15-M-2011. Una pacífica rebelión de las clases subalternas

Con la crisis económica de 2008, llegó el ataque de los bárbaros, que no eran gentes incultas, sino financieros y empleados suyos, graduados en selectas escuelas de negocios y universidades de prestigio, que formularon, con prisa y sin atisbo de piedad, el programa solicitado por los acreedores de la banca y que aplicaron con disciplina serviles gobiernos. Países enteros se entregaron al brutal saqueo decidido por el FMI, la OCDE, Berlín y Bruselas para sanear con dinero público las cuentas de bancos privados, haciendo recaer sobre la población, acusada de vivir por encima de sus posibilidades, los funestos efectos de la codicia de unos pocos. “La codicia es buena” (greed is good) afirmaba Gordon Gekko, en la película “Wall Street”, como eje de su filosofía de vida, dedicada a vaciar los bolsillos de la gente para llenar el suyo.

Las izquierdas, acomodadas a la marcha del país, no supieron reaccionar. Enarbolando banderas desteñidas, vivían acomodadas al mundo existente y eran incapaces de acometer cambios profundos en su estrategia. Ideologías confusas, programas caducos y estructuras fosilizadas las habían convertido en parte del mobiliario institucional. El PSOE, agotada su contradictoria etapa reformista, estaba perdido en la tercera vía (muerta); un comunismo retórico y arcaico y una estructura rígida habían convertido Izquierda Unida en un partido incapaz de sobrevivir fuera de las instituciones.

Por fortuna, había gente, especialmente los jóvenes, que rechazaba tal estado de cosas y estaba dispuesta a resistir las embestidas del capital más salvaje. Eso fue el movimiento del 15-M en Madrid, extendido luego a otras ciudades y países, que respondía tanto a lo que ya había, al deterioro presente, como al deterioro presentido, anticipando lo que llegaría con el gobierno de Rajoy.

En un breve resumen, estos son los hitos de la época. En 2008 revienta la burbuja inmobiliaria, en julio cae Martinsa-Fadesa, la primera de las empresas constructoras; el 10 de octubre la Bolsa cae más del 9%; el Banco de España ratifica el retroceso; en noviembre se lanza el Plan E contra el desempleo; la Encuesta de Población Activa anuncia 800.000 nuevos parados; comienza la recesión: caen los precios y las ventas de pisos.

En mayo de 2010, presionado por la Unión Europea, Zapatero da un giro a su política. El 29 de septiembre hay una huelga general contra la reforma laboral y el anuncio de la reforma de las pensiones, y otra, el 27 de enero de 2011, en Cataluña, el País Vasco, Galicia y Navarra. El 15 de mayo de 2011, una manifestación concluye en una acampada en la Puerta del Sol -“No es una crisis, es una estafa”-. El 27 de septiembre, PSOE y PP aprueban la reforma “exprés” del artículo 135 de la Constitución, que antepone la devolución de la deuda a las necesidades sociales. El 20 de noviembre, el PP resulta vencedor en las elecciones generales. En diciembre, el gobierno de Rajoy anuncia los primeros recortes, que tendrán como respuesta la movilización de las mareas, distinguidas por sus colores.

El 29 de marzo de 2012, se celebra una huelga general contra la reforma laboral de Rajoy. El 10 de julio, la “marcha negra” de los mineros llega a Madrid y el día 11 hay una gran manifestación de acompañamiento hasta el Ministerio de Industria. El 14 de noviembre de 2012, se celebra en Europa el primer paro internacional del siglo XXI. El 23 de febrero de 2013, todas las mareas de unen en la marcha con el lema: “Marea ciudadana contra el golpe de los mercados”.

El 21 de marzo de 2015, tiene lugar la “Marcha de la dignidad” y el 22 de octubre la Euromarcha. El 30 de marzo de 2015, el Congreso aprueba la Ley Orgánica 4/15, conocida como la “ley mordaza”.

En 2008, año en que se declara la crisis, se producen en España 16.118 manifestaciones de protesta; en 2010 son 21.941; en 2011, 21.297; en 2012 ascienden a 44.233, en 2013 son 43.170, en 2014 descienden a 36.679. 

Ni tonta ni loca

 Ignorante, autoritaria y ambiciosa, sí. Populista, oportunista y lenguaraz, también.

En el Madrid azotado por la pandemia y sacudido por la campaña electoral, brilla con fulgor propio una estrella de la política -una supernova-, que, entre las laxas medidas diurnas y el toque de queda, encandila en terrazas y cafés. O quizá sea más adecuado decir que los madrileños asisten a un espectáculo de pocas luces y mucho ruido en continua representación: Producciones Ayuso.

