Crónica del asedio."Oportunidades de negocio"

Antes de entrar en materia -en el “negocio”- conviene recordar un par de cosas necesarias para entender lo sucedido en la Comunidad de Madrid, que, a causa de la visión impresionista de la realidad ofrecida por la “rabiosa actualidad” de la “prensa” y las redes sociales, suelen quedar al margen de la reflexión.

La primera es señalar que el Partido Popular gobierna la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) desde hace un cuarto de siglo, con lo cual se puede decir, que como Administración, está hecha a su imagen y semejanza.

Comenzó su hegemonía con Alberto Ruíz Gallardón, en 1995, y estuvo a punto de perderla, en 2003, con la candidatura de Esperanza Aguirre, salvada “in extremis” por el “tamayazo”, oscura operación nunca aclarada que “birló” la presidencia a Rafael Simancas, aunque, de verdad, ni él ni su partido supieron defender la plaza.   

La segunda es que cuando Esperanza Aguirre llegó a la presidencia de la CAM, en noviembre de 2003, Aznar, como resultado de los pactos con los partidos nacionalistas, había transferido las competencias de Sanidad a las comunidades autónomas, por tanto, los hospitales de la región dependían de la consejería correspondiente de la Comunidad de Madrid.

Pero Aguirre, neoliberal y acérrima partidaria de la empresa privada, no venía a administrar bienes y servicios públicos, sino a reducirlos y entregarlos a la gestión del capital privado. Llegó a Madrid, para acometer desde su parcela la tarea que entonces ocupaba a los gobiernos neoliberales de todo el mundo, que era reducir el tamaño del sector público -sanidad, educación, servicios sociales, deporte, vivienda, administración- para entregarlo a la gestión de empresas privadas, en unos casos, y en otros, directamente a la especulación de fondos financieros, como hizo, en 2013, su sucesor Ignacio González con casi 3.000 viviendas del IVIMA, vendidas a bajo precio a una filial de Goldman-Sachs, y Ana Botella, en el mismo año, con 1.860 viviendas municipales vendidas, con pérdida para el consistorio, a Blackstone, un fondo “buitre”, donde casualmente trabaja, o trabajaba, uno de sus hijos. Presunta prevaricación y verdadero amor de madre metidos en el mismo paquete, lo que revela la confusión entre lo público y lo privado con que cierta derecha, con una noción patrimonial del Estado, suele tratar lo público como un asunto familiar.

En 2003, el capitalismo estaba cambiando de forma y maneras, dirigido por un sector muy dinámico -turbocapitalismo financiero- que dejaba de ser productivo para devenir especulador y parasitario; renunciaba a los riesgos inherentes a la producción y buscaba un beneficio rápido y seguro aprovechándose de lo ya producido, adquiriendo empresas con ofertas financieras hostiles o llevándolas a la quiebra para sanearlas con créditos o fondos públicos y revenderlas después. El capital acentuaba su tendencia a concentrarse y entraba en una etapa de grandes fusiones (y grandes estafas), para centralizar la gestión de sectores económicos enteros en menos empresas o incluso intervenir en varios sectores a través de gigantescas corporaciones; el capital se unía, se mezclaba y actuaba a escala mundial; no tendía a distinguirse por el origen y nombre de las empresas, sino por sumas de siglas, grupos empresariales y corporaciones multinacionales, que superaban con sus cifras de negocio el presupuesto estatal de muchos países.  

Desde esta perspectiva, el Estado del Bienestar de los países desarrollados fue una golosina. Los bienes y servicios del Estado fueron como un continente recién descubierto, que ofrecía un apetecible patrimonio, sobre el que se lanzaron los inversionistas privados con voracidad colonial, enarbolando la bandera del Estado mínimo (y el Mercado Máximo).

Así, inspirándose en el sistema PPP (“Public Private Partnership”) (véase, el artículo “Ayuso, el PP y el PPP”, en este Diario), se inició el desmantelamiento del sistema sanitario público, del que ya existía un precedente en la Comunidad Valenciana, gobernada, también, por el Partido Popular.

El 31 de diciembre de 1998, careciendo de licencia de apertura y ocupación -un detalle nimio-, se inauguró, en Alzira (Valencia), el primer hospital público de gestión privada (pero de gasto público), que atendería a 230.000 personas de 29 municipios de la zona. La Generalitat Valenciana, presidida por Eduardo Zaplana, recibió críticas por convertir la sanidad pública en un negocio privado, pero según Joaquín Farnós, consejero de Sanidad, la cesión iba a suponer un ahorro de 2.000 millones de pesetas a la Generalitat.

El hospital de Alzira sería una de las joyas de la gestión del Partido Popular en Valencia, que comenzaba una era de negocios y portentos -Tierra Mítica, la Fórmula 1, la Ciudad de las Artes, la visita del Papa, las carreras de motos, la copa de vela, el aeropuerto sin aviones, etc-, donde chapoteaban Correa y sus amigos del PP, luego implicados en las tramas del caso “Gurtel”.

Tras varios años de turbia gestión, la Generalitat Valenciana, entonces presidida por un señor que vestía bien, pero no se pagaba los trajes, rescató el hospital de Alzira para sanearlo con la intención de volverlo a entregar a la gestión privada. Lo que debía suponer un ahorro de 2.000 millones de pesetas, costó por el rescate 7.300 millones. Un negocio redondo para quien lo hizo, no para las arcas y la sanidad públicas, ni para los valencianos. Pero volvamos a Madrid y al modelo PPP del PP.

El 23 de septiembre de 2008, la Comunidad de Madrid convocó a empresarios del sector sanitario a una jornada en la que el consejero de Sanidad, Juan José Güemes, mostró el modelo de financiación del plan de infraestructuras sanitarias 2007-2011. El acto, anunciado con el reclamo: ”Aproveche las oportunidades de negocio para su empresa”, se celebró en el hotel Wellington; la inscripción costó 1.200 euros, con derecho a conferencia, comida, café y certificado. Era caro, pero merecía la pena.

Como consecuencia, la CAM cedió a la gestión privada, tres nuevos hospitales, en Móstoles, Collado Villalba y Torrejón, que atendían a 415.000 personas de 31 municipios. Cedió también a una empresa privada la gestión de un ambulatorio de Torrejón de Ardoz.

Después extendió la privatización a los cuatro grandes hospitales públicos de la región: el “Ramón y Cajal”, el “Gregorio Marañón”, “La Paz” y el “12 de Octubre”. Según el director general de Hospitales, Antonio Burgueño, una reforma integral iba a convertir en “gestionables” los cuatro grandes hospitales, que deberían reducir su capacidad. “Tendrán que sufrir un proceso de jibarización”, aclaró.

Asociaciones defensoras de la sanidad pública acusaron a Aguirre de “subastar la sanidad pública”, y el consejero Güemes fue abucheado cuando visitaba un hospital.

Esto es lo que Ayuso ha recibido de Esperanza Aguirre, un verdadero legado envenenado de su mentora. Pero no es suficiente, pues no es mejor el legado de Rajoy: los recortes de presupuesto y la aplicación de la reforma laboral de  2012 para reducir las plantillas. Ambas políticas, aplicadas con tesón a lo largo de años, han sido denunciadas en numerosas ocasiones, con escaso éxito, por el personal sanitario y asociaciones defensoras de los servicios públicos y llevadas a la prensa y a la calle por la “marea blanca”.

Así, pues, Ayuso no puede alegar ignorancia sobre la situación de los bienes, personas y recursos de los servicios públicos que se comprometió a administrar cuando juró el cargo, porque forman parte del mismo programa que ella aplica.

13/5/2020

Aquel error inmenso

Uno de octubre

Se cumple ahora un año de los sucesos que señalaron el máximo grado de estupidez del gobierno central respecto al proceso iniciado por los partidos nacionalistas para alcanzar de forma unilateral la independencia de Cataluña.

El gobierno de Rajoy dio cumplida muestra de no entender lo que tenía delante, que era, en primer lugar, el viejo problema de conjugar la unidad del Estado con la diversidad cultural y la descentralización política y administrativa, y en segundo lugar, y como efecto del primero, el continuo avance de los nacionalistas hacia la meta repetidamente anunciada, que era celebrar un referéndum que respaldara la unilateral legislación del Parlament sobre la fundación de la república catalana, sin encontrar otra respuesta que las suspensiones del Tribunal Constitucional y las advertencias de Rajoy de aplicar la ley, a que estaba obligado.

