President

Por fin Cataluña tiene President. A los nacionalistas les ha costado cinco meses encontrar una persona que pueda ejercer el cargo. Dado el tiempo transcurrido desde las elecciones y los ardides seudolegales empleados para intentar colocar en la Generalitat a un presidente huido de la justicia y que además reside en el extranjero, Joaquim Torra parece el candidato más presentable que tienen a mano, pues ha concitado también el apoyo, indirecto y calculado pero eficaz para el objetivo perseguido, de la CUP; esa extravagante fuerza de ultraizquierda, que desde que comenzó el “Procés” apoya sin desmayo a la derecha radical, racista y clerical catalana.

En la toma de posesión, los nacionalistas han desestimado el protocolo habitual para seguir el guion vodevilesco con el que intentan demostrar a cada paso que son diferentes y que Cataluña no es España.

Han renunciado al salón de plenos, a los discursos de rigor y al ritual traspaso de poderes, pues la ceremonia ha tenido lugar en una sala presidida por una imagen de la Virgen de Montserrat, con la asistencia de una docena de personas de las más allegadas. No asistieron los anteriores presidentes, ni los grupos parlamentarios, ni hubo periodistas independientes o no afines, ni tampoco representantes del Gobierno central, ya que Torra exigió la presencia de una persona con rango inferior al de ministro. Condición que fue rechazada.

Así, pues, desprovisto de cualquier solemnidad, en aras de la “sencillez”, de la brevedad -apenas cinco minutos- y de la eficacia -no hay que perder un minuto en bobadas, mientras espera la República-, Torra tomó posesión del cargo de presidente autonómico sin acatar la Constitución y prometiendo fidelidad al pueblo de Cataluña, cualquiera que sea éste, en cantidad y en cualidad, en el imaginario del “molt Honorable”, porque el partido más votado fue Ciudadanos, dirigido por una txarnega y además guapa, aunque sus ancestros procedan de la degradada raza semítica del sur de la península. Lo cual representa una afrenta a la supremacía catalana, que es uno de los ejes del furibundo ideario del nuevo President. 

Concluido el acto, lejos de la ansiada normalidad que tantos ciudadanos desean, en Cataluña sigue reinando el esperpento con un nuevo presidente calificado de provisional por el anterior, que es quien lo ha designado, y degradado por él mismo cuando considera a Puigdemont el “legítimo President”, con lo cual sólo cabe concluir que Torra se considera un presidente “ilegítimo” en este régimen bicéfalo, que establece un mando en Germania y otro en la Marca Hispánica, subordinado al primero, como en tiempos de Carlomagno. Puede que esté ahí la explicación de la brevedad y el tono de trámite burocrático que tuvo la ceremonia.

De este modo, Torra da por bueno el argumento de Puigdemont de no reconocer el resultado de las elecciones de diciembre de 2017, efectuadas al amparo del artículo 155 de la Constitución. Pero, desde el momento en que Puigdemont y su partido concurrieron a los comicios, legitimaron la convocatoria electoral y recibieron su legitimidad política del resultado de las urnas.

Puigdemont no está perseguido por la ley por concurrir a unas elecciones, ni por haber defendido la independencia ni por opinar a favor de la secesión de Cataluña, sino por haber preparado concienzudamente el camino sin tener competencias para ello y por intentar llevarla a cabo, desoyendo de manera reiterada los llamamientos del Tribunal Constitucional para que no lo hiciera, que es en lo que disienten los nacionalistas y algunos juristas, que parecen inclinarse por la indulgencia: lo intentó pero no lo consiguió, así que no ha pasado nada.

Quim Torra, President provisional designado por el Ausente, ha afirmado que gobernará para todos los catalanes. No es mal deseo, pero teniendo en cuenta su labor en Omnium Cultural y como comisario del Born, y conociendo cómo piensa y cómo siente, es de temer que la supremacía racial, proclamada en decenas de sus artículos, se convierta en la doctrina de Estado que guíe su mandato y configure el armazón ideológico y político de la futura República.

La verdad es que da un poco de vértigo, pero no hay que desesperar, sino esperar y ver. Torras más altas han caído.

La cabeza de la serpiente

El día claro es el que hace salir a la víbora, y eso requiere andar con cuidado (…) Así pues, hay que considerarle como un huevo de serpiente, que, si se incuba, será tan dañino como todos los de su especie, por eso hay que matarle en el cascarón.

(Shakespeare: Bruto, en Julio César, acto II).

En Cataluña, uno tras otro, los tópicos nacionalistas van cayendo, desmentidos por la realidad. Uno de ellos, básico, ha sido afirmar que el nacionalismo catalán, a diferencia del vasco, no es un nacionalismo étnico sino cívico, pues no tiene una base biológica sino política y cultural. Una formulación más del repertorio de tópicos de la mitología catalanista, basada en la sublimación del “seny”, de la cordura y la sensatez, como filosofía de la vida y como un rasgo del buen talante de gente democrática y laboriosa, predispuesta al comercio y al diálogo fructífero antes que al enfrentamiento. Palabras.

Retórica, que, para mucha gente de dentro y de fuera de Cataluña, se pudo mantener mientras crecía el embrión de la serpiente.

En 1977, el cineasta sueco Ingmar Bergman dirigió la película “El huevo de la serpiente”, título seguramente sugerido por la tragedia de Shakespeare, el cual quizá tomó la idea de Plinio el Viejo, quién como cónsul o procónsul romano en Germania pudo tener contacto con los mitos bárbaros de la región, entre los cuales la serpiente jugaba, al parecer, un papel importante. Quizá fuese así, y no sería extraño que ETA, que siempre quiso legitimarse como heredera de un pueblo milenario, fuera partícipe de una idea similar al adoptar como emblema el hacha y la culebra.  

El caso es que en la película de Bergman, situada en Alemania, en los años de gestación del movimiento nacional socialista, uno de los personajes indica que la fina membrana del huevo permite ver como dentro se agita, vivo, el reptil.

Desde entonces, el huevo de la serpiente se ha usado como una metáfora del fascismo en ascenso, del fascismo embrionario, con el cual hay que acabar antes de que se desarrolle y acabe mordiendo. Ese es el sentido en que Bruto, en la tragedia de Shakespeare, utiliza la metáfora para justificar el asesinato de Julio César antes de que llegue a ser rey, pues una vez que lo sea habrá acabado con la República, a la que Bruto y los otros conjurados en el crimen defienden.

En Cataluña, el huevo de la serpiente se ha incubado durante décadas a base de quejas y de victimismo, de continuas exigencias al gobierno central, de sugerir la idea de que la Generalitat es una institución propia y no una parte del Estado español; de adoctrinar en las aulas, de tergiversar los hechos y de amañar la historia para hacerla coincidir con el relato de que existe una ofensiva de España contra Cataluña, un conflicto de siglos que debe ser resuelto aceptando el plan de los nacionalistas. Y resultado, también, de grandes dosis de propaganda, de trampas semánticas y de frases simples que encierran aparentes e incontrovertibles verdades para soliviantar a una parte de la población poco informada u educada desde hace tiempo en las verdades del barquero del nacionalismo, y dirigirla contra sus propios vecinos, con el fin de extraer de tal división de Cataluña la ciudadanía combativa que precisa el proyecto independentista.