La artista principal es figura de primera plana y de primeros planos, incluso en su partido, en su afán por aparecer como protagonista absoluta en la escena matritense.

Desde su ebúrnea torre en la antigua Casa de Correos, critica (a Sánchez), amonesta (a Sánchez), advierte (a Sánchez), provoca al recién llegado Iglesias (que cae en sus trampas), intenta burlar la ley con sobrevenidos intrusos en las listas, enardece a sus huestes, ignora a la oposición, desprecia a su socio, promete a los ingenuos, visita, inaugura, corta cintas, aparece y comparece, ríe, llora, hace mohines, ladea la cara y frunce la boca, según lo requiera la ocasión, en una exhibición de expresión corporal digna del Actors Studio.

Su apretada agenda política es un permanente “casting” de telenovela, mostrando los tópicos de la versión femenina de la derecha neoliberal -la mujer hecha a sí misma por su trabajo y sus méritos- con que suelen adornarse tantas mujeres mediocres, nacidas en buena cuna y criadas entre algodones, que han pasado por la política. Un alarde de fantasía, imitación de Esperanza Aguirre, hispánica versión de Margaret Thatcher, de infausta memoria para las clases subalternas británicas (véanse Tony Judt, Owen Jones, Naomi Klein o Ken Loach), que da como resultado una versión feminizada del falso liberalismo del PP, difícil de conciliar con su noción patrimonial y patriarcal del poder y con el estilo autoritario y clerical de gobernar, que le vienen de origen.

Ayuso reúne los requisitos necesarios para medrar en el PP: ha sido becaria en FAES, y afiliada obediente, o sea, políticamente nula; es devota de la Curia, es decir, de la administración eclesiástica, pero ignora el mensaje cristiano; está avalada por Aguirre y suponemos que por su perro “Pecas”, al que “le llevó” la cuenta de tuiter (¡qué frivolidad se gasta la marquesa!) y presenta un currículo cuajado de cursos y seminarios sin acreditar, y tan apretado en presuntos méritos que coinciden las fechas de unos y otros, en un historial de portentosa ubicuidad, apresuradamente embuchado como una morcilla con poca sustancia.

Como otras personas mediocres que llegan a ocupar puestos de relieve, Ayuso ha creído que las carambolas que la han llevado a la presidencia de la CAM son resultado de su innata capacidad para gobernar.

En su trayectoria garbancera, ostenta un cargo que le viene grande, ya que carece de cualificación profesional, de experiencia en la gestión y, sobre todo, de interés en defender los bienes colectivos -lo común y compartido, cuya gestión es el alma de la política-, pues, por el partido al que pertenece, es enemiga del patrimonio público, cuyo inexorable destino es pasar a manos privadas cuanto antes y al precio más bajo posible, pero dejando por el camino el correspondiente peaje, como acreditan las tramas, no casos, de corrupción (Gurtel, Lezo, Púnica, Kitchen…), aunque para ella “Mucha de la corrupción, resulta que no es tanta”. Así que no pretende gestionar nada que no sea en provecho de su partido y de sí misma, sino reducir el menguado papel asistencial que aún le queda a la Comunidad de Madrid.

Está aquejada de laborofobia -aversión a los trabajadores-, sobre todo, a los sanitarios, a los que somete a jornadas extenuantes, y de aporofobia, aversión a los pobres, a los migrantes menores no acompañados (“Atender a los “menas” no es darles una casa con pista de pádel”), a las colas del hambre  (“subvencionadas por la izquierda”) y los okupas (“Un día os iréis de vacaciones y cuando volváis Podemos habrá dado la casa a sus amigos okupas”), que es lo que hizo el PP en el Ayuntamiento, con Ana Botella, y en la Comunidad, con Cristina Cifuentes, pero a lo grande, vendiendo a precio de saldo, a fondos especulativos, no una vivienda pública, sino casi tres mil.

Ayuso sigue al pie de la letra el lema reaganiano de que los pobres tienen demasiado y los ricos demasiado poco, y trata de compensar esta presunta anomalía privatizando bienes y servicios públicos y manteniendo un adecuado nivel de paro, para mostrar a los trabajadores quienes son los que mandan.

Es populachera, inculta con ansia y como tal atrevida en sus opiniones, y aporta la correspondiente cuota de corrupción familiar (caso Aval Madrid) para no desentonar en Génova, pero mental y sentimentalmente está en Vox, aunque Casado lo ignore.

