Jesús Mosterín

Pequeño homenaje a Jesús Mosterín

“El progreso de la ciencia no siempre consiste en el aumento del número de verdades que conocemos. La noción de verdad es relativa al enunciado, y ésta a la de concepto. Qué verdades haya depende de qué conceptos empleemos. Y muchas veces el progreso de la ciencia consiste no en un aumento del número de verdades expresadas con un sistema conceptual dado, sino en el cambio del sistema conceptual, en su ampliación o extensión o en su sustitución por otro (aquí nos deja al lado de Thomas Kuhn y “La estructura de las revoluciones científicas”).

El mundo no está estructurado de por sí de un modo unívoco. Somos nosotros los que lo estructuramos al proyectar sobre él nuestros conceptos”

J. Mosterín (1984): “Conceptos y teorías en la ciencia”, Madrid, Alianza, p. 12.

Pero, siempre hay un pero…a pesar de este deseo, Mosterín nos advierte en el capítulo 9, de que “el mundo se nos escurre entre las mallas de nuestras teorías”. 

El despertar

Los norteamericanos llaman despertares a corrientes de reconversión religiosa, que en el apogeo de sus públicas manifestaciones de fe pueden desembocar en estados de histeria colectiva. El primer gran despertar tuvo lugar en los años cincuenta del siglo XVIII, el segundo en los años previos a la Guerra de Secesión. El último despertar religioso se produjo como reacción a los rebeldes años sesenta y setenta, durante la “revolución conservadora” de Ronald Reagan, con el fenómeno de los “cristianos renacidos” y otras sectas fundamentalistas cristianas.

Pues bien, guardando las debidas distancias, en Cataluña ha tenido lugar un fenómeno similar, pero de otra índole: un sobrevenido despertar político.

Sobre la base del discurso nacionalista vertido a lo largo de los años, que ha ido empapando de manera persistente el tejido social como una lluvia fina, el acelerón político de los partidos soberanistas iniciado en 2010, pero sobre todo desde la Diada de 2012, ha supuesto un verdadero revulsivo en la vida catalana.

Con el estímulo de la propaganda pertinaz, lo sembrado antaño cobra vida y el nacionalismo dormido, aprendido desde la niñez en cuentos infantiles, historias locales y viejas leyendas, despierta y sirve de cimiento al acelerado aluvión de nuevas consignas políticas.

El pasado idealizado vuelve y actualiza la profecía de la secular opresión de Cataluña por España con la prohibición de formar hoy una república soberana mediante una secesión territorial, pero sin más demostración, porque coinciden el pasado y el presente en un discurso que excluye todo elemento crítico y cualquier atisbo de duda. Rescatados por la memoria, los viejos mitos cobran vida y se convierten en aliento de la voluntad y en fuerza actuante; en actos personales y en movilización colectiva.

El relato soberanista apela a la actividad detrás de unas pocas y simples ideas dotadas de gran valor simbólico: la lengua, la nación, la tierra, la historia y el origen, al que hay que volver, haciendo que el futuro se parezca al pasado imaginado. Dotado de una gran seguridad en sí mismo, ofrece una explicación simple a fenómenos muy complejos; la culpa de todo la tiene el otro, el adversario de siglos, el opresor de ayer y de siempre.

Este discurso utiliza, por un lado, una serie de afirmaciones rotundas, por medio de frases sencillas -Somos una nación, España nos roba, Poner las urnas es democracia, Tenemos derecho a decidir, Democracia es votar, etc-, que definen la situación y delimitan el ámbito del conflicto, reduciendo la complejidad de la sociedad catalana a dos campos: ellos y nosotros; los buenos (los catalanes) y los malos (los españoles); los demócratas (los soberanistas) y los fascistas (los españolistas, constitucionalistas, franquistas, colonos, botiflers).

Y por otro lado, utiliza el sentimiento de pertenencia como argumento inapelable, como si sus adversarios carecieran de sentimientos de pertenencia o estos fueran de inferior calidad o intensidad.

Es un discurso emotivo que no apela a la razón, sino a la fe y a los sentimientos; a la voluntad histórica de ser libres, que muestra la supremacía de un pueblo sobre su presunto opresor, humanamente inferior pero fuerte y astuto.