La membrana de la retórica nacionalista no era totalmente opaca, pues permitía ver que el bicho que había en su interior estaba vivo. Había quien lo negaba, quien no miraba y quien miraba y no lo veía, pero allí estaba el reptil, se movía y crecía.

Bien, ya ha sacado la cabeza. El peor pronóstico se ha cumplido y ha llegado al Govern de Cataluña un digno representante de tales ideas.

Dejando aparte sus comentarios en las redes -los “tuits”- que, por su brevedad y la prisa con que pueden haber sido escritos no se deben considerar una fiel expresión de sus ideas, los artículos de Quim Torra, que se suponen meditados antes de redactarse, dejan pocas dudas respecto a su ideología.

Torra es un admirador de Estat Catalá, una organización separatista y fascista de los años treinta del siglo pasado, que tenía sus propias milicias armadas, y de los hermanos Badía. Uno de ellos, Miquel, participó en un atentado frustrado contra Alfonso XIII, fue Secretario de Orden Público de la Generalitat, organizó a los escamots, un grupo paramilitar, y obtuvo (mala) fama como perseguidor de los anarquistas, en particular de la FAI, que finalmente acabó con su vida y la de su hermano, en abril de 1936.

Pero Torra no es sólo un admirador de personajes y sucesos del pasado, sino que es un doctrinario de los peores componentes del nacionalismo coetáneo. En uno de sus artículos escritos durante el “procés”, calificaba de bestias, de hienas, de víboras y carroñeros a los españoles y, claro, a los catalanes que rechazan su excluyente proyecto político, a los que atribuye un odio a Cataluña insertado en el ADN.

Se supone que Puigdemont, que es quien ha designado a Torra como candidato a presidir el gobierno catalán, que quienes han aceptado tal designación y lo han propuesto en el Parlament y quienes le han votado comparten el supuesto de que es la persona más adecuada para representar el programa independentista y el unilateral camino para hacerlo realidad, y que, además, es quien mejor expresa los valores y los mitos que lo animan, aunque hagan de él un gobernante que puede estar más cerca de un “duce” o un “conducator”, que de un presidente democrático.

Así, pues, los nacionalistas han decidido ahora dar a conocer sus intenciones con toda claridad. Se acabaron las metáforas y los eufemismos con que han venido disfrazando sus pretensiones durante décadas.

Torra ha dejado meridianamente claro que la supremacía catalana no es una opción política, no responde al deseo de dividir a la ciudadanía de Cataluña, ni de menospreciar a los llegados de fuera; que no es fruto de la caprichosa voluntad de los nacionalistas, sino una consecuencia de las desigualdades que la naturaleza establece entre los seres humanos, una cuestión de raza, de ADN, de morfología, de complexión anatómica -franca o danesa, según convenga, pero siempre nórdica, no sureña (semítica)-; un efecto de la excelente capacidad cerebral y de la fortaleza espiritual catalana. 
Simplemente, hay que admitir que los catalanes son superiores al resto de los españoles, porque la naturaleza, y Dios para algunos, así lo han querido. Son, entonces, una raza de señores, que han nacido para mandar sobre los españoles, miembros de una raza inferior, que han nacido para obedecer. Es lo que hay.

Joaquim Torra ha venido a respaldar lo que ya estaba anunciado por forjadores del catalanismo como Pompeu Gener, el doctor Robert, Bosch-Gimpera, Martí i Juliá o Prat de la Riba. Es decir, a poner de actualidad viejas ideas antropológicas, organicistas y raciales, propias de la mentalidad colonial del siglo XIX, para que sirvan de fuente de inspiración en el proceso de alumbrar un país nuevo en el siglo XXI.

Este es el proyecto que Puigdemont, a través de un servicial funcionario que actúa como presidente provisional, ha propuesto a los catalanes para un futuro más bien oscuro.    

Estrategia de CiU y ERC

Cargar las culpas del auge del nacionalismo sobre el PSOE y el PSC me parece osado; tienen su responsabilidad, claro, pero el mérito del ascenso del nacionalismo en Cataluña corresponde sobre todo a los nacionalistas, a CiU y a ERC, que son los que han llevado la voz cantante y dirigen el proceso. Y antes que Maragall y que Zapatero hay que acordarse de la Declaración de Barcelona, en julio de 1998, que rompía con el modelo autonómico. Fue firmada por Jordi Pujol (CiU), Xose Manuel Beiras (BNG) y Xabier Arzalluz (PNV), en la que proponían abordar, mediante el diálogo, la articulación plurinacional del Estado español, en una Europa que apuntaba a vertebrarse respetando los derechos de los pueblos y culturas que la integran. Y hay que acordarse del pacto secreto del PNV con ETA, en agosto de ese año, que es el precedente del Pacto de Estella, en septiembre de 1998, que culminará en el Plan Ibarretxe (2003-2005). Vista así, la cosa tiene otro aspecto y es la ofensiva concertada de los nacionalistas, con el apoyo de ETA, entonces en tregua, para empezar a terminar con el estado autonómico

Forcadell

Esta señora, que lleva años arengando a la gente con discursos inflamables, denunciando al "enemigo" de Cataluña, manipulando al Parlament desde su cargo de Presidenta de la Mesa para hacer tragar a la oposición las carretas de unas leyes que son ilegales desde su misma tramitación, que ha inducido a miles de personas a salir a la calle a saltarse la ley, ahora va y dice que la meta de un proceso de 5 años de movilización callejera y desafío institucional (y 30 años de incubación), que era proclamar la independencia de Cataluña, es una declaración simbólica sin efectos jurídicos. 
¿No se daba cuenta en todo este tiempo de lo que hacía? ¿No se lo habían advertido los mismos abogados del Parlament? ¿No ha leído nada más, aparte de la panfletaria literatura de su partido? ¿No ha visto ni oído algo más que TV3? ¿No se ha enterado de los reiterados mensajes de la Unión Europea contrarios a la secesión? 
Y ahora ¿qué? ¿Le parece suficiente disculpa decir que acepta el artículo 155 para evitar ir a la cárcel? 
¿Y las consecuencias económicas y sociales de todo este desastre, quién las pagará? ¿Ella? ¿Ella, que se escabulle?

Robados pero contentos

En Cataluña, la insólita operación conocida como el “procés” ha generado un hecho muy insólito, en una cadena de sucesos ya insólitos: Mas, Puigdemont, Junqueras, Forcadell y compañía, que representan a la derecha nacional catalana, han robado a las izquierdas en general y a Podemos y En Común, en particular, su bien más preciado, que era el movimiento de protesta social surgido del 15-M, pues han frenado la indignación popular, dirigida al principio contra los recortes, la austeridad, la privatización de bienes públicos y la corrupción del Govern, y han logrado reorientarla como protesta nacional y conducirla contra el Gobierno central, identificado falazmente con el Estado español y aun con España.