Recita como un loro la letanía que le preparan sus asesores, pero aporta algo propio, que muestra con desparpajo de pijachoni: es una supuesta “identidad” madrileña, un provincianismo rancio, basado en el ocio, el jolgorio nocturno y el consumo de bebidas alcohólicas (la bandera de la Comunidad, en vez de siete estrellas, debería tener unas “birritas”, pues la caña parece el símbolo de la libertad made in Ayuso).

Con el cultivo patológico de esta singular diferencia como fundamento político, Ayuso se ha colocado junto al catalanísimo Torra para oponerse a lo decidido por el Gobierno central y el Consejo Interterritorial de las Comunidades contra la pandemia, adaptando de forma laxa las medidas y posponiendo siempre la hora del toque de queda, de modo que, si, según sus palabras, “Madrid es España dentro de España”, según su práctica Madrid es España, pero sanitariamente menos que España y una hora más tarde que en España.

Madrid is different es el lema, de raíz fraguista, que distingue Ayusistán del resto del orbe.

30/4/2021

El obrero 1 de mayo, 2021

Una historia del covid en Madrid

La campaña electoral en Madrid se ha planteado arteramente por quien ha convocado las elecciones como una opción entre dos ideas o dos conceptos abstractos -comunismo o libertad-, con el objetivo de esconder el balance de la gestión efectuada desde 2019.

Pero no hay amenaza de comunismo en España, y menos procedente de la débil oposición de izquierda en la Comunidad de Madrid, gobernada por una derecha bastante escorada hacia el extremo (y hacia la corrupción) desde hace nada menos que 26 años.  

A una persona como Ayuso, con un sentido de clase tan acusado, el llamamiento del FMI a subir los impuestos a los más ricos, la intención de Biden de hacer lo mismo, habilitar fondos para mejorar la asistencia social y poner en marcha un nuevo New Deal, los inútiles llamamientos de la UE para que España se ponga al mismo nivel que la media europea en presión fiscal, la intención de subir el salario mínimo y establecer un ingreso mínimo de supervivencia o las ollas de barrio para atender las colas del hambre, le pueden parecer el “comunismo en acción”, porque va contra el espíritu de su gobierno, que es destinar fondos públicos al sector privado de la manera que sea, en general, opaca.

Madrid es la comunidad que menos dinero destina a asuntos sociales, en educación invierte 729 euros/habitante, frente Euskadi con 1.349 eu/habitante, la que forma más guetos en enseñanza y la segunda que menos gasto por habitante tiene en sanidad. Es la comunidad más rica de España, pero con mayor desigualdad de rentas, lo que ha merecido un suspenso del relator de la ONU por su poco interés en luchar contra la pobreza. Así, a la Presidenta, cualquier propuesta para mejorar el ámbito público o que no vaya destinada al pijerío le parece comunismo. La disyuntiva en Madrid no es libertad o comunismo, sino desigualdad o pijerío.

Ayuso tampoco ofrece libertad, sino libertinaje, y en una sola cosa: consumo en bares, terrazas y restaurantes, espacios de ocio y diversión, no sólo en fiestas y botellones clandestinos, que sobrepasan los tres mil localizados por la policía, sino en discotecas, desafiando no sólo decisiones del Gobierno de la nación, del Consejo Interterritorial, de la Organización Mundial de la Salud, de los médicos, de los científicos y de la sensatez, ante la expansión de una enfermedad que por ahora no tiene cura.

Fiel a su idea desde el principio -“Madrid no se cierra”-, aunque se tuvo que cerrar y confinar (“un chantaje”, “un gesto de autoridad de Sánchez”), Ayuso se niega a aceptar los resultados de esa “libertad” mal entendida, que colocan a Madrid en las zonas del país con índices más altos de infección, hospitalización, saturación de UCIs y muertes por covid. Ese es el resultado de haberse saltado etapas, falseando los datos, para apuntarse cuanto antes a la desescalada que siguió al primer estado de alarma, o de aprovechar los “puentes” festivos para o “salvar” el “black Friday”, la Navidad o lo que venga, con el consiguiente aumento de los contagios, que, como los muertos, se cargan a la gestión de Sánchez.

Los fallecidos en las residencias en la primera oleada van por cuenta de Pablo Iglesias, no de la Comunidad de Madrid, que ordenó mantener -con cuatro instrucciones escritas- a los ancianos contagiados en las residencias (sólo el 25% de los ingresados en UCIs eran mayores de 70 años, cuando los ancianos suponían el 87% de los fallecidos por covid). Lo que denunció públicamente el consejero de Asuntos Sociales, Alberto Reyero, que admitió que las residencias eran competencia de la Comunidad e incluso se quejó a Amnistía Internacional por la dejación. Reyero solicitó al Gobierno ayuda urgente del Ejército para desinfectar las residencias, antes lo habían solicitado Iglesias, Illa y Margarita Robles, pero Ayuso, en principio, se opuso. El 17% de las intervenciones del Ejército en los primeros meses de la pandemia se hicieron en Madrid.  