El discurso nacionalista rehúye la investigación, la verificación, el contraste con otras fuentes, desdeña aclarar los temas controvertidos y el debate con otros relatos, pues sus divulgadores estiman que no es el momento de formular un discurso sereno y racional con aporte de argumentos y datos, tarea difícil y contradictoria con el objetivo, sino de incentivar las emociones necesarias que lleven a moverse, pues estima que ha llegado a hora de actuar en función de un relato cuya simiente se puso hace muchos años de manera intuitiva, jugando, cantando.

Este nacionalismo durmiente era la gran reserva de los soberanistas; un recurso preparado con antelación y guardado en la recámara durante años para cuando hiciera falta utilizarlo, y ese momento ha llegado para convertir a miles de personas, hasta ahora ciudadanos pasivos, en partícipes activos y en militantes de un potente movimiento reivindicativo.

Argumento circular

Con el paso de los años, los músculos de la cara pierden parte de su función y se descuelgan incapaces de contraerse para mostrar sorpresa o estupor. Por eso, ante las declaraciones en la SER, de Marta Pascal, coordinadora general del PDcat, no puedo mostrar sorpresa sino constatar un cinismo persistente al escuchar cómo una y otra vez repite el razonamiento circular de que están obligados a proclamar la independencia por un mandato emanado de los resultados del referéndum del 1 de octubre.

Veamos el desarrollo en el tiempo de este “razonamiento”: primero se decide declarar la independencia y se convocan unas elecciones plebiscitarias, que se pierden pero no importa, luego viene la promesa de hacerlo pronto, se acelera la presión social y se advierte al Gobierno de que no se va a respetar la ley, con lo cual la Generalitat se constituye en institución soberana (rebelde), después se preparan, en secreto, las leyes que deben dar apariencia legal a ese empeño; vulnerando las normas del propio Estatut se aprueban con prisa y sin garantías las leyes del referéndum y de Transitoriedad, embrión de la futura constitución, que son suspendidas por el Tribunal Constitucional, pero no importa. Después se intenta celebrar un referéndum sin ninguna garantía, que, además de ilegal,  resulta fallido, pero tampoco importa, y finalmente, se insiste en declarar la independencia según el mandato salido de este refrendo ficticio.

O sea, hacemos lo que queremos; hemos decidido declarar la independencia y lo vamos a hacer como sea, sin importar los medios; porque sí.      

La crisis y el giro de Artur Mas

La crisis financiera y la recesión económica subsiguiente ha sido uno de los motores fundamentales para llegar a esta situación, porque ha alimentado la desafección ciudadana respecto a los gobiernos. Desafección que ya estaba incubada por la extendida corrupción en las élites políticas y económicas del país (de España y de Cataluña), por la manipulación de las instituciones en el juego político y por el envejecimiento del régimen expresado en el alejamiento de los partidos políticos respecto a la gente, en el escaso vigor de la vida parlamentaria, oscilante entre la atonía y la crispación, en la erosión del sistema bipartidista y en la crisis en la propia Casa Real.

Con la crisis, la gente no supo lo que se le venía encima, pues, de repente, en una situación de bonanza económica que parecía eterna, estalló la burbuja inmobiliaria que produjo la gran recesión económica, seguida de los recortes de fondos públicos ordenados por la funesta “troika” (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) y aplicados con diligencia por el Govern de Artur Mas, que fueron los primeros y más drásticos de España.

Las medidas de austeridad provocaron indignación y la movilización ciudadana, en particular entre los jóvenes, alentados por los ecos del 15-M. Llegaron las concentraciones, las sentadas, las pintadas, la acampada en la plaza de Cataluña y el cerco al Parlament, a donde el Govern tuvo que llegar en helicóptero y los diputados salir en furgonetas de los mossos. Actos con un contenido de clase que gustaron muy poco a los nacionalistas. Carod Rovira  consideró que los acampados actuaban como españoles, no como catalanes, y les invitó a irse a orinar a España.