Pero no acaba ahí el mérito de los nacionalistas, pues han conseguido algo más difícil todavía, como es implicar en sus maniobras para lograr la independencia a los partidos a los que han desposeído de su capital político.

Debería mover a reflexión, la (presunta) utilidad de unas izquierdas a las que les roban la cartera y se solidarizan, encima, con los ladrones.     

¿Cómo hemos llegado a esto?

Al examinar la grave situación política en Cataluña, mucha gente se pregunta, con razón y preocupación, cómo hemos llegado hasta aquí. Y la respuesta es sencilla: hemos llegado hasta aquí porque, de modo consciente o inconsciente, hemos seguido el camino más adecuado para llegar hasta aquí.

Hemos alcanzado esta situación porque los medios que, por acción u omisión, han utilizado los actores políticos implicados en este proceso, han conducido paso a paso, durante décadas, a este fin, que no es, en principio, el preferido por cada uno de ellos en particular, pero es el resultado general de las acciones (o inacciones) de todos; algo así como el producto de una suma de vectores.

Agrupando las fuerzas en liza en grandes tendencias, los actores han sido tres: los partidos nacionalistas, operando como fuerzas centrífugas, por un lado; los partidos no nacionalistas (o españolistas), en particular los dos grandes partidos -PSOE y PP- actuando como fuerza centrípeta desde el Gobierno central, por otro, y finalmente, la izquierda (las izquierdas) como tercer actor, sin una estrategia clara ante la presión nacionalista, cuya causa se ha convertido en motivo de controversia en todo el país y, desde luego, de conflicto en todos los partidos y, particularmente, en los partidos de la izquierda.

El actor más consecuente o, mejor dicho, él único actor consecuente con sus fines ha sido el bloque nacionalista, cuya táctica, aún con errores y divisiones, ha estado subordinada a su fin estratégico, que es alcanzar la independencia. La lógica de exigir siempre más en las negociaciones con el gobierno central ha ido aproximando a los nacionalistas al objetivo final, al programa máximo, a la secesión, devenida en permanente amenaza a la hora de negociar y, llegado el momento oportuno, en el paso inexcusable y decisivo. Ya sucedió, en 2004, con el plan del lendakari Ibarretxe de convertir Euskadi en un estado independiente asociado a España. Fracasó, pero se intentó.

Y esto ha estado claro para los nacionalistas catalanes más radicales durante  los tiempos de la Transición -hoy paciencia, mañana independencia- y, sobre todo, desde que Pujol llegó a la presidencia de la Generalitat, cuando comenzó un permanente tira y afloja con el Gobierno central. En parte explicable por la resistencia del Gobierno a ceder parcelas del poder del Estado en favor de una descentralización y por la prisa de los partidos nacionalistas en asumir más competencias.

En los treinta años de gobierno nacionalista (CiU), el resultado de tales tensiones ha sido, por un lado, la pérdida de presencia pública del Estado español en Cataluña, al haber logrado los nacionalistas transmitir a los ciudadanos la idea de que la Generalitat no es parte del Estado español sino un poder casi soberano emanado de la ciudadanía catalana, cuya función es oponerse al Estado antes que representarlo. Tendencia comenzada en los mandatos de Jordi Pujol (1980-2003) y acelerada, tras el Gobierno Tripartido (2006-2010), por Artur Mas y Carles Puigdemont, que es donde estamos ahora.

Por otro lado, gracias a la ley electoral, que concede a los partidos nacionalistas una desproporcionada representación parlamentaria en relación con el número de votantes que les respaldan, los partidos nacionalistas catalanes y también los vascos se han convertido en imprescindibles apoyos del PSOE y del PP cuando estos no han obtenido mayoría absoluta en las elecciones generales, pactando con uno u otro, cobrando el favor, según lo aconsejara la coyuntura y deviniendo, por tanto, en árbitros de la situación. Circunstancia que los nacionalistas suelen olvidar en sus quejas.

Desde el final de la Transición y durante casi cuarenta años, en España no se ha dejado de percibir el esfuerzo constante de los nacionalistas catalanes (y de los vascos) para hacerse oír. Un bien propagado victimismo ha unido una queja continua a la exigencia de satisfacer pasadas afrentas, como si el resto del país e incluso una parte de la población de los territorios gobernados por ellos hubiera contraído una deuda histórica imposible de pagar. De ahí vendría la permanente reclamación de más gobierno y mejor financiación y el sentimiento de padecer un continuo agravio si tales demandas no eran atendidas.

Durante décadas, los nacionalistas catalanes y vascos han podido imponer su voz en la opinión pública sobre otros colectivos más numerosos, al lograr que buena parte de los debates nacionales y los temas preferentes en los medios de información hayan girado en torno a los intereses de una minoría, pero de una minoría estruendosa.

La disposición contraria ha presidido los actos del Gobierno central, quien quiera que haya sido el inquilino de la Moncloa, pues, desde el punto de vista ideológico, la actuación ha sido ideológicamente pacata y con frecuencia políticamente tosca, aunque ha atendido, claro está, hasta derrotarla, la manifestación más fanática del nacionalismo vasco, como ha sido el terrorismo, fenómeno que ha condicionado las respuestas políticas y sociales al nacionalismo en general. Pero, en lo referente al discurso nacionalista, a lo que ahora se llama el “relato” de los hechos, lo que ha existido es la apelación al diálogo y a respetar la ley y las normas de la democracia, pero ha faltado la respuesta a los argumentos más pertinaces de los partidos nacionalistas, a las últimas y más profundas razones para justificar la secesión, tanto desde el punto de vista de la situación actual como desde una perspectiva histórica notoriamente falseada.

En no pocas ocasiones, ha dado la impresión de ser un Estado acomplejado ante la inculpación de centralismo, cuando hemos asistido a una descentralización acusada y a la pérdida de soberanía estatal en beneficio de los gobiernos autonómicos y de la Unión Europea, aspecto en el que Estado español ha reducido su poderío en fuerzas y competencias en favor de terceros.

En otras ocasiones ha parecido que, preso de una visión a corto plazo, el Estado central se conformaba con hacer concesiones para ir calmando las demandas de los partidos nacionalistas, demandas que por la propia naturaleza del nacionalismo son difíciles de colmar. Y en otros casos ha actuado con tosquedad y con brutalidad.

En los últimos diez años, a las dudas del PSOE (y de sus baronías) ante el incremento de la pulsión nacionalista en Cataluña, se han sumado dos tácticas, las dos igual de equivocadas, del Partido Popular.

