (Pacto Democrático de Cataluña  y representaba también al PNV, que sumaban el 5% de los votos).

De los siete miembros que tuvo ponencia, dos eran catalanes. Tampoco es mala la proporción de catalanes entre los llamados “padres de la Constitución”.

El Pacto de la Moncloa

El Pacto de la Moncloa fue el primer acuerdo tomado entre partidos políticos con representación parlamentaria para hacer frente de manera conjunta a la crisis económica. Fue firmado el 25 de octubre de 1977, por Adolfo Suárez, como Presidente del Gobierno, Felipe González por el PSOE, Joan Raventós y Josep María Triginer por el PSC, Manuel Fraga por AP, Enrique Tierno por el PSP, Juan Ajuriaguerra por el PNV, Miguel Roca por PDC, Leopoldo Calvo-Sotelo por UCD y Santiago Carrillo por el PCE.

De las nueve personas que lo firmaron junto al Jefe del Gobierno, tres eran catalanas. 

Así se puede afirmar, que, respecto a la clase política, Cataluña tuvo una representación superior a la de otras regiones en los momentos fundacionales del vigente régimen político; el mismo régimen que la Generalitat quiso abolir en Cataluña, en otoño de 2017, valiéndose de artes que poco tenían que ver con la representación democrática.

40º Aniversario. Críticos con la Carta Magna

Contra la función aglutinante y simbólica de la Constitución y las servidumbres que contiene el discurso del consenso -acuerdos, silencios, omisiones, ambigüedades, obscuridades-, se alza el discurso de los partidos de la izquierda radical, los cuales, habiendo apostado por una drástica ruptura, en muchos casos de tipo revolucionario, con el régimen de Franco, se colocan abierta y claramente contra el proyecto de Constitución, porque a sus ojos representa la culminación del proceso de reformar jurídica y políticamente el Estado franquista.

Estas organizaciones, con un lenguaje más claro y más duro que el del consenso, aunque no exento, claro está, de un marcado tinte ideológico, critican la orientación general de la Carta y señalan las contradicciones y limitaciones que contiene. Destacan el conflicto latente, fruto de ambiciones de muy distinto signo y origen, el enfrentamiento social enterrado por la retórica jurídica, el olvido de unos intereses -amplios y populares- en aras de la prevalencia de otros -estrechos y oligárquicos- recogidos en el texto, las renuncias pactadas y las concesiones realizadas por los grandes partidos de la izquierda -el PCE y el PSOE- enmascaradas bajo la forma de acuerdos.

Según sus críticas, la Constitución arrastraba demasiados lastres del pasado, no atendía las demandas de los trabajadores y las clases populares; reconocía el modo de producción capitalista bajo el eufemismo de economía de mercado; limitaba derechos civiles (sindicación, huelga; funcionarios, mujeres, juventud), restauraba la monarquía; mantenía un poder ejecutivo fuerte y un Estado centralista; concedía al ejército la función de garantizar el orden constitucional y la unidad territorial del Estado; consolidaba la influencia de la Iglesia católica y el patriarcalismo; facilitaba la penetración del capital extranjero en la economía nacional y la tutela militar de Estados Unidos sobre España.

La crítica no se realizaba en nombre de los derechos del ciudadano, sino de los derechos de otro sujeto -el proletariado- y, en otros casos, de los derechos de las clases subalternas que formaban el pueblo revolucionario. 

Estas organizaciones juzgaban periclitada la etapa histórica de dominación social de la burguesía y, como sucedía en otras partes del mundo, otra clase social -el proletariado- debía desplazarla y tomar el relevo en la organización y el gobierno de la sociedad. En España el asunto era más grave por la renuncia de la burguesía a ostentar directamente el poder político y haberlo entregado a Franco, quien, con una dictadura militar (o fascista), había realizado satisfactoriamente esa labor. Por lo tanto, estimaban llegado el momento de que el ciudadano burgués, el sujeto individualista sobre el que descansaba una noción de la sociedad en la que todas las personas gozaban de idénticos derechos, pero estaban separadas por abismales diferencias de renta que les impedían ejercerlos en igual medida, debía dejar paso al proletario, el sujeto portador de valores solidarios y colectivos, sobre los que se debía erigir una nueva sociedad que acabase con la explotación económica de unos seres humanos por otros y repartiera equitativamente la riqueza producida. Por tal razón, uno de los adjetivos más frecuentes que estos grupos aplicaban a la Constitución era el de burguesa; es decir, adecuada a los intereses del ciudadano burgués.

