¿República?

Good morning, Spain (que es different)

La abdicación del Rey ha removido en las entrañas de la izquierda -de las izquierdas- el viejo sentimiento republicano y ha hecho saltar como un resorte la propuesta de la república como régimen alternativo a la monarquía. Incluso se ha dado nombre a una propuesta -III República- de la que se desconoce casi todo lo demás.

Pero, estando de acuerdo con la crítica a la monarquía en general, como una forma de poder no disputable, y a la española en particular, por su dudosa legitimidad, temo que en las actuales circunstancias sea un error colocar la defensa de la república como batalla política prioritaria.

En primer lugar, por la falta de concreción de la consigna, pues, ante un régimen monárquico concreto -este-, sirve de poco agitar el término general de República. ¿Cuál república?     

La defensa de la República como forma moderna de Estado, efectuada desde la defensa de valores democráticos, de la igualdad y de la soberanía de los ciudadanos, sirve de base argumental para discutir sobre los fundamentos, pero no aporta gran cosa como propuesta de un modelo concreto de Estado.

España está rodeada de repúblicas, pero ¿en cuál de ellas se inspiraría la nuestra? ¿O seríamos capaces, por una vez, de proponer un modelo nuevo?

En cualquier caso, ese modelo, por ahora, no se atisba.

Y por otro lado, no conviene distraerse de lo prioritario, que es alentar la movilización ciudadana para tratar de contener, y a ser posible revertir, la fortísima ofensiva de la derecha, tanto en el terreno económico, como en el político e ideológico. Y llevar la defensa de la república a movimientos que están en un proceso de politización no partidista podría ser un elemento de desunión más que de consenso y, en consecuencia, podría debilitarlos.

 

¿Sucesión o ratificación popular?

El Rey ha abdicado a favor del Príncipe. Dignum et justum est. Ha sido un gesto necesario, conveniente, pero tardío, dado el deterioro que existe en la opinión pública sobre las cosas de Palacio.

La sucesión está asegurada por el carácter hereditario de la institución y porque el sucesor -varón, mayor de edad- puede asumir de manera inmediata las funciones inherentes al cargo. No habrá, pues, interinidades ni vacíos.

No obstante, el procedimiento mecánico de la sucesión -a rey abdicado, rey coronado- no despeja las dudas existentes sobre la legitimidad de la institución, pues el reinado de Juan Carlos I de Borbón, se erige sobre las excepcionales circunstancias del cambio de régimen, en las que su figura jugó un papel principal en la transición desde la dictadura al vigente régimen democrático, al contar con una doble y contradictoria legitimidad.

Por un lado, la conferida por los Principios Fundamentales del Movimiento como heredero del dictador, y por el otro, la concedida por la Constitución de 1978, aprobada en referéndum, sí, pero en ningún caso por la legitimidad directamente otorgada por la opinión popular, expresada en un referéndum específico sobre la forma de Estado.   

Aunque se desconocen hechos relevantes del suceso, el papel jugado por el Rey en el intento de golpe de Estado del 23-F-1981 (el “tejerazo”) le concedió un plus de legitimidad democrática, que contribuyó a confundir la adhesión, o al menos el respeto, a la persona con el concedido a la institución. Se ha dicho que los ciudadanos españoles son, o eran, más juancarlistas que monárquicos.

Hechos posteriores han reducido el apoyo público a la monarquía, pero sin aclarar si tal merma afecta a la figura del rey o a la institución. ¿España está dejando de ser juancarlista o está dejando de ser monárquica? ¿Es, acaso, republicana? Convendría comprobarlo para tranquilidad de monárquicos y de republicanos, pero sobre todo para tranquilidad del país en general, que tiene tareas más imperiosas que atender.

Con un régimen político consolidado, aunque sometido a una profunda erosión de las instituciones, a un retroceso de los derechos democráticos y a un deterioro de las clases dirigentes, la sucesión al trono se produce en una coyuntura muy alejada de la incertidumbre que, en 1975, marcó los días de la Tercera Restauración borbónica, ni existe ahora peligro de desestabilización por la amenaza de una intervención militar.

