2026. ¿Hacia dónde cava el viejo topo?

 

Ante el año 2026, ignoro hacia dónde cavará el viejo topo que trabaja en silencio para la historia, pero presiento que seguirá escarbando en la misma y funesta dirección que en los últimos años y con un tesón semejante, por lo cual deduzco que, para la inmensa mayoría de la población española, en particular los sectores más frágiles de las clases populares, y no digamos para las más pobres del mundo, el año entrante no será mucho mejor que el saliente, porque el topo, trabajador incansable, pero ciego, a veces no se orienta bien en el subsuelo y, perdido el rumbo en sus catacumbas, en vez de hacer aflorar avances y progresos, lo que aporta son sistemas políticos monstruosos, dirigidos por seres guiados en grado superlativo por la ambición, el fanatismo y la crueldad, que imponen décadas de brutalidad, ignorancia y retroceso moral para la humanidad.  

En estas circunstancias que me rodean y me inquietan, no me siento capaz de desear sincera y rutinariamente, como si no pasara nada, un feliz y próspero año nuevo, lleno de ventura y de bonitos proyectos que se van a realizar.

Mi saludo es más modesto, deseo que seáis moderadamente felices mientras podáis, con o sin permiso de la autoridad competente, conservéis la sensatez y la claridad de mente y el corazón abierto (y generoso) para quienes tienen menos, pero sin renunciar a una pizca de utopía, porque hoy es absolutamente necesario imaginar que vendrá un tiempo mejor que el presente.

Feliz año 2025

 No me he atrevido a consultar a los oráculos oficiales ni a los augures aficionados, ni a solicitar un pronóstico a las sibilas y menos aún a los evisceradores de aves, echadores de cartas y nigromantes, ni a mirar los posos de la taza del café ni a pedir opinión a los poseedores de patas de conejo, no sea que confirmen mis temores sobre el año entrante, por todo ello, con buena intención, aunque con cautela y en voz baja, les deseo un año 2025 ligeramente próspero y moderadamente feliz (en estas circunstancias no se debe pedir demasiado).  

La Curia no quiere pagar

La noticia es del pasado día 23 de noviembre, del año del Señor 2024. Y digo en serio lo de año del Señor, porque se refiere a la Curia.
La Conferencia Episcopal rechaza la idea de crear un fondo estatal para indemnizar a las víctimas de la pederastia de sus sacerdotes. El fondo es una sugerencia del beato Defensor del Pueblo, el "hermano" Ángel Gabilondo, para dar algún tipo de salida acordada a este asunto, pero la Santa Madre no se aviene a consensos con el poder civil (le gusta más el poder militar, sobre todo si es católico).
La cuestión es que la Curia se desentiende de la lujuria -pecado capital- de sus funcionarios, que considera una flaqueza humana -la carne es débil, aunque lleve sotana-, perdonable con el sacramento de la confesión y el consiguiente arrepentimiento, que en no pocos casos ha resultado momentáneo; el tiempo justo para que el cura "pecador" sea trasladado de parroquia y pueda continuar en otra parte la misma actividad depredadora.
Pero da la casualidad de que los reprobables actos que la Iglesia considera pecados, el Código Penal los considera delitos, y ese es el tema. La Iglesia actual, dejemos la historia, tiene detrás una larga trayectoria de consentir y encubrir delitos aborrecibles cometidos con menores, y lo justo es que pague por ello, con las correspondientes penas de cárcel y la pertinente indemnización a las víctimas, pero no con fondos públicos, sino con fondos de sus propias arcas, que repletas las tiene. No parece razonable eximir a una organización poco ejemplar de una ejemplar indemnización a las víctimas de sus abusos.

Ha vuelto Fantomas

 No me refiero al personaje literario francés, villano de tantas novelas, ni al del primer cine mudo; ni tampoco al protagonista, en los años sesenta, de varias películas protagonizadas por Jean Marais, perseguido por el espasmódico Louis de Funes, sino a un personaje, igualmente gesticulante, de la política regional, que trata de oscurecer la investidura del socialista Salvador Illa como President de la Generalitat. Y lo hace para atraer la atención del público, como si fuera el mismísimo Gran Sebastián reclamando la pista central del Circo Barnum. Los mayores me entenderán, y los jóvenes, que vayan al cine y se dejen de “influencers”.  