A pesar de estas orientaciones generales, la crítica no fue uniforme ni coincidente en la posición ante el referéndum, pues algunos grupos postularon el boicot o la abstención -AC, MC, OIC, OCE-BR, UML, PCT, POUM, UCE-, otros solicitaron el voto negativo -LCR, PCE (m-l)- y unos terceros -ORT, PTE- acabaron apoyando la Carta Magna.

Los resultados del referéndum del 6 de diciembre mostraron el respaldo otorgado a la Constitución y, con ello, la consolidación de la reforma. No obstante, hubo algunos grupos de la izquierda radical (y sobre todo ETA), que no admitieron la   consolidación del régimen parlamentario o negaron incluso la reforma (nada ha cambiado; es un fascismo coronado) y esperaron verla desbordada por nuevas movilizaciones de las masas o por una intervención militar.  

El debilitamiento de la movilización popular y de la combatividad del movimiento obrero, que se fue trocando en movimiento sindical y después en sindicatos sin movimiento, hicieron inviable la primera posibilidad. El fracaso de la intentona golpista de febrero de 1981 (el tejerazo) fue un claro exponente de la inviabilidad de la segunda. Ambas revelan los reales apoyos sociales con los que contaban tanto la extrema derecha como la extrema izquierda, para la que se abría un escenario poco halagüeño, pues la aprobación de la Constitución en referéndum suponía culminar la reforma del régimen franquista con un amplio respaldo popular y, por lo tanto, el aplazamiento, si no definitivo por lo menos a medio plazo, de cualquier intento tendente a modificar en profundidad el régimen político recién estrenado.

Las elecciones de 1979 ratificaron las tendencias precedentes, pero fueron las elecciones legislativas de 1982 las que probaron, con la llegada al Gobierno de un partido de diferente signo político, que el sistema funcionaba con total normalidad permitiendo la alternancia y que la reforma había sido un éxito.

Los partidos de la izquierda radical, persiguiendo unos sueños revolucionarios que fueron desplazados hacia un futuro lejano, habían ayudado, con el activismo de su esfuerzo militante, a sus adversarios y a sus enemigos a alcanzar los suyos, mucho más modestos pero aplicados a consolidar el régimen democrático burgués recién fundado mediante la rutinaria administración del presente. 

Publicado en El Obrero el 19-XII-2018

40º Aniversario. La función simbólica

El discurso hegemónico sobre la Constitución insiste, sobre todo, en el valor que tiene como símbolo de reconciliación y superación de las secuelas de la guerra civil; como reencuentro, como abrazo sin revancha entre españoles, aunque para ello tenga que recurrir a la ficción de que no hay grandes discrepancias a base de subrayar los acuerdos y omitir la referencia a los asuntos conflictivos. 

Así, a pesar de que, finalmente, la Constitución deviene en el símbolo de la ruptura con el régimen franquista, los ominosos silencios, los rodeos y la ambigüedad que presidieron el discurso del consenso durante el proceso constituyente dejaron entrever que existían asuntos en los cuales no parecía prudente adentrarse, tales como comprobar mediante un referéndum el respaldo popular otorgado a la institución monárquica o a la forma republicana de Estado o someter a consulta las relaciones del Estado español con la Iglesia católica. También se orilló la depuración del aparato judicial, del Ejército, los cuerpos de seguridad y el funcionariado más comprometido con la dictadura, así como la exigencia de responsabilidades políticas o la investigación de las tramas del terrorismo de extrema derecha.

No obstante, a pesar de admitir que perviven situaciones del legado franquista que en aras de la reconciliación tienen que permanecer incuestionadas, estas omisiones, estos espesos silencios dejan constancia de que existen zonas de sombra que deben continuar siendo misterios, pues, como indican Del Aguila y Montoro (1984, 244), al hecho de que los misterios sean secretos se une la necesidad de hacer pública su existencia, pues de otro modo nadie tendría idea de su presencia en la esfera pública.