El tiempo corre más deprisa que la percepción de los vivientes, en particular si llevan una existencia muelle, mucho más que las instituciones, que envejecen con inusitada rapidez, y mucho más que los políticos, que viven entregados a la exigencia del corto plazo.

Siguiendo la opinión de Thomas Jefferson, que afirmaba que el poder de los vivos debía prevalecer sobre el legado de los muertos, que “ninguna sociedad puede elaborar una constitución perpetua ni una ley perpetua” y que toda ley expira de forma natural tras el paso de una generación, ni al Príncipe, que aporta un expediente limpio (suponemos), debería serle de utilidad lo que hizo su padre hace cuarenta años para restaurar la monarquía (ni lo que ha hecho después para lo contrario) ni a los ciudadanos más jóvenes lo que hicieron los suyos para apoyarla o ignorarla. Es, por lo tanto, necesaria una nueva ratificación de la monarquía.

Hay en la calle una nueva generación, que se está abriendo paso en política, cuyas opiniones los mayores, los viejunos, deberían escuchar.  

Algo se mueve

Tras años de deterioro institucional, parece que algo se mueve en las alturas del Estado y que la España oficial y la oficiosa acusan las sacudidas de la inquieta España real. Y no es casual que los recientes resultados electorales hayan provocado tales movimientos, ya que, por un lado, han revelado la falta de apoyo que han recibido los dos grandes partidos, PP y PSOE, por parte de los electores, y por otro, el aumento del voto nacionalista catalán, donde ERC sobrepasa a CiU, y el apoyo a partidos y coaliciones menores (Izquierda Plural, UPyD, Ciutadans, Coalición por Europa, Podemos, Compromis, Equo, Cha), que en gran medida representan la indignación ciudadana expresada en las calles.

Pero, de cara a la estabilidad política, puesto que suponen uno de los pilares del régimen vigente, el mayor varapalo ha sido para el PP y el PSOE, juntos y por separado, pues los votantes han castigado tanto el bipartidismo, con la pérdida conjunta de 5 millones de votos desde las elecciones europeas de 2009, como a cada uno de ellos por sus propios deméritos. El porcentaje de la suma de votos del PSOE (23%) y del PP (26%) ha sido el 49% de los emitidos, cuando en las anteriores estuvo en torno al 80%, y el partido ganador, el PP, con 16 escaños (pierde 8 y saca dos de ventaja al PSOE), ha perdido 6,5 millones de votantes desde las elecciones generales de noviembre de 2011. Con una participación del 46%, el PP tiene el 26% de los votos emitidos, pero sólo el 11% de los posibles votos del censo, de modo que ese es hoy el apoyo explícito del partido que gobierna. Pírrica victoria, que, según sus dirigentes, se debe a la manera de “exponer Europa”, un fallo de comunicación fácil de corregir. Así, que por ese lado sigue el inmovilismo.

No ocurre lo mismo en el PSOE, en el que la dimisión de Rubalcaba de la Secretaría General ha sido la respuesta a una derrota antológica, con lo cual ha quedado planteado el futuro del partido y abierta una controvertida sustitución, que profundiza la crisis que sufre.

La sorpresa con que ambos partidos han recibido el castigo se debe en buena parte a su encastillamiento en las instituciones y a su lejanía respecto a la calle, a lo que piensa y siente la gente corriente (y sufriente). Han olvidado la difícil coyuntura en que vivimos -a la que sus cúpulas son ajenas- y han realizado una campaña electoral rutinaria en un tiempo que no lo es; al contrario, es un momento extraordinario, excepcional. Junto con la gran abstención, gran parte de los votos emitidos expresan el rechazo a la austeridad selectiva, a los recortes, al paro inducido, al descenso de salarios, al saneamiento de la banca, a la corrupción, a las medidas de la “troika” (FMI, Comisión Europea, BCE) y a la creciente desigualdad que se está instalando en la sociedad europea y en particular en los países del sur.

Algo de eso han percibido en la Casa Real para plantear con cierta premura la sustitución del Rey por su hijo en la Jefatura del Estado, en una operación que estaba pergeñada, parece ser, desde el mes de enero.

