El sermón del President

Guiado simplemente por la buena intención y sin haber realizado un balance ni crítico ni laudatorio de lo que ha supuesto, en general, el año que hoy concluye, me proponía desear a mis colegas y “colegos” de FB una esperanzada y a ser posible jubilosa entrada en el año 2019, cuando, hete aquí, me he topado con el discurso de fin de año del President de la Generalitat. Leer la arenga, pues eso ha sido, y subirme la tensión ha sido todo uno, pues insiste en atizar el encono para mantener abierto y lejos de resolver el problema político más importante del país.

Torra es uno de los lamentables subproductos provincianos que el “procés” ha llevado a la primera fila de la política nacional e incluso internacional. Nada raro, en estos tiempos extraños, en los que las circunstancias y los votos de la población aborregada han catapultado al gobierno de países importantes a personajes atrabiliarios y, por tanto, dignos de la compañía del supremacista gerundense.  

De cara a 2019, Torra anima a los suyos a cerrar filas para aumentar la presión, a rebelarse ante la injusticia y hacer caer los muros de la opresión. Muy lírico el discursito ante la división de los “indepes”, que volverán a comulgar, pues son gente creyente de siglos, con las ruedas de molino de quien les habla de injusticia, cuando quiere decir aumentar los privilegios de una clase social que ha sido mimada por el poder central desde hace más de un siglo -¿o es que creen que el desarrollo de Cataluña se debe sólo al saber y al seny de los catalanes, como raza superior al resto de españoles?- y lograr la impunidad no sólo para los políticos encausados por su posición dirigente en el “procés”, sino para los procesados por recibir sobornos, prevaricar y malversar fondos públicos (el 3%, etc, etc,), y de quien les induce a derribar metafóricos muros, pero pretende levantar fronteras reales para separar Cataluña del resto de España y completar las interiores fronteras emocionales, sentimentales, ideológicas, políticas y materiales entre los habitantes de Cataluña, para formar dos comunidades, la de los buenos catalanes, que son los supremacistas, los nacionalistas, los independentistas, los republicanos, y los malos catalanes, que, como rechazan lo anterior, son los fachas, los españolistas, los fascistas, que, en la Cataluña independiente, serán un colectivo sospechoso.

Vaya un pronóstico de quien llama a realizar un mandato democrático de libertad, pero curiosamente emanado de un referéndum ilegal, efectuado sin garantías y no reconocido por nadie, ni dentro ni fuera de España, cuyo resultado, imposible de comprobar, fue un rotundo mentís a lo que se proponía.

        

Kwanza

Sobre un post, que es un dislate.

El mensaje tiene su miga. Quien lo emite es una mujer blanca, rubia, y ofrece, con un argumento disparatado -la Navidad es violenta y santa Claus es un violador-, una fiesta alternativa a la Navidad: la kwanza. 

La kwanza, o cosecha, en suajili, de la primera fruta "matunda ya kwanza". Es una fiesta establecida en los años sesenta, en EE.UU., en los años de la reclamación de los derechos civiles y afirmación de la cultura negra (black is beautiful). Se celebra después de Navidad, y dura cinco o seis días, en los cuales, los afroestadodunidenses (y también blancos, por lo que se ve), recuerdan señas de identidad, ciertas o presuntas, de sus antepasados, que, en su mayoría procedían de África occidental, zona francófona, por lo cual desconocían el suajili, que es una lengua híbrida del África oriental, mezcla de bantú, árabe con influencia del inglés. 

Se celebró por primera vez el 26 de diciembre de 1966 y duró una semana.

Cosas de Españistán

Como procuro ser buen ciudadano, acudí el otro día a buscar la famosa pegatina sobre la combustión del coche, que es necesaria desde la puesta en marcha del plan contra la contaminación atmosférica del ayuntamiento de Madrid, que restringe el tráfico de coches en el centro y aún más allá en ciertos días.

Normalmente no utilizo el coche en la ciudad, con la tarjeta de jubilata me basta y sobra para moverme, pero, es mejor tener los papeles arreglados por si acaso, ya que pasado el período de gracia, las advertencias municipales se convertirán en multas.  