La primera, estando en la oposición y como un factor de desgaste del gobierno de Zapatero. Cuando el Govern tripartit acometía, entre grandes tensiones, la elaboración del Estatut, el Partido Popular incentivó el sentimiento nacionalista al desatar una campaña no sólo contra CiU y ERC (y el PSC), sino claramente anticatalana. Después, finiquitado el Govern en 2010 y con CiU de nuevo en la Generalitat, la posición del Partido Popular fue la contraria. Habiendo llegado al  Gobierno central en diciembre de 2011, recibió el apoyo de CiU en el Congreso para sacar adelante las drásticas medidas de austeridad contra la crisis y, a su vez, prestó apoyo a CiU en el Parlament, y desde 2012 ignoró desdeñosamente lo que estaba sucediendo en Cataluña, a pesar de los claros avisos, incluso desde Unió Democrática de Catalunya, sobre lo que se preparaba, como si el Gobierno (y el Partido) hubiera sido atacado por el virus de un liberalismo suicida, que, en este tema, cuando CiU se había colocado, según Artur Mas, en “rumbo de colisión”, le aconsejara “dejar hacer, dejar pasar”. Pero, en política, dejar hacer es dejar la iniciativa a otros y además sancionarla con el silencio, porque no actuar también es decidir, y no actuar es ceder y conceder.

El último factor es la defección del tercer actor, las izquierdas, que han concedido a los partidos nacionalistas un plus de legitimidad en sus proyectos.

El caso viene de atrás, de los tiempos de la Transición, cuando las izquierdas de diversas tendencias decidieron asumir el derecho de autodeterminación y con él la parte fundamental de los programas nacionalistas hasta quedar subsumidas por ellos. Pero este tema, que es largo y complicado, queda para otro día.  

25 de octubre de 2017

Otra broma

Good morning, Spain, que es different (and Catalonia too much)

Cataluña ha tenido buenos humoristas, no en vano ha sido cuna de geniales dibujantes y estupendos guionistas de historietas que han generado durante décadas un mundo divertido para entretenimiento de chicos y grandes, pero era difícil pensar que pudieran ser superados en ingenio por unos aficionados como los promotores del “procés”. ¡Qué derroche de imaginación hubo ayer en el Parlament! ¡Gracia a raudales! Ni un redivivo “Papus” les aventajaría en humor político.

Porque no se puede negar que la verbal declaración de independencia -euforia de sus fans-, seguida de su inmediata suspensión -estupor de sus fans- en espera de abrir una negociación con el Gobierno -decepción de sus fans-, es digna de figurar entre los mejores “inventos del TBO”.

En lenguaje taurino, fue un pase natural de Puigdemont en traje de luces, para dar salida al “embolao”, pero, para la CUP fue un derechazo, que en el mismo lenguaje así se llama a la misma suerte, y a la vez fue un desplante ante el respetable público -olé, maestro- que llenaba la plaza y la calle, tras lo cual, el primer espada y la cuadrilla volvieron al burladero a firmar, con mucha pompa y ceremonia, lo que no se atrevieron a votar en la cámara, con lo cual quedaba proclamada y suspendida “ipso facto” la nueva República de Cataluña en un documento casi solemne, que no es otra cosa que un manifiesto político dirigido al orbe o un brindis al sol.

No sorprende que los radicales de la CUP, que habían quedado como Juan Charrasqueado, dijeran que el maestro se había “rajao” como Jalisco, ni que la bien orquestada ceremonia de la confusión tuviera efectos inmediatos en las propias filas, pues alguno de los prebostes del “procés” dijo anoche que ya estaban en la república. Vale.   

Después de cinco años de esperar que el rumbo de colisión marcado por Artur Mas topara, al fin, con un obstáculo, no se produjo la colisión. No hubo choque de trenes, sino que el maquinista y sus fogoneros se apearon del tren y esperan la mediación de los guardagujas para trata de hallar, mediante el diálogo, una vía, legal y pactada, hacia un destino incierto pero más seguro, que les evite perder acaudalados viajeros por el camino.

Sólo queda esperar a ver qué sale del tan esperado diálogo, pero para dialogar hacen falta interlocutores reconocidos y, en nombre de qué y de quiénes puede dialogar Puigdemont, si en el día de hoy, horas después del acto no se sabe lo que es y lo que representa. ¿Es Presidente del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña? ¿O es el Presidente, suponemos que interino, de la “non nata ma proclamata” nueva república catalana? ¿Es las dos cosas o tal vez ninguna y se encuentra suspendido en una dimensión extralegal, que merece ser explicada por una nueva teoría del derecho?

Porque la legalidad del Estatut derogada, abolida, arrinconada o reemplazada por la Ley de Transitoriedad, suspendida por el Tribunal Constitucional, y la legitimidad del refrendo, votado sin garantías, es nula, no sólo por el azaroso procedimiento para votar y contar los votos, sino porque estaba expresamente prohibido por la judicatura y la ley que lo amparaba suspendida por el Tribunal Constitucional.

Por lo tanto, ¿a quién representan ahora Puigdemont y los 72 firmantes del manifiesto secesionista?

Los únicos datos fiables, obtenidos con garantías democráticas, proceden de las últimas elecciones autonómicas, calificadas por ellos de “plebiscitarias”, y esa consulta ofrece resultados inapelables: 72 diputados claramente favorables a la secesión, una mayoría no cualificada que representa al 48% de los votos válidos y al 35% del censo. Y esos son los datos que los independentistas han querido soslayar a base de manifestaciones en la calle y trampas y bromas como la de ayer en el Parlament.

Sencillamente, no son serios, pero el asunto es muy serio: se lo han dicho los diputados catalanes de la oposición, se lo dijeron el domingo cientos de miles de ciudadanos catalanes en la calle y se lo están diciendo empresarios y banqueros catalanes trasladando sus catalanas empresas fuera de Cataluña.    
Hay que esperar a ver qué hace don Tancredo en la plaza de Madrid.

Argumento circular

Con el paso de los años, los músculos de la cara pierden parte de su función y se descuelgan incapaces de contraerse para mostrar sorpresa o estupor. Por eso, ante las declaraciones en la SER, de Marta Pascal, coordinadora general del PDcat, no puedo mostrar sorpresa sino constatar un cinismo persistente al escuchar cómo una y otra vez repite el razonamiento circular de que están obligados a proclamar la independencia por un mandato emanado de los resultados del referéndum del 1 de octubre.

Veamos el desarrollo en el tiempo de este “razonamiento”: primero se decide declarar la independencia y se convocan unas elecciones plebiscitarias, que se pierden pero no importa, luego viene la promesa de hacerlo pronto, se acelera la presión social y se advierte al Gobierno de que no se va a respetar la ley, con lo cual la Generalitat se constituye en institución soberana (rebelde), después se preparan, en secreto, las leyes que deben dar apariencia legal a ese empeño; vulnerando las normas del propio Estatut se aprueban con prisa y sin garantías las leyes del referéndum y de Transitoriedad, embrión de la futura constitución, que son suspendidas por el Tribunal Constitucional, pero no importa. Después se intenta celebrar un referéndum sin ninguna garantía, que, además de ilegal,  resulta fallido, pero tampoco importa, y finalmente, se insiste en declarar la independencia según el mandato salido de este refrendo ficticio.

O sea, hacemos lo que queremos; hemos decidido declarar la independencia y lo vamos a hacer como sea, sin importar los medios; porque sí.      