Un presidente cansado y un gobierno paralizado, que parecían seguir en funciones, no sólo faltos de habilidad para librar la fundamental batalla de las ideas, dejando que los soberanistas construyeran su relato victimista sin hallar refutación alguna, sino también desprovistos de los más instintivos reflejos para responder a un desafío que aumentaba día a día en audacia y determinación, dejaron crecer un movimiento social, que, por suponer una amenaza para la supervivencia del Estado, lo era también para el partido gobernante. En el Partido Popular, con la pasividad de sus dirigentes, parecían apostar por el suicidio como fuerza política.  

El equipo de Rajoy adoptó la cómoda fórmula franquista de que aguantar es vencer -el que resiste, gana-, pero aguantar sin hacer ni decir algo es rendirse, es colocar la pasiva terquedad en lugar de la actividad y de la habilidad.

El Gobierno fue incapaz de elaborar un discurso que neutralizara los mitos nacionalistas; no supo señalar los lazos económicos, financieros, políticos, históricos, culturales y religiosos -también éstos- de Cataluña con el resto de España, ni la similitud de las formas de vida y trabajo, consumo y ocio de los catalanes con los habitantes de otras regiones, ni tampoco los principios políticos generales ni los derechos civiles como horizonte de toda la sociedad española. No supo apuntar las ventajas que para una región desarrollada como Cataluña supone permanecer dentro de España, ni señalar los elevados costes que tendría la independencia no sólo para España sino para la nueva república. El Ejecutivo no sólo era incapaz de ganar adeptos para la causa de la unidad, sino para conservar el respaldo de los catalanes contrarios a la independencia. Pero eso no ha sido sólo culpa de Rajoy, sino de los gobiernos centrales de cualquier signo, lo que explica que, en Cataluña, la minoría independentista hoy ostente la hegemonía política y desde luego la ideológica, a la que se han rendido las fuerzas de la vieja izquierda y ante la que dudan, inquietas e inestables, las de la nueva.

A pesar de estar anunciado con meses de antelación y ser parte de un proceso de desafíos continuos puesto en marcha desde hace años, el Gobierno reaccionó como si se hubiera visto sorprendido por la celebración del referéndum y actuó tarde y con torpeza, con dureza y sin tacto. Falto de información y de preparación, cedió al viejo reflejo autoritario enviando repentinamente una buena proporción de efectivos de la policía nacional, que fueron acuartelados en un buque de recreo pintado con personajes de dibujos animados infantiles -Piolín-, lo que al despropósito de la operación se añadía el escarnio por la falta de tacto de quienes la dirigían.

Así, la intervención de las fuerzas de la policía nacional para intentar impedir que el día 1 de octubre de 2017 se celebrara el referéndum ilegal, que debía ratificar la decisión de la mayoría no cualificada del Parlament, ofreció las imágenes que los impulsores del “procés” necesitaban para mostrar su condición de víctimas de la opresión española. Imágenes que reemplazaron no a mil palabras, sino a los millones de palabras necesarias para explicar lo que realmente sucede en Cataluña desde hace casi una década y que el Gobierno no escribió ni pronunció.

Imágenes bien administradas, que fueron aceptadas sin reserva, engullidas y metabolizadas por la prensa extranjera y por algunos políticos y jueces belgas y alemanes, que les confirmaban un discurso previo, tesoneramente difundido por las “embajadas” de la Generalitat, sobre la opresión de Cataluña por el Estado español, pues parecían mostrar la brutal respuesta de un poder ajeno a Cataluña, de un poder distante -en Madrid, España-, que enviaba sus fuerzas de intervención, fuerzas extranjeras que se superponían a las fuerzas policiales catalanas, para impedir que la ciudadanía catalana ejerciera un derecho legítimo.

Aquel día, el ministro del ramo y la vicepresidenta del Gobierno dieron pruebas de una incompetencia que tardará mucho tiempo en igualarse.

Aire fresco

Con el triunfo de la moción de censura promovida por el PSOE contra Mariano Rajoy, una ráfaga de aire fresco ha entrado en el Congreso, en la Moncloa y también en la vida política nacional, que esperemos acabe expulsando el hedor desprendido durante tanto tiempo por los gobiernos del Partido Popular.  

La situación, estable hace apenas unos días al aprobarse los Presupuestos Generales del Estado, ha cambiado por completo, y la buena suerte, que parecía asegurar que el inane gobierno de Rajoy pudiera terminar, trampeando, la legislatura, le ha vuelto repentinamente la espalda tras conocerse la sentencia judicial sobre el caso “Gurtel”.

La sentencia hubiera sido un mazazo para cualquier gobierno, pero más para este por sus antecedentes y por el momento en que se produjo. Dos días antes de conocerse, era detenido Eduardo Zaplana, ex presidente de la Comunidad Valenciana, que ha sido otro de los centros neurálgicos de la corrupción del PP. Zaplana, presidente en los años de opacidad y despilfarro (1995-2002), cuando el Turia no era de plata, como dice el himno, sino de oro, ha sido acusado de blanqueo y delito fiscal al tratar de repatriar, desde Panamá, 10,5 millones de euros procedentes, presuntamente, del cobro de sobornos durante su mandato (en la madre patria).

Ese mismo día, el Tribunal de Cuentas volvía a señalar irregularidades en la contabilidad de la Ciudad de la Justicia de Madrid. El apenas iniciado proyecto faraónico de Esperanza Aguirre (un edificio, de los doce previstos, unidos por casi dos kilómetros de túneles asfaltados), que hasta el momento ha tenido 105 millones de euros tirados de forma inútil en boato, promoción, contratos dudosos, sueldos exagerados a amigos y conocidos y otros gastos por justificar, ya que han desaparecido las correspondientes facturas.      

Un día después de conocerse la sentencia del caso “Gurtel”, un juez de Madrid anuló la venta de 2.935 pisos del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), realizada en 2013, durante el mandato de Ignacio González (implicado en el caso “Lezo”), a un fondo de inversión de los llamados “buitres” por la módica cantidad de 211 millones de euros.

Todo esto ocurría poco después del turbio asunto del (presunto) máster de Cristina Cifuentes y del episodio del bolso, que determinaron su dimisión de la Presidencia de la Comunidad de Madrid y el final de su carrera política, y a un mes escaso de que el Consejo de Europa solicitara al senador del PP, Pedro Agramunt, su dimisión en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa por corrupción.

Con toda su importancia, la sentencia sobre “Gurtel” no zanja las cuentas pendientes del PP con la justicia, pues le aguarda un rosario de casos, que llegan a la treintena, entre ellos los referidos a espesas tramas como “Púnica”, “Lezo” y “Taula”.
Desde el punto de vista judicial, el año 2018 empezó bastante mal para el PP: en enero figuraban imputados 4 ex ministros, 6 ex presidentes de comunidades autónomas, 5 ex presidentes de diputaciones, 5 diputados nacionales, 18 consejeros de comunidades autónomas, 3 ex tesoreros nacionales y hasta 800 concejales y cargos políticos de menos nivel.   

En estos momentos, hay 12 (de 14) ministros de la época de Aznar que tienen cuentas pendientes con la justicia, tres ex presidentes de la Generalidad de Valencia, otros 3 de la Comunidad de Madrid, uno en Murcia, además de otros que ya fueron condenados, como Matas, pero que están imputados en otras causas. Eso sin contar las decenas de alcaldes y concejales imputados en casos menores. Y para más escarnio, el Gobierno recién desalojado tenía reprobados a cinco ministros.   

Lo más curioso de este asunto es que dentro del Partido Popular nadie quisiera hacer frente a esta infección. El numantino y ciego apoyo a Rajoy y a sus más cercanos colaboradores ha sido una actitud suicida, pero ahí seguían, hablando hipocritamente de transparencia y aferrados a los resortes del poder como mejor baluarte ante la acción de la justicia, mientras en las encuestas descendían en intención de voto, pero confiados en que las divididas fuerzas de la oposición les permitieran seguir así, tapándose malamente las vergüenzas y gobernando sin programa y sin ganas.

En estas circunstancias, ante lo que exige la situación interna del país y lo que demanda la difícil coyuntura de la Unión Europea, un gobierno como el de Rajoy no podía seguir representando a España. Presentar la moción de censura era un acto necesario, un deber casi patriótico, aunque no me gusta la connotación que tiene tal término, una medida de higiene política y hasta diría de salud mental.