Ayuso, de inmediato, anunció la medicalización de las residencias, que consistió en atención telefónica -confiada a empresas privadas, al precio de 2,9 a 4 euros por llamada-, mientras llegaba la ayuda puesta en marcha con la “operación bicho”, que fue un desastre. Se encomendó a Encarnación Burgueño, hija de uno de los inductores de la privatización de la sanidad madrileña, presentada en su día como “oportunidades de negocio”. Burgueño, directora general de una empresa presuntamente sanitaria no inscrita en el Registro Mercantil, carecía de recursos, de ambulancias y de experiencia en gestión hospitalaria y, sin moverse de su casa, subarrendó parte del servicio adjudicado a una empresa que disponía de cuatro vehículos médicos, que durante 12 días visitaron 200 de las 475 residencias de la Comunidad, siguiendo las instrucciones de Burgueño, que a su vez las recibía de un alto cargo sanitario de la Consejería de Salud. Mientras tanto, las residencias se cansaban de llamar solicitando un auxilio que no llegó.

La pésima gestión se quiso tapar acusando al Gobierno, a Sánchez y a Iglesias y montando una campaña publicitaria con carteles recordando lo mucho que Madrid debe a los ancianos. Y destituyendo a Reyero, el Consejero de Asuntos Sociales que había señalada la falta de humanidad de la decisión de Ayuso respecto a las residencias. 

La batalla por Madrid

En un clima muy crispado en las instituciones políticas, que empieza a serlo en la calle, las elecciones en la Comunidad de Madrid se presentan más como una batalla política a escala nacional que como un reajuste del gobierno regional.

Las razones de esta artificiosa disfunción son de índole diversa. La primera de ellas es de tipo coyuntural y responde al interés de quién las ha convocado, que es la presidenta de la Comunidad para tratar de ocultar el fracaso de su mandato con un mal balance y las desavenencias con su socio, Ciudadanos, del que ha querido deshacerse con esta precipitada convocatoria a rebufo de una moción de censura en Murcia, por donde ahora parece que discurre el Pisuerga.

Para cualquier otro partido, la convocatoria de elecciones anticipadas en mitad de la legislatura, sin haber logrado aprobar los Presupuestos y con una sola ley aprobada -por cierto, del suelo-, sería un fracaso, pero Ayuso, investida de un triunfalismo carente de base, asume el papel de nueva Juana de Arco de la derecha con la posibilidad de obtener una mayoría absoluta para salvar España del comunismo, salvar al PP, vacilante y desnortado, pero aún vivo gracias al regalo de Rivera antes de retirarse de la política, y, sobre todo, salvarse ella misma y desplazar a Casado, maniobra que el infeliz y atolondrado líder del PP no percibe, sino que asume con alegría como telonero electoral. Igual que Almeida ha renunciado de facto a su función de alcalde capitalino para aceptar el papel de sacristán de Ayuso, más adecuado a su estatura política, dejando que la Presidenta le organice sanitaria y comercialmente la ciudad. Ambos varones han sucumbido a la mirada de la empoderada Medusa.  

Aparte de estas razones espurias, existe otra, que no es nueva: es convertir la Comunidad de Madrid gobernada por el PP, en un bastión para erosionar al Gobierno central en manos del PSOE, como lo decía bien clarito Esperanza Aguirre, mentora de Ayuso, en una entrevista que le hacía Zarzalejos (ABC, 1/7/2007): “Soy el contrapunto de las políticas del Gobierno de Zapatero”. En esa entrevista Aguirre afirmaba que, perdidas las elecciones generales, la Comunidad de Madrid era, para el PP, la institución más importante.

Ahora se aplica el lema de resistir al Gobierno, pero la realidad de los datos diverge: en 2007, el PP, con Aguirre, obtuvo mayoría absoluta con 67 escaños en la Asamblea, el PSOE obtuvo 42 e IU 11. En 2019, el PP, con Ayuso, obtuvo 30 diputados, el PSOE 37, Cs 26, Más Madrid 20, Vox 12 y UP 7.

La diferencia es notable: en 2019, Ayuso no venció al PSOE y tuvo que formar, de mala gana, gobierno con Cs, aunque su pétreo corazón estuviera en Vox, que apoyaba o enredaba, pero a escala nacional fue la salvación de Casado. Visto el mal resultado de la coalición, Ayuso ha convocado elecciones para salir fortalecida y librarse del socio díscolo, por lo cual la consulta ha adquirido cierto tono plebiscitario.