Puigdemont, pues no podía ser otro, no da saltos mortales en el trapecio sin una red que le proteja, sino volteretas políticas sin riesgo, con la seguridad que le han proporcionado hasta ahora las instituciones como representante político; es más bien un volatinero a ras de suelo, pero sin llegar a tocar la tierra, pues cree estar en audacia por encima del resto de los mortales, sensación deformada quizá por la perspectiva obtenida siendo niño desde la altitud de apenas 200 metros sobre el nivel del mar, en Amer, su pueblo natal.    

Puigdemont, en su voluntariamente trágico papel de Gran Ausente en Waterloo, ha amenazado varias veces con volver, -“Y volver, volver, volveeeer”-, como si fuera Vicente Fernández, pero por otros motivos más patrióticos, pues sigue creyendo que es el único presidente legítimo de la Generalitat surgido en el “procés”. Ni siquiera el ínclito (o más bien paráclito) Torra se consideraba digno de ocupar su despacho, pues realmente no gobernaba, sino atizaba el fuego independentista -“apreteu, apreteu”- y le guardaba el sitio hasta su regreso. 

Recordarán que Marx, en los renglones iniciales de “18 Brumario”, apostillaba la afirmación de Hegel de que los grandes hechos de la historia se producen, como si dijéramos, dos veces, la primera vez, afirmaba el de Tréveris, como tragedia y la segunda como farsa. Pues bien, eso podía suceder en Alemania o en Francia, pero no en Spain, porque Spain is different, y Cataluña molt diferent, perqué hi ha un fet diferencial. O sea, un hecho diferencial en un país ya diferente del resto, lo cual ayuda a explicar el maldito embrollo (recuerden a Pietro Germi) que fue “el procés”.  

El “procés” se “vendió” a sus seguidores como el relato épico de una nación en marcha hacia su independencia, pero realmente era una farsa; un imposible, un sueño de iluminados y políticos, que querían huir de su responsabilidad en la crisis social que vivió Cataluña con el estallido de la burbuja inmobiliaria y las medidas de austeridad, dictadas por Merkel y el FMI, y aplicadas por CiU antes que en el resto de España. En esto Cataluña no era diferente, pues la causa y los efectos fueron los mismos que en el resto del país, pero los nacionalistas quisieron darle una salida distinta, eludiendo su responsabilidad y buscando un enemigo exterior: “España nos roba”. España nos debe dinero; con el dinero que se lleva España, no habría crisis. Se eludía la corrupción de CiU, con la familia Pujol al frente del entramado de la financiación irregular, y se eludían los recortes en educación y sanidad públicas, la falta de vivienda pública, las privatizaciones, las concesiones a la Iglesia, etc, etc. La falsedad del aserto “España nos roba” la tuvo que desmontar Borrell, ante la pasividad de Rajoy, que leía el “Marca” en vez de ordenar a Montoro que diera al infundio una respuesta contundente. Pero ¿qué iba a decir Montoro, si el PP hacía lo mismo que CiU?

Fue una farsa -“íbamos de farol”, reconoció Clara Ponsatí-, porque el “procés” se "vendió" con mucho verbo encendido, pero como una serie de paseos de amigos y de marchas familiares hacia la “desconexión” con España, como si declarar de modo unilateral la independencia de un país fuera un acto simple, rápido y mecánico, ejecutado a conveniencia de una de las partes. Y al propio Puigdemont fue el primero al que le temblaron las piernas cuando apretó el “interruptor” y puso pies en polvorosa de modo vergonzante, tras la efímera declaración de independencia. Una vez en Waterloo quiso recomponer el gesto de cobardía y fraguarse una aureola de no se sabe qué, para mantener a los suyos entretenidos y al país girando en torno a él.

Si el inicio ya fue una farsa, la repetición no podía serlo; tenía que ser algo más suave, intrascendente, ni siquiera un esperpento, porque en el esperpento hay todavía algo de tragedia; aquí no la ha habido ni podía haberla, dado el tono de sainete que ha tenido el caso desde que Artur Más puso “rumbo de colisión” contra el Estado español y la aventura de Puigdemont acabó en el maletero de un coche camino de Bélgica, sin decir ni pío a sus socios, que acabaron en Can Brian y en Estremera.

No hay tragedia; no hay drama en este final, costoso final, lleno de concesiones y renuncias, hacia el restablecimiento de la normalidad política en Cataluña, porque el regreso del Ausente forma parte del mismo circo; no vuelve el héroe, viejo, herido o cansado, pero más sabio o más lúcido; vuelve el mismo saltimbanqui a dar la última pirueta afirmando que el “procés” sigue vivo.

