Derecho a decidir, ¿qué?

Uno de los más felices hallazgos semánticos de la burguesía nacionalista vasca en su búsqueda de sucedáneos a términos claros y explícitos como “autodeterminación”, “independencia” o “soberanía” utilizados por la izquierda abertzale, fue la imprecisa fórmula del “derecho a decidir”, puesta en circulación durante el mandato del lendakari Ibarretxe,  ahora utilizada en Cataluña como argumento central en la campaña electoral por el President Artur Mas.

Como en su momento hizo Ibarretxe, la reclamación del derecho a decidir se presenta como algo evidente. ¿Qué hay de malo en querer decidir? y ¿acaso no es democrático? son preguntas sin aparente malicia, que aluden a uno de los valores esenciales de un régimen democrático como es la libertad de decidir.

Como ocurrió en su día con el Plan Ibarretxe, que tuvo un gran éxito de público, pues consiguió arrastrar desde el nacionalismo vasco radical, incluida ETA y su entorno, a organizaciones de la izquierda marxista, la propuesta de Artur Mas suscitó un gran entusiasmo, que, a pesar de haber decrecido desde el 11 de septiembre, ha sido un revulsivo al poner sobre el tapete un reto que ha descolocado a los partidos políticos, en especial a los de izquierda, seducidos (o confundidos) por la fórmula del “derecho a decidir”, y ha fortalecido las posiciones centralistas y españolistas del Partido Popular, que ahora aspira a ser la segunda fuerza electoral de Cataluña.

Si en las elecciones CiU obtiene el respaldo necesario, Mas ha prometido consultar a los catalanes si desean decidir, en un referéndum, que Cataluña se convierta en un nuevo Estado independiente dentro de la Unión Europea o que siga como hasta ahora. El President ha presentado la propuesta como una salida de urgencia, el adelanto electoral responde a esa puesta en escena, ante la gravedad de una crisis en la que el Gobierno central no sólo no ayuda a Cataluña sino que es la causa de su mala situación económica.

Según las cuentas de Mas, el déficit catalán -la deuda ha pasado en un par de años de 30.000 a 44.000 millones de euros-, es justo lo que el Gobierno de Madrid se niega a negociar, por tanto, si Cataluña se separase de España, la Generalitat tendría un presupuesto equilibrado. Los números no son esos, pero ofrecer otros ahora no viene al caso, ya que para mucha gente, la frase “Espanya ens roba” (España nos roba) alude a un hecho imposible de rebatir. Lo que ahora importa es debatir sobre el derecho a decidir, pues en estos momentos el meollo del asunto está en apoyar o no apoyar el órdago de Mas y no en evaluar el coste económico, para Cataluña y para España, de la hipotética secesión, que requeriría de más tiempo y de un clima de opinión más sereno.    

La propuesta de Mas es una estratagema de última hora para dar la vuelta a una situación de creciente indignación social, que se le volvía adversa por momentos, y subsumir la tensión entre un gobierno de derechas, que está aplicando un programa de austeridad selectiva (sólo hacia los de abajo) tan ultraliberal o más que el de Rajoy, por una tensión entre Cataluña y el resto de España. Es decir, debilitar la tensión entre las fuerzas del gran capital, no sólo catalán, que el gobierno de Mas representa, y las del trabajo y la pequeña empresa, para acentuar el sentimiento nacional -todos los catalanes unidos, sin importar la renta ni la situación- contra una España, también unida, que oprime a Cataluña.

Tratar de abortar la incipiente lucha de clases con la lucha nacional ha sido una argucia de Mas, que ha encontrado un obstáculo en la jornada de huelga general, porque la movilización social ha vuelto a poner en primer término el carácter clasista de la medidas de CiU contra la crisis, aplicadas con el mismo rigor y tono despótico que en el resto de España y de Europa. Por lo cual todavía llama más la atención la súbita apelación de Mas a los catalanes para que decidan sobre las hipotéticas ventajas que les reportaría una lejana secesión, cuando no han podido decidir sobre medidas del Gobern que afectan a sus necesidades inmediatas y a sus condiciones actuales de vida y trabajo.

A los 820.000 parados de Cataluña les hubiera gustado ser consultados sobre si preferían irse al paro o continuar trabajando; a las casi 200.000 personas a punto de perder las prestaciones sociales les hubiera gustado ser consultadas acerca de esto; a los usuarios de la Sanidad pública les habría gustado decidir si pagaban o no un euro por cada receta expedida; a los profesores, auxiliares, empleados, madres y padres y alumnos de la enseñanza pública les hubiera gustado decidir sobre los recortes aplicados por el Gobern en materia de educación, que son los más drásticos de España. A los que han sido desahuciados les hubiera gustado ser consultados sobre si preferían quedarse en su casa o marcharse. Y así podríamos recorrer el extenso colectivo de afectados por unas u otras “retalladas” del Gobern para concluir, casi sin error, que todos hubieran preferido ser consultados sobre esas medidas antes de que fueran aplicadas. Pero sobre eso, no hay consulta posible, ni en Cataluña, ni en España, ni en Europa, porque la presumible respuesta popular supondría una rotunda condena del sistema económico tal como está concebido.

Ante lo cual, el llamamiento de Mas a los catalanes para hacer de Cataluña un nuevo Estado de la Unión Europea, revela su carácter falaz e interesado, pues, las hipotéticas ventajas obtenidas al separarse de España ocultan los negativos efectos que tendría para los trabajadores y las clases populares catalanas seguir gobernados por CiU en una Cataluña independiente y permanecer en una Unión Europea dirigida con mano férrea por fuerzas conservadoras y ultraliberales, es decir, por correligionarios de CiU.   

Por todo lo cual, la izquierda catalana, quien quiera que sea, interpelada con urgencia para definirse no sobre la reclamación de un derecho general a decidir -no se trata de un debate abstracto sobre derechos- sino sobre un proyecto de la derecha nacionalista, quizá debería proponer su propio proyecto de consulta para que los catalanes decidieran sobre la política de Mas o incluso sobre la existencia del régimen político que la permite y el sistema económico que la sustenta. Puestos a decidir, ¿por qué no hacerlo sobre un sistema capitalista hundido en una crisis severa, que exige continuos sacrificios a los asalariados y clases populares y se ceba especialmente con los sectores más vulnerables de la población? Seguramente, esa iniciativa sería imitada en el resto de España y en Europa. O al menos colocaría sobre el tapete una serie de argumentos de fondo, que la derecha ultraliberal se vería obligada a debatir.

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