La larga sombra de los llamados poderes fácticos -en especial el Ejército-, a los cuales no conviene referirse más que vagamente, se cierne sobre todo el período constituyente, de manera que el consenso deviene en lo compartido y en el talante de compartir y, al mismo tiempo, en una especie de conjuro contra el peligro del innombrable “involucionismo”, cuyas temibles reacciones se quieren evitar, aunque, dicho sea de paso y según lo que representó el golpe de opereta del 23-F-1981, tal peligro se exageró, y los llamamientos a la prudencia (a la moderación cívica y laboral ante el “ruido de sables”) para no facilitar la desestabilización de la naciente democracia actuaron como excelente coartada para promover el consenso y recortar las aspiraciones de aquellos que querían llevar más lejos el límite de los cambios.

En consecuencia, en este discurso aparecen el consenso, como un resultado racional del esfuerzo de las partes adversarias por dialogar, sacrificando el interés de clase o de grupo en aras del interés nacional, y la Constitución como el acordado marco de convivencia frente a las opciones violentas, pero también, como señalan Del Aguila y Montoro (1984, 240), como la única alternativa democrática.

La Constitución, en una sociedad contradictoria y con profundas divisiones como la española, más que un voluntario consenso representa un compromiso entre fuerzas políticas que no pueden llevar hasta el final sus propias propuestas, por lo cual se ven constreñidas a optar entre alternativas forzadas. Así, sostienen estos autores, durante la Transición los agentes políticos no se enfrentaban al dilema de democracia o dictadura, sino al de dictadura o de ésta (y no otra) democracia. De ahí surgió el malentendido que atribuye a la Constitución el haber atemperado los conflictos, cosa que ciertamente ha hecho, pero no lo que sucedió realmente: que la Constitución estuvo empujada, ante la amenaza involucionista, a defender esta democracia como forma de convivencia. Por lo cual, según estos autores (ibíd, 241), la Constitución no puede estar por encima del conflicto, sino que es la existencia de éste lo que justifica su función simbólica.

Precisamente contra el discurso que glosa esta función simbólica y sobre los sigilos que conlleva, se alzó el discurso de los partidos de la izquierda radical, que pretendía sacar a la luz pública todo aquello que, por las circunstancias ya señaladas, permanecía enterrado por el silencio o disimulado por la retórica.

Consenso. Solé Tura

Nadie pudo decir que aquella era su Constitución total y absolutamente. Y este es, posiblemente, uno de los mayores éxitos del texto constitucional: todos tuvieron que renunciar a algo importante para conseguir lo más importante de todo, una Constitución de responsabilidad y consenso.

El consenso tuvo en aquellos momentos iniciales mala prensa. La gente no lo entendía o lo confundía con un pasteleo más o menos clásico. Pero yo creo que fue una aportación decisiva a nuestra trayectoria política colectiva.

Para los comunistas la razón fundamental del consenso era doble: por un lado, las enseñanzas de nuestra historia política y constitucional; por otro, las condiciones en que se estaba desarrollando la transición de la dictadura a la democracia…

El Estado español que llegaba hasta nosotros tras la muerte de Franco era un Estado centralista a ultranza, cuyos aparatos e instituciones fundamentales se habían forjado bajo la hegemonía de la derecha más cerrada. En realidad, el Estado español contemporáneo se había forjado bajo las Constituciones conservadoras de 1845 y 1876. Todos los intentos de democratizar y de ampliar las libertades habían sido breves y habían terminado de manera violenta con intervenciones militares, sin tener la posibilidad de democratizar los aparatos del Estado y de consolidar un sistema moderno de partidos políticos.

Pero junto a las enseñanzas de nuestra historia estaban las condiciones en que se llevaba a cabo la transición de la dictadura a la democracia. En 1977, al iniciarse el período constituyente, habían desaparecido algunos aspectos significativos del franquismo, como las Cortes orgánicas, el sindicato vertical, el Movimiento Nacional y el propio general Franco como centro aglutinador de los sectores que dirigían aquel Estado. Pero la mayoría de los principales aparatos del Estado pasaban a la democracia prácticamente intactos y con niveles muy desiguales de aceptar la nueva situación. Me refiero al Ejército, a la Administración, al aparato judicial, a las fuerzas de seguridad y, desde luego, a los poderes autonómicos (sic) públicos y privados.  

J. Solé Tura: “Los comunistas en el proceso constituyente”, en Historia de la Transición (II), fascículo 36, Diario 16, Madrid, 1984.