Como en algunas cosas soy cartesiano, acudí primero a la Jefatura Provincial de Tráfico creyendo, erróneamente, que allí realizaría el trámite con más diligencia. Tras una breve cola me acerqué al mostrador y pregunté por el tema, pero al momento me arrepentí. La funcionaría me miró como si estuviera viendo a un borracho y temí que me obligara a hacer el test de alcoholemia antes de responderme.

.-“Caballero, en el mes de octubre se dijo que lo expediría Correos”.

No me extrañó, porque también lo podrían hacer los estancos, puesto que venden sellos, o las oficinas municipales. Y aunque soy mal jinete le agradecí lo de caballero, y apunté:…Ah! Que lo envían por correo…

.- “No señor -repuso, ya completamente segura de que hablaba con un beodo-, debe de recogerlo allí, llevando la documentación del vehículo y el DNI”.

Me encaminé a la estafeta más cercana, que estaba a rebosar de buenos ciudadanos animados por el mismo propósito: conseguir la pegatina. Me dirigí a la máquina que expide los vales con el turno, pero no funcionaba; la vez se pedía oralmente como en la carnicería. Tras algunas consultas -¿quién es el último? Yo no; yo, porque me dio la vez un señor que se ha marchado- me coloqué en una cola informal, que avanzaba lentamente hasta que dejó de avanzar: se ha caído la línea. Horror. Mañana baldía. Me marché cavilando en cómo harían estas cosas en Alemania y acordándome de Larra -“Vuelva usted mañana”-, pero eso ocurría a mediados del siglo XIX.

Ayer volví dispuesto a no regresar sin la pegatina. La máquina de los turnos funcionaba pero en el menú no figuraba la opción de solicitar la dichosa pegatina. Mi mente cartesiana me sacó de la duda interpretando al pie de la letra las instrucciones de la funcionaria de Tráfico: como se trataba de recoger una pegatina, cogí el boleto correspondiente a “recoger” y me puse en la cola.

Cuando me llegó el turno el empleado me pidió el aviso de la recogida: le entregué el boleto y le dije que solicitaba la pegatina y que traía la documentación del coch… No me dejó terminar: “Aquí se recogen los paquetes, para la pegatina es en otro mostrador, coja en la máquina el boleto de “enviar” y espere su turno”. ¡Enviar! ¿Dónde quedaba la lógica formal? ¿Dónde fueron a perderse los silogismos? Kant y Aristóteles sacados de la historia un jueves por la mañana.  En ese instante se hizo la luz en mi cerebro y supe por qué Larra se pegó un tiro con un pistolón de chispa: seguramente estaba desesperado en la cola de un organismo oficial.

¿Enviar? ¿Enviar qué y a dónde? Volví a la máquina y como no me fiaba de la información recibida y empezaba a dudar de mi mente -¿sufría un ataque de demencia senil o todo el mundo estaba loco menos yo?- pulsé un botón de cada uno de los botones del menú, me junté con un puñado de boletos de turno, pero al menos uno sería acertado. Y me puse a esperar a que alguno de los números apareciera en la pantalla luminosa del panel de información.

Allí estaba, cuando de repente una chica de las que atendían el mostrador utilizó la tecnología preinformática y se puso a vocear: “los que quieran la pegatina pueden pasar por aquí” y mandó a hacer puñetas los boletos de la maquinita. Reconfiguración general del orden establecido, y allí me puse. Esperé poco, el trámite fue rápido y tras abonar 5 euros conseguí la famosa pegatina. Una operación de tres minutos me había costado, entre viajes y esperas, varias horas, que pagadas a precio de asistenta, que es lo que vale el tiempo de un profesor jubilado, es una pasta gansa y unas preciosas porciones de un tiempo que está tasado. 

Cuando salía, sonó el teléfono móvil. Era un aviso del ayuntamiento, diciendo que el recibo del mes de octubre del polideportivo había sido devuelto sin pagar. Creí que me derrumbaba y maldije a Rodrigo Rato.

Desde hace más de diez años asisto a unas sesiones de gimnasia para vejestorios en el polideportivo municipal y tengo los recibos domiciliados en un banco. Cuando me inscribí lo hice en Caja Madrid y cuando saltó el escándalo de Bankia, como buen ciudadano me di de baja en la entidad y domicilié los recibos en otro banco. Y cada año, cuando renuevo la plaza me preguntan en qué cuenta me cargan los recibos y yo les digo, y les repito, y vuelvo a repetir que quiten de la ficha la cuenta corriente que no funciona, porque produce confusión, y me contestan que “el sistema” no lo permite. Les argumento que, dados los adelantos de la informática, eso no es un problema difícil de resolver, pero debe serlo.