Hay otra razón, que es el papel estratégico de Madrid en el programa del PP.    

Madrid, capital del Estado y capital del capital (o viceversa), cumple un papel destacado en la configuración del país, como modelo político y económico de la derecha española -conservadora en lo moral, neoliberal en lo económico y elitista en lo social- para gestionar el capitalismo de nuestros días.

Madrid, como conjunción de Comunidad y Ayuntamiento, forma parte de un proyecto a largo plazo, en el cual el PP no ha reparado en medios, legales e ilegales, para llevarlo a cabo. El “tamayazo”, la operación político-financiera con que Aguirre accedió a la presidencia de la Comunidad, y la concurrencia a las sucesivas elecciones con el partido sobrefinanciado con dinero negro, son pruebas de la importancia que tiene para el PP conservar poder político local y regional en Madrid, más aún cuando ha sido desalojado del gobierno central.

En la Comunidad, la derecha gobierna desde junio de 1995, con Ruíz Gallardón, pero a partir de 2012, con el abandono de Aguirre (septiembre 2012), se suceden cuatro presidencias de duración irregular - Ignacio González (septiembre 2012 - junio 2015), Cristina Cifuentes (junio 2015 - abril 2018), Ángel Garrido (abril 2018 - abril 2019) y Pedro Rollán (abril - agosto 2019), hasta la llegada de Ayuso en 2019, obligada a gobernar en coalición. Hay que recordar que la inestabilidad se debe, en gran parte, a los muchos casos de corrupción que, a escala nacional y regional, han afectado al PP, y en los que se han visto envueltos cuatro presidentes de la Comunidad y decenas de altos cargos.

Por la cantidad y la cualidad de los casos, que no son individuales, sino largas tramas de implicados que afectan a cargos públicos y a la dirección del Partido, la corrupción, en todos los niveles de la administración de todo el territorio, pero en particular en Madrid y Valencia (otra región martirizada por la derecha), no es un accidente, una suma de casos aislados de afiliados del partido, sino que forma parte del modelo de gestión política y económica de la derecha española, aunque no sólo del PP. La corrupción “engrasa” el sistema, facilita las relaciones y va dejando agradecidos beneficiarios por donde discurre.

Para el PP, Madrid es el modelo de gestión de un capitalismo marca España, (Spain is different), un capitalismo de amigotes y una democracia de parientes y clientes, que tanto tiene que ver con los usos del franquismo, jubilosamente recibidos como legado, que son gobernar de forma autoritaria y opaca, sin rendir cuentas, burlando los controles y alimentando el caciquismo, el tráfico de influencias, la información privilegiada y las redes clientelares, que forman el banco de favores de una clase política depredadora, que margina el interés común, las necesidades de la parte más humilde de la sociedad e, incluso, el interés nacional, en provecho de la minoría política y económicamente más poderosa del país. Nada nuevo en la historia de España.

Es un capitalismo parasitario, surgido del viejo cabildeo proteccionista entre políticos y empresarios, que crece al amparo del poder institucional privatizando bienes y servicios públicos, entregados a precio de saldo al capital nacional y al extranjero más volátil, que son los fondos especulativos, pero asentado en el falaz discurso de la defensa de la economía nacional y la promoción de los emprendedores, que suelen ser los vástagos de la derecha, sus amigos y allegados, pues, para el resto de ciudadanos, y en particular las clases subalternas, el afán emprendedor y, desde luego, el intento de salir de su subordinada condición, están vetados por la estructura de la propiedad, el desigual reparto del capital, la disposición del crédito, la contribución fiscal, la configuración del poder político y las trabas burocráticas del ineficaz aparato administrativo.

La colusión contra las clases subalternas, la privatización, la especulación, la evasión fiscal y la corrupción sostienen un desequilibrado modelo económico, industrialmente raquítico y preso de varios oligopolios, que se dice competitivo, pero donde la competitividad corre por cuenta de los asalariados, forzosamente sometidos a las condiciones leoninas del mercado laboral. Esta es la castiza aplicación del neoliberalismo de matriz anglosajona a los usos y abusos de la España cañí: el poder público al servicio del interés privado, el Estado al incondicional servicio del Mercado, el Estado (social) mínimo cede ante el Mercado Máximo. Este es el “patrimonio” del PP, obtenido en Madrid a lo largo de un cuarto de siglo, que Ayuso tenía que proteger y, a ser posible, ampliar y asegurar de cara al futuro.    

Juicio por la muerte de George Floyd

 

Un jurado popular declara culpable a Dereck Chauvin, el policía que provocó la muerte de George Floyd.