40º Aniversario de la Constitución. Argumentos

40º Aniversario de la Constitución. Argumentos

Hoy es día de fiesta y procede hablar de las luces de la Constitución. Otro día hablaremos de las sombras, pero hoy reproduzco algunos de los argumentos del discurso de entonces, que fueron, en síntesis, los siguientes:

La Constitución tiene un contenido integrador, pues en su articulado hallan representación todas las sensibilidades sociales y todas las tendencias políticas. No es la Constitución de una parte de la sociedad sobre el resto ni la de un partido sobre los demás, sino la Constitución de todos y para todos. No es una Constitución de derechas ni de izquierdas, y permite, en consecuencia, que partidos de todo el espectro político puedan gobernar.

La Constitución supone la creación de un marco de referencia dentro del cual todas las tendencias políticas pueden discutir y en el que se pueden resolver viejos contenciosos que han marcado trágicamente la historia de España; es decir, un marco que puede acoger a todos aquellos que crean en el diálogo como base de la convivencia.

Quedan, por tanto, al margen de ella aquellas opciones que propugnan la violencia y la intolerancia como formas de expresión política, entre las cuales, el terrorismo y el golpismo involucionista son las más representativas.

La Constitución tiene, también, un sentido médico, referido al armazón anatómico del país: la nueva columna vertebral del cuerpo civil (la España, por fin, vertebrada); el marco legal para resolver pacíficamente los conflictos y desterrar para siempre los antagonismos seculares que han dado lugar a las dos Españas. La Carta Magna es un símbolo de la reconciliación y de la superación de las secuelas de la guerra civil; un reencuentro, un abrazo sin revancha. .

La Constitución es la norma suprema que define para un futuro prolongado las reglas del juego democrático y consagra un modelo de régimen político, en el cual los actos del Gobierno, emanado de la voluntad ciudadana, tienen como límites dichas reglas, y el funcionamiento de los poderes del Estado se halla bajo la supervisión de instituciones representativas y de la vigilancia de la opinión pública.

Con su aprobación en referéndum termina la Transición como un período de interinidad institucional y España entra, tardía pero definitivamente, en la modernidad.

40 Aniversario Constitución. Roca Junyent.

En su singularidad, España ha generado un nuevo modelo: por la reforma hacia la ruptura. Y en este modelo, las Cortes constituyentes eran y deben ser el motor de la ruptura, y la nueva Constitución el documento que la solemnice. Así, la Constitución no debe señalar únicamente el marco fundamental dentro del cual debe desarrollarse el futuro juego político de las Instituciones, sino también poner punto final a toda la era franquista. Y no a través de explicaciones impropias en su preámbulo, sino a través de un articulado que, al proclamar tal o cual derecho, venga a dar respuesta a lo que ha sido la larga lucha reivindicativa de estos últimos cuarenta años.

Este era un punto de partida fundamental. Y  cuando muchas críticas señalan la extensión -excesiva según algunos- del Anteproyecto, hay que tener presente la finalidad, ahora explicada, que perseguían algunos ponentes. Lógicamente, en una reforma constitucional que hoy se contemplase en Estados europeos de democracia consolidada, muchos de los temas que se contemplan en el Anteproyecto podrían ser negligidos, porque una larga práctica los ha constitucionalizado al margen del formalismo de su inclusión o no en el texto constitucional. Pero este no es el caso español y debían tratarse prolijamente, por ejemplo, todas y cada una de las libertades públicas, porque la práctica de su respeto no existía, y aun con un solo reconocimiento lo que perdura es un evidente criterio restrictivo de interpretación (…) Lo importante es definir un texto constitucional que cierre y rompa el esquema franquista abriendo solemnemente un régimen democrático (…) Una Constitución, pues, para la Democracia. Pero en este  planteamiento anida otra problemática mucho más rica y compleja: ¿qué Estado, qué clase de Estado y de Democracia querían definirse? ¿Un estado liberal, una democracia parlamentaria? ¿Un régimen socializante o socializable? ¿Una democracia formal que no alcanzase a las auténticas coordenadas de la vida económica, social y cultural?

Miguel Roca i Junyent: “Una primera aproximación al debate constitucional”, en VV.AA.: La izquierda y la Constitución, Barcelona, Taula de Canvi, 1978, p. 31-32.

40º Aniversario de la Constitución. Solé T.

Sabemos que los trabajadores y las clases populares se juegan mucho en este debate constitucional, puesto que del resultado final del mismo dependerá que la palabra democracia tenga sentido o no para la mayoría del pueblo.