Pedro Sánchez no lo va a tener fácil. Por los interesados y coyunturales apoyos que ha recibido tendremos un gobierno inestable, y es cierto; inestable pero presentable; lo que no era ni podía ser, por muchos recambios que se le buscaran, el gobierno de Rajoy.

La política necesaria

En un día como hoy, mientras se debate en el Congreso la moción de censura que tiene el propósito de desalojar del Gobierno al corrompido partido de Rajoy, sólo me atrevo a exponer una desusada noción de la política.

La humana actividad de la política es necesaria porque no somos ni ángeles ni bestias; porque, a nuestro pesar, tenemos mucho de bestias pero nos creemos ángeles, y sobre todo, porque estamos solos, arrojados a un mundo sin dioses y excluidos del mundo de las bestias, y, por tanto, el orden humano es de nuestra exclusiva incumbencia.

La política es la actividad -¿la ciencia, el arte?- empeñada en intentar fundar un orden terrenal -no celestial-, inestable y cambiante a pesar de los esfuerzos por dotarlo de homogeneidad y permanencia, en el que los humanos, seres con grandes limitaciones, desmedidos deseos y tremendas ambiciones, puedan cooperar de la forma que sea -por acuerdo o coerción, o por una combinación de ambas- para sobrevivir.

Los humanos, como los primates más evolucionados que somos, nos hemos apartado de la naturaleza, en donde tenemos nuestro origen como individuos y como especie y, en parte, de nuestro hábitat, pero no nos hemos apartado lo suficiente como para ser sólo entes culturales.

Nos hemos adaptado y apartado, a la vez, de la naturaleza transformándola, en lugar de sólo adaptarnos a ella como hacen los demás animales, y nos hemos transformado nosotros a medida que hemos transformado el entorno. Hemos cambiado el medio -los medios, pues somos la única especie que puede habitar en medios naturales tan dispares-, pero en ese proceso hemos mutado y nos hemos convertido en seres culturales, determinados por la naturaleza, claro, pero también por nuestras propias creaciones para alejarnos de ella.

Con esto, pretendo señalar que compartimos con los animales el inexorable mandato de la naturaleza, que es asegurar la continuidad de las especies mediante los instintos de supervivencia y de reproducción de cada individuo, y segundo, que no compartimos, al menos plenamente, el modo asumido por los animales para cumplir esos imperativos mandatos.  

Los humanos -los humanes, como escribe Mosterín, cuando nos considera una especie- hemos escapado, aunque no del todo, a esas determinaciones de la naturaleza, y si descartamos por inverosímil la hipótesis religiosa que asegura -sin pruebas- que existe una sublime y eterna inteligencia que gobierna el orden celeste, del cual el orden terrestre es sólo una emanación imperfecta, entonces podemos referirnos a la necesaria función de la política.

Y si no somos plenamente ni bestias ni ángeles, sino que compartimos porciones de ambos, que somos pasión y razón a la vez, nuestro orden social es precario; por eso es necesaria la política: el arte o la ciencia de gobernar, de gobernarnos, y de afrontar los asuntos comunes.

Hablar sobre la política obliga a referirse al origen urbano del término griego, pues, en la cultura europea occidental, es en la Grecia clásica donde surgen las primeras reflexiones sobre los obstáculos que encuentra la convivencia entre personas desconocidas, es decir, el trato permanente entre gentes que no son ni lejanamente parientes. Y es en la polis -la ciudad/Estado-, en el limitado territorio donde se agrupan de manera estable personas extrañas, donde inicialmente se medita acerca de las dificultades que entraña esa permanente y forzada convivencia.

La ciudad, no sólo entendida como diseño urbano, sino como espacio para convivir y como metáfora del Estado, es el ámbito específicamente humano, artificial, logrado por miles de años de civilización que nos ha alejado del ámbito propio de los animales, que es la naturaleza. En ese ámbito exclusivamente humano se entrecruzan cada día miles de trayectorias vitales y de proyectos particulares, que no son coincidentes ni en sus medios ni en sus fines, de ahí viene la necesidad de organizar, limitar y encauzar, tales proyectos para evitar que choquen y que se destruyan recíprocamente en su aspiración a realizarse. La ciudad (el Estado moderno) es, así, además de un ámbito artificial, un territorio conflictivo en precario equilibrio, amenazado por las contradictorias apetencias de grupos e individuos.

Aristóteles, que consideraba que el orden social depende de la voluntad de muchos, veía, ya en el siglo IV antes de Cristo y en una civilización bien distinta a la nuestra, las tensiones que podían acabar con la ciudad y proponía una ética eminentemente práctica que las contuviera y condujera, y que tuviera, por demás, su continuación en la política como gestión de los asuntos comunes, pues, si cada ciudadano o cada grupo asumía que sus aspiraciones debían contemplar como obligado límite las aspiraciones de otros, era posible garantizar la permanencia de ese ámbito, que él consideraba natural -tan natural como la agrupación de las abejas, señala-, en el que dichas aspiraciones pudieran realizarse.

Pero no somos abejas, aunque estemos en un avispero. Lo que espero, aunque quizá ya sea tarde, es que en el Congreso predomine la razón antes que la pasión, las razones antes que las pasiones; la candidez de los ángeles antes que los instintos de las bestias. Pero no estoy seguro de que así ocurra.

Blanca y radiante

Como una virgen vestida con el color de la pureza o una ingenua niña de primera comunión, blanca y radiante iba ataviada Cristina Cifuentes para despedirse del cargo de Presidenta de la Comunidad de Madrid, en el que, con pertinaz porfía, se ha mantenido a pesar de las evidencias de que el máster en “Derecho Público del Estado autonómico” (vaya con el nombre y con la práctica de esta alumna aventajada) había sido más bien el regalo de un departamento universitario bastante opaco, antes que un título merecido por su esfuerzo y dedicación.

Encastillada en el cargo y desafiante ante quienes le exigían pruebas verosímiles que acreditaran su currículo o la dimisión, Cifuentes se negaba a hacerlo, apoyada por su grupo en la Asamblea y por su partido, como lo prueban los aplausos recibidos en la reciente convención de Sevilla.

La experiencia nos dice que si el PP hubiera tenido mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid es casi seguro que Rajoy no hubiera cedido y que Cifuentes a estas horas seguiría en el cargo, pero, para su desventura y para beneficio del sistema democrático, no la tiene, y la amenaza de ser desalojada por un moción de censura promovida por el PSOE y apoyada por Podemos, y quizá por un renuente Ciudadanos, obligaba a Rajoy a mover ficha.

Sin embargo, la ficha no la ha movido él, en apariencia, sino una mano negra, del entorno “amigo”, pero rencoroso, que, con un vídeo añejo sacado de algún fondo de reptiles, ha obligado a Cifuentes a dimitir por un quítame allá esos tarros de crema, que estaban inadvertidamente dentro de su bolso.

No sabía la ya expresidenta que en esa sucursal de Eroski, que estaba (ya no existe) frente a la Asamblea de Madrid, era habitual que las cajeras pidieran a las clientas que abrieran los bolsos, incluso las cajas de compresas o de galletas, dado el elevado número de hurtos que allí se producían. Lo que nadie esperaba es que la entonces vicepresidenta de la Asamblea, que cobraba un buen sueldo amén de los pluses y otras prebendas, fuera aficionada a los deportes de riesgo por ahorrarse una miseria, pues en ese almacén no era extraño ver salir a gente corriendo seguida por guardas de seguridad, que no les solían alcanzar. Se ve que Cifuentes no era aficionada al “running”, que está tan de moda.

En cualquier caso, un asunto menor, una debilidad, que, le puede suceder a cualquiera, por ejemplo a otro diputado del PP, en unos almacenes de Londres, cuando, en la bolsa, se le “deslizó” -eso dijo- un pijama sin pasar por caja.

Pero el asunto menor de Cifuentes se junta con el asunto un poco mayor del falso máster y con otros, verdaderamente grandes, de la Comunidad de Madrid, que es un centro neurálgico de mala administración, despilfarro y tramas corruptas, un auténtico pudridero, desde el momento que, en 2003, Esperanza Aguirre, que nada sabe de la corrupción que la ha rodeado durante años sin romperla ni mancharla, sentó sus reales en la Presidencia de la Comunidad, gracias al “tamayazo”, con que se la birló a Rafael Simancas, en una jugada parecida a la que el PP preparó a Demetrio Madrid para quitarle la presidencia de la Comunidad de Castilla-León, que luego ocupó Aznar. Madrid quedó absuelto del infundio que se le imputaba, pero no le devolvieron el cargo. Para que luego vengan con la mandanga de que si Gabilondo quiere gobernar, que gane las elecciones.    