De momento parece que se ha extraviado o que la policía le ha perdido la pista en las calles de Barcelona. Como si fuera Fantomas.     

8 de agosto de 2024. Para El obrero

           

Amnistías 2

De momento viene bien que alguien arregle en Cataluña lo que el PP empeora, si además sirve para que sea más barato el precio de la luz, que suba el salario mínimo, se reduzca la tasa de paro y mejore el empleo, suba el ingreso mínimo de supervivencia, aumente la protección de las mujeres y los menores o tengan contrato laboral las empleadas del hogar. Es decir, para que el Gobierno vaya cumpliendo sus promesas, aunque otras queden en el tintero.

Otro tema es que la amnistía sirva para reducir la influencia del nacionalismo. Aunque el independentismo esté en retroceso (pese a la actitud chulesca de sus promotores), la amnistía no es una pócima de efecto inmediato. El nacionalismo, fomentado con firmeza desde la Generalitat -cuestión de Estado (catalán)-, será importante mientras no se combata desde una posición progresista como el añejo proyecto de un sueño romántico y burgués del siglo XIX, preñado de supremacía provinciana, efectuado en nombre de una Cataluña idílica que nunca existió. Pero esa intención es débil en el PSOE y más aún en la izquierda postmoderna, entre tanto, políticamente el nacionalismo se combate con argumentos muy rancios.

En este asunto conviene tener en cuenta no sólo los sucesos más recientes, sino los procesos, la secuencia de acontecimientos, que, en el caso de las relaciones del gobierno central con los partidos nacionalistas y con los terroristas es larga y diversa, pues hay coyunturas en que las concesiones son explícitas y otras en que son tácitas o, mejor dicho, encubiertas. Y en los casos de perdón son evidentes.

Debería ser notoria la propensión del PP a los perdones encubiertos. Para facilitar una negociación con el Movimiento de Liberación Nacional Vasco, Aznar acercó a 120 presos de ETA a cárceles del País Vasco, permitió la excarcelación y el regreso el regreso a España de varios centenares de miembros y colaboradores de la banda. No fue el único: Rajoy excarceló a 14 etarras, Acebes a 23 y Mayor Oreja a 19, todo ello sin gran ceremonia. En cuanto a los indultos, Aznar es campeón en concederlos: 1.443 en un solo día, por delitos diversos.

Como en cualquier trato es obligado entrar en las contraprestaciones, que, en el caso de la negociación del gobierno de Aznar con ETA, por parte de ésta no hubo contraprestación alguna, pues siguió como siempre. Aznar había dicho que sería “generoso” y lo fue con una serie de “entregas a cuenta”, pero a cambio de nada, pues la negociación se interrumpió tras la reunión de Zurich. O sea, que fue un timo; el gran estadista fue engañado por un puñado de encapuchados para sacar de la cárcel y traer del exilio a un montón de militantes y partidarios. Todo ello no impidió al PP acusar a Zapatero de “traicionar a los muertos” y a Rubalcaba de “colaborar con el terrorismo”, cuando el PSOE se propuso negociar con ETA. Entonces sí hubo un resultado positivo, pues ETA cesó en sus atentados y luego se disolvió.

Y citemos de pasada la chapucera amnistía fiscal para ricos, de Cristóbal Montoro con el fin de regularizar las cuentas de 31.500 muertos de hambre con un “perdón” de 2.800 millones de euros. Finalmente fue declarada inconstitucional.

Pero lo que más sorprende de este asunto es que dos partidos - PP y Vox- con el mismo origen político -el franquismo- critiquen acerbamente la amnistía propuesta por Sánchez siendo herederos de los beneficiarios del mayor perdón habido en este país desde 1975, que fue la amnistía de 1977.

La Ley de Amnistía de octubre de 1977 tuvo un doble efecto: permitió a opositores del franquismo salir de la cárcel y a la vez impidió que entraran en ella muchos de los más inhumanos defensores de la dictadura; sacó de la cárcel a víctimas del franquismo, pero evitó encarcelar a quienes habían actuado como verdugos.   

Amnistías (1)

Ya tenemos ley de amnistía para los independentistas catalanes. Tras casi medio año de compleja gestación, el 30 de mayo se aprobó en el Congreso con 177 votos a favor, procedentes de los partidos de izquierda y los nacionalistas, y 172 en contra, emitidos por el PP, Vox, Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro.