Por eso pretendemos que el debate sobre la Constitución no sea sólo un debate en el seno de las Cortes y aún menos un debate entre especialistas. Queremos que todos los trabajadores, que todos los sectores populares consideren la batalla por una Constitución democrática como algo suyo, como algo que les concierne directamente. Se trata de una batalla política que el pueblo debe ganar.

Con esto no queremos decir que se trate de imponer una Constitución sobre otra. No queremos una Constitución votada únicamente por el 51% del electorado contra el 49% restante. Se trata, por el contrario, de elaborar una Constitución que cuente con el mayor consenso posible, una Constitución que pueda ser votada sin grandes traumas por la gran mayoría del electorado.

Por eso, la Constitución ha de establecer unas reglas del juego practicables por esa gran mayoría. Si la derecha social de este país, apoyándose en la mayoría parlamentaria artificial que ahora tiene, nos quiere colocar una Constitución autoritaria y centralista, en la que las clases populares queden marginadas o tengan que situarse a la defensiva, la batalla política por la Constitución será diferente y podrá alcanzar, incluso, la impugnación de la forma de gobierno que en ella se prevé.

Esta es una cuestión clave. Lo que ahora está en juego es la consolidación de una democracia todavía precaria, de una democracia que se desarrolla en medio de un sistema de aparatos e instituciones que todavía son los de antes. La tarea más progresista, más revolucionaria es conseguir que esa democracia triunfe y se consolide.  

Jordi Solé Tura: Los comunistas y la Constitución, Madrid, Forma Ediciones, 1978, p. 10-11.

40º Aniversario de la Constitución. Peces Barba

“Si tuviese que juzgar telegráficamente el texto elaborado, diría que no es el texto que hubiéramos hecho los socialistas, pero que sí es el mejor texto posible dada la composición de las fuerzas en presencia en el Congreso de los Diputados, reflejada en la ponencia. Creo que es un texto que nos deja a todos un poco descontentos, pero no tan descontentos como para enarbolar como bandera electoral su reforma para las próximas elecciones. El debate posterior modificará el texto, naturalmente, pero no creo que toque profundamente los consensos obtenidos. De todas maneras, estoy seguro de que la discusión en la Comisión y en el Pleno del Congreso y posteriormente en el Senado lo mejorarán.

No creo que se pueda decir que el texto es muy original, porque están presentes en él las soluciones de esas Constituciones ya citadas, más las de la francesa de 1958, que ha entrado por impulso de UCD y de Alianza Popular. Sin embargo, sí señalaría la originalidad del artículo primero, que creo que no tiene precedente y que personalmente enjuicio como muy positivo: <España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, y la igualdad y el respeto al pluralismo político>”.

Gregorio Peces Barba.
VV.AA: La izquierda y la Constitución, Barcelona, Taula de Canvi, 1978.

Constitución, 40 años. Blanco Valdés

“Los nacionalismos contra la Constitución

El texto de 1978 dio lugar a la apertura de un proceso de reforma de la estructura del Estado que supuso una auténtica revolución territorial. Con un único precedente, frustrado por la caída del régimen, durante la II República Española (el denominado Estado integral), el sistema autonómico no sólo se generalizó en el conjunto del país tras los acuerdos políticos de 1981 y 1992, sino que avanzó a una gran velocidad, de modo que la descentralización acabaría dando lugar a la construcción de un verdadera sistema federal. Tal constatación no sólo hace difícil de entender que algunos vean en una supuesta ‘reforma federal’ la solución a los problemas planteados por los nacionalismos vasco y catalán desde el inicio de la descentralización, sino que convierte sobre todo en totalmente incomprensible la propia existencia de una constante reivindicación nacionalista de más autonomía. Las cosas se han desarrollado de modo tan paradójico que, contra todo pronóstico, a medida que avanzaba el autogobierno de Cataluña y del País Vasco se iban haciendo allí más radicales y perentorias y no menos, como habría sido de esperar, las exigencias de sus instituciones respectivas a favor de mayor descentralización.

Tal reivindicación acabaría evolucionando hacia una ruptura radical con el modelo autonómico que dio al País Vasco y a Cataluña un poder político muy superior al que tienen en su manos la mayor parte de las unidades políticas de los Estados federales”.

Roberto L. Blanco Valdés: “Constitución de 1978: ¡Feliz cumpleaños!”, en Claves nº 261, Noviembre/diciembre, 2018.