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Sin embargo, bajo el apoyo popular conservador se halla el sustrato de los proscritos y los “extraños”, los explotados y los perseguidos de otras razas y de otros colores, los parados y los que no pueden ser empleados. Ellos existen fuera del proceso democrático; su vida es la necesidad más inmediata y la más real para poner fin a instituciones y condiciones intolerables. Así, su oposición es revolucionaria incluso si su conciencia no lo es. Su oposición golpea al sistema desde el exterior y por tanto no es derrotada por el sistema; es una fuerza elemental que viola las reglas del juego y, al hacerlo, lo revela como una partida trucada. Cuando se reúnen y salen a la calle sin armas, sin protección, para pedir los derechos civiles más elementales, saben que tienen que enfrentarse a perros, piedras, bombas, la cárcel, los campos de concentración, incluso a la muerte. Su fuerza está detrás de toda manifestación política en favor de las víctimas de la ley y el orden. El hecho de que hayan empezado a negarse a entrar en el juego puede ser el hecho que señale el principio del fin de un período.

Marcuse (1964): El hombre unidimensional, Barcelona, Ariel, 1981, 285-86.

Buen viaje, señoría

Como un efecto del movimiento sísmico desatado por la fracasada moción de censura en Murcia, que ha provocado la convocatoria de elecciones anticipadas en la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias ha abandonado el Gobierno central para dedicarse a promover la candidatura matritense de Unidas-Podemos.

Deja la vicepresidencia de Derechos Sociales con un escueto balance de su breve mandato, pues no se puede esperar un resultado positivo donde antes ha faltado actividad o ésta ha sido marginal respecto a sus competencias. Queda, sí, el esfuerzo vertido en intentar limitar por ley el precio de los alquileres y en la renta mínima de inserción, bastante mínima y tan llena de disuasorios requisitos que los buenos propósitos que la animan chocan con la paralizante burocracia de un Estado demediado. Pero de ello no se colige que, en este tiempo, Iglesias haya permanecido pasivo y, sobre todo, callado.

Al contrario, fingiendo creer que estaba en un gobierno paritario, cuando el PSOE tiene 120 diputados en el Congreso y U-P tiene sólo 35, Iglesias ha querido brillar con luz propia en una sobrevenida portavocía, que le ha servido de plataforma para enmendar la plana a Pedro Sánchez y otros compañeros del Gobierno, que bien merecen correctivos, pero no la persistente zancadilla de su socio principal, aliado frecuentemente con otros cuestionables apoyos, tan minoritarios como poco fiables, cuyos esfuerzos se han sumado al propósito destructor de la desleal oposición de la derecha tradicional, que ha cumplido, como se esperaba, con ese execrable papel de impedir gobernar si el PP no gobierna, que ya forma parte de su identidad, y de Vox, su hermano separado, que exagera los rasgos de familia hasta la caricatura.

Para mostrar a los suyos que guarda una prudente distancia respecto al PSOE y al país que comparte y gobierna, Iglesias, investido como celoso vigilante de la ortodoxia del populismo de izquierda, ha compaginado la labor de gobernar y hacer oposición. Un Jano bifronte que aumenta la perplejidad de quienes, desde el extranjero, perciben la extraña y costosa manera española de hacer frente a la pandemia volviendo a los usos de un país ancestral de taifas y bellidos, hoy llamados tránsfugas. 

El ya exvicepresidente ha dedicado un tiempo precioso a opinar sobre asuntos que provocan ríos de tinta y revuelven las tertulias, como nacionalizar el sector eléctrico o el farmacéutico, establecer un control democrático sobre los medios de información, solicitar el indulto para los presos del “procés”, echar un cable al fugado Puigdemont y cotejarlo con los exiliados de la guerra civil, en detrimento de estos, claro, sumarse a Bildu y a los secesionistas catalanes en el ataque al “régimen del 78” por un quítame allá esas pajas, defender el insensato proyecto de las repúblicas ibéricas como alternativa a la monarquía o defender a un rapero malencarado y a sus enardecidos seguidores. Todos ellos asuntos que podían haber sido señalados por alguien de su partido, pero fuera del Gobierno.   

Aun con todo, no dejan de ser palabras, cuestiones de opinión y oportunidad -o de oportunismo, más bien-, pero menores en comparación con las que le han correspondido como atribuciones del cargo, pues, por el resultado de su gestión, parece poco consciente de la importancia de lo que tenía encomendado.

Al lado de los ministerios de relumbrón, de los ministerios dedicados a los asuntos de más enjundia, un ministerio Derechos Sociales, aunque revestido de una vicepresidencia, parece poca cosa; un cargo más bien honorífico, con ambiguas competencias y escaso contenido.