Junto al interés por rechazar la propia responsabilidad en la gestión del sistema económico que había reventado y en aplicar las medidas de austeridad de la “troika”, hubo otro importante factor que explica el giro político de Artur Mas en 2012, que fue la corrupción. Los casos Palau, Pretoria, Adigsa, la red de comisiones del 3% y otra docena larga de casos, a los que luego se sumarían  el caso ITV, de Oriol Pujol, la fortuna en el extranjero del ex honorable y las andanzas de otros de sus hijos en negocios realizados al amparo de la Generalitat, inclinaron a Mas a dar un drástico giro y acelerar el plan de renacionalización de Cataluña sugerido por Jordi Pujol en 1990.

En 2012, Mas decidió alejarse del Partido Popular, que había sido su apoyo en el Parlament y al que había apoyado en Congreso. Rajoy dejó de ser un aliado y se convirtió en un necesario enemigo de Cataluña, para poder rebotar hacia él y hacia España la responsabilidad por las medidas de austeridad ordenadas por la “troika” y aplicadas servilmente por el Govern desde 2010. De este modo, Mas pensaba desviar la indignación popular hacia un tercero, que no estaba en Cataluña, y que se había acreditado como un notorio centralista ante el nuevo Estatut. El éxito de esta operación residía en acentuar el impulso nacionalista antiespañol aprovechando el malestar suscitado por la crisis y el enfado por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut.

Larga estancia en la Generalitat

Para entender lo ocurrido en Cataluña no basta con fijarse, claro está, en los sucesos, en particular en los más recientes o en los acaecidos en los dos últimos años, bajo la presidencia de Puigdemont, que siendo importantes representan sólo la culminación de un proceso largo en el tiempo.

Uno de los factores que ayudan a explicar mejor lo ocurrido es la dilatada permanencia del principal partido de la derecha catalanista al frente de la Generalitat.

Jordi Pujol (CiU) fue presidente de la Generalitat desde 1980 hasta 2003. Pascual Maragall (PSC) presidió el Gobierno tripartido (PSC, ERC, ICV-EUiA) entre 2003 y 2006, año en que fue relevado por José Montilla (PSC), que permaneció hasta 2010, cuando CiU recuperó el Govern con Artur Mas, que se mantuvo hasta 2016, relevado por Carles Puigdemont. 

Es decir, de los 37 años transcurridos entre 1980 y 2017, la derecha hegemónica ha gobernado 30 años; sólo ha dejado de gobernar durante los siete años del Govern Tripartit, que estuvo sometido a la presión nacionalista de ERC desde dentro y de CiU desde fuera.

Esta prolongada estancia en las instituciones ha permitido planificar la política a largo plazo, y una de las orientaciones más persistentes ha sido ir dando forma a la sociedad catalana según el ideario nacionalista a través de la enseñanza y del control de los medios de información públicos pero también privados, hasta configurar un régimen de propaganda que en los últimos años ha condenado al silencio cualquier opinión discrepante y ha hecho del nacionalismo el único pensamiento culturalmente posible y el único sentimiento de lealtad política públicamente aceptable.

La persistencia de esta presión a lo largo del tiempo explica en buena parte el aumento de la desafección hacia España. En 1997, el 11% de los ciudadanos catalanes se sentía sólo miembro de su comunidad autónoma. En 2007 este sentir había subido al 17,5%, y un 21% era favorable a reconocer la posibilidad de ser un país independiente. En septiembre del 2015, el sentimiento de pertenencia exclusiva era del 22% y un 46% estaba defendía la posibilidad de que Cataluña fuera un país aparte. En las elecciones llamadas “plebiscitarias” (27/9/2015), los partidos independentistas obtuvieron el 48% de los votos válidos.

Premiados por la ley electoral con una desproporcionada representación parlamentaria, los partidos nacionalistas han mantenido, por un lado, el doble juego de “apoyo al gobierno y distancia al Estado”, es decir, ofrecer un apoyo condicionado al Gobierno central, fuere del PSOE o del PP, y al mismo tiempo guardar distancia respecto al Estado español; una distancia más aparente que real, pues las instituciones políticas catalanas forman parte de él, pero el ardid ha dado como resultado que muchos catalanes estimen la Generalitat como una institución propia, opuesta al (oprobioso) Estado español.