Constitución. Hace ya 40 años

Ayer se cumplieron cuarenta años de la aprobación del proyecto de Constitución en las Cortes, era el 31 de octubre de 1978.
Con la votación en el Senado y en el Congreso concluía, a falta de la ratificación popular en el referéndum del 6 de diciembre, el proceso constituyente, iniciado en julio de 1977, con la formación de la Comisión Constitucional en el Congreso. 
Tras quince meses de deliberaciones y más de 400 horas de debates, con algunos momentos muy tensos, las cámaras dieron aquel día los siguientes resultados. 
En el Senado, de 248 senadores (9 ausencias), 226 votaron a favor, 5 en contra (Ramón Bajo y Juan María Bandrés, del Grupo Vasco; Fidel Carazo, José María Xirinacs y el almirante Marcial Gamboa, designado por el Rey, del Grupo Mixto). Ocho senadores se abstuvieron (Manuel Irujo, Gregorio Monreal, Juan I. Uría, Ignacio Oregui y Federico Zabala, del Grupo vasco; Rosend Audet, de ERC, y los generales Luis Díez-Alegría y Ángel Salas Larrazábal, de designación real). 
En el Congreso, de 350 diputados (5 ausencias), 325 votaron a favor, 6 en contra (Francisco Letamendía, de EE, y los diputados de AP (hoy PP), Federico Silva Muñoz, Gonzalo Fernández de la Mora, Alberto Jarabo, José Martínez Emperador y Pedro Mendizábal) y 14 se abstuvieron (Licinio de la Fuente, Modesto Piñeiro y Álvaro Lapuerta de AP, Heribert Barrera de ERC, Jesús Aizpún, de UCD, Joaquín Arana y Pedro Morales, del Grupo mixto, y 14 diputados del Grupo Vasco). 
El clima político no había facilitado la labor de los diputados ni favorecido, precisamente, el consenso. El país seguía en recesión y en 1978 se había puesto a prueba el Pacto de la Moncloa, firmado en octubre de 1977, para salir de ella, que incidía negativamente en las condiciones laborales. 
El año empezó con el incendio de la sala Scala, de Barcelona, que produjo la muerte de 4 trabajadores. El siniestro se atribuyó inicialmente a la CNT, en un intento de debilitar su rápido crecimiento en Cataluña. Poco después, y en un atentado similar (una bomba pegada al pecho) al que costó la vida al industrial barcelonés, José María Bultó, otro causaba la muerte del ex alcalde de Barcelona, Joaquín Viola, y de su esposa, y el día 30 de octubre, la víspera de la jornada extraordinaria en las Cortes, una bomba hizo explosión en “El País”, matando a dos trabajadores, en un atentado como el sufrido por la revista satírica “El Papus”, en septiembre del año anterior. 
El año había dejado un gran saldo de muertos por la violencia política de cualquier signo. Entre el 15/6/1977 y el 31/12/1978, es decir, desde que se celebraron las primeras elecciones hasta que se promulgó la Constitución, hubo 85 víctimas mortales, de ellas, 3 fueron militares, 45 miembros de las fuerzas de seguridad y el resto civiles. Del clima que se vivía, da cuenta, por un lado, el consejo de guerra incoado a Albert Boadella, por injurias a las fuerzas armadas en una obra de teatro, y por, otro, las declaraciones de altos mandos del Ejército, la insubordinación del general Atarés ante el vicepresidente del Gobierno, general Gutiérrez Mellado y el descubrimiento de la “operación Galaxia”, unas inofensivas aparentemente charlas de café promovidas por el teniente coronel Antonio Tejero y por el capitán Sáenz Inestrillas, que delataban el ambiente con que se recibían los atentados terroristas en el estamento militar y anunciaba el cuartelazo de febrero de 1981.

1 de noviembre de 2018

Izquierda a la intemperie

Presentación del libro: La izquierda a la intemperie. Dominación, mito y utopía, Madrid, La catarata, 1997.

Saludos. Agradecimientos. Presentación de la mesa.

Antes que nada, es necesaria una aclaración: el libro es una obra colectiva, mi papel de editor es una simple formalidad, porque cada uno de los autores, aquí presentes, ha escrito sobre lo que más le ha interesado, aunque impulsado por inquietudes que son compartidas y bajo el denominador común de hacerlo desde una posición de izquierda, o de izquierdas (en crisis, como delata el título del libro) y de escribir a la intemperie.