Como es habitual cuando la derecha está en la oposición, la aprobación se hizo con la consabida bronca, presente durante la tramitación pues empezó incluso antes, cuando el Gobierno mostró su intención de rebajar la tensión en Cataluña con un indulto y luego una amnistía para los implicados del “procés”.

Desde ese momento, la ciudadanía asistió al toque a rebato de las derechas para oponerse a tal amnistía, devenida en ocasional motivo para tratar de derribar al Gobierno, recién salido de las urnas y calificado de ilegítimo porque el vencedor, por escaso margen de votos, fue el PP, que no puede gobernar por una elemental falta de apoyo parlamentario. Feijoo quiso negociar con los independentistas su investidura para presidir el Gobierno, pero los pactos locales y regionales del PP y Vox impidieron cualquier acuerdo posible. De otro modo hubiera aceptado la investidura pagando el precio que los nacionalistas exigieron a Sánchez o incluso uno más alto.

Ya lo hizo Aznar en 1996, en el pacto del Majestic con CiU, al aumentar de modo ostensible la financiación y las competencias autonómicas de la Generalitat; o sea, aceptando las demandas nacionalistas y fortaleciendo al futuro estado catalán. Y a petición de Pujol, suprimió el servicio militar obligatorio para evitar que los jóvenes nacionalistas tuvieran que ingresar en el (oprobioso) ejército español y jurar lealtad a una bandera que consideran ajena y opresora.

Entonces nadie llamó traidor a Aznar en el Congreso, ni cómplice de los terroristas por hacer dádivas similares al PNV, que votó su investidura (pero se abstuvo con Zapatero), ni nadie le afeó la servil reverencia a CiU al afirmar que hablaba catalán en la intimidad, que, por supuesto, nadie creyó. Fue un gesto lacayuno que luego repitió con George Bush al hablar castellano con acento texano. Y nadie le llamó payaso, aunque lo merecía. También aceptaron en el PP el sacrificio de Vidal Quadras (hoy en Vox) para apoyar a Pujol cuando CiU perdió la mayoría en las elecciones catalanas de 1999. Y es que el PP rebosa oportunismo y aspavientos.

Por eso, la amnistía, como ETA sacada de la tumba, Bildu, los fondos europeos de recuperación, la excepción energética ibérica o la defensa del estado palestino, son oportunidades para criticar al Gobierno e insultar a Sánchez, ante la falta de un programa político que oponerle, pues uno de los problemas más graves del PP, hundido en la mediocridad, es la falta de un programa político de gobierno, incluso la ausencia de política, suplida con dosis crecientes de mendacidad, en la que sus dirigentes siguen de cerca los pasos de Vox.

Feijoo, llegado del cacicato gallego tras la rápida defenestración de Pablo Casado por denunciar un caso de corrupción, y recibido como la gran esperanza blanca, comprueba la dureza de la política en Madrid desbordado por las iniciativas del Gobierno y el cerco de la triple A, que le acota el terreno. Y con ese reducido margen de maniobra, se mueve queriendo satisfacer a las dos alas de su partido y además quitar votantes a Vox, pero da bandazos presionado por Aznar, Ayuso y, sobre todo, por Abascal, que tiene los “derechos de autor” y marca el camino. Es patético ver cómo los rudimentarios y demagógicos argumentos de Abascal se repiten literalmente pocos días o pocas horas después en los escaños del PP.          

La amnistía, menos en la reciente campaña electoral catalana donde ha estado oportunamente ausente, igual que las alusiones a ETA y Bildu en las elecciones vascas, es, desde hace meses, un motivo para desgastar a Sánchez y provocar un adelanto electoral que, so capa de salvar España del abismo al que la conduce un gobierno ilegítimo, permita a Feijoo llegar a la Moncloa, que para eso le trajeron de Galicia.

Puede que sea así o no. Ya lo veremos, pero de momento esta oposición desleal e irresponsable produce daños colaterales y uno de ellos es el deterioro de una institución tan importante como la administración de justicia, donde no le basta con impedir la renovación del Consejo General del Poder Judicial, con el mandato caducado desde hace más de cinco años, y antes la del Tribunal Supremo, sino que ha movilizado a los jueces como si fueran piezas orgánicas al servicio de sus apremiantes necesidades.