La crisis y el giro de Artur Mas

La crisis financiera y la recesión económica subsiguiente ha sido uno de los motores fundamentales para llegar a esta situación, porque ha alimentado la desafección ciudadana respecto a los gobiernos. Desafección que ya estaba incubada por la extendida corrupción en las élites políticas y económicas del país (de España y de Cataluña), por la manipulación de las instituciones en el juego político y por el envejecimiento del régimen expresado en el alejamiento de los partidos políticos respecto a la gente, en el escaso vigor de la vida parlamentaria, oscilante entre la atonía y la crispación, en la erosión del sistema bipartidista y en la crisis en la propia Casa Real.

Con la crisis, la gente no supo lo que se le venía encima, pues, de repente, en una situación de bonanza económica que parecía eterna, estalló la burbuja inmobiliaria que produjo la gran recesión económica, seguida de los recortes de fondos públicos ordenados por la funesta “troika” (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) y aplicados con diligencia por el Govern de Artur Mas, que fueron los primeros y más drásticos de España.

Las medidas de austeridad provocaron indignación y la movilización ciudadana, en particular entre los jóvenes, alentados por los ecos del 15-M. Llegaron las concentraciones, las sentadas, las pintadas, la acampada en la plaza de Cataluña y el cerco al Parlament, a donde el Govern tuvo que llegar en helicóptero y los diputados salir en furgonetas de los mossos. Actos con un contenido de clase que gustaron muy poco a los nacionalistas. Carod Rovira  consideró que los acampados actuaban como españoles, no como catalanes, y les invitó a irse a orinar a España.

Junto al interés por rechazar la propia responsabilidad en la gestión del sistema económico que había reventado y en aplicar las medidas de austeridad de la “troika”, hubo otro importante factor que explica el giro político de Artur Mas en 2012, que fue la corrupción. Los casos Palau, Pretoria, Adigsa, la red de comisiones del 3% y otra docena larga de casos, a los que luego se sumarían  el caso ITV, de Oriol Pujol, la fortuna en el extranjero del ex honorable y las andanzas de otros de sus hijos en negocios realizados al amparo de la Generalitat, inclinaron a Mas a dar un drástico giro y acelerar el plan de renacionalización de Cataluña sugerido por Jordi Pujol en 1990.

En 2012, Mas decidió alejarse del Partido Popular, que había sido su apoyo en el Parlament y al que había apoyado en Congreso. Rajoy dejó de ser un aliado y se convirtió en un necesario enemigo de Cataluña, para poder rebotar hacia él y hacia España la responsabilidad por las medidas de austeridad ordenadas por la “troika” y aplicadas servilmente por el Govern desde 2010. De este modo, Mas pensaba desviar la indignación popular hacia un tercero, que no estaba en Cataluña, y que se había acreditado como un notorio centralista ante el nuevo Estatut. El éxito de esta operación residía en acentuar el impulso nacionalista antiespañol aprovechando el malestar suscitado por la crisis y el enfado por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut.

Larga estancia en la Generalitat

Para entender lo ocurrido en Cataluña no basta con fijarse, claro está, en los sucesos, en particular en los más recientes o en los acaecidos en los dos últimos años, bajo la presidencia de Puigdemont, que siendo importantes representan sólo la culminación de un proceso largo en el tiempo.

Uno de los factores que ayudan a explicar mejor lo ocurrido es la dilatada permanencia del principal partido de la derecha catalanista al frente de la Generalitat.

Jordi Pujol (CiU) fue presidente de la Generalitat desde 1980 hasta 2003. Pascual Maragall (PSC) presidió el Gobierno tripartido (PSC, ERC, ICV-EUiA) entre 2003 y 2006, año en que fue relevado por José Montilla (PSC), que permaneció hasta 2010, cuando CiU recuperó el Govern con Artur Mas, que se mantuvo hasta 2016, relevado por Carles Puigdemont. 

Es decir, de los 37 años transcurridos entre 1980 y 2017, la derecha hegemónica ha gobernado 30 años; sólo ha dejado de gobernar durante los siete años del Govern Tripartit, que estuvo sometido a la presión nacionalista de ERC desde dentro y de CiU desde fuera.

Esta prolongada estancia en las instituciones ha permitido planificar la política a largo plazo, y una de las orientaciones más persistentes ha sido ir dando forma a la sociedad catalana según el ideario nacionalista a través de la enseñanza y del control de los medios de información públicos pero también privados, hasta configurar un régimen de propaganda que en los últimos años ha condenado al silencio cualquier opinión discrepante y ha hecho del nacionalismo el único pensamiento culturalmente posible y el único sentimiento de lealtad política públicamente aceptable.

La persistencia de esta presión a lo largo del tiempo explica en buena parte el aumento de la desafección hacia España. En 1997, el 11% de los ciudadanos catalanes se sentía sólo miembro de su comunidad autónoma. En 2007 este sentir había subido al 17,5%, y un 21% era favorable a reconocer la posibilidad de ser un país independiente. En septiembre del 2015, el sentimiento de pertenencia exclusiva era del 22% y un 46% estaba defendía la posibilidad de que Cataluña fuera un país aparte. En las elecciones llamadas “plebiscitarias” (27/9/2015), los partidos independentistas obtuvieron el 48% de los votos válidos.

Premiados por la ley electoral con una desproporcionada representación parlamentaria, los partidos nacionalistas han mantenido, por un lado, el doble juego de “apoyo al gobierno y distancia al Estado”, es decir, ofrecer un apoyo condicionado al Gobierno central, fuere del PSOE o del PP, y al mismo tiempo guardar distancia respecto al Estado español; una distancia más aparente que real, pues las instituciones políticas catalanas forman parte de él, pero el ardid ha dado como resultado que muchos catalanes estimen la Generalitat como una institución propia, opuesta al (oprobioso) Estado español.

Por otro lado, han mantenido un oportuno victimismo, que ha sido el pretexto para tensar siempre la cuerda con nuevas e insaciables demandas, hasta hoy, en que parece que se han acabado, porque han decidido tomar por su cuenta lo que creen que les pertenece.

Mal, muy mal

Por aludir solamente a lo más reciente y, en definitiva a lo accidental, mal, muy mal me parece lo sucedido el pasado domingo. Mal por todas partes.

Mal por parte de la Generalitat, al mantener la convocatoria de un referéndum que estaba prohibido, que el 61% de los ciudadanos admite como no válido, y al animar a la gente participar. Mal por parte de quienes se pusieron de perfil para participar en lo que llamaron una “movilización”. Y mal, muy mal, por parte del Gobierno, al utilizar a las fuerzas del orden para impedir un refrendo que era ilegal en su irregular tramitación parlamentaria, en su chapucera ejecución, carente de las mínimas garantías democráticas, y en su propósito, que era buscar respaldo social a la autodeterminación, con un acto que excede las competencias de la Generalitat.

El ilegal refrendo realizado sin intervención de la fuerza pública hubiera carecido igualmente de validez, pero se habrían evitado actuaciones violentas, con más de 800 heridos de diversa consideración (se desconocen los hospitalizados), recogidas en fotografías que producen sonrojo, porque recuerdan tiempos pasados, y publicadas en la primera plana de muchos periódicos nacionales y extranjeros. En cualquier caso, deben depurarse las responsabilidades en los casos donde haya habido excesos y el Gobierno debería deponer de su cargo al ministro del Interior, último responsable político de la desafortunada operación.