En octubre me avisaron de que el recibo de septiembre había resultado impagado. Lo que tenía que pasar pasó y alguien, a saber quién -¿una becaria, un contratado, un precario, un chapucero?-, se había confundido de cuenta y enviado los recibos a Bankia, que naturalmente los rechazó.

Como el asunto me cabreó bastante, y se notaba, me pidieron disculpas, pero les volví a repetir lo que desde hace años les vengo diciendo, que eliminasen la maldita cuenta y dejasen sólo una, la buena. Me prometieron que lo harían, pero como ya había pasado tiempo y los siguientes recibos estaban cursados, debía pagar los recibos atrasados y el siguiente. Así lo hice y creí que el asunto estaba resuelto, hasta ayer.

Mañana volveré a la oficina del polideportivo, a arreglar el asunto de una maldita vez. No sé si armado de paciencia o de un Colt 45.

40º Aniversario. Críticos con la Carta Magna

Contra la función aglutinante y simbólica de la Constitución y las servidumbres que contiene el discurso del consenso -acuerdos, silencios, omisiones, ambigüedades, obscuridades-, se alza el discurso de los partidos de la izquierda radical, los cuales, habiendo apostado por una drástica ruptura, en muchos casos de tipo revolucionario, con el régimen de Franco, se colocan abierta y claramente contra el proyecto de Constitución, porque a sus ojos representa la culminación del proceso de reformar jurídica y políticamente el Estado franquista.

Estas organizaciones, con un lenguaje más claro y más duro que el del consenso, aunque no exento, claro está, de un marcado tinte ideológico, critican la orientación general de la Carta y señalan las contradicciones y limitaciones que contiene. Destacan el conflicto latente, fruto de ambiciones de muy distinto signo y origen, el enfrentamiento social enterrado por la retórica jurídica, el olvido de unos intereses -amplios y populares- en aras de la prevalencia de otros -estrechos y oligárquicos- recogidos en el texto, las renuncias pactadas y las concesiones realizadas por los grandes partidos de la izquierda -el PCE y el PSOE- enmascaradas bajo la forma de acuerdos.

Según sus críticas, la Constitución arrastraba demasiados lastres del pasado, no atendía las demandas de los trabajadores y las clases populares; reconocía el modo de producción capitalista bajo el eufemismo de economía de mercado; limitaba derechos civiles (sindicación, huelga; funcionarios, mujeres, juventud), restauraba la monarquía; mantenía un poder ejecutivo fuerte y un Estado centralista; concedía al ejército la función de garantizar el orden constitucional y la unidad territorial del Estado; consolidaba la influencia de la Iglesia católica y el patriarcalismo; facilitaba la penetración del capital extranjero en la economía nacional y la tutela militar de Estados Unidos sobre España.

La crítica no se realizaba en nombre de los derechos del ciudadano, sino de los derechos de otro sujeto -el proletariado- y, en otros casos, de los derechos de las clases subalternas que formaban el pueblo revolucionario. 

Estas organizaciones juzgaban periclitada la etapa histórica de dominación social de la burguesía y, como sucedía en otras partes del mundo, otra clase social -el proletariado- debía desplazarla y tomar el relevo en la organización y el gobierno de la sociedad. En España el asunto era más grave por la renuncia de la burguesía a ostentar directamente el poder político y haberlo entregado a Franco, quien, con una dictadura militar (o fascista), había realizado satisfactoriamente esa labor. Por lo tanto, estimaban llegado el momento de que el ciudadano burgués, el sujeto individualista sobre el que descansaba una noción de la sociedad en la que todas las personas gozaban de idénticos derechos, pero estaban separadas por abismales diferencias de renta que les impedían ejercerlos en igual medida, debía dejar paso al proletario, el sujeto portador de valores solidarios y colectivos, sobre los que se debía erigir una nueva sociedad que acabase con la explotación económica de unos seres humanos por otros y repartiera equitativamente la riqueza producida. Por tal razón, uno de los adjetivos más frecuentes que estos grupos aplicaban a la Constitución era el de burguesa; es decir, adecuada a los intereses del ciudadano burgués.