La ciudadanía ha asistido al insólito espectáculo de ver a jueces, fiscales y magistrados opinar en contra de la amnistía antes de que se conociera el borrador de la ley y asiste a su resistencia a aplicarla una vez aprobada, en espera del resultado de los recursos presentados contra ella por las comunidades autónomas donde gobiernan el PP y Vox. Incluso el ilustre colegio de abogados de Madrid, para el que no existen “inconstitucionalidades pequeñas”, se ha manifestado en el mismo sentido. No sólo la Justicia, también el Derecho parece propiedad del PP.

Desde un punto de vista racional, no se entiende la posición de Feijoo, pues le viene bien que Sánchez asuma el desgaste de restaurar la normalidad política en Cataluña, devuelva el juego a unas instituciones deterioradas y alivie la tensión entre los independentistas y quienes no lo son. Lo cual puede favorecer al PP en un futuro, incluso cercano.

Parece que Feijoo olvida que cuando España ha estado más cerca de la división - de la “balcanización”, según palabras del Liderísimo- fue cuando gobernaba Rajoy, aquel registrador gallego con plaza en Levante, que leía el “Marca” mientras los independentistas preparaban la “desconexión” de Cataluña ante sus barbas y el artero Puigdemont huía a Flandes para enarbolar desde allí la piqueta destructora.

Aquel desaguisado es lo que trata de arreglar la amnistía, que además es un pago del PSOE por el apoyo de los partidos nacionalistas a la investidura de Sánchez. ¿Es un precio alto? Pues, claro, nadie lo duda. Pero alto ha sido el precio que los nacionalistas han puesto siempre a su colaboración con el PSOE o el PP cuando han perdido la mayoría absoluta, pues el sistema electoral, que parece diseñado por el diablo, los coloca en esa ventajosa situación. Onerosa posición arbitral, que ni el PSOE ni el PP han querido corregir, pagando por ello el peaje y el sonrojo correspondientes.

Para El obrero

ÉXODOS 2

 En septiembre de 1939 comenzó la II Guerra Mundial, durante la cual el III Reich puso en marcha, en Alemania y en territorios ocupados por la Wehrmacht, la “solución final”, un plan genocida para terminar rápida y violentamente con el llamado “problema judío” y de paso con varios millones de personas que no eran del agrado del régimen nazi. El “problema judío” era un eufemismo referido a uno de los obstáculos, a superar con una depuración de seres y razas inferiores, para que una raza natural de señores pudiera gobernar despóticamente los territorios conquistados por el poderoso ejército del III Reich.

En 1942, se celebró un congreso judío en el hotel Biltmore de Nueva York, que aprobó un plan que prefiguró el futuro de la región. El plan no contemplaba la existencia de dos estados, sino sólo la fundación de un estado judío sobre todo el territorio de Palestina, proyecto que recibió el apoyo de Estados Unidos.

El ambiente de la segunda postguerra, con el telón de fondo del juicio contra dirigentes nazis en Nuremberg (1945-1946), acusados de haber provocado, en retaguardia, es decir, lejos de los frentes de combate, la muerte de unos seis millones de judíos y de otros cinco de gitanos, polacos, rusos, discapacitados, homosexuales y enemigos políticos del III Reich, allanó el camino a la causa sionista al extender la simpatía hacia los supervivientes del Holocausto (Shoá) y aumentar el número de partidarios de fundar un estado para acogerlos.

En la ONU, varias comisiones estudiaron la cuestión, que, sobre el hecho consumado de respetar la ocupación judía realizada hasta la fecha, contemplaba dos salidas: una era la fundación de dos estados -uno judío y otro árabe-, con Jerusalén como ciudad compartida bajo un estatuto especial. La otra proponía fundar un estado único con dos provincias, una árabe y otra judía.

Entre tanto, en Palestina la violencia no menguaba: en julio de 1946, el Irgún (de Menahem Beguín), atentó contra los británicos, haciendo estallar una bomba en el Hotel Rey David, en Jerusalén, provocando casi un centenar de muertos. La actividad terrorista de tres grupos armados sionistas -el Irgún, el Stern y el Haganá- se dirigía, sobre todo, contra los palestinos para forzarles a abandonar sus viviendas y propiedades con objeto de acotar un territorio vacío que facilitase el asentamiento de las sucesivas levas de emigrantes judíos que habrían de poblar el inminente estado hebreo.