El libro reúne una colección de artículos en tono de ensayo, pero sin el carácter serio y académico que se suele atribuir a la palabra ensayo y recurriendo, más bien, a la acepción teatral del ensayo, como acto de probar, de hacer cosas imperfectas a puerta cerrada, casi para nosotros, en un tono de exploración, de tanteo reflexivo y, por tanto, abierto y sincero; sin público, sin votantes, sin cargos orgánicos que disputar, ni más murallas que defender que las propias ideas, que el libro recoge. Son unas reflexiones a la intemperie, sin el paraguas de la doctrina aceptada ni el protector abrigo de la ortodoxia. Son casi unas reflexiones al desnudo, propias de una izquierda en pelota (una izquierda “full monty”). 

Algunas reflexiones son revisiones de viejos presupuestos, pero no tememos que nos llamen “revisionistas”, al menos en mi caso. Revisionista es una palabra que antaño era definitiva para calificar un texto o una conducta, y para alguien acusado de serlo solía ser preludio de consecuencias terribles, pero ese tiempo ya pasó, o al menos para nosotros, los autores del libro, pasó. Por otra parte si hablamos en términos que hagan alguna referencia a la ciencia, carece de sentido sentirse ofendido por eso, pues la ciencia, las ciencias son saberes en permanente revisión.

Pero aclaro que tampoco hablamos de ciencia, no queremos, no quiero, escudarme en la buena prensa de esa palabra solemne, porque, en la tradición de la que venimos -el marxismo o alguna de sus interpretaciones- mucha doctrina y casi diría mucha teología se han presentado amparadas en la legitimidad de ser elaboraciones científicas, cuando lo cierto es que encubrían lo que eran simplemente productos (o subproductos) ideológicos.

Así que dejaremos lo que se ofrece en el libro en simples reflexiones (que no en reflexiones simples), en un conjunto de ideas, que esperamos sean sugerentes, agrupadas en cuatro epígrafes: El capital, El mito, La utopía, La dominación.

Estos cuatro apartados están recorridos por un hilo que enlaza la introspección, la revisión de algunas señas de identidad de la izquierda comunista en el pasado con la proyección o la propuesta de algunas ideas sobre el papel de la izquierda en el futuro. La reflexión sobre unas señas de identidad que se diluyen, de un perfil que pierde nitidez y se hace borroso, hasta unas propuestas, también incipientes, que apuntan al papel que debería desempeñar la izquierda, o las izquierdas, en un futuro, que estimamos debe estar del todo abierto a la acción humana, en particular a aquellos colectivos, convertidos en fuerzas sociales, que, desde nuestro punto de vista, representan los mejores caracteres de lo que entendemos por humanidad.

A grandes rasgos, el hilo conductor del libro enlaza una crítica de la ideología -un refugio para evitar la duda o para encubrir la ausencia de un saber que no se tiene- de la izquierda comunista revolucionaria, de sus elementos, de sus ritos y de sus mitos; una crítica de la utopía, entendida como el refugio de la izquierda en una hipotética sociedad perfecta, que exime de intervenir políticamente sobre el insatisfactorio mundo presente, salvo de manera testimonial para dar fe de las verdades que custodia. Pero a la vez, algunos asertos, y el mismo espíritu del libro, pueden calificarse de utópicos, pues, ante la oleada neoliberal y conservadora que nos vapulea, es una utopía imaginar un mundo no presidido por la presión del dinero, la imparable extensión del mercado y por los dictados del pensamiento único. En esta medida somos tan utópicos como Espartaco, que, en el corazón del imperio romano, concibió una sociedad sin esclavos y pensó que merecía la pena luchar por hacerla realidad.

Así, pues, frente a la utopía de la derecha neoliberal (a ella aludo en el artículo “La adoración del mercado”) -una utopía disfrazada de ciencia económica, de sociología, de lógica matemática o de inexorables leyes sobre la invariable naturaleza humana-, que profetiza el fin de la Historia y el reinado inacabable de un capitalismo cada vez más salvaje, en el libro se apuntan algunas propuestas sobre cómo deberían ser las relaciones sociales en el futuro, no desde el punto de vista de una arcadia feliz, mágicamente instalada, sino desde la perspectiva de que, además de ser un proyecto justo, es necesario construir una sociedad, imperfecta, eso sí, pero menos desigual, injusta e inhumana que la presente.    

