Amnistías (1)

Ya tenemos ley de amnistía para los independentistas catalanes. Tras casi medio año de compleja gestación, el 30 de mayo se aprobó en el Congreso con 177 votos a favor, procedentes de los partidos de izquierda y los nacionalistas, y 172 en contra, emitidos por el PP, Vox, Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro.

Como es habitual cuando la derecha está en la oposición, la aprobación se hizo con la consabida bronca, presente durante la tramitación pues empezó incluso antes, cuando el Gobierno mostró su intención de rebajar la tensión en Cataluña con un indulto y luego una amnistía para los implicados del “procés”.

Desde ese momento, la ciudadanía asistió al toque a rebato de las derechas para oponerse a tal amnistía, devenida en ocasional motivo para tratar de derribar al Gobierno, recién salido de las urnas y calificado de ilegítimo porque el vencedor, por escaso margen de votos, fue el PP, que no puede gobernar por una elemental falta de apoyo parlamentario. Feijoo quiso negociar con los independentistas su investidura para presidir el Gobierno, pero los pactos locales y regionales del PP y Vox impidieron cualquier acuerdo posible. De otro modo hubiera aceptado la investidura pagando el precio que los nacionalistas exigieron a Sánchez o incluso uno más alto.

Ya lo hizo Aznar en 1996, en el pacto del Majestic con CiU, al aumentar de modo ostensible la financiación y las competencias autonómicas de la Generalitat; o sea, aceptando las demandas nacionalistas y fortaleciendo al futuro estado catalán. Y a petición de Pujol, suprimió el servicio militar obligatorio para evitar que los jóvenes nacionalistas tuvieran que ingresar en el (oprobioso) ejército español y jurar lealtad a una bandera que consideran ajena y opresora.

Entonces nadie llamó traidor a Aznar en el Congreso, ni cómplice de los terroristas por hacer dádivas similares al PNV, que votó su investidura (pero se abstuvo con Zapatero), ni nadie le afeó la servil reverencia a CiU al afirmar que hablaba catalán en la intimidad, que, por supuesto, nadie creyó. Fue un gesto lacayuno que luego repitió con George Bush al hablar castellano con acento texano. Y nadie le llamó payaso, aunque lo merecía. También aceptaron en el PP el sacrificio de Vidal Quadras (hoy en Vox) para apoyar a Pujol cuando CiU perdió la mayoría en las elecciones catalanas de 1999. Y es que el PP rebosa oportunismo y aspavientos.

Por eso, la amnistía, como ETA sacada de la tumba, Bildu, los fondos europeos de recuperación, la excepción energética ibérica o la defensa del estado palestino, son oportunidades para criticar al Gobierno e insultar a Sánchez, ante la falta de un programa político que oponerle, pues uno de los problemas más graves del PP, hundido en la mediocridad, es la falta de un programa político de gobierno, incluso la ausencia de política, suplida con dosis crecientes de mendacidad, en la que sus dirigentes siguen de cerca los pasos de Vox.

Feijoo, llegado del cacicato gallego tras la rápida defenestración de Pablo Casado por denunciar un caso de corrupción, y recibido como la gran esperanza blanca, comprueba la dureza de la política en Madrid desbordado por las iniciativas del Gobierno y el cerco de la triple A, que le acota el terreno. Y con ese reducido margen de maniobra, se mueve queriendo satisfacer a las dos alas de su partido y además quitar votantes a Vox, pero da bandazos presionado por Aznar, Ayuso y, sobre todo, por Abascal, que tiene los “derechos de autor” y marca el camino. Es patético ver cómo los rudimentarios y demagógicos argumentos de Abascal se repiten literalmente pocos días o pocas horas después en los escaños del PP.          

La amnistía, menos en la reciente campaña electoral catalana donde ha estado oportunamente ausente, igual que las alusiones a ETA y Bildu en las elecciones vascas, es, desde hace meses, un motivo para desgastar a Sánchez y provocar un adelanto electoral que, so capa de salvar España del abismo al que la conduce un gobierno ilegítimo, permita a Feijoo llegar a la Moncloa, que para eso le trajeron de Galicia.

Puede que sea así o no. Ya lo veremos, pero de momento esta oposición desleal e irresponsable produce daños colaterales y uno de ellos es el deterioro de una institución tan importante como la administración de justicia, donde no le basta con impedir la renovación del Consejo General del Poder Judicial, con el mandato caducado desde hace más de cinco años, y antes la del Tribunal Supremo, sino que ha movilizado a los jueces como si fueran piezas orgánicas al servicio de sus apremiantes necesidades.

La ciudadanía ha asistido al insólito espectáculo de ver a jueces, fiscales y magistrados opinar en contra de la amnistía antes de que se conociera el borrador de la ley y asiste a su resistencia a aplicarla una vez aprobada, en espera del resultado de los recursos presentados contra ella por las comunidades autónomas donde gobiernan el PP y Vox. Incluso el ilustre colegio de abogados de Madrid, para el que no existen “inconstitucionalidades pequeñas”, se ha manifestado en el mismo sentido. No sólo la Justicia, también el Derecho parece propiedad del PP.

Desde un punto de vista racional, no se entiende la posición de Feijoo, pues le viene bien que Sánchez asuma el desgaste de restaurar la normalidad política en Cataluña, devuelva el juego a unas instituciones deterioradas y alivie la tensión entre los independentistas y quienes no lo son. Lo cual puede favorecer al PP en un futuro, incluso cercano.

Parece que Feijoo olvida que cuando España ha estado más cerca de la división - de la “balcanización”, según palabras del Liderísimo- fue cuando gobernaba Rajoy, aquel registrador gallego con plaza en Levante, que leía el “Marca” mientras los independentistas preparaban la “desconexión” de Cataluña ante sus barbas y el artero Puigdemont huía a Flandes para enarbolar desde allí la piqueta destructora.

Aquel desaguisado es lo que trata de arreglar la amnistía, que además es un pago del PSOE por el apoyo de los partidos nacionalistas a la investidura de Sánchez. ¿Es un precio alto? Pues, claro, nadie lo duda. Pero alto ha sido el precio que los nacionalistas han puesto siempre a su colaboración con el PSOE o el PP cuando han perdido la mayoría absoluta, pues el sistema electoral, que parece diseñado por el diablo, los coloca en esa ventajosa situación. Onerosa posición arbitral, que ni el PSOE ni el PP han querido corregir, pagando por ello el peaje y el sonrojo correspondientes.

Para El obrero