A pesar de estas orientaciones generales, la crítica no fue uniforme ni coincidente en la posición ante el referéndum, pues algunos grupos postularon el boicot o la abstención -AC, MC, OIC, OCE-BR, UML, PCT, POUM, UCE-, otros solicitaron el voto negativo -LCR, PCE (m-l)- y unos terceros -ORT, PTE- acabaron apoyando la Carta Magna.

Los resultados del referéndum del 6 de diciembre mostraron el respaldo otorgado a la Constitución y, con ello, la consolidación de la reforma. No obstante, hubo algunos grupos de la izquierda radical (y sobre todo ETA), que no admitieron la   consolidación del régimen parlamentario o negaron incluso la reforma (nada ha cambiado; es un fascismo coronado) y esperaron verla desbordada por nuevas movilizaciones de las masas o por una intervención militar.  

El debilitamiento de la movilización popular y de la combatividad del movimiento obrero, que se fue trocando en movimiento sindical y después en sindicatos sin movimiento, hicieron inviable la primera posibilidad. El fracaso de la intentona golpista de febrero de 1981 (el tejerazo) fue un claro exponente de la inviabilidad de la segunda. Ambas revelan los reales apoyos sociales con los que contaban tanto la extrema derecha como la extrema izquierda, para la que se abría un escenario poco halagüeño, pues la aprobación de la Constitución en referéndum suponía culminar la reforma del régimen franquista con un amplio respaldo popular y, por lo tanto, el aplazamiento, si no definitivo por lo menos a medio plazo, de cualquier intento tendente a modificar en profundidad el régimen político recién estrenado.

Las elecciones de 1979 ratificaron las tendencias precedentes, pero fueron las elecciones legislativas de 1982 las que probaron, con la llegada al Gobierno de un partido de diferente signo político, que el sistema funcionaba con total normalidad permitiendo la alternancia y que la reforma había sido un éxito.

Los partidos de la izquierda radical, persiguiendo unos sueños revolucionarios que fueron desplazados hacia un futuro lejano, habían ayudado, con el activismo de su esfuerzo militante, a sus adversarios y a sus enemigos a alcanzar los suyos, mucho más modestos pero aplicados a consolidar el régimen democrático burgués recién fundado mediante la rutinaria administración del presente. 

Publicado en El Obrero el 19-XII-2018

40º Aniversario. La función simbólica

El discurso hegemónico sobre la Constitución insiste, sobre todo, en el valor que tiene como símbolo de reconciliación y superación de las secuelas de la guerra civil; como reencuentro, como abrazo sin revancha entre españoles, aunque para ello tenga que recurrir a la ficción de que no hay grandes discrepancias a base de subrayar los acuerdos y omitir la referencia a los asuntos conflictivos. 

Así, a pesar de que, finalmente, la Constitución deviene en el símbolo de la ruptura con el régimen franquista, los ominosos silencios, los rodeos y la ambigüedad que presidieron el discurso del consenso durante el proceso constituyente dejaron entrever que existían asuntos en los cuales no parecía prudente adentrarse, tales como comprobar mediante un referéndum el respaldo popular otorgado a la institución monárquica o a la forma republicana de Estado o someter a consulta las relaciones del Estado español con la Iglesia católica. También se orilló la depuración del aparato judicial, del Ejército, los cuerpos de seguridad y el funcionariado más comprometido con la dictadura, así como la exigencia de responsabilidades políticas o la investigación de las tramas del terrorismo de extrema derecha.

No obstante, a pesar de admitir que perviven situaciones del legado franquista que en aras de la reconciliación tienen que permanecer incuestionadas, estas omisiones, estos espesos silencios dejan constancia de que existen zonas de sombra que deben continuar siendo misterios, pues, como indican Del Aguila y Montoro (1984, 244), al hecho de que los misterios sean secretos se une la necesidad de hacer pública su existencia, pues de otro modo nadie tendría idea de su presencia en la esfera pública.