Además de la quebrantada salud del monarca, el declinante apoyo público a la Corona aconsejaba un relevo, pero la sustitución de este rey no es la simple sucesión que prescribe el carácter hereditario de la institución, ya que se trata de reemplazar a la persona sobre la que se hizo pivotar la Transición y el establecimiento del régimen democrático, lo cual le otorgó una legitimidad que, en buena parte, no puede transmitir a su sucesor. De ahí que el reemplazo de la figura del Jefe del Estado sea una operación política de gran importancia, que requiere el máximo apoyo posible y en particular el respaldo de las cámaras. 

Con la actual configuración del Congreso y del Senado, este apoyo hoy es posible, pero de mantenerse los resultados de las elecciones europeas en las próximas elecciones generales, podría darse el caso de unas Cortes con una representación política muy fragmentada, donde los dos grandes partidos dinásticos -el PP y el PSOE (y este último con una crisis pendiente de resolver)- hubieran visto reducida su capacidad, y donde la presencia de nuevos partidos hubiera aumentado la fuerza de los escépticos o claramente contrarios a la monarquía. Eso sin contar con la deriva del “problema catalán” y con que, previamente, se habrían celebrado elecciones locales y autonómicas con resultados inciertos.

Sin embargo, a pesar de estar justificados, los cambios en la superestructura del Estado no deben ser suficientes para los ciudadanos, que deben estar atentos para impedir en las élites la tentación gatopardiana, la tentación de los recambios, de colocar en los lugares más visibles del Estado los repuestos previstos, con nuevos nombres y nuevas caras para hacer que todo siga igual. 

Después siete años de crisis y con un deterioro enorme de las instituciones, hay muchas cosas que construir, reconstruir y recuperar, pero para levantar el país de su postración -no sólo los negocios de una minoría- no sirve sólo la recuperación económica que nos vende el Gobierno, basada en el aumento de beneficios de las grandes firmas, sino sobre todo recuperar condiciones dignas de vida y trabajo para la inmensa mayoría de la población y en particular para quienes han sido más golpeados por la crisis y por las medidas de austeridad aplicadas teóricamente para combatirla, lo cual pasa por introducir profundas reformas en el modelo económico y por repartir de forma más equitativa la riqueza. 

También es urgente recuperar el verdadero sentido de nociones fundamentales, adulteradas o perdidas por años de demagogia y manoseo, como soberanía, democracia y libertad, y también participación, compromiso, responsabilidad, honestidad y servicio público. Términos que deberían alumbrar profundos cambios en el terreno institucional para devolver poder a los ciudadanos y seleccionar a mejores representantes.

Las mujeres y el fascismo

Good morning, Spain (que es different).
Tenía pensada otra salutación mañanera, pero vamos a dejar descansar a la monarquía, y además me he topado con esta cita, que también viene bien para defender la causa de las mujeres.
“La reforma del código penal efectuada por el Ministro de Justicia, Rocco, que tomó como modelo la Iglesia católica de la Contrarreforma, tendía a reforzar la fuerza de la intimidación de la pena acentuando el rigor y la severidad. Los artículos del Código Rocco, que entró en vigor el 21 de abril de 1942, sólo modificados en parte o abolidos estos últimos años, son algunos del código italiano actual. La gran víctima es la familia, pues la desigualdad entre los esposos y más generalmente entre el hombre y la mujer está consagrada por conceptos como el del “delito de honor”, que, en el artículo 587, prevé la facultad del padre, marido o hermano, de matar a su hija, mujer o hermana en el caso de que, en un estado de cólera, juzgaran que debían defender su honor”.
Maria Antonietta Macciocchi: “Las mujeres y el recorrido del fascismo”, en Elementos para un análisis del fascismo, Barcelona, El viejo topo, 1978. De recomendable lectura, dados los tiempos que corren.