Dos de mis artículos -“Identidad política, lenguaje y mito” y “Marxismo y posmodernidad”- están más volcados en reexaminar el pasado que en atender al futuro, y enlazan, de alguna manera, con ideas ya vertidas en El proyecto radical, aunque la intención no es “hacer añicos del pasado”, como dice una estrofa de la Internacional, sino aprender y buscar en el pasado las posibles causas de la penosa situación del presente. Porque parto de la idea de que la izquierda radical, de la izquierda comunista como conjunto, padece los efectos de un fracaso, pues resultó derrotada en toda la línea -en todas las líneas y programas- en su primera gran batalla política después de la guerra civil, que fue la Transición. 
Otro asunto es ver si su esfuerzo por acabar con la dictadura y forzar la ruptura con el franquismo sirvió para algo o para alguien, o no sirvió, pero resultó derrotada en la mayoría de sus propuestas y, sobre todo, en aquellas que pretendían realizar el programa máximo de inmediato. Y aunque que es innegable que su impulso -generoso impulso- tuvo como efecto llevar más lejos el inicialmente moderado proyecto continuista de prolongar la dictadura en un franquismo sin Franco, los que participamos en aquel intento no siempre supimos ver el aporte de nuestro esfuerzo plasmado en unos resultados que entonces nos parecieron frustrantes.

Pues bien, en la búsqueda de las causas de aquella derrota, me he detenido en examinar en papel del lenguaje en la delimitación de sus señas de identidad.

Una parte importante de los elementos que configuran la identidad de un partido político se funda en palabras; un programa o una línea política se pueden considerar un relato, una colección de palabras que configuran una determinada percepción de la realidad y delimitan unos propósitos sobre qué hacer ante ella o sobre ella, esto es, percibir, analizar y actuar en consecuencia. Son palabras que organizan discursos racionales, pero también suscitan emociones, evocaciones y apelaciones que invitan a la acción.      

En el caso de los partidos de la izquierda revolucionaria, muchas palabras utilizadas para dotar de forma y contenido a sus programas eran palabras que habían sido tomadas prestadas -en realidad, todo el lenguaje es “prestado”, desde las partículas más simples hasta la fonética y las reglas de pronunciación y articulación más complejas; es usado de forma individual, pero es de “propiedad” colectiva-; palabras tomadas de otras situaciones históricas, a veces muy alejadas de aquí, en el tiempo y en el espacio, y fruto de circunstancias que poco tenían que ver con el sentido que se les ha atribuido después.. 
Eran palabras con una gloriosa tradición, que un día habían servido para describir una determinada situación social, interpretar una correlación de fuerzas, suscitar adhesiones, despertar entusiasmo o movilizar voluntades, pero que en la España de los años sesenta y setenta ya no poseían socialmente el mismo significado, o no todo el que en origen habían tenido. Eran palabras fetiche, que se invocaban de manera casi ritual para representar en el presente circunstancias del pasado.

La izquierda radical, en tanto que nueva izquierda, heredó, a través de textos y de la transmisión oral, un discurso y un lenguaje, y junto con ello la representación del mundo de quienes lo habían elaborado, pero no heredó el mundo real que había sido representado con aquellas palabras. De este modo, la elaboración de programas utilizando el mismo lenguaje, el lenguaje común de la izquierda, permitió la continuidad de los significantes, lo cual fue muy importante para mantener la liturgia política y los vínculos con la tradición revolucionaria, pero no consiguió que los significados fueran los mismos, aunque, en virtud de una posición reverencial ante la doctrina -el miedo a la heterodoxia-, las palabras clave se conservaron a pesar de que las circunstancias habían cambiado. 
Y es aquí donde, a pesar de la pretensión científica que exhibían como fundamento la mayoría de los programas, las palabras sirvieron para construir mitos, pues no se advertía que mientras el tiempo había pasado y el mundo se había movido, los conceptos habían quedado petrificados, congelados. Surgía entonces el culto a la palabra, al signo, como representación de una situación ideal, pero con un sentido perpetuo. Y de ahí es de donde, pienso, que debemos salir para seguir siendo útiles en el tiempo presente.

Muchas gracias.  

Madrid, 5 de marzo de 1997.

Escuela de Relaciones Laborales