Por otro lado, han mantenido un oportuno victimismo, que ha sido el pretexto para tensar siempre la cuerda con nuevas e insaciables demandas, hasta hoy, en que parece que se han acabado, porque han decidido tomar por su cuenta lo que creen que les pertenece.

Mal, muy mal

Por aludir solamente a lo más reciente y, en definitiva a lo accidental, mal, muy mal me parece lo sucedido el pasado domingo. Mal por todas partes.

Mal por parte de la Generalitat, al mantener la convocatoria de un referéndum que estaba prohibido, que el 61% de los ciudadanos admite como no válido, y al animar a la gente participar. Mal por parte de quienes se pusieron de perfil para participar en lo que llamaron una “movilización”. Y mal, muy mal, por parte del Gobierno, al utilizar a las fuerzas del orden para impedir un refrendo que era ilegal en su irregular tramitación parlamentaria, en su chapucera ejecución, carente de las mínimas garantías democráticas, y en su propósito, que era buscar respaldo social a la autodeterminación, con un acto que excede las competencias de la Generalitat.

El ilegal refrendo realizado sin intervención de la fuerza pública hubiera carecido igualmente de validez, pero se habrían evitado actuaciones violentas, con más de 800 heridos de diversa consideración (se desconocen los hospitalizados), recogidas en fotografías que producen sonrojo, porque recuerdan tiempos pasados, y publicadas en la primera plana de muchos periódicos nacionales y extranjeros. En cualquier caso, deben depurarse las responsabilidades en los casos donde haya habido excesos y el Gobierno debería deponer de su cargo al ministro del Interior, último responsable político de la desafortunada operación.

El Gobierno central tendría que haber intervenido antes, cosa difícil teniendo al frente a Rajoy, incapaz de hablar e incapaz de hacer, antes de intentar impedir por la fuerza las votaciones que pudieran producirse en los hipotéticos lugares donde los activistas, que demostraron organización e imaginación, hubieran podido esconder las urnas, pues era como buscar agujas en un pajar.

El de Rajoy era un intento vano, además insensato por las reacciones que hubiera podido producir y que finalmente ha producido, y que le ha colocado en el lugar donde quería Puigdemont: mostrando la cara más hosca del Gobierno de España, que es la represión desatada por cuerpos armados llegados desde fuera de Cataluña.

En su día, tampoco Zapatero estuvo acertado, pues el momento de intervenir hubiera sido en septiembre de 2009, cuando el Ayuntamiento de Arenys de Munt realizó una consulta de ámbito municipal, ilegal y no vinculante, con una pregunta trampa -¿Está de acuerdo en que Cataluña se convierta en un Estado de derecho, independiente, democrático y social, integrado en la Unión Europea?”- cómo podía haber preguntado si era partidario de que lloviera a gusto de todos.

La iniciativa fue del concejal de la CUP, apoyada por los 4 concejales del grupo local Arenys de Munt 2000, 3 de ERC y 3 de CiU. La consulta recibió el apoyo de casi 90 personalidades de la vida pública catalana, entre ellos Pascual Maragall y algunos militantes del PSC, y por supuesto de CiU, ERC, la CUP y de Iniciativa per Catalunya-Verds. Los concejos de casi doscientas localidades catalanas se mostraron dispuestos a repetirlo y sirvió de experiencia para montar el “refrendo” del 9 de noviembre de 2014, simulacro de infausta memoria, que costó 13 millones de euros, que tardíamente se reclaman a los organizadores, entre ellos a Artur Mas, que anda pidiendo solidaridad para reunir la parte del dinero que le toca aportar.

Desde entonces no ha cesado el desafío, que, entre bromas y veras, ha ido creciendo y sumando apoyos, pues desde la Generalitat y sus organizaciones afines se ha sembrado la impresión de que de partir un país -la odiosa España- y crear otro a voluntad de los promotores es una fiesta callejera de banderas y camisetas de colores, y que desafiar a un Estado (presuntamente) opresor es un es un juego en que hacerse el valiente sale gratis.

Y muchas personas, en particular jóvenes, que no conocieron el régimen de Franco ni las convulsiones de la Transición, imaginan que están luchando alegremente contra una dictadura, pero conservando todos los derechos, incluso los ejercidos en exceso contra los de conciudadanos suyos que no comulgan con las mismas ideas.