El informe de un grupo de lingüistas publicado por The Guardian (el confidencial, 2-6--2014) indica que la globalización ha favorecido la influencia de idiomas como el árabe, el español, el ruso y el chino, además de la del inglés, lengua tecnológica y económica por excelencia. Y que, debido a la abolición de barreras legales y de fronteras, varias lenguas europeas están condenadas a desaparecer.
Y es que por mucho que los políticos micronacionalistas quieran, las lenguas, como sistemas abiertos, no pueden escapar a una de las leyes de la termodinámica, cual es la de mantener un intercambio de masa y energía con el entorno. Por tanto, el intento de establecer reservas para mantener la pureza y la conservación de un idioma mediante la reclusión lingüística, además de ser caro y socialmente injusto, está condenado al fracaso en sociedades abiertas y dinámicas.
Claro, que para evitar su extinción, existe la tentación de cambiar el carácter de esas sociedades y de cerrarlas a las influencias culturales externas, metiendo a sus habitantes en una especie de burbuja cultural y lingüística, de grado o por la fuerza.    

Bebido, sin casco y sin la prudencia exigida

Good morning, Spain (que es different)

Tras ser detenido por la policía por saltarse un semáforo en rojo y conducir sin casco y con una tasa de alcohol que cuadruplicó el límite permitido, el magistrado del Tribunal Constitucional Enrique López ha dimitido.
El gesto le honra, el de dimitir, no el de conducir “cocido”, pero el caso deshonra a quienes en el Partido Popular le propusieron para el cargo, en particular Federico Trillo.
Durante el mandato de Zapatero, el PP, fiel a costumbre de convertir en herramientas de su estrategia las institucionaes del Estado, hizo del nombramiento de López en una condición imprescindible para acceder a reemplazar a seis miembros del Tribunal Constitucional, cuyo mandato había expirado. Con la mayoría del Congreso obtenida con el triunfo electoral en 2011, el PP pudo por fin colocar a sus patrocinados, entre los cuales estaba López, en contra del criterio de la oposición, que lo estimó poco adecuado.
El PSOE había rechazado la candidatura de Enrique López, no sólo por su cercanía política al PP, cuyos actos frecuentaba, sino porque carecía del prestigio profesional exigido. Había ejercido poco tiempo en la Audiencia Nacional y sus sentencias distaban de ser un modelo de claridad. Tampoco contaba con una meritoria carrera académica como profesor de derecho, aunque sí como articulista y tertuliano.
Finalmente, en junio de 2013, juró su cargo como miembro del alto tribunal, al que ahora ha renunciado al ser sorprendido por una conducta que ya parece una costumbre en las gentes de la derecha.
Un hecho lamentable, que se suma a la lista de despropósitos que rodea los nombramientos de los cargos más altos de la administración de justicia. Y luego hay quien se sorprende del triunfo electoral de los "frikis".

¿Banco malo?

Good morning, Spain (que es different)

Con el lío de las elecciones había pasado por alto una noticia sobre las finanzas (o quizá sobre la moral) que tiene relación con los resultados de la consulta.

Se refiere al llamado banco malo (SAREB, por su nombre de pila: Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), la entidad semipública (el 45% del capital es del Estado) creada para sanear la banca, al hacerse cargo de los activos tóxicos de los bancos privados tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, que también lo es hipotecaria.

Pues resulta, que el SAREB, en 2013, año de recortes, pagó a sus empleados una media de 105.000 euros (12 pagas de 8.750 euros al mes). Su presidenta, Belén Romana tuvo unos ingresos de 295.000 euros (24.600 al mes) y el consejero delegado Walter de Luna de 385.000 euros. La alta dirección se repartió 3.458.000 euros, y de esa cifra 1.435.000 euros fueron al consejo de administración.

Falta un dato para completar el cuadro: en 2013, el SAREB tuvo unas pérdidas de 261 millones de euros.

El propio nombre de la entidad -banco malo- encierra una paradoja -¿puede haber un banco malo?-. Quizá para los ciudadanos españoles, que están soportando recortes en sueldos, pensiones, sanidad, educación y asistencia social, para sanear las finanzas de los bancos, pero no es malo para sus directivos, ni tampoco para los de este curioso banco ¿malo?