Según ha indicado su interino sucesor en el cargo, Cifuentes conserva su escaño de diputada en la Asamblea, porque no ha incumplido ningún artículo del código ético del PP que merezca su remoción.

Ignoro el contenido de dicho código ético, que presumo deliberadamente laxo o quizá tenga sólo una existencia nominal, como el célebre máster, pero lo cierto es que se siguen conociendo casos de corrupción en las filas del Partido Popular, el último el del senador Pedro Agramunt, por unos favores en Azerbayán, sin que el famoso código haya servido para otra cosa que para hablar de regeneración y transparencia y al mismo tiempo arropar a los corruptos.

Por fortuna, no actúa así la baqueteada administración de justicia, que con pocos medios humanos y materiales y notables interferencias desde el Ejecutivo, sigue pasito a pasito con su tarea y al final los casos alcanzan su meta. Este año, el PP tiene una “agenda judicial” muy cargada, pues están imputados 4 ministros, 6 presidentes de comunidades autónomas, 5 expresidentes de diputaciones, 3 ex tesoreros nacionales, 18 consejeros de comunidades autónomas y casi 800 concejales y otros cargos de menor importancia. Más lo que vaya saliendo.    

Cifuentes

El caso del falso máster de Cristina Cifuentes, es un caso de libro, por no decir de máster, que demuestra que del PP no es posible esperar una regeneración interna y mucho menos confiar en que la acometan en las instituciones, que tanto han contribuido a deteriorar. 
El PP es un partido de otro régimen político, incrustado en este, que vive aferrado parasitariamente a instituciones que no estaban preparadas para recibir ese uso y que han sido convertidas en instrumentos al servicio de una noción patrimonial del poder y de intereses personales inconfesables, ante los cuales los ciudadanos se encuentran desarmados, porque el régimen está ya podrido desde la médula.

Juegos

En Madrid, Ciudadanos juega al póker con el PP; ambos jugadores, con el rostro impasible, escrutan los movimientos del otro para intentar concluir la partida llevándose la apuesta que está sobre el tapete -la dimisión, destitución o reemplazo de Cifuentes-, evitando que sea apeada con una moción de censura por el PSOE y Podemos. A todos les ha entrado prisa electoral, pero Rajoy, impasible, deja que el tiempo abrase a sus adversarios. Cifuentes, sentenciada, ha optado por abandonar el trono obligada, sin honor y sin máster.

En el resto de España, en el PP siguen jugando al Monopoly, con el Gobierno en funciones, casi paralizado, y confiando que la presión de los indepes catalanes y la aplicación del artículo 155 les salven la legislatura.       

El cercano funeral político por Cifuentes, ha repercutido también en Podemos desatando un lío -¿y cuándo no es Pascua en Podemos?- por un quítame allá esos tronos. Cuando se está preparando a Errejón como candidato al trono de la Comunidad de Madrid, alguien ya piensa en despojar del suyo a Iglesias.

A ver si va a tener que ser Felipe VI quien le diga al experto en “Juego de tronos” lo que tiene que hacer para conservar su monarquía, aunque sólo sea por devolverle el obsequio que el gran Descamisado le hizo en su día.  

En el PSOE pocas cosas están claras, que Gabilondo será candidato a la Comunidad, sí lo está, pero poco más. Y la oferta a Carmena como hipotética candidata a la alcaldía más parece un rumor envenenado. Tampoco está claro que Carmena repita como candidata, a no ser que consiga, por su propia salud, librarse de unos cuantos incompetentes que varias capillas de Podemos y sus aledaños le han colocado como equipo.    

Los independentistas catalanes siguen jugando, como trileros, a mover los cubiletes para esconder al candidato a President -nada por aquí, nada por allá, ¿dónde está?-  y Puigdemont, en Alemania, juega a “la manga riega, que aquí no llega”, creyéndose a salvo de la justicia española.

En el PNV siguen jugando a lo de siempre: a la regla Ignaciana de no ser del mundo, léase España, pero estar en el mundo (cobrando), y ateniéndose a la frase del de Loyola, de “en tiempo de desolación nunca hacer mudanza”. ¿Y para qué van a cambiar, si les va bien con el cupo?

España es Casino Royal, pero sin 007.

Seguimos “en funciones”

Good morning, Spain, que es different

Como una barca varada en la arena, nos hemos parado. Hemos encallado; políticamente no nos movemos. 

Ni en Barcelona ni en Madrid, los dos centros de poder donde se concentra y se resuelve hoy la vida nacional, sucede algo digno de mentarse; repetición, porfía, empecinamiento: nada. Palabras, intentos, dejar hacer, dejar pasar, pero la Generalitat sigue sin presidente, por el empeño de la guardia pretoriana de Puigdemont de investirlo President “in absentia” pero en plasma, y la guardia pretoriana de Rajoy empeñada en no pasar ni una en el Congreso. Trece leyes aprobadas en 2017 y 45 vetos a las propuestas de la oposición. Sin iniciativas legislativas se quitan a los opositores oportunidades de hacer su labor. Estupendo.

Rajoy, tranquilo, muy en lo suyo, ni gobierna ni deja gobernar y deja pasar el tiempo, pero el vicio del perro del hortelano, que ni come ni deja comer, se ha enseñoreado también de la Generalitat. ¿Quién iba a pensar que Rajoy y Puigdemont se pudieran comportar como almas gemelas? Ni el Gobierno central ni el autonómico tienen aprobados los presupuestos para este año, que es lo mínimo que se puede pedir para funcionar como gobiernos. Pues, vale.

Tras la breve legislatura de 2016, Rajoy, en 2018, sigue actuando como si fuera el Presidente del gobierno en funciones de 2015. Y ahí estamos, varados.

Les dejo un párrafo de “España invertebrada” y saque cada cual sus conclusiones: “Castilla se transforma en lo más opuesto a sí misma: se vuelve suspicaz, angosta, sórdida, agria. Ya no se ocupa de potenciar la vida de las otras regiones; celosa de ellas, las abandona a sí mismas y empieza a no enterarse de lo que en ellas pasa.

Si Cataluña y Vasconia hubiesen sido las razas formidables que ahora se imaginan ser, habrían dado un terrible tirón de Castilla cuando ésta comenzó a hacerse particularista, es decir, a no contar debidamente con ellas. La sacudida de la periferia hubiera acaso despertado las antiguas virtudes del centro y no habrían, por ventura, caído en la perdurable modorra de idiotez y egoísmo que ha sido durante tres siglos nuestra historia”. Pues eso.

España disuasoria

Y porque en España no hay un proyecto claro de futuro. Para mucha gente, España es un país poco ilusionante, incluso disuasorio y, eso explica, en parte, el crecimiento de esos movimientos periféricos que buscan un camino propio hacia no se sabe muy dónde, pero lo que parece claro es el deseo de soltar amarras y navegar por su cuenta.

Lo que es poco ilusionante es la administración de justicia lenta, la crónica jurídica sobre una corrupción que no cesa y alcanza a los dirigentes del partido gobernante; es poco ilusionante la edad de salida de los jóvenes del hogar paterno (33 años), la baja tasa de natalidad (dos años seguidos en los que el número de fallecidos ha superado al de nacidos), el paro (16% de índice general) más alto en jóvenes y eterno para los mayores de 40 años; los contratos basura y los sueldos de mierda; las largas jornadas laborales, la vulneración patronal de los convenios, la deuda del Estado (la administración central no ahorra, pero limita el gasto de municipios y comunidades), la vuelta al mismo modelo que explotó en 2008 (no hemos cambiado de modelo productivo), la permanencia de España en los últimos lugares de Europa en ayudas públicas y gasto social; lo que es poco ilusionante es que seamos uno de los países de Europa con el precio más alto de la luz, de que Alemania, con menos horas de sol produzca más energía fotovoltaica, que seamos el único país del mundo donde hay un impuesto que grava la luz solar para dificultar su uso en la producción doméstica; es poco ilusionante el sistema fiscal, con la presión por debajo de la media europea, un elevado fraude fiscal y, de vez en cuando, una amnistía para los más ricos; es poco ilusionante la opacidad con que se gobierna, que impide conocer las condiciones en que se han privatizado bienes y servicios públicos y se ha dilapidado dinero a espuertas... Y podría seguir otra rato, añadiendo asuntos poco ilusionantes, que están al alcance de cualquiera que lea el periódico cada día.