La división e impotencia de los árabes, el victimismo y la capacidad de influir de los sionistas, apoyados por el poderoso grupo de presión judío norteamericano, el desinterés de Gran Bretaña, muy quebrantada por la guerra, y el apoyo de Estados Unidos y la Unión Soviética, que entonces diseñaban el orden mundial, inclinaron la balanza a favor de dividir Palestina y fundar, en teoría, dos estados. El episodio del Exodus, en julio de 1947, tuvo lugar en ese crispado contexto.

El 29 de noviembre de 1947, la ONU aprobó el Plan de Partición de Palestina (Resolución 181), por 33 votos a favor (países europeos, EE.UU. y la URSS), 13 en contra (países musulmanes y la India) y 10 abstenciones (entre ellas, China y Gran Bretaña). La declaración fue bien acogida por el movimiento sionista, ya que adjudicaba el 57% del suelo al estado de Israel y el 43% restante al hipotético estado de los palestinos. Con este desequilibrado reparto, los judíos, que eran menos de la tercera parte de la población, recibían más de la mitad del territorio, que además eran las zonas más fértiles, mientras que los palestinos recibían la parte menos productiva, desértica y montañosa.

La decisión fue rechazada por los árabes, y aumentaron las acciones violentas. El 9 de abril de 1948, 250 personas de la aldea palestina Deir Yassin fueron asesinadas y el acto difundido por las milicias sionistas como aviso de la suerte que esperaba a los palestinos, si no optaban por la evacuación voluntaria. En respuesta, 77 médicos judíos y otro personal sanitario fueron asesinados en un hospital de Jerusalén. El ambiente llevaba de modo inexorable hacia la guerra.

El 14 de mayo de 1948, antes de que expirara el mandato británico sobre la zona, David Ben Gurión proclamó, de forma unilateral, el estado de Israel, que fue reconocido por Estados Unidos y la URSS. Con la declaración, comenzó la primera guerra entre árabes e israelíes, que concluyó en enero de 1949, por intervención de la ONU, cuando Israel controlaba el 78% del suelo de Palestina. En marzo, en las primeras elecciones, Ben Gurión fue elegido primer ministro del estado de Israel, que fue admitido en la ONU el día 10 de mayo. En diciembre, la ONU creaba la Oficina de Socorro para los Refugiados Palestinos (UNRWA) (que Netanyahu quiere destruir) y la fundación del hipotético estado palestino se posponía sin fecha.

Durante la guerra, el ejército israelí, mejor armado, instruido y asesorado, había destruido casi medio millar de localidades y provocado la expulsión de casi 800.000 palestinos, que buscaron refugio en Gaza, Cisjordania y en los países árabes limítrofes. Nunca se les permitió volver ni recibir compensación alguna, como recomendaba la ONU. Fue sólo el principio de una emigración progresiva.

La fundación del estado de Israel fue para los judíos el final de la diáspora, el descanso después del éxodo, pero entonces comenzó el éxodo de los que vivían allí, pues Palestina no era una tierra vacía y baldía, una superficie sin habitantes, como afirmaba la propaganda sionista -los judíos son un pueblo sin tierra y Palestina es una tierra sin pueblo-, sino un territorio habitado desde hacía siglos por antiguos vecinos y ocasionales adversarios de los israelitas del Antiguo Testamento, entre ellos los palestinos o filistin, los bíblicos filisteos, cuyos descendientes no eran responsables de la conquista de Judea por los romanos, la diáspora de los hebreos, la persecución en Europa, el holocausto y la vesania de los nazis, pero sobre los que recayó el coste de pagar la elevada factura de perder su tierra, su vida y su historia, con que los gobiernos europeos quisieron lavar su mala conciencia por no haber querido parar antes los pies a Adolfo Hitler. 

La fundación del estado de Israel fue para los palestinos el principio de la Nakba (la catástrofe), una forzada emigración que no ha terminado. Según la UNRWA, 5,9 millones de palestinos viven, en su gran mayoría, en difíciles condiciones en campos de refugiados en Líbano, Jordania, Siria, Egipto, en países del cercano Oriente o incluso más lejos.

Desde hace 75 años, las naciones civilizadas, los países democráticos y la ONU tienen delante un nuevo pueblo sin tierra, un pueblo errante y disperso: lo forman los palestinos. Lo que plantea un problema urgente, que es buscarles acomodo en algún lugar o permitirles volver a su tierra en condiciones dignas y fundar su propio estado territorialmente unificado, que coexista con el estado de Israel. O condenarlos a un éxodo perpetuo.

 

José Manuel Roca, 2/4/2024. Para El obrero.es