El Gobierno central tendría que haber intervenido antes, cosa difícil teniendo al frente a Rajoy, incapaz de hablar e incapaz de hacer, antes de intentar impedir por la fuerza las votaciones que pudieran producirse en los hipotéticos lugares donde los activistas, que demostraron organización e imaginación, hubieran podido esconder las urnas, pues era como buscar agujas en un pajar.

El de Rajoy era un intento vano, además insensato por las reacciones que hubiera podido producir y que finalmente ha producido, y que le ha colocado en el lugar donde quería Puigdemont: mostrando la cara más hosca del Gobierno de España, que es la represión desatada por cuerpos armados llegados desde fuera de Cataluña.

En su día, tampoco Zapatero estuvo acertado, pues el momento de intervenir hubiera sido en septiembre de 2009, cuando el Ayuntamiento de Arenys de Munt realizó una consulta de ámbito municipal, ilegal y no vinculante, con una pregunta trampa -¿Está de acuerdo en que Cataluña se convierta en un Estado de derecho, independiente, democrático y social, integrado en la Unión Europea?”- cómo podía haber preguntado si era partidario de que lloviera a gusto de todos.

La iniciativa fue del concejal de la CUP, apoyada por los 4 concejales del grupo local Arenys de Munt 2000, 3 de ERC y 3 de CiU. La consulta recibió el apoyo de casi 90 personalidades de la vida pública catalana, entre ellos Pascual Maragall y algunos militantes del PSC, y por supuesto de CiU, ERC, la CUP y de Iniciativa per Catalunya-Verds. Los concejos de casi doscientas localidades catalanas se mostraron dispuestos a repetirlo y sirvió de experiencia para montar el “refrendo” del 9 de noviembre de 2014, simulacro de infausta memoria, que costó 13 millones de euros, que tardíamente se reclaman a los organizadores, entre ellos a Artur Mas, que anda pidiendo solidaridad para reunir la parte del dinero que le toca aportar.

Desde entonces no ha cesado el desafío, que, entre bromas y veras, ha ido creciendo y sumando apoyos, pues desde la Generalitat y sus organizaciones afines se ha sembrado la impresión de que de partir un país -la odiosa España- y crear otro a voluntad de los promotores es una fiesta callejera de banderas y camisetas de colores, y que desafiar a un Estado (presuntamente) opresor es un es un juego en que hacerse el valiente sale gratis.

Y muchas personas, en particular jóvenes, que no conocieron el régimen de Franco ni las convulsiones de la Transición, imaginan que están luchando alegremente contra una dictadura, pero conservando todos los derechos, incluso los ejercidos en exceso contra los de conciudadanos suyos que no comulgan con las mismas ideas.

Mucha gente ha creído el relato feliz de los beneficios sin cuento que traerá la independencia y el cuento no menos feliz de lo fácil que iba a ser llegar a ella. Y lo han creído a pesar de la intención de los propios mandamases de ignorar la legalidad. Ya advirtió Artur Mas, en su investidura como President, en 2012, que “ponía rumbo de colisión” con el Gobierno central y después ha afirmado que se trata de ir “más allá de la legalidad” y de “poner al Estado contra las cuerdas”. Y lo mismo ha hecho Puigdemont, apoyado por Junqueras y azuzado por la CUP.

Lo que también ha sucedido, es que por parte del Gobierno de Rajoy no había respuesta, salvo que, ante cada paso que dado por los independentistas, sonaba la voz de la grabadora que decía que se aplicaría la ley, pero como la ley no se aplicaba, o se aplicaba “pero flojito”, como diría Gila, cundía la sensación de que la impunidad era el premio de los osados. Hasta el domingo.

¿Se puede desafiar la legalidad?, Claro, no seré yo quien lo niegue. ¿Se puede ser rebelde y desafiar al Estado? Por supuesto; muchas personas lo asumieron durante la dictadura y la Transición para llevar lo más lejos posible las reformas del cambio de régimen, pero sabían a lo que se exponían y estaban dispuestas a arrostrar las consecuencias.

En todo este asunto del “procés”, mucha gente con escasa cultura política y poca información y quizá con una visión bastante deformada de la historia de Cataluña y de España no sabía bien donde se estaba metiendo y creía de buena fe que desafiar la fuerza del Estado era un alegre ejercicio de ciudadanía que sólo podía reportar ventajas. Se les puede disculpar.

Quienes carecen de cualquier disculpa, y a quienes sus ciudadanos deberán exigir que asuman sus responsabilidades, son los patrocinadores de esta aventura, porque ellos, como profesionales de la política y familiarizados con el ejercicio del poder, sí lo saben. 

¿Estrategia o táctica?

Estoy de acuerdo con los principios generales (los ciudadanos tienen derecho a expresarse políticamente, elaborar un nuevo Estatuto, a reformar o a dotarse de las instituciones públicas que deseen, etc), pero además de admitir los principios teóricos hay que observar la aplicación práctica de tales ideas y no ignorar el uso que de ellas puede hacerse, porque, o bien el nacionalismo es un espantajo o un truco de maniobreros para hacerse con cuotas mayores de poder, o si se convierte en un extendido sentimiento acaba reclamando un Estado propio. Y para no ser absolutamente tontos hay que pensar que quienes invierten tanto tiempo y dinero (público y privado) en fomentar ese sentimiento es para luego darle alguna utilidad. Carece de sentido estar difundiendo discursos nacionalistas para luego decir: bueno, aquí paramos. Esa no es la actitud de los partidos nacionalistas, y las tensiones entre centro y periferia a lo largo de los años que llevamos de régimen parlamentario son una prueba de ello.

Porque, una de dos, en ERC y CiU (y el PNV) no se creen lo del nacionalismo y lo usan sólo para recoger votos hasta que den con un Estatuto en el que se encuentren cómodos, o se lo creen y van a ir hasta las últimas consecuencias. Yo creo que en esos partidos hay gente que va a ir a por todas. En todo caso, están inculcando un sentimiento en la gente que va a ser muy difícil de desterrar, especialmente en el País Vasco, donde ha corrido mucha sangre y hay sembrado mucho odio. Quizá sea una forma poco noble de hacer política estar continuamente calentando la caldera y abrir de vez en cuando la espita para que pierda un poco de presión. 

Por otro lado, si recurrimos a la historia no hemos de dejar de ver lo ocurrido, precisamente, en la I y II Repúblicas.

Privado de su principal valedor, Prim, el rey Amadeo de Saboya, aburrido de este país, abdicó el 9 de febrero de 1873 y dijo ahí os quedáis, que os compre quien os entienda. Caso insólito en la historia: un rey que abandona un reino, un chollo, que no lo debía ser tanto. Tres días después, se proclamó la I República, en medio de la tercera guerra carlista (1872-1876). Y mientras se elaboraba en las Cortes una constitución federal, inspiradas por los anarquistas hubo revueltas populares en Sevilla, Córdoba, Granada, Cádiz, Málaga, Valencia, Alcoy, Murcia y en Cartagena, el famoso cantón. Luego, un baile de ministros, dimisiones y, finalmente, el general Pavía disolvió las Cortes y allí acabó la breve existencia de la I República y de la non nata constitución federal.