Mucha gente ha creído el relato feliz de los beneficios sin cuento que traerá la independencia y el cuento no menos feliz de lo fácil que iba a ser llegar a ella. Y lo han creído a pesar de la intención de los propios mandamases de ignorar la legalidad. Ya advirtió Artur Mas, en su investidura como President, en 2012, que “ponía rumbo de colisión” con el Gobierno central y después ha afirmado que se trata de ir “más allá de la legalidad” y de “poner al Estado contra las cuerdas”. Y lo mismo ha hecho Puigdemont, apoyado por Junqueras y azuzado por la CUP.

Lo que también ha sucedido, es que por parte del Gobierno de Rajoy no había respuesta, salvo que, ante cada paso que dado por los independentistas, sonaba la voz de la grabadora que decía que se aplicaría la ley, pero como la ley no se aplicaba, o se aplicaba “pero flojito”, como diría Gila, cundía la sensación de que la impunidad era el premio de los osados. Hasta el domingo.

¿Se puede desafiar la legalidad?, Claro, no seré yo quien lo niegue. ¿Se puede ser rebelde y desafiar al Estado? Por supuesto; muchas personas lo asumieron durante la dictadura y la Transición para llevar lo más lejos posible las reformas del cambio de régimen, pero sabían a lo que se exponían y estaban dispuestas a arrostrar las consecuencias.

En todo este asunto del “procés”, mucha gente con escasa cultura política y poca información y quizá con una visión bastante deformada de la historia de Cataluña y de España no sabía bien donde se estaba metiendo y creía de buena fe que desafiar la fuerza del Estado era un alegre ejercicio de ciudadanía que sólo podía reportar ventajas. Se les puede disculpar.

Quienes carecen de cualquier disculpa, y a quienes sus ciudadanos deberán exigir que asuman sus responsabilidades, son los patrocinadores de esta aventura, porque ellos, como profesionales de la política y familiarizados con el ejercicio del poder, sí lo saben. 

¿Estrategia o táctica?

Estoy de acuerdo con los principios generales (los ciudadanos tienen derecho a expresarse políticamente, elaborar un nuevo Estatuto, a reformar o a dotarse de las instituciones públicas que deseen, etc), pero además de admitir los principios teóricos hay que observar la aplicación práctica de tales ideas y no ignorar el uso que de ellas puede hacerse, porque, o bien el nacionalismo es un espantajo o un truco de maniobreros para hacerse con cuotas mayores de poder, o si se convierte en un extendido sentimiento acaba reclamando un Estado propio. Y para no ser absolutamente tontos hay que pensar que quienes invierten tanto tiempo y dinero (público y privado) en fomentar ese sentimiento es para luego darle alguna utilidad. Carece de sentido estar difundiendo discursos nacionalistas para luego decir: bueno, aquí paramos. Esa no es la actitud de los partidos nacionalistas, y las tensiones entre centro y periferia a lo largo de los años que llevamos de régimen parlamentario son una prueba de ello.

Porque, una de dos, en ERC y CiU (y el PNV) no se creen lo del nacionalismo y lo usan sólo para recoger votos hasta que den con un Estatuto en el que se encuentren cómodos, o se lo creen y van a ir hasta las últimas consecuencias. Yo creo que en esos partidos hay gente que va a ir a por todas. En todo caso, están inculcando un sentimiento en la gente que va a ser muy difícil de desterrar, especialmente en el País Vasco, donde ha corrido mucha sangre y hay sembrado mucho odio. Quizá sea una forma poco noble de hacer política estar continuamente calentando la caldera y abrir de vez en cuando la espita para que pierda un poco de presión. 

Por otro lado, si recurrimos a la historia no hemos de dejar de ver lo ocurrido, precisamente, en la I y II Repúblicas.

