La noticia es del pasado día 23 de noviembre, del año del Señor 2024. Y
digo en serio lo de año del Señor, porque se refiere a la Curia.
La Conferencia Episcopal rechaza la idea de crear un fondo estatal para
indemnizar a las víctimas de la pederastia de sus sacerdotes. El fondo es una
sugerencia del beato Defensor del Pueblo, el "hermano" Ángel
Gabilondo, para dar algún tipo de salida acordada a este asunto, pero la Santa
Madre no se aviene a consensos con el poder civil (le gusta más el poder
militar, sobre todo si es católico).
La cuestión es que la Curia se desentiende de la lujuria -pecado capital- de
sus funcionarios, que considera una flaqueza humana -la carne es débil, aunque
lleve sotana-, perdonable con el sacramento de la confesión y el consiguiente
arrepentimiento, que en no pocos casos ha resultado momentáneo; el tiempo justo
para que el cura "pecador" sea trasladado de parroquia y pueda continuar en otra parte la misma actividad
depredadora.
Pero da la casualidad de que los reprobables actos que la Iglesia considera pecados, el Código Penal
los considera delitos, y ese es el tema. La Iglesia actual, dejemos la historia,
tiene detrás una larga trayectoria de consentir y encubrir delitos aborrecibles cometidos con
menores, y lo justo es que pague por ello, con las correspondientes penas de
cárcel y la pertinente indemnización a las víctimas, pero no con fondos públicos, sino con
fondos de sus propias arcas, que repletas las tiene. No parece razonable eximir
a una organización poco ejemplar de una ejemplar indemnización a las víctimas
de sus abusos.
