jueves, 6 de junio de 2024

Amnistías 2

De momento viene bien que alguien arregle en Cataluña lo que el PP empeora, si además sirve para que sea más barato el precio de la luz, que suba el salario mínimo, se reduzca la tasa de paro y mejore el empleo, suba el ingreso mínimo de supervivencia, aumente la protección de las mujeres y los menores o tengan contrato laboral las empleadas del hogar. Es decir, para que el Gobierno vaya cumpliendo sus promesas, aunque otras queden en el tintero.

Otro tema es que la amnistía sirva para reducir la influencia del nacionalismo. Aunque el independentismo esté en retroceso (pese a la actitud chulesca de sus promotores), la amnistía no es una pócima de efecto inmediato. El nacionalismo, fomentado con firmeza desde la Generalitat -cuestión de Estado (catalán)-, será importante mientras no se combata desde una posición progresista como el añejo proyecto de un sueño romántico y burgués del siglo XIX, preñado de supremacía provinciana, efectuado en nombre de una Cataluña idílica que nunca existió. Pero esa intención es débil en el PSOE y más aún en la izquierda postmoderna, entre tanto, políticamente el nacionalismo se combate con argumentos muy rancios.

En este asunto conviene tener en cuenta no sólo los sucesos más recientes, sino los procesos, la secuencia de acontecimientos, que, en el caso de las relaciones del gobierno central con los partidos nacionalistas y con los terroristas es larga y diversa, pues hay coyunturas en que las concesiones son explícitas y otras en que son tácitas o, mejor dicho, encubiertas. Y en los casos de perdón son evidentes.

Debería ser notoria la propensión del PP a los perdones encubiertos. Para facilitar una negociación con el Movimiento de Liberación Nacional Vasco, Aznar acercó a 120 presos de ETA a cárceles del País Vasco, permitió la excarcelación y el regreso el regreso a España de varios centenares de miembros y colaboradores de la banda. No fue el único: Rajoy excarceló a 14 etarras, Acebes a 23 y Mayor Oreja a 19, todo ello sin gran ceremonia. En cuanto a los indultos, Aznar es campeón en concederlos: 1.443 en un solo día, por delitos diversos.

Como en cualquier trato es obligado entrar en las contraprestaciones, que, en el caso de la negociación del gobierno de Aznar con ETA, por parte de ésta no hubo contraprestación alguna, pues siguió como siempre. Aznar había dicho que sería “generoso” y lo fue con una serie de “entregas a cuenta”, pero a cambio de nada, pues la negociación se interrumpió tras la reunión de Zurich. O sea, que fue un timo; el gran estadista fue engañado por un puñado de encapuchados para sacar de la cárcel y traer del exilio a un montón de militantes y partidarios. Todo ello no impidió al PP acusar a Zapatero de “traicionar a los muertos” y a Rubalcaba de “colaborar con el terrorismo”, cuando el PSOE se propuso negociar con ETA. Entonces sí hubo un resultado positivo, pues ETA cesó en sus atentados y luego se disolvió.

Y citemos de pasada la chapucera amnistía fiscal para ricos, de Cristóbal Montoro con el fin de regularizar las cuentas de 31.500 muertos de hambre con un “perdón” de 2.800 millones de euros. Finalmente fue declarada inconstitucional.

Pero lo que más sorprende de este asunto es que dos partidos - PP y Vox- con el mismo origen político -el franquismo- critiquen acerbamente la amnistía propuesta por Sánchez siendo herederos de los beneficiarios del mayor perdón habido en este país desde 1975, que fue la amnistía de 1977.

La Ley de Amnistía de octubre de 1977 tuvo un doble efecto: permitió a opositores del franquismo salir de la cárcel y a la vez impidió que entraran en ella muchos de los más inhumanos defensores de la dictadura; sacó de la cárcel a víctimas del franquismo, pero evitó encarcelar a quienes habían actuado como verdugos.   

miércoles, 5 de junio de 2024

Amnistías (1)

Ya tenemos ley de amnistía para los independentistas catalanes. Tras casi medio año de compleja gestación, el 30 de mayo se aprobó en el Congreso con 177 votos a favor, procedentes de los partidos de izquierda y los nacionalistas, y 172 en contra, emitidos por el PP, Vox, Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro.

Como es habitual cuando la derecha está en la oposición, la aprobación se hizo con la consabida bronca, presente durante la tramitación pues empezó incluso antes, cuando el Gobierno mostró su intención de rebajar la tensión en Cataluña con un indulto y luego una amnistía para los implicados del “procés”.

Desde ese momento, la ciudadanía asistió al toque a rebato de las derechas para oponerse a tal amnistía, devenida en ocasional motivo para tratar de derribar al Gobierno, recién salido de las urnas y calificado de ilegítimo porque el vencedor, por escaso margen de votos, fue el PP, que no puede gobernar por una elemental falta de apoyo parlamentario. Feijoo quiso negociar con los independentistas su investidura para presidir el Gobierno, pero los pactos locales y regionales del PP y Vox impidieron cualquier acuerdo posible. De otro modo hubiera aceptado la investidura pagando el precio que los nacionalistas exigieron a Sánchez o incluso uno más alto.