Privado de su principal valedor, Prim, el rey Amadeo de Saboya, aburrido de este país, abdicó el 9 de febrero de 1873 y dijo ahí os quedáis, que os compre quien os entienda. Caso insólito en la historia: un rey que abandona un reino, un chollo, que no lo debía ser tanto. Tres días después, se proclamó la I República, en medio de la tercera guerra carlista (1872-1876). Y mientras se elaboraba en las Cortes una constitución federal, inspiradas por los anarquistas hubo revueltas populares en Sevilla, Córdoba, Granada, Cádiz, Málaga, Valencia, Alcoy, Murcia y en Cartagena, el famoso cantón. Luego, un baile de ministros, dimisiones y, finalmente, el general Pavía disolvió las Cortes y allí acabó la breve existencia de la I República y de la non nata constitución federal.

Segundo acto: II República: algo similar; la prisa de unos, la intransigencia de otros, los nacionalistas vascos a lo suyo (la II República les importaba un pimiento y la guerra civil aún menos) y los nacionalistas catalanes también, pues proclamaron el 14 de abril de 1934, la República catalana, pero por lo menos aguantaron junto a la II República hasta el final de la guerra.

La solución, terrible, dada por la dictadura al problema también la conocemos. Y el problema sigue sin resolverse, porque no se puede resolver, pues tanto Cataluña como el País Vasco son sociedades internamente divididas, con desigualdades de renta y con representaciones políticas muy plurales; no son pueblos ni cultural, ni racial ni lingüísticamente homogéneos, ni naciones montadas sobre criterios comunales y tradiciones compartidas más que en cierta proporción, sino sociedades asentadas sobre el modo de producción capitalista; modernas, industriales, burguesas, abiertas, recorridas por el tráfico capitales, mercancías, personas, ideas, modas y saberes que comparten con el resto de España, de Europa y del mundo, donde, frente al sentido comunitario propio de las aldeas, predomina un individualismo propio de las ciudades, de sujetos que entablan entre sí relaciones no sólo comunitarias, parentales, sino de interés, económicas, coyunturales, propias de las sociedades modernas. Son sociedades más urbanas que rurales, a pesar de que la representación política de sus habitantes esté desequilibrada en favor del campo y de la fuerza que tiene en el imaginario nacionalista el ámbito rural, incluso precapitalista.

Tanto en Cataluña como en el País Vasco hay más sociedad que comunidad. Y ahí no hay otra solución que negociar sobre la base de la razón guiando al interés y el sentimiento; es decir sólo caben soluciones “mixtas”, que no contenten a una parte en detrimento de otra, para poder contentar un poco a todos y disgustar un poco a todos. Pero esta solución no la quieren los partidos nacionalistas, porque piensan siempre en el programa máximo -disponer de Estado propio para formar su nación- y tienden hacia él, y por otro lado, hasta ahora casi nadie ha hablado del coste del programa máximo para la población de las comunidades autónomas gobernadas por los nacionalistas, pues parece que son sólo los no nacionalistas quienes deben pagar las facturas políticas y económicas de las aventuras nacionales.

No rechazo hablar de autodeterminación, de independencia y de soberanía, pero en serio, sin trucos ni trampas. Y aunque preferiría que no fuera así, como el presunto nacionalista español que según algunos soy, aceptaría que España perdiera parte de su actual territorio si con ello se alcanzaba la tranquilidad en el País Vasco y en Cataluña, por ejemplo. Pero creo que esa sería una mala solución también para esos nuevos Estados, porque los nacionalistas no se detendrían cuando obtuvieran la independencia, pues pretenden formar sociedades homogéneas, recrear la antigua comunidad en forma idealizada; es decir rehacer la imaginada nación nacionalista, formada por individuos cultural y políticamente semejantes, cortados por el patrón de los nacionalistas, que pretenden componen una nación homogénea y que así se mantenga a lo largo del tiempo, conservando, lo que según ellos, les han legado los siglos.

Al fin y al cabo, para ser lógico, y los partidos nacionalistas en esto lo son, el nacionalismo es adversario de la pluralidad; a los nacionalistas les aterra la diversidad, rechazan convivir con personas distintas en un país plural, por eso se quieren separar de España, pero rechazan una sociedad interna plural (que  contenga españoles, emigrantes), porque creen en países homogéneos, en identidades colectivas, en comunidades ideales, puras, formadas por individuos cultural y políticamente clónicos. Y ese es el objetivo máximo, que se persigue tanto antes como después de la independencia.

para Colectivo Red Verde, 19/10/2014.