Opinión que comparte mucha gente, pero no es así, sino al contrario, pues, en un país de desigualdad creciente y oportunidades menguantes para las clases subalternas, el Ministerio de Derechos Sociales, de derechos constitucionales  difíciles de ejercer, tiene mucha importancia, porque es un ministerio escoba, que recoge lo que queda de la actividad que se escapa de las competencias de otros ministerios; es un ministerio dedicado a recomponer los desperfectos del modelo productivo, a atender las necesidades de los residuos de la sociedad productiva y de la población “superflua”.

En realidad, es un ministerio dedicado a combatir la desigualdad que exceda las competencias del Ministerio de Igualdad; es decir, la desigualdad en general. El de Derechos Sociales es también un ministerio dedicado a atender a las víctimas de otros procesos: víctimas de la dominación del gran capital sobre el trabajo, de la especulación del suelo, del capitalismo salvaje, del mercado desregulado, de la hegemonía financiera, de los que no se han recuperado de la Gran Recesión de 2008 y de los más golpeados por los efectos económicos de la pandemia.

Es el Ministerio de los que malviven hacinados entre las paredes de los pisos-patera y los que malviven en la calle guarecidos por cartones, de los usuarios de los albergues de caridad, de los que forman las colas del hambre, del banco de alimentos y los comensales de las ollas de barrio; de quienes dependen de la ayuda de parientes y vecinos; del precariado, de los parados de larga duración, de los enfermos, los discapacitados y los dependientes; de los ancianos con bajas pensiones y los migrantes sin papeles; de las víctimas de la economía sumergida, de los bajos salarios, los contratos basura y los empleos de mierda; de la pobreza severa, de la pobreza energética y de la otra; de los que, cada día, se buscan la vida cómo y dónde pueden, y reproducen el milagro de sobrevivir trampeando con ocupaciones minúsculas en esta España de Galdós, Baroja y Valle Inclán, o de Buñuel y Berlanga, a la que hemos regresado. 

Lo que Iglesias tenía por delante y no asumió era la ciclópea labor de un reformista, fuera monárquico o republicano, central o autonómico, amante del rap o de la polca, propia de un Ministerio de los Desheredados, de un Ministerio de los Condenados del País, en una definición propia de Franz Fanon, de un buñuelesco Ministerio de los Olvidados, de un Ministerio de la Solidaridad o de un Ministerio de la Deuda que tenemos contraída con los que menos reciben en el desigual reparto de la riqueza producida colectivamente. Pero, por no haberlo intentado, ni siquiera ha sido el Ministerio de la Impotencia, como llamaba Marx al ministerio de Luis Blanc, sino un Ministerio de la Incompetencia.

Desde su altísimo cargo, Iglesias, con los poderes con los que estaba investido, aunque le parecían pocos, debería haber recorrido el país de cabo a rabo o utilizado todos los medios alternativos posibles para encontrarse con consejeros autonómicos, alcaldes y concejales, asociaciones, parroquias, organizaciones no gubernamentales, redes de solidaridad y, desde luego, con los beneficiarios, para conocer de primera mano el ejercicio local de los derechos sociales. Y en mesas, encuentros y puestas en común, si ello era posible, promover estudios y llegar a un libro blanco (o negro) sobre la desigualdad en el ejercicio de derechos, fundamentales, que sirviera de punto de partida para hacerle frente de manera concertada en una comisión interterritorial o similar. Pero no ha existido tal intento. Iglesias abandona la tarea propia de un gran reformador y va a buscar un lugar de privilegio como agitador en la brega electoral, donde espera obtener más rendimiento a su profesoral retórica y a su telegenia, en un intento de achicar en un buque que hace agua. Pues, buen viaje, señoría.

23-F. ¡Qué noche la de aquel día!

Los Beatles se habían disuelto y John Lennon había sido asesinado un par de meses antes, pero el título de su primera película sirve perfectamente para ilustrar lo ocurrido la noche del 23 de febrero de 1981.

Recuerdo aquella noche agitada, pasada en gran parte en vela, escuchando la radio y viendo la televisión a la vez. Y recuerdo, además de la del Rey, varias intervenciones de personas que eran importantes entonces, pero, sobre todo, la de un pragmático Jordi Pujol, que, tras hablar con el Rey -Jordi, tranquilo-, dio por zanjado el episodio y reclamó la vuelta a la normalidad cuanto antes, así que nada de huelga general, como habían pedido los sindicatos para responder a los golpistas (“demá es día de feina”), todo el mundo a trabajar. Y así fue.