Ya lo hizo Aznar en 1996, en el pacto del Majestic con CiU, al aumentar de modo ostensible la financiación y las competencias autonómicas de la Generalitat; o sea, aceptando las demandas nacionalistas y fortaleciendo al futuro estado catalán. Y a petición de Pujol, suprimió el servicio militar obligatorio para evitar que los jóvenes nacionalistas tuvieran que ingresar en el (oprobioso) ejército español y jurar lealtad a una bandera que consideran ajena y opresora.

Entonces nadie llamó traidor a Aznar en el Congreso, ni cómplice de los terroristas por hacer dádivas similares al PNV, que votó su investidura (pero se abstuvo con Zapatero), ni nadie le afeó la servil reverencia a CiU al afirmar que hablaba catalán en la intimidad, que, por supuesto, nadie creyó. Fue un gesto lacayuno que luego repitió con George Bush al hablar castellano con acento texano. Y nadie le llamó payaso, aunque lo merecía. También aceptaron en el PP el sacrificio de Vidal Quadras (hoy en Vox) para apoyar a Pujol cuando CiU perdió la mayoría en las elecciones catalanas de 1999. Y es que el PP rebosa oportunismo y aspavientos.

Por eso, la amnistía, como ETA sacada de la tumba, Bildu, los fondos europeos de recuperación, la excepción energética ibérica o la defensa del estado palestino, son oportunidades para criticar al Gobierno e insultar a Sánchez, ante la falta de un programa político que oponerle, pues uno de los problemas más graves del PP, hundido en la mediocridad, es la falta de un programa político de gobierno, incluso la ausencia de política, suplida con dosis crecientes de mendacidad, en la que sus dirigentes siguen de cerca los pasos de Vox.

Feijoo, llegado del cacicato gallego tras la rápida defenestración de Pablo Casado por denunciar un caso de corrupción, y recibido como la gran esperanza blanca, comprueba la dureza de la política en Madrid desbordado por las iniciativas del Gobierno y el cerco de la triple A, que le acota el terreno. Y con ese reducido margen de maniobra, se mueve queriendo satisfacer a las dos alas de su partido y además quitar votantes a Vox, pero da bandazos presionado por Aznar, Ayuso y, sobre todo, por Abascal, que tiene los “derechos de autor” y marca el camino. Es patético ver cómo los rudimentarios y demagógicos argumentos de Abascal se repiten literalmente pocos días o pocas horas después en los escaños del PP.          

La amnistía, menos en la reciente campaña electoral catalana donde ha estado oportunamente ausente, igual que las alusiones a ETA y Bildu en las elecciones vascas, es, desde hace meses, un motivo para desgastar a Sánchez y provocar un adelanto electoral que, so capa de salvar España del abismo al que la conduce un gobierno ilegítimo, permita a Feijoo llegar a la Moncloa, que para eso le trajeron de Galicia.

Puede que sea así o no. Ya lo veremos, pero de momento esta oposición desleal e irresponsable produce daños colaterales y uno de ellos es el deterioro de una institución tan importante como la administración de justicia, donde no le basta con impedir la renovación del Consejo General del Poder Judicial, con el mandato caducado desde hace más de cinco años, y antes la del Tribunal Supremo, sino que ha movilizado a los jueces como si fueran piezas orgánicas al servicio de sus apremiantes necesidades.

La ciudadanía ha asistido al insólito espectáculo de ver a jueces, fiscales y magistrados opinar en contra de la amnistía antes de que se conociera el borrador de la ley y asiste a su resistencia a aplicarla una vez aprobada, en espera del resultado de los recursos presentados contra ella por las comunidades autónomas donde gobiernan el PP y Vox. Incluso el ilustre colegio de abogados de Madrid, para el que no existen “inconstitucionalidades pequeñas”, se ha manifestado en el mismo sentido. No sólo la Justicia, también el Derecho parece propiedad del PP.

Desde un punto de vista racional, no se entiende la posición de Feijoo, pues le viene bien que Sánchez asuma el desgaste de restaurar la normalidad política en Cataluña, devuelva el juego a unas instituciones deterioradas y alivie la tensión entre los independentistas y quienes no lo son. Lo cual puede favorecer al PP en un futuro, incluso cercano.

Parece que Feijoo olvida que cuando España ha estado más cerca de la división - de la “balcanización”, según palabras del Liderísimo- fue cuando gobernaba Rajoy, aquel registrador gallego con plaza en Levante, que leía el “Marca” mientras los independentistas preparaban la “desconexión” de Cataluña ante sus barbas y el artero Puigdemont huía a Flandes para enarbolar desde allí la piqueta destructora.

Aquel desaguisado es lo que trata de arreglar la amnistía, que además es un pago del PSOE por el apoyo de los partidos nacionalistas a la investidura de Sánchez. ¿Es un precio alto? Pues, claro, nadie lo duda. Pero alto ha sido el precio que los nacionalistas han puesto siempre a su colaboración con el PSOE o el PP cuando han perdido la mayoría absoluta, pues el sistema electoral, que parece diseñado por el diablo, los coloca en esa ventajosa situación. Onerosa posición arbitral, que ni el PSOE ni el PP han querido corregir, pagando por ello el peaje y el sonrojo correspondientes.

Para El obrero