Segundo acto: II República: algo similar; la prisa de unos, la intransigencia de otros, los nacionalistas vascos a lo suyo (la II República les importaba un pimiento y la guerra civil aún menos) y los nacionalistas catalanes también, pues proclamaron el 14 de abril de 1934, la República catalana, pero por lo menos aguantaron junto a la II República hasta el final de la guerra.

La solución, terrible, dada por la dictadura al problema también la conocemos. Y el problema sigue sin resolverse, porque no se puede resolver, pues tanto Cataluña como el País Vasco son sociedades internamente divididas, con desigualdades de renta y con representaciones políticas muy plurales; no son pueblos ni cultural, ni racial ni lingüísticamente homogéneos, ni naciones montadas sobre criterios comunales y tradiciones compartidas más que en cierta proporción, sino sociedades asentadas sobre el modo de producción capitalista; modernas, industriales, burguesas, abiertas, recorridas por el tráfico capitales, mercancías, personas, ideas, modas y saberes que comparten con el resto de España, de Europa y del mundo, donde, frente al sentido comunitario propio de las aldeas, predomina un individualismo propio de las ciudades, de sujetos que entablan entre sí relaciones no sólo comunitarias, parentales, sino de interés, económicas, coyunturales, propias de las sociedades modernas. Son sociedades más urbanas que rurales, a pesar de que la representación política de sus habitantes esté desequilibrada en favor del campo y de la fuerza que tiene en el imaginario nacionalista el ámbito rural, incluso precapitalista.

Tanto en Cataluña como en el País Vasco hay más sociedad que comunidad. Y ahí no hay otra solución que negociar sobre la base de la razón guiando al interés y el sentimiento; es decir sólo caben soluciones “mixtas”, que no contenten a una parte en detrimento de otra, para poder contentar un poco a todos y disgustar un poco a todos. Pero esta solución no la quieren los partidos nacionalistas, porque piensan siempre en el programa máximo -disponer de Estado propio para formar su nación- y tienden hacia él, y por otro lado, hasta ahora casi nadie ha hablado del coste del programa máximo para la población de las comunidades autónomas gobernadas por los nacionalistas, pues parece que son sólo los no nacionalistas quienes deben pagar las facturas políticas y económicas de las aventuras nacionales.

No rechazo hablar de autodeterminación, de independencia y de soberanía, pero en serio, sin trucos ni trampas. Y aunque preferiría que no fuera así, como el presunto nacionalista español que según algunos soy, aceptaría que España perdiera parte de su actual territorio si con ello se alcanzaba la tranquilidad en el País Vasco y en Cataluña, por ejemplo. Pero creo que esa sería una mala solución también para esos nuevos Estados, porque los nacionalistas no se detendrían cuando obtuvieran la independencia, pues pretenden formar sociedades homogéneas, recrear la antigua comunidad en forma idealizada; es decir rehacer la imaginada nación nacionalista, formada por individuos cultural y políticamente semejantes, cortados por el patrón de los nacionalistas, que pretenden componen una nación homogénea y que así se mantenga a lo largo del tiempo, conservando, lo que según ellos, les han legado los siglos.

Al fin y al cabo, para ser lógico, y los partidos nacionalistas en esto lo son, el nacionalismo es adversario de la pluralidad; a los nacionalistas les aterra la diversidad, rechazan convivir con personas distintas en un país plural, por eso se quieren separar de España, pero rechazan una sociedad interna plural (que  contenga españoles, emigrantes), porque creen en países homogéneos, en identidades colectivas, en comunidades ideales, puras, formadas por individuos cultural y políticamente clónicos. Y ese es el objetivo máximo, que se persigue tanto antes como después de la independencia.

para Colectivo Red Verde, 19/10/2014.

Proyecto nebuloso

Pau Gassol está preocupado por el cómo, pero sin preguntarse el para qué. 
Votar, votar, votar, repiten como un mantra, pero, ¿se han preguntado que hay detrás de esa hipotética independencia? Hay un proyecto nebuloso, fabuloso, que ofrece soluciones mágicas, sostenido por fuerzas políticas que no sólo son disímiles sino que son antagónicas. ¿Qué proyecto de país, por muy independiente que sea, puede salir de PDcat y de la CUP? Sólo inestabilidad política, en el mejor de los casos, y nuevas tensiones como lo más probable, pues, una vez lograda la separación de España, que es lo fundamental en este asunto, se acabará el consenso y la lucha por imponer el modelo que cada uno tiene será encarnizada. Eso sin contar con que, el nuevo gobierno, y el resto de los ciudadanos, tendrán que someterse a las consecuencias de la ruptura económica con España y a la subsiguiente salida de la UE. Sin hablar de las reacciones de los catalanes no nacionalistas, porque entonces la presión ideológica se acentuará. Un futuro muy oscuro que no quiero para España, ni, como catalán, tampoco para Cataluña.

El "papel"

Good morning, Spain, que es different

Con la fanfarria acostumbrada el President Puigdemont públicamente ha presentado otro anuncio -de anuncio en anuncio y tiro porque me toca- sobre el referéndum de autodeterminación, que debe celebrarse, según sus cuentas, el próximo 1 de octubre.

Es un anuncio sobre la proposición de ley, hasta ahora un papel, realizado con gran solemnidad en el Teatro Nacional de Cataluña, en un acto para amigos incondicionales y de cara a la galería, porque no se trata de una ley, ni siquiera de un proyecto de ley, puesto que no ha entrado en el Parlament a través del registro y no ha sido aprobado ni siquiera debatido. Eso se deja para más adelante, para hacerlo a última hora, con prisas y lectura única, con la intención de que el Gobierno no tenga tiempo de recurrir lo acordado en el Parlament. Van dados si creen que Rajoy se va a estar quieto.   

Se conoce la fecha del refrendo y, desde luego, la intención de celebrarlo, pero no se conoce el censo de posibles votantes, y hasta ahora no hay urnas, no se sabe si habrá funcionarios o serán voluntarios quienes se ocupen de la mecánica, ni de cuantos locales dispondrán los organizadores, aunque parece que las dependencias están garantizadas en pueblos y localidades pequeñas y en Gerona. El “papel” tampoco fija un porcentaje mínimo de participación para declararlo válido, pero basta con que el número de votos afirmativos sea superior al de negativos por un solo voto, para que el resultado se considere válido y, por tanto, para que Cataluña sea declarada un país independiente, suponemos que por Puigdemont y su Gobierno (¿o también por voluntarios?), en el plazo de dos días. Una chapuza escasamente democrática.   