No he afirmado que no sea ab-so-lu-ta-men-te necesaria una reforma fiscal, que grave las rentas más altas, los beneficios de los oligopolios y de las corporaciones transnacionales, y se dote de una inspección más efectiva para perseguir el fraude fiscal, sobre todo el gran fraude que se va a chorros hacia los paraísos fiscales. Pero esto rompe la doctrina neoliberal imperante.

El estilo militar

Una muestra más de la debilidad de las fuerzas de la burguesía democrática en España es la existencia del Partido Popular, partido político, biológica e ideológicamente heredero directo del franquismo y del pensamiento católico reaccionario; un partido jerárquico, autoritario y caudillista, sin democracia interna y donde la vida partidaria transcurre entre sórdidas intrigas de gente movida únicamente por el interés a corto plazo y por situarse lo más cerca posible de la cúpula dirigente para tener acceso a las prebendas derivadas del expolio del patrimonio común del país. Sus dirigentes y afiliados actúan como militares con traje de paisano (y no pocos con sotana) y su manera de proceder en el ámbito de la política es más propia del estilo militar y eclesiástico que del civil y democrático.

Después de haberse mostrado como una oposición bronca y desleal, para la que no existe nada en el Estado que no pueda ser utilizado de manera crispada contra el Gobierno legítimo (del PSOE), llegan al poder sin respetar las reglas -financiados con dinero negro- y ocupan las instituciones del Estado como se ocupa un territorio conquistado, que se somete al mandato del nuevo ocupante, el cual dispone a su antojo de los bienes y servicios públicos confiados a su custodia y gobernando de modo descarado para los suyos -clientelismo, políticas de clase-, ejerciendo un poder opaco -gobernar sin rendir cuentas-, que tiende a desbordar los límites de lo permitido con la abusiva interpretación de leyes y reglamentos y la instrumentalización de las instituciones del Estado según su conveniencia. Su cambiante interpretación de las reglas del juego y de la Constitución, capturada por leguleyos afines, es la única verdadera y la que vale según sea la ocasión, pero interpretada siempre a su favor.

El país entero es tomado como el botín de un ejército victorioso, que se arrebata a los ciudadanos tenidos como adversarios y se reparte según convenga a la estrategia del Partido y a los intereses de las clases sociales mejor situadas, y el patrimonio común ciudadano se convierte en el patrimonio privado de los políticos que detentan el poder del Estado. España es como un cuartel, mandado por bandoleros, regido por el orden público y la disciplina laboral; de sus habitantes se espera colaboración o al menos silencio y obediencia.   

Según Vidal Beneyto (“Resistencia crítica”, El País, 5-I-2008): La derecha no ha tenido nunca problemas con su identidad. Nostalgia por el orden; proclividad por la compañía de la Iglesia y del uniforme. Querencia inagotable por la eficacia y el éxito, en primer lugar económico; fervor por las esencias del pasado; culto a la seguridad y el control; añoranza por el autoritarismo como régimen y como práctica, sin olvidar a alergia a la crítica y la redentora invocación de la ética y otras coartadas curalotodo destinadas a compensar la acumulación de beneficios. De ahí su conflictiva relación con la democracia.

Preocupante derecha

8. Una derecha incompetente pero exultante

La desorientación y la incompetencia harto probadas no impiden mostrar el alto grado de huera satisfacción hacía sí mismos, que exhiben los miembros del Gobierno y otros fatuos responsables del Partido Popular. Están encantados porque gobiernan, pues ese era el objetivo de la desleal oposición efectuada a Zapatero, pero están cegados por el poder y perdidos en la crisis.

La derecha de siempre ha recuperado la hegemonía. La perdió en favor de la derecha reformista aglutinada por UCD, que al pactar con la izquierda permitió efectuar la transición, pero con el Gobierno de Aznar empezó a recuperarla. Aznar atizó la tensión política para recuperar la iniciativa y restaurar valores, conductas y mitos de la antigua derecha franquista recubiertos por una pátina neoliberal, tomada de los republicanos de EE.UU. y amparada por el auge de la revolución conservadora y el rearme integrista de la Iglesia católica.

La derecha española es neoliberal pero autoritaria y centralista; defiende el mercado libre pero es proteccionista; es patriótica pero renuncia gustosamente a defender la soberanía nacional; se dice popular pero odia a la gente que no es rica; se dice católica pero es beata e inmisericorde, y sigue aferrada a abusos políticos del siglo XIX; las alcaldadas, el caciquismo y la corrupción son actitudes habituales allí donde gobierna. La derecha española se resiste con firmeza a ser democrática, civilizada y laica, o al menos profesar un catolicismo íntimo e indulgente.

Las décadas de hegemonía conservadora en todo el mundo, a las que España no ha escapado, han despojado a los gobiernos, y están despojando a las sociedades, de principios provistos de cooperación, humanismo y solidaridad y los han sustituido por conductas y valores propios del neoliberalismo, como son el egoísmo y la desigualdad, el individualismo patológico, el culto a los fuertes y a los triunfadores, el desprecio hacia los débiles, la competencia feroz y desleal; la condena de lo común y compartido y de lo público y gratuito, y el elogio de lo privado, pagado y exclusivo; la ostentación de la riqueza, la búsqueda del dinero fácil y el triunfo personal en el marco de un capitalismo salvaje, donde el Mercado se vuelve máximo, el Estado social se hace mínimo y el poder político se hace despótico, distante y opaco. Todo ello empapuzado por una moral religiosa hipócrita, intolerante y pacata, impulsada en España por un catolicismo rancio.

Fragmento del artículo "Érase un país desorientado", Trasversales nº 27, octubre, 2012. 

Desencanto

7. Una ciudadanía desencantada

Diversos estudios coinciden en señalar la desafección ciudadana respecto a la clase política -la tercera preocupación de la gente después de la crisis y el paro, según el CIS-, inquietante fenómeno que debería formularse al revés: la desafección de la clase política respecto a la ciudadanía, pues es la primera, con su conducta, la que se ha ido alejando de la segunda.

Los ciudadanos han comprobado que los partidos políticos, y en particular los dos mayores, han actuado de modo similar ante la crisis. Ambos han apoyado el modelo de crecimiento, basado en el consumismo y la construcción, y han actuado luego de manera semejante. No han sido capaces de prever los efectos negativos del modelo implantado, ni de enfrentarse con decisión a la crisis cuando se declaró. No han sabido prevenir ni luego corregir el rumbo o detenerlo (pinchar la burbuja inmobiliaria), ni tampoco castigar a los culpables de unos excesos que son notorios y en demasiados casos delictivos. Ambos  han actuado con disimulo y abandono del programa electoral, que ha dejado de ser un mero compromiso formal con los electores.

Desligados de las necesidades de la gente corriente, parece que hacen el favor de sacarla de una crisis descomunal generada por haber gastado por encima de su renta, y que el justo castigo a su derroche sean las estrictas medidas de austeridad selectivamente aplicadas hacia abajo, pues se estima que los ricos han sido mejores administradores, por lo cual merecen la ayuda de fondos públicos para sanear algunos de sus negocios.

Todo ello ha aumentado la desconfianza ciudadana hacia unos gestores de lo público mediocres y manirrotos, cuando no corruptos, que, por otra parte, y con honrosas excepciones, tampoco están a la altura de lo que precisa la difícil situación del país ni de lo que la recesión económica exige a los ciudadanos.

Como en otros momentos de nuestra historia, parece que vamos hacia atrás. En poco tiempo, la derecha está deshaciendo conquistas populares -derechos y formas de vida- logradas con gran esfuerzo a lo largo de mucho tiempo. Con rápidos plumazos -gobierna con decretos- suprime derechos democráticos y garantías sociales, contribuyendo a separar el país, no ya por la ideología política o el credo religioso, que también, sino por la renta.