Rendidos los golpistas por la mañana, tras pasar parte de la noche en el bar del Congreso (7.500 euros de consumiciones a cargo del erario), el golpe fracasó no tanto porque fuera una abstracta “democracia” la que lo detuvo, aunque los ciudadanos mostraron masivamente su repudio en la manifestación del día 27 en Madrid, sino porque la “operación” fue una chapuza y, sobre todo, porque hubo fuerzas actuantes, personas y grupos, con poder e información que lo hicieron posible, tanto poderes institucionales coordinados -el improvisado gabinete de crisis dirigido por Francisco Laina, la Junta de jefes de Estado Mayor, el CESID (ahora CNI) y la Casa Real-, como la influencia que pudieron ejercer el padre del Rey, la patronal bancaria, las asociaciones empresariales, la Conferencia Episcopal, el Vaticano, los gobiernos europeos o quizá Bruselas, Washington y la OTAN. Aquella noche hubo mucho intercambio de mensajes, que no conocemos porque el asunto es todavía materia reservada.

Quien disponía de mayores potestades para detener el golpe, como Jefe del Estado y del Ejército, era el Rey, y parece que así lo hizo. Es una versión de los hechos más verosímil que la contraria, que afirma la participación del Rey en la conjura y su posterior retractación. Pero eso lleva a pensar en el improbable beneficio del Rey al participar en un golpe que pretendía restaurar un régimen político que él mismo había contribuido a desmontar. Con el agravante de que, en el “tejerazo”, hubiera sido un miembro activo en la instauración de un gobierno militar posiblemente breve, mientras no lo había sido de la dictadura franquista. Sin duda, el recuerdo del golpe de Primo de Rivera en el deterioro de la monarquía alfonsina no fue ajeno a la decisión.

Y si no fue así, ¿quién paró el golpe?

No fue la izquierda; ni la moderada y dividida izquierda del consenso (PSOE y PCE), ni tampoco la izquierda radical, aún más dividida. Tampoco fue la derecha política, dividida, tanto en su versión ultra, como en la parlamentaria, con AP empeñada en acabar con UCD para alcanzar la mayoría natural postulada por Fraga. Ni tampoco fueron los partidos nacionalistas vascos y catalanes, recién estrenados sus estatutos y gobiernos autonómicos, cuya abolición era uno de los objetivos de los golpistas. Y mucho menos ETA, que estuvo provocando a los militares con atentados para que dieran un golpe que demostrara la verdad de su aserto de que nada había cambiado tras la muerte de Franco. Además, el golpe facilitaba su intención de poner fin a un conflicto bélico -“estamos en guerra con España”- mediante una negociación directa entre las fuerzas armadas vascas (los etarras) y las españolas. Tal era su delirio.       

El desenlace del 23-F revela la correlación de fuerzas surgida de la Transición, la impotencia de la izquierda para parar socialmente el golpe y la impotencia de la ultraderecha para ejecutarlo técnicamente. Y aunque, en poco tiempo hubiera podido hacer mucho daño a la izquierda, a los partidos nacionalistas, a los sindicatos y a los derechos civiles en general, de haber triunfado, el golpe hubiera sido breve, porque su miope objetivo era sólo político, o más bien policial -restaurar la ley y el orden (otra ley y otro orden, claro)-, dar un golpe de timón, dijeron, para corregir el rumbo, pero no tenía en cuenta los intereses económicos en juego, en particular los de los grandes capitales, cuya meta,  expresada ya en 1962, estaba en integrarse en el Mercado Común, lo cual tenía como requisito indispensable dotarse de un gobierno homologable con los que componían el selecto club mercantil europeo. Un gobierno militar hubiera pospuesto largo tiempo esa aspiración.   

Hay quien afirma que con el 23-F acabó la Transición. Creo más bien que fue una precondición del final, que llegó en 1982, con la victoria electoral del PSOE, lo que supuso la verdadera prueba de la consolidación del nuevo régimen al permitir, sin traumas, el acceso al Gobierno de un partido con un ideario proscrito durante cuarenta años, que enlazaba con la etapa anterior a la guerra civil y había permanecido en la clandestinidad hasta la muerte de Franco.

Con la perspectiva del tiempo transcurrido, se percibe que UCD fue un partido provisional que sirvió de base a un gobierno provisional, que fue el de Suárez. Cumplida esta función, agotado, se deshizo, como sucedió con otros partidos, que fueron heridos o devorados por los intensos años del ocaso de la dictadura y el posfranquismo. En realidad, además de los nacionalistas, el partido más beneficiado por el decurso de la Transición fue el PSOE, por eso venció en las elecciones y pudo gobernar durante casi tres lustros.  

 

24/2/20141