Mucha prisa, ninguna pausa; improvisación, grandielocuencia y una base legal muy poco fiable, pues ni las leyes nacionales ni las internacionales, tampoco la Unión Europea, que lo ha reiterado, ni la ONU, respaldan la secesión de Cataluña, porque no está en un Estado autoritario, aunque el Gobierno sea proclive al centralismo y en este caso no se haya distinguido por sus explicaciones, ni bajo dominación colonial. Y ahí va una pregunta que deberían plantearse los anticapitalistas que apoyan el “procés”. ¿Es posible que las normas laborales de la “metrópoli” hayan sido inspiradas por representantes de la “colonia” oprimida?

Con iniciativas propias o apoyando las del Gobierno central, CiU ha estado siempre dispuesta a restringir derechos laborales, moderar salarios y flexibilizar la contratación de trabajadores en toda España, no sólo en Cataluña. El gobierno de CiU, en Cataluña, ha sido pionero, antes que el de Rajoy, en aplicar recortes al Estado del Bienestar y en externalizar servicios públicos (y pionero en corrupción, ¡ojo! Banca Catalana).

Otro dato: el primer presidente y confundador de la patronal española, Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), fue el catalán Carlos Ferrer Salat (1977-1984), procedente de la patronal catalana Fomento del Trabajo Nacional, y el actual, desde 2010, es Joan Rosell, también catalán. Recuérdese el programa fundacional de la CEOE, recogido en parte en la Constitución y en sucesivos pactos sociales y aplicado en las empresas de todo el país: defensa del capitalismo (léase economía de mercado) y de la competitividad, homologación de la legislación laboral española con la europea, rebaja de impuestos a las empresas y de las cotizaciones a la Seguridad Social, reducción del tamaño sector público. Y hoy comprometida hasta el tuétano con la globalización neoliberal y el capitalismo salvaje, que salta fronteras territoriales y morales, mostrando, una vez más, que el capital no tiene patria.

Recuérdese también que Francesc Cambó, fundador de la Lliga, diseñó el sistema bancario de la monarquía alfonsina, de la república, de la dictadura franquista y que pervivió hasta la gran reforma de la banca en los años ochenta ¿Cataluña, una colonia?     

¿Qué representa Puigdemont?

Good morning, Spain, que es different

El 35% del censo, el 48% de los votos válidos y el 53% de los diputados

El President de la Generalitat, miembro de una coalición política independentista, se presenta de ordinario como el representante de una Cataluña que fuera toda ella nacionalista, cuyo mandato, ir a la independencia, dice obedecer. Lo cual es mucho decir. Hagamos unas sencillas cuentas para ver, en realidad, a quienes representa y a quienes obedece.

En las elecciones del 27 de septiembre de 2015, que los nacionalistas consideraron plebiscitarias, los resultados fueron estos:

Partido	Votos	% censo	% válidos	diputs.	% diputs
JxSi	1.620.973	29%	39,54	62	46%
C’s	734.910	13%	17,93	25	19%
PSC	522.209	9%	12,74	16	12%
CSQP	366.494	7%	8,94	11	8%
PP	348.444	6%	8,50	11	8%
CUP	336.375	6%	8,21	10	7%
Suma	3.929.405	71,30		135	100%
Resto	148.529		3,63	-------	------

El censo fue de 5.510.713 electores; la abstención de 1.199.106, el 23%.

Diputados por provincias y partidos

	Barna	Gerona	Lérida	Tarrag	Totales
JxSi	32	11	10	9	62
C’s	17	2	2	4	25
PSC	12	1	1	2	16
CSQP	9	1	0	1	11
PP	8	1	1	1	11
CUP	7	1	1	1	10
Totales	85	17	15	18	135

Los votos a los programas independentistas de JxSi y de la CUP representaron el 35% del censo, el 48% de los votos válidos y el 53% de los escaños. Es decir, el diseño del sistema electoral favoreció a JxSi, el partido mayoritario y con más representación en el ámbito rural, sobre el resto, cuyo electorado se ubica sobre todo en Barcelona (véase el segundo cuadro). Por tanto, se puede tener la mayoría en el Parlament (62+10, sobre 135 escaños), pero no representar a la mayoría electoral, la cual corresponde a los no secesionistas, pues el 52% de los votos recibidos por estos es superior al 48%.

Esa es la representación real, electoral, social, de las fuerzas que acaudilla Puigdemont, aunque su representación personal es menor, dada la sucesiva serie de chambas que le han colocado de President. O sea que el President, personalmente poco representativo, excepto para el “Astut” que digitalmente le eligió, representa como mucho a algo menos de la mitad de los votantes, con lo cual lo de representar a la “nación catalana”, a Puigdemont le queda grande. Es una gratuita y falsaria atribución, un don que no le corresponde. Representa, como mucho a casi la mitad de los votantes catalanes, es decir, a “media nación”. Pero vamos un poco más lejos.

Por población, en 2015, Barcelona tenía 5.464.000 habitantes; Tarragona 792.000, Lérida 430.000 y Gerona 739.000. Lo lógico y democrático sería que hubiera una relación lo más proporcional posible entre los votantes y sus representantes, es decir que, para hacer efectivo el principio de un ciudadano un voto y que todos los votos valgan lo mismo, todas las provincias deberían tener el número de diputados más adecuado a su número de habitantes (los inscritos en el censo electoral, claro está; los menores no votan). Pero no es así. Veamos.

Electores y diputados por provincias

Provincia	Electores	Diputados	Dip. s/electores
Barcelona	4.124.254	85	1/48.520
Gerona	510.820	17	1/30.048
Lérida	313.729	15	1/20.915
Tarragona	561.910	18	1/31.217

La última columna indica cuántos electores representa un diputado en cada una de las provincias. Así, un diputado de Barcelona representa más del doble de electores que un diputado de Lérida, y más de 1,5 veces el de electores de Gerona y Tarragona, pero su decisión en el Parlament vale lo mismo que el de ellos (un voto) tenga el respaldo social que tenga.

Para que los electores de Barcelona tuvieran la misma representación por cada diputado que los electores de Lérida, la provincia de Barcelona debería estar representada por 197 diputados en el Parlament, y no tiene ni los de la mitad de esa cifra (98). De nuevo el sesgo del sistema electoral beneficia a los partidos con más voto rural (JxSi, es decir CDC y ERC) en detrimento de los partidos con voto urbano, especialmente a los de Barcelona, la gran urbe, cuyos votantes se ven disminuidos en sus opciones políticas ante los votantes de ámbito rural, particularmente de las comarcas del interior, la Cataluña profunda, que es donde reside el voto más nacionalista, el verdadero apoyo de Puigdemont. Ese 35% del censo, que coincide, en el sondeo de Metroscopia (El País, 24/5/217), con el 35% de los que serían partidarios de la declaración unilateral de independencia. Un número importante de electores, pero lejos de la mayoría de la que alardea Puigdemont para justificar su proyecto de imponer el independentismo obligatorio.

Que no se olvide: con el 35% del censo, el 48% de los votos válidos y el 53% de los escaños el Gobierno catalán quiere proclamar de modo unilateral la independencia de Cataluña. Curiosa noción de lo que es la democracia.