España se divide en menos ricos más ricos (algunas fortunas figuran entre las mayores del mundo) y más gente pobre -muchos mucho más pobres-, en tanto las clases medias merman en número y pierden poder adquisitivo. Se rompe también el hilo de continuidad entre el país del cercano ayer y el país del futuro, pues las medidas a corto plazo impedirán también la recuperación a largo plazo, que depende de la actividad de generaciones de jóvenes, que, como ciudadanos adultos y autónomos, carecen de presente y de inmediato porvenir. El informe de la OCDE “Panorama de la Educación 2012” coloca a España en la cabeza de la lista de los países europeos con mayor proporción de jóvenes -el 23,7%-, entre 15 y 29 años, que no estudian ni trabajan (ninis) (la media de la OCDE es el 15,8%), y el 29%, entre los que tienen 25 y 29 años. En total 1.900.000 personas. La cifra creció 7 puntos entre 2008 y 2010. En la última década, el abandono escolar fue del 30%, aunque en 2011 descendió al 26,5%.

Se está dibujando un país con un futuro preocupante -más centralista, más autoritario, más injusto y desigual- o se apunta incluso la configuración de otro país debido al aumento de las tendencias centrífugas. La solución de muchos ciudadanos para sobrevivir parece estar marcharse, solos o acompañados en forma de nación independiente, huyendo de la madre patria, que, como en otras ocasiones, vuelve ser una rencorosa madrastra.

Fragmento del artículo "Érase una país desorientado", Trasversales nº 27, octubre, 2012. 

Instituciones deslegitimadas

6. Unas instituciones deslegitimadas

En relación con lo anterior, asistimos a las exequias de lo que se llamó el espíritu de la transición, que se manifiesta, además de, en la poco ejemplar conducta de la llamada clase política, en las carencias y disfunciones de las instituciones democráticas. 

Es harto preocupante constatar la obsolescencia y la esclerosis de las instituciones surgidas tras el ocaso de la dictadura, cuyo funcionamiento es renqueante a los ojos de los ciudadanos, que han comprobado, en primer lugar, que, desde el punto de vista práctico, no sirven para defenderles como trabajadores, de las embestidas de la clase patronal, y como consumidores de los cotidianos abusos de los bancos, los oligopolios y grandes compañías de las que son rehenes, y que, en segundo lugar, están sometidas a mañas y deformidades derivadas de intereses corporativos, de la lucha partidista y de la corrupción. No sorprende, pues, la mala imagen pública del Tribunal Supremo, del Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial, del Congreso y del Senado, de la administración central y autonómica o las entidades encargadas de controlar el gasto público, que han sido un juguete en manos de los grandes partidos, en particular del Partido Popular, que las ha manipulado por simple oportunismo político. Si quienes deben más lealtad a las instituciones se han encargado de deslegitimarlas, la llamada desafección de los ciudadanos está plenamente explicada.

Si a eso añadimos la incapacidad, como poco, o la complicidad, del Banco de España, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, del Ministerio de Hacienda y las consejerías autonómicas homólogas, así como de los llamados órganos reguladores, para controlar el desmesurado desarrollo del sector financiero, el arriesgado aumento del crédito y el crecimiento de la burbuja inmobiliaria, y si además sumamos el desprestigio de los partidos políticos, del parlamento, de la judicatura, de la Iglesia y de la monarquía, habrá que concluir que el régimen político surgido tras la dictadura está seriamente averiado, y que la transición está agotada en sus fuerzas pero inconclusa en sus metas, que eran instaurar una democracia avanzada y un Estado social y democrático de Derecho, que propugnase como valores superiores la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, como recoge la Constitución. Pero no se han cultivado las virtudes cívicas necesarias ni se han efectuado las reformas para avanzar en tal sentido, sino que hemos retrocedido respecto a aquellas metas y con un régimen “canovista” restaurado de hecho, se perciben alarmantes intentos de restaurar un pasado impresentable.

Fragmento del artículo "Érase un país desorientado", Trasversales nº 27, octubre, 2012. 

Gobierno mediocre

3. Un gobierno mediocre

El Gobierno español, que no duda del modelo que ha quebrado, lo fía todo a restringir los gastos para devolver una deuda que no cesa de crecer, pero sin gravar fiscalmente a quienes más tienen para aumentar los ingresos públicos. Las condiciones impuestas por Bruselas al segundo rescate financiero -unos 100.000 millones de euros, por ahora-, van a cargar los costes sobre quienes ya soportan, con merma de sus derechos y deterioro de sus condiciones de vida, las medidas adoptadas para hacer frente a una crisis a la que no se le ve fin ni solución. Las perspectivas inmediatas son sombrías: si algo no cambia pronto, a la inmensa de los españoles nos esperan más recortes; es decir, vivir aún peor, sin otro horizonte que volver a los años cincuenta del siglo pasado, arrastrando una deuda externa imposible de devolver.

El Gobierno del Partido Popular -sin líder ni liderazgo pero autoritario, opaco, mentiroso y protector de la evasión fiscal- muestra su tuétano conservador, su aversión a los trabajadores, su falta de visión ante el futuro y su egoísmo de clase al aprovechar la situación para restaurar el pasado. Su obsesión es conservar los privilegios de las clases altas y tratar de restablecer los antiguos, repartir de nuevo la riqueza, despojando de ella a las clases subalternas, y reducir la soberanía de la ciudadanía con un simulacro de democracia.

El PP no puede proponer una solución nacional a la crisis porque no la tiene ni la quiere: está sobrado de mentiras y titubeos, pero falto de un discurso general y de una clara proyección hacia el futuro que contemple los intereses de todo el país. Ausente de las cámaras, y con el Congreso reducido a ratificar decretos, los silencios y vacilaciones de Rajoy son alarmantes, pero sus oscilaciones en la Unión Europea son abochornantes, pues cambia de aliado según el día (acercamiento al dúo Merkozy, luego a Monti, a Hollande y de nuevo a Merkel), demora las decisiones y sus discursos son desmentidos por la realidad. Lejos de generar confianza en los inversores y en la “troika”, su manera de proceder suscita sospechas sobre lo que, voluntaria o involuntariamente, esconde, pues los datos sobre la economía española son regularmente desmentidos por los que ofrecen agencias, auditores y entidades internacionales, que son peores. El Gobierno está rendido ante la magnitud de la crisis y trata de ganar tiempo, pero, a pesar del disimulo, espera recibir instrucciones y socorro financiero de la Unión Europea.

Según el barómetro de Metroscopia del mes de septiembre, ningún ministro merece el aprobado por su trabajo. El mejor valorado es Morenés, cuya gestión sólo la desaprueba el 48% de los encuestados, el peor es Wert, que recibe un rechazo del 69%. El presidente del gobierno inspira poca o ninguna confianza al 84% de los votantes (el 59% lo son del PP) y el 89% desconfía de Rubalcaba, líder del principal partido de la oposición.

En el ínterin, su proyecto político, que recoge las viejas aspiraciones de la derecha autoritaria, se resume en: a) doblegar a los asalariados para satisfacer a una patronal perezosa, tramposa y proteccionista, que prospera con ayuda del BOE; b) desmontar el (ya modesto) Estado del bienestar; c) reducir la democracia; d) ajustar la sociedad a los dogmas de la moral católica; y e) hacer la vista gorda ante la corrupción y el fraude fiscal.

La solución que el PP da a la recesión sólo conviene a una minoría, a una casta intocable e innombrable; es una insolidaria solución de clase, de una élite ambiciosa y reducida, formada por los ricos, la Iglesia, altos cargos de la clase política y la oligarquía que dirige las instituciones, los latifundistas, los grandes empresarios y la banca, que, contra sus alardes de patriotismo, son quienes no confían en este país, porque tienen parte de sus intereses (y de su dinero) en el extranjero, a salvo de las vicisitudes de la maltrecha economía nacional. Todo eso lo sabe, pero aplica con satisfacción y rigor el programa de la “troika”, porque es el suyo; sabe también que perjudica a la inmensa mayoría, por eso intenta manipular la información que está a su alcance y dificultar las muestras del descontento ciudadano aumentando la represión.   

Fragmento del artículo "Érase un país desorientado", Trasversales nº 27, octubre, 2012.    

Un país desorientado

1. Un país desorientado, otra vez

Como si viviéramos en la máquina del tiempo que describiera H. G. Wells o en una incansable noria, que nos hiciera pasar una y otra vez por el mismo lugar, en España nos hallamos de nuevo en una encrucijada, que nos recuerda tiempos pasados.

En una coyuntura internacional muy adversa, en nuestro país crecen y se amontonan viejos problemas sin resolver, problemas recientes mal resueltos y problemas actuales de difícil solución; problemas económicos y financieros, pero también políticos, sociales y morales; problemas internos y externos; problemas institucionales y territoriales; problemas estructurales agravados por problemas coyunturales; problemas urgentes y problemas importantes, pero ahora todos se han vuelto urgentes e importantes.