La larga sombra de los llamados poderes fácticos -en especial el Ejército-, a los cuales no conviene referirse más que vagamente, se cierne sobre todo el período constituyente, de manera que el consenso deviene en lo compartido y en el talante de compartir y, al mismo tiempo, en una especie de conjuro contra el peligro del innombrable “involucionismo”, cuyas temibles reacciones se quieren evitar, aunque, dicho sea de paso y según lo que representó el golpe de opereta del 23-F-1981, tal peligro se exageró, y los llamamientos a la prudencia (a la moderación cívica y laboral ante el “ruido de sables”) para no facilitar la desestabilización de la naciente democracia actuaron como excelente coartada para promover el consenso y recortar las aspiraciones de aquellos que querían llevar más lejos el límite de los cambios.

En consecuencia, en este discurso aparecen el consenso, como un resultado racional del esfuerzo de las partes adversarias por dialogar, sacrificando el interés de clase o de grupo en aras del interés nacional, y la Constitución como el acordado marco de convivencia frente a las opciones violentas, pero también, como señalan Del Aguila y Montoro (1984, 240), como la única alternativa democrática.

La Constitución, en una sociedad contradictoria y con profundas divisiones como la española, más que un voluntario consenso representa un compromiso entre fuerzas políticas que no pueden llevar hasta el final sus propias propuestas, por lo cual se ven constreñidas a optar entre alternativas forzadas. Así, sostienen estos autores, durante la Transición los agentes políticos no se enfrentaban al dilema de democracia o dictadura, sino al de dictadura o de ésta (y no otra) democracia. De ahí surgió el malentendido que atribuye a la Constitución el haber atemperado los conflictos, cosa que ciertamente ha hecho, pero no lo que sucedió realmente: que la Constitución estuvo empujada, ante la amenaza involucionista, a defender esta democracia como forma de convivencia. Por lo cual, según estos autores (ibíd, 241), la Constitución no puede estar por encima del conflicto, sino que es la existencia de éste lo que justifica su función simbólica.

Precisamente contra el discurso que glosa esta función simbólica y sobre los sigilos que conlleva, se alzó el discurso de los partidos de la izquierda radical, que pretendía sacar a la luz pública todo aquello que, por las circunstancias ya señaladas, permanecía enterrado por el silencio o disimulado por la retórica.

Consenso. Solé Tura

Nadie pudo decir que aquella era su Constitución total y absolutamente. Y este es, posiblemente, uno de los mayores éxitos del texto constitucional: todos tuvieron que renunciar a algo importante para conseguir lo más importante de todo, una Constitución de responsabilidad y consenso.

El consenso tuvo en aquellos momentos iniciales mala prensa. La gente no lo entendía o lo confundía con un pasteleo más o menos clásico. Pero yo creo que fue una aportación decisiva a nuestra trayectoria política colectiva.

Para los comunistas la razón fundamental del consenso era doble: por un lado, las enseñanzas de nuestra historia política y constitucional; por otro, las condiciones en que se estaba desarrollando la transición de la dictadura a la democracia…

El Estado español que llegaba hasta nosotros tras la muerte de Franco era un Estado centralista a ultranza, cuyos aparatos e instituciones fundamentales se habían forjado bajo la hegemonía de la derecha más cerrada. En realidad, el Estado español contemporáneo se había forjado bajo las Constituciones conservadoras de 1845 y 1876. Todos los intentos de democratizar y de ampliar las libertades habían sido breves y habían terminado de manera violenta con intervenciones militares, sin tener la posibilidad de democratizar los aparatos del Estado y de consolidar un sistema moderno de partidos políticos.

Pero junto a las enseñanzas de nuestra historia estaban las condiciones en que se llevaba a cabo la transición de la dictadura a la democracia. En 1977, al iniciarse el período constituyente, habían desaparecido algunos aspectos significativos del franquismo, como las Cortes orgánicas, el sindicato vertical, el Movimiento Nacional y el propio general Franco como centro aglutinador de los sectores que dirigían aquel Estado. Pero la mayoría de los principales aparatos del Estado pasaban a la democracia prácticamente intactos y con niveles muy desiguales de aceptar la nueva situación. Me refiero al Ejército, a la Administración, al aparato judicial, a las fuerzas de seguridad y, desde luego, a los poderes autonómicos (sic) públicos y privados.  

J. Solé Tura: “Los comunistas en el proceso constituyente”, en Historia de la Transición (II), fascículo 36, Diario 16, Madrid, 1984.