El dictamen empeora si se añade que carecemos de suficientes recursos económicos y en particular financieros para capear la crisis, pero también de élites con la valía necesaria para salir del atolladero sin un quebranto hondo y duradero, pues, dado el desprestigio de las clases dirigentes y la mediocridad del equipo gobernante, el país parece condenado largo tiempo a la postración. La crisis económica ha sacado a la luz una crisis política latente, pero que ya es  innegable; España es hoy un país endeudado, desorientado y dependiente, sometido a crecientes tensiones internas que pierde importancia en el entorno internacional más cercano.

En un mundo en acelerada remodelación, con la Unión Europea atravesada por una severa crisis política, cuando la coyuntura es dramática para el país en su conjunto y angustiosa para millones de familias, volvemos a comprobar que no nos hemos librado de una tendencia, inexorable como una ley física, que ha marcado nuestro acceso a la Modernidad: que España va a contrapelo de la evolución política de Occidente pero se adapta pronto a sus involuciones; es de los últimos países en acometer procesos de reformas en sentido progresista, pero de los primeros en impulsar restauraciones y saltos atrás. Se diría que lo nuestro es la Contrarreforma con mayúsculas, no sólo en materia religiosa sino política y económica, y que ahora estamos ante otro retroceso histórico, pues la actual oleada contrarreformista nos puede llevar a desandar medio siglo.

2. Un modelo económico y financiero fracasado

La actual depresión económica no es un reajuste del sistema productivo como las crisis monetarias y financieras anteriores, sino una crisis general que ha puesto en solfa el modelo financiero y bancario vigente, pero también el modo de producir, de comerciar, de hacer negocios, de trabajar, de consumir y de gobernar; de entender la vida, en definitiva, incluyendo en el término la de los seres humanos, desde luego, pero también la del planeta. Estamos ante una honda crisis del modo de producción capitalista; una crisis de la civilización occidental.

Hasta fechas recientes, bajo la hegemonía de los países capitalistas más desarrollados, en particular de Estados Unidos, el sistema económico mundial había funcionado como una aspiradora que succionaba capital en los países de la periferia y lo depositaba en el corazón del sistema financiero, pero ahora el expolio ya no se limita a las empobrecidas masas del tercer mundo, sino que alcanza a los asalariados de los países del centro del sistema, que, debido a diversos sistemas de protección, se hallaban en mejor situación.

Los más ricos del planeta, y en particular los de los países desarrollados, se han cansado de repartir una mínima parte de la riqueza obtenida mediante el esfuerzo colectivo con quienes la han producido y con los menos favorecidos. Sin nadie que se lo impida, ni un enemigo a la vista que les infunda temor, han dicho basta y, aprovechando las medidas para salir de la crisis, han decidido que lo quieren todo y lo quieren ya. La salida de la crisis, según la receta neoliberal adoptada por la “troika” -el FMI, el BCE y la Comisión Europea-, está creando un circulo vicioso que concentra la riqueza y aumenta la pobreza al mismo tiempo que hace necesarios nuevos créditos, que son difíciles de saldar cuando se restringe el gasto público, se paraliza la inversión privada, se reduce el consumo y crece el desempleo. Tal solución genera una voluminosa deuda externa imposible de devolver, garantiza el retroceso económico y ensancha el abismo entre rentas.

En España, la crisis económica, a la que hemos aportado los desequilibrios de nuestro crecimiento y la particular burbuja inmobiliaria, que se cebó para dar aliento a un modelo productivo que ya se agotaba, se alarga y sus peores efectos se agravan. Los estudios más optimistas empeoran el pronóstico oficial con dos años más de depresión y una larga etapa de crecimiento lento, que pospone décadas recuperar los niveles de actividad previos al estallido de la crisis.

Además del desmedido tamaño del sector financiero, la crisis ha revelado las fallas estructurales del aparato productivo, no sólo del mercado laboral, que es la percha de todos los golpes, sino de la “cultura” empresarial, de la formación profesional y del sistema educativo, de la dependencia energética, del sector de servicios, excesivamente dependiente del monocultivo del turismo y de la hostelería, del tamaño de las empresas (los pequeños y medianos negocios forman el 85% del tejido empresarial), del raquitismo del sector industrial y de la escasa producción técnica y científica (del promedio de 5000 patentes anuales, sólo el 5% acaban en el mercado), de las distorsiones provocadas por varias fuentes normativas y estructuras administrativas superpuestas y con frecuencia enfrentadas -local, provincial, autonómica y nacional, además de la europea-, y por un sistema judicial digno del siglo XIX, con un aparato de administración de justicia lastrado por usos estamentales, por la politización de sus órganos rectores y por una notable falta de medios materiales y humanos. Y como efecto de todo ello, el impreciso lugar que España ocupa en la economía mundial.

Ignoramos si a pesar de nuestros desequilibrios interiores, somos realmente un país moderno, con un desarrollo económico consolidado y algunos sectores industriales y de servicios punteros (construcción de infraestructuras, sistemas de control aéreo, energías renovables, hemoderivados, medicina y alta cirugía, telecomunicaciones, aeronáutica) o si, como efecto de nuestra historia reciente, con una modernización tardía, apresurada, desigual e insuficiente, podemos devenir en pocos años en un país sumergente, con un modelo económico de tipo latinoamericano que fácilmente nos precipite a los últimos lugares de Unión Europea en casi todos campos. Durante unos años, nos hemos sentido como un gigante económico, pero éramos un coloso con pies de barro, o mejor dicho, de barro cocido: de ladrillo. 

Fragmento del artículo "Érase un país desorientado", Trasversales nº 27, octubre, 2012.

Educación o adiestramiento

Lee y compara:
Preámbulo de la LOE (2006): “Las sociedades actuales conceden gran importancia a la educación que reciben sus jóvenes, en la convicción de que de ella dependen tanto el bienestar individual como el colectivo. La educación es el medio más adecuado para construir su personalidad, desarrollar al máximo sus capacidades, conformar su propia identidad personal y configurar su comprensión de la realidad, integrando la dimensión cognoscitiva, la afectiva y la axiológica. Para la sociedad, la educación es el medio de transmitir y, al mismo tiempo, de renovar la cultura y el acervo de cono­cimientos y valores que la sustentan, de extraer las máxi­mas posibilidades de sus fuentes de riqueza, de fomentar la convivencia democrática y el respeto a las diferencias individuales, de promover la solidaridad y evitar la discri­minación, con el objetivo fundamental de lograr la nece­saria cohesión social. Además, la educación es el medio más adecuado para garantizar el ejercicio de la ciudada­nía democrática, responsable, libre y crítica, que resulta indispensable para la constitución de sociedades avanza­das, dinámicas y justas. Por ese motivo, una buena edu­cación es la mayor riqueza y el principal recurso de un país y de sus ciudadanos.”
Primer párrafo del Anteproyecto de la LOMCE (2012) (Ley Wert): “La educación es el motor que promueve la competitividad de la economía y las cotas de prosperidad de un país; su nivel educativo determina su capacidad de competir con éxito en la arena internacional y de afrontar los desafíos que se planteen en el futuro. Mejorar el nivel de los ciudadanos en el ámbito educativo supone abrirles las puertas a puestos de trabajo de alta cualificación, lo que representa una apuesta por el crecimiento económico y por conseguir ventajas competitivas en el mercado global.”

Colocado en Face book, el 8 de noviembre de 2012.

El silencio de Rajoy

Good morning, Spain, que es different

Es difícil entender la postura reservada de Rajoy y del Gobierno ante el desafío de los nacionalistas catalanes. Los silencios del Presidente son conocidos, así como tancredismo -aguantar hasta que escampe- y su aversión a rendir cuentas; estando como parece que está a hacer lo que le manden desde Berlín o Bruselas, la palabra iniciativa está desterrada de su repertorio sin que el llamado problema -problemón- catalán le haya hecho cambiar de actitud.

El Gobierno está constitucionalmente obligado a defender la soberanía nacional y la unidad territorial, pero se refugia en lo obvio: en que hay que respetar la ley y la Constitución, sin más razones. Es una posición más propia de un gendarme que de un político y para eso no hace falta un gobierno. La defensa de la ley sin más argumento es una posición debilísima, porque lo que se opone a la ley es otra ley, surgida de otra (aparente) legitimidad; ley contra ley, nación contra nación. Ahí está el debate teórico, jurídico, político e ideológico que hay que librar con los nacionalistas, pero Rajoy se empecina en repetir que hay que respetar la ley y la Constitución, como si fuera portador de las Tablas de Moisés, que todo el mundo debe acatar sin discusión. Pero hay gente que no las quiere acatar.

La alusión a la necesidad de aplicar la ley debería ser la última razón para disuadir a los nacionalistas catalanes de su aventura, pero no la única razón, porque lo que ha faltado por parte del Gobierno son razones, argumentos en contra del discurso de los secesionistas, desmontando, en primer lugar, los dislates más gruesos de su relato y aportando, en positivo, con la abundante información que posee, argumentos que lleven a reflexionar sobre la conveniencia, económica y también política, para Cataluña de permanecer en España; es decir, explicar las ventajas de la unión y las posibles desventajas de la secesión, pero este trabajo lo han hecho otros, no el Gobierno.

En segundo lugar, para un partido que está siendo investigado por corrupción, por financiación ilegal y por utilizar los resortes del Estado para combatir a sus adversarios políticos, es decir por vulnerar la ley de manera continua a lo largo de décadas, refugiarse en la estricta aplicación de la ley es sencillamente suicida y denigra a la propia ley de que dice defender y a las instituciones que deben aplicarla.

El que calla, otorga. El gobierno desde hace demasiado tiempo ha venido callando y otorgando, y la alusión de la ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, a la función de las fuerzas armadas de garantizar la soberanía y la integridad territorial es imprudente -y obvia- y no suple el trabajo de argumentar  que no se ha hecho hasta ahora.

Ante el silencio del Gobierno, queda en manos de los catalanes no nacionalistas defenderse de los planes de quienes, en 48 horas, les quieren convertir en ciudadanos de otro país.  

¿Invertir en I+D?

Good morning, Spain, que es different

¿Invertir en I+D? ¿Y para qué?

En el misma día y en la misma sección (El País, 13-6-2017) aparecen dos noticias que reflejan la lógica del capitalismo español mejor que cualquier tratado de economía.
La primera dice: "España, una excepción en Europa por su falta de inversión en I+D". Los recortes en esta materia acumulados desde 2010 rondan el 50%. En los Presupuestos Generales se previó una reducción del 30%, pero ha habido recortes adicionales del 20% al no ejecutarse el gasto. La vieja treta del recorte sobre el recorte anunciado. Mientras en la UE se invierte en I+D un 25% más que antes del comienzo de la crisis, en España se destina un 10% menos.
La segunda noticia procede de CCOO: "No podemos asumir que se cobren 2,5 euros la hora" por trabajar, indica la secretaria general de Andalucía.
Ahí está la explicación de la falta de inversión en I+D: es la renuncia a competir con los países técnicamente más adelantados, porque con salarios de hambre y la población asalariada sometida a las leoninas condiciones de la reforma laboral competimos con los países y los salarios de África o de Asia.
Este es el lugar que el Gobierno de Rajoy destina a España en la economía mundial, en medio de tanta retórica. La marca España es una solución tercermundista, pero cuenta con el apoyo de los grandes capitales del país. 

Así estamos. 4. El Congreso

Good morning, Spain, que es different

En el Congreso la situación es compleja. Se ha terminado la mayoría absoluta (absolutista) del PP, pero la actual correlación de fuerzas y la falta de disposición o de adiestramiento de los nuevos partidos (el PSOE, en cierto modo también lo es) impide configurar mayorías para sacar adelante las leyes que espera una parte importante de la ciudadanía.

De momento, Rajoy ha conseguido sacar adelante los Presupuestos Generales de 2017 con el respaldo de 176 diputados del PP, PNV, Ciudadanos, Coalición Canaria y Nueva Canaria, habiendo rechazado todas las enmiendas de los partidos opuestos. Ha pagado una elevada factura -15.000 millones de euros comprometidos hasta el final de la legislatura- por tales apoyos, pero obtiene oxígeno para mantenerse en el Gobierno un par de años más. Cuando queramos darnos cuenta habrá transcurrido la mitad de otra legislatura sin otro horizonte que consolidar la “recuperación” económica con más austeridad hacia abajo, beneficios hacia arriba ni más ambición que seguir el camino que marque Ángela Merkel, como si nada importante hubiera ocurrido en los últimos diez años. Ahora el hemiciclo tiene más vida y todo es menos previsible. Al Congreso llega mejor la opinión de la calle, han entrado en la cámara asuntos que antes estaban vetados por la actitud del Partido Popular, pero no basta, pues, para que en la sociedad se noten los cambios debe haber, primero, nuevas leyes, y después que se apliquen, pero aún lo primero es difícil por los problemas que tienen los partidos para hablar y llegar a acuerdos mínimos.

Como producto de su juventud, dos de ellos están en una fase en que temen desnaturalizarse, o incluso traicionarse, si llegan a ciertos acuerdos con fuerzas que no son afines. En realidad, todos se tratan como adversarios a los que hay que batir y no como posibles aliados con los que hay que llegar a algún acuerdo para que sea verosímil su labor como oposición, porque a veces da la impresión que hacer de oposición es oponerse a los demás partidos. Así hay proyectos de leyes que no salen adelante porque no hay acuerdos en los aspectos concretos, una docena de comisiones de investigación (¡bienvenidas sean!) esperan el acuerdo sobre los componentes, sobre su presidencia o sobre comparecientes,  o por esa misma falta de acuerdo el PP intentar dar carpetazo a alguna otra.

Da la impresión de que los partidos de la oposición no se ponen de acuerdo porque no han determinado que es lo fundamental en esta etapa: si es echar a Rajoy o reformar lo que se pueda, o ambas cosas, y en la duda se mantiene Rajoy y se paralizan las esperadas reformas. Cierto es que determinadas reformas no podrán hacerse mientras Rajoy esté al frente del Gobierno y siga dócilmente las instrucciones de la Unión Europea, pero, sobre todo en Podemos parecen no saber qué hacer ante una situación que no es la esperada, que era la de alzarse con la victoria -asaltar el cielo- y colocarse en el gobierno -que era poco creíble-, ante lo cual deben pasar al plan B, del que carecen. Mientras lo preparan, siguen metidos en el regate corto, en lanzar iniciativas de escaso recorrido para marcar el terreno a posibles aliados, en librar escaramuzas que desgastan poco al Gobierno pero entretienen las tertulias y en mantener un talante transgresor que empieza a parecer infantil.  

Si se trata de cambiar algunas cosas, de llevar a cabo algunas reformas, aunque no tengan la profundidad deseada ni sean todas las que espera la gente, los partidos de la oposición deberían cambiar de actitud, lo cual es difícil de lograr por la situación que atraviesan, casi todos ellos inmaduros, incluso el PSOE, metido en un proceso de renovación que no se sabe cómo terminará.

Los dirigentes se mueven entre la presión de las bases y la opinión pública y el temor a pactar y desnaturalizarse y se percibe en ellos falta de comunicación consistente -no sólo titulares-, poca pedagogía política y escasa claridad en los programas, que siempre han sido un instrumento fundamental y más en tiempos de gran confusión, como los actuales, pero que ahora han perdido importancia.  

El programa señala el último objetivo -ausente o desdibujado, en la mayoría de los casos-, que es lo deseable, lo imaginado (falta imaginación), pero acota el campo de lo que es alcanzable de manera inmediata y señala pasos para avanzar hacia los últimos fines cubriendo etapas, pero admitiendo que eso también conlleva renuncias; señala el camino, que no es rectilíneo ni está exento de pactos y compromisos.

Para no engañar a la gente con un populismo facilón, no basta con señalar la indignación que genera el insatisfactorio presente y oponer como alternativa un futuro idílico aunque poco claro, hace falta explicar que, ante la imposibilidad de alcanzar todo de golpe, mágicamente, avanzar en algunos aspectos implica renunciar a hacerlo en otros. Y ese tipo de argumentos forma parte de la educación política de la que estamos tan necesitados en este país. Entretanto, no salimos del corto plazo, de las maniobras tácticas, de la eficacia inmediata, del regate, del ardid para descolocar al adversario y, sobre todo, al posible aliado, de la frase rotunda o del titular de periódico; de la politiquilla o de la politiquería; del tiqui-taca